Por P. Juan C. Sanahuja
El 13 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia dio a conocer los dos proyectos de sentencia en el caso de las impugnaciones que pretenden anular las reformas en defensa de la vida, aprobadas por las legislaturas de los estados de Baja California y San Luis Potosí.
Entre otras cosas, es curioso que en el caso de San Luis de Potosí la reforma constitucional a favor de la vida que se pretende anular, dista mucho de ser absoluta ya que admite varias causales de aborto no punible, lo que significa que los proyectos han sido redactados en el lenguaje del sectarismo abortista más extremo.
El ministro encargado de redactar los proyectos de sentencia, José Fernando Franco González-Salas, propone invalidar ambas reformas porque, según él, “la protección absoluta de la vida es violatoria de la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres” y, específicamente, califica como “inadmisible” que se considere a la vida humana como el fundamento de los demás derechos.
El ministro dice que con las reformas a favor de la vida humana: “Se atenta contra la dignidad de las mujeres, pues las reducen a un instrumento reproductivo, y esto sirve a un estereotipo negativo de género, que las degrada a un determinado rol y les impone una carga desproporcionada”, incompatible no solo con su dignidad, sino con sus derechos fundamentales.
Aunque afirma reconocer el valor de la “vida humana prenatal”, aún así da luz verde para exterminarla en el nombre de los derechos reproductivos. “No se puede dar preeminencia a derecho alguno -ni siquiera al derecho a la vida- sobre los demás derechos constitucionales”, sostiene Franco, quien reconoce que “la protección de la vida en general es un fin constitucionalmente válido, pero es inválido que se dé trato de persona jurídica a la vida prenatal”.
Según los mismos observadores mexicanos, estos proyectos de sentencia, dado los antecedentes de esta Suprema Corte, seguramente serán aprobados.
NOTICIAS GLOBALES, 13-9-11
