DON BOSCO

DON BOSCO
"BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS"

La falta de curas obliga a que cada uno atienda varios templos


El día en que no haya un cura para cada parroquia parece estar muy cerca. Los datos que aporta el Arzobispado de Córdoba muestran que la cantidad de sacerdotes apenas alcanza para cumplir con la misión pastoral en la diócesis.

Sobre esta cuestión, Pablo Nasif, vicario para la ciudad de Córdoba del Arzobispado, dice: “Estamos justos”. Y aunque relativiza la información sobre que hay curas que deben atender varios templos, admite que algunas bajas puntuales han obligado a una “reorganización” de sacerdotes.

“Cada parroquia implica una configuración territorial, en la que hay un templo principal y varias capillas satélites. Esta concepción data de hace 50 años, pero hoy existe otra realidad. Actualmente, cada parroquia tiene su cura, pero en cada territorio hay muchos más templos, dos, tres o 10 capillas y no en todas hay misas los fines de semana”, señala.

Nasif explica que con la posibilidad de los fieles de movilizarse, sumado a la variedad de horarios y a la afinidad con ciertos sacerdotes, no hace falta sostener un esquema fijo. “Incluso, en algunos lugares, no se celebra misa de noche por cuestiones de seguridad”, añade el vicario.

La Diócesis de Córdoba tiene un radio de 150 kilómetros a partir de la Capital. Esto involucra desde La Falda hasta Villa del Dique. Nasif señala que hay unos 120 curas diocesanos, más otros 100 sacerdotes de congregaciones, colegios y de la Universidad Católica que dan mano en las parroquias.

A esta coyuntura, hay que sumar los casos de curas que cada año dejan los hábitos. El último y más notorio fue el de Nicolás Alessio, el cura de la parroquia de San Cayetano. Aunque, en realidad, fue la Iglesia quien le prohibió seguir haciendo celebraciones públicas.

Y mañana, el cura Pedro Torres dejará su puesto en la parroquia de barrio Urca para trasladarse a La Cripta, en reemplazo de Víctor Acha, quien se jubiló.

Crisis de vocaciones. La falta de vocaciones sacerdotales no es nueva. El recambio de sacerdotes preocupa a la Iglesia cordobesa. Los curas de entre 40 y 60 años es el grupo mayoritario: unos 70. Los más jóvenes, entre 25 y 40 años, suman unos 30.

Para colmo, cada vez hay menos aspirantes al Seminario Mayor de Córdoba: en los últimos cinco años ingresaron 23 seminaristas. Y en ese mismo período se ordenaron 15 curas.

Los números son preocupantes si se considera que 24 años atrás, había 225 aspirantes para ser cura.

Daniel Blanco, rector del Seminario Mayor, hace una reflexión sobre esta cuestión: “Veo la realidad del escaso número de seminaristas como un desafío para toda la Iglesia. Una oportunidad de conversión, de profunda renovación, de mayor fidelidad a Jesucristo. El Evangelio sigue siendo vigente, actual y convocante. Como Iglesia no buscamos el éxito, sino la fidelidad. En la medida en que, como Iglesia, sepamos ofrecer al mundo de hoy un testimonio claro y creíble de los valores evangélicos, seguramente muchos y muchas los reconocerán y les ofrecerán su adhesión. De entre ellos, ciertamente, algunos sentirán el llamado a servir a sus hermanos por el camino de una especial consagración, en el sacerdocio o en la vida religiosa, misionera o contemplativa”.

Por otra parte, Nasif plantea una alternativa: “Vivimos una realidad compleja, que hace difícil una elección definitiva como la de ser cura. Eso nos anima a repensar la figura del cura, porque han surgido otras prioridades: curas en las cárceles o en otras tareas de carácter social, no sólo para estar en una parroquia”.

En cambio, para Adrián Vitali, cura casado y referente de ese grupo, si la Iglesia no revisa sus dogmas habrá más sacerdotes que abandonen el ministerio. “La Iglesia tiene que mirar lo que pasa en realidad. Todos los años tenemos deserciones porque, como está planteada, la opción del sacerdocio es muy difícil de sostener. Y no sólo hablamos del celibato, sino de un cambio de paradigma”.

Polémica en La Cripta

Mañana a las 20, Pedro Torres asumirá como nuevo cura de la parroquia Nuestra Señora del Valle (más conocida como La Cripta), en Villa Belgrano. En la ceremonia también participará el arzobispo de Córdoba, Carlos Ñáñez. Un grupo de feligreses de La Cripta manifestó su desacuerdo con el nombramiento del Arzobispado, por considerar que no fue una decisión consensuada. Ellos plantean que el cura debe reunir un perfil especial, siguiendo la línea dejada por “Quito” Mariani.

La Voz del Interior, 30-4-11

APROSS: nacieron trillizos por fertilización



Catalina, Felipe y Camilo nacieron el lunes en la Clínica del Sol, en la ciudad de Córdoba, en una cesárea programada a las 32 semanas de gestación. El tratamiento fue cubierto por la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross).

“Fue una noticia hermosa e impactante a la vez”, dice Rosaura, la mamá, sobre el momento en que una ecografía reveló que, después de cinco años de espera, eran tres los bebés en camino. “Mi marido no paraba de abanicarse con una revista”, se ríe, y cuenta que en la primera ecografía les dijeron que eran dos. “Se transfirieron dos embriones, como es usual. Los dos fueron viables y uno se dividió, así que los varones son gemelos”, explica, y asegura que no hay antecedentes de mellizos en su familia.

Los bebés nacieron con 1,320, 1,180 y 1,150 kilo, por lo que pasarán algún tiempo en neonatología. Pero “están muy bien”, según informa Rosaura. Confía en que cuando se vayan a su casa, en Tanti, tengan el apoyo de la familia. “Por suerte somos un montón”, dice. Ella es docente y el papá, médico. Durante cinco años hicieron tratamientos de fertilización asistida que no dieron resultado. “Justo cuando estábamos por vender el auto para hacer el procedimiento de complejidad, surgió la cobertura por Apross”, dijo.

La Voz del Interior, 29-4-11

Denuncian complicidad con la corrupción

El gobernador olvida sus deberes

Juan Carlos Vega – Diputado Nacional

Cuando el gobernador Juan Schiaretti dice que su asesor Humberto Roggero “es de gran utilidad para la Provincia, y hay que dejar que la Justicia investigue”, caben dos posibilidades: o está muy mal asesorado jurídicamente o se está burlando de la buena fe de los cordobeses.

Un proceso judicial por corrupción en la Argentina dura un promedio de 14 años y sólo tiene un índice de condenas del cuatro por ciento (Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, Cipce, 2005). Más de 80 por ciento de las causas judiciales termina en sobreseimiento por prescripción. La impunidad de la corrupción es total y absoluta y, por ello, la Argentina figura en el puesto 109° de Transparencia Internacional, es decir que estamos en el cuadro de honor de la corrupción internacional.

La corrupción es un delito del poder, que nunca beneficia a los pobres y que afecta las seguridades jurídica y ciudadana.

Las palabras del gobernador en defensa de Roggero son más graves aún cuando uno advierte que éste es técnicamente “presunto culpable” y no “presunto inocente”, como de manera liviana afirma. El enriquecimiento ilícito es el único delito del Código Penal donde se invierte la carga de la prueba y es el funcionario el que debe probar su inocencia.

El gobernador debe saber que está vigente en Córdoba la ley 24.759, sancionada en 1996, que le impone el “deber de adoptar medidas” para garantizar la vigencia de las normas de la Convención de Caracas sobre la lucha anticorrupción. El “adoptar medidas”, al que el gobernador está sometido, obliga a no tener funcionarios investigados por actos de corrupción y a no decirnos nunca más a los cordobeses que esperará el veredicto de la Justicia antes de despedir a un funcionario presuntamente corrupto. Según el artículo tres de la Convención, Roggero es funcionario público aun cuando lo haga ad honórem.

Lavado de dinero. Argentina ha sido intima-da por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) para adecuar su legalidad a estándares mundiales que permitan mayor eficacia en la lucha contra el Crimen Trasnacional de Lavado de Activos.

El Gafi tiene razón, porque en los últimos 10 años la Argentina sólo registra una condena judicial en materia de lavado. Y lavado de activos quiere decir poner en circulación en el mercado bienes de origen sospechoso. Las mayores sospechas son las que pesan sobre bienes o dinero originados en la corrupción o el narcotráfico. La Convención de Palermo sobre el Crimen Organizado (2000) define como “delitos determinantes” y origen del lavado de dinero, a esos delitos trasnacionales.

Si el gobernador decide proteger a funcionarios investigados por corrupción, sosteniendo una supuesta presunción de inocencia, comete errores jurídicos y políticos muy graves: a) está divorciado de la realidad, ya que ni Roggero ni ningún otro funcionario investigado por corrupción jamás serán declarados culpables por la Justicia argentina; b) confunde la garantía de inocencia, ya que el delito de enriquecimiento ilícito no goza de presunción alguna de inocencia sino todo lo contrario, ya que hay presunción de culpabilidad; c) el deber de “adoptar medidas” lo obliga a desprenderse de cualquier funcionario investigado por corrupción, sin esperar el veredicto de la Justicia, y d) olvida que no estamos resignados a convivir de manera eterna con ella. Estamos esperando gestos –sobre todo de nuestros gobernantes– que impliquen un cambio de paradigma político y que reconcilien honestidad con eficacia y no, como dice el gobernador, corrupción con utilidad pública.

* Presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación

La Voz del Interior, 29-4-11

La asignación por hijo no elimina la indigencia



Por Idesa

Los datos publicados por el Indec sobre la incidencia de la pobreza y la indigencia han motivado múltiples reacciones en torno a las consecuencias de las manipulaciones sobre el sistema estadístico oficial. Esto opaca un hecho aún más importante: son claros los indicios de que no se están cumpliendo las expectativas alrededor de la Asignación por Hijo.

Alcanzan los datos del Indec para poner en evidencia que la indigencia dista de ser erradicada aun cuando se está invirtiendo una enorme cantidad de recursos para lograrlo. La razón es la baja calidad del diseño y la gestión del programa.

Una de las pocas políticas que acapara amplios acuerdos técnicos y políticos es la Asignación Universal por Hijo. La expectativa compartida es que a través de este instrumento se logre una importante reducción (aunque no eliminación) de la pobreza y una drástica reducción (cerca de la eliminación) de la pobreza extrema o indigencia.

Transferencias condicionadas

Desde hace aproximadamente dos décadas, intervenciones parecidas se vienen ejecutando en casi la totalidad de países latinoamericanos y en muchos otros lugares del mundo. Obviamente, en cada país y en cada momento, el diseño y la gestión tienen particularidades. Pero todos los casos encuadran dentro de lo que técnicamente se denomina “programas de transferencias condicionadas”.

La idea básica es que el apoyo financiero a los hogares en situación de vulnerabilidad (componente asistencial) se combine con el compromiso de las familias en inversión en salud y educación de los niños (componente de promoción).

La Asignación Universal por Hijo es, en la Argentina, el programa que busca este doble rol asistencial y promocional. Un caso comparativo cercano al argentino es el programa de asignaciones familiares no contributivas implementado en Uruguay en el año 2008. Resulta interesante comparar ambas experiencias: en nuestro país, la tasa de indigencia en el año 2010 fue de 2,8% de la población mientras que en Uruguay la tasa de indigencia se ubicó en el 1,2% de la población.

Resulta llamativo que en ninguno de los dos países se logró eliminar la indigencia. Esto sugiere que hay una gran cantidad de familias que sufre con tal profundidad la marginalidad, que aún desplegando un gran esfuerzo no se llega a erradicar ni siquiera la pobreza extrema.

Sin perjuicio de este elemento común, es notable que en Uruguay con muchos menos recursos asistenciales se logren resultados significativamente mejores que en la Argentina. Es más, si la información de la Argentina fuera corregida por las manipulaciones del Indec los contrastes serían más impactantes. Uruguay invierte poco más de la mitad en asignaciones familiares, pero tendría una tasa de indigencia inferior a un tercio de la que sufre la Argentina.

Explicación

En la explicación de la diferencia opera una multiplicidad de factores. Particularmente relevante es la brecha en la calidad del diseño y la gestión de ambos programas. A diferencia del caso argentino, el monto de la prestación en Uruguay es mayor para jóvenes que cursen la secundaria, pero menor según el tamaño del hogar. Mucho más importante como determinante de los resultados es que en Uruguay, el Ministerio de Desarrollo Social realizó un censo entre la población más vulnerable para identificar a los hogares más pobres del país. Luego, fijó en aproximadamente 500 mil los beneficios de asignaciones familiares no contributivas que se pueden otorgar sin comprometer la sustentabilidad fiscal.

En la Argentina, el financiamiento no es sustentable porque se basa en la apropiación de los fondos previsionales. En paralelo, la baja eficacia para eliminar la indigencia está asociada a que se apeló a otorgar la asignación a todo hogar cuyos padres se declaren desocupados o trabajando en la informalidad. Sin censo ni evaluaciones sobre la condición socioeconómica de los hogares, la cobertura llega de forma muy parcial a la población indigente y muchos beneficios se diluyen entre población no indigente e incluso no pobre.

Comparación

En Argentina, la Asignación Universal por Hijo involucra casi $10 mil millones a precios del año 2010, representando aproximadamente un 0,7% del PBI.

En Uruguay, el programa de asignaciones familiares no contributivas involucra aproximadamente 0,4% del PBI.

En nuestro país, la tasa de indigencia en el año 2010 fue de 2,8% de la población mientras que en Uruguay la tasa de indigencia se ubicó en el 1,2% de la población.

politicaydesarrollo.com.ar, 28-4-11

Corrupción en todas partes



La corrupción es una de las grandes enfermedades de este tiempo, que azota a todos los niveles de la sociedad y que resulta muy difícil de combatir, hasta el punto de que muchos creen que es imposible erradicarla.

Sin embargo, no hay que bajar la bandera de esta lucha, pues la democracia, la organización republicana y la convivencia civilizada se juegan la vida en esa confrontación. La corrupción, en suma, desvía dinero de los objetivos trazados por los gobiernos y las estructuras sociales, lo que aumenta la ineficacia y la desigualdad social.

Hay que denunciarla, esté donde esté, pues los hechos de corrupción están interconectados en una amplia red –política, social, sindical o empresaria– que termina por envilecer a toda la comunidad.

Córdoba no es la excepción a esta regla, ya que hay ejemplos de sobra respecto de la presencia del mal en nuestra provincia. Ayer, fueron ex funcionarios radicales los que fueron al banquillo de los acusados, algunos de los cuales resultaron absueltos y otros condenados. Hoy, son funcionarios de los actuales gobiernos –provincial y nacional– y de diversos municipios los que están en la picota, y también deben ser juzgados de manera imparcial, hasta determinar en cada caso la verdad.

Por caso, el ex intendente de Villa de Tulumba y titular del Programa de Asistencia Integral de Córdoba (Paicor) en uso de licencia, afronta diversas acusaciones, una por presunto enriquecimiento ilícito en su gestión al frente de la comuna del norte cordobés. Precisamente en esa población se realizaron allanamientos vinculados con la denuncia contra el ex intendente, quien ahora se postula nuevamente al cargo. Incluso, hay imputaciones por amenazas de muerte y lesiones en presuntas agresiones que se habrían producido durante la última elección interna de la coalición gobernante en la provincia.

El caso de Tulumba no es el único. En muchos ámbitos de las administraciones de la Nación y de provincias y municipios hay hechos semejantes. En suma, políticos elegidos por la ciudadanía o designados para cargos ejecutivos, dirigentes sindicales presos o procesados por enriquecimiento ilícito o instigación al crimen, empresarios incursos en figuras delictivas semejantes, todo se ha convertido en moneda corriente en un panorama dominado por la corrupción.

Hay causas judiciales abiertas que se deben proseguir a fondo, hasta su total esclarecimiento. Pero también el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales deben investigar y controlar, y la ciudadanía debe tener una actitud vigilante frente a este flagelo, el uso indebido de recursos públicos o el enriquecimiento ilícito de políticos, sindicalistas o empresarios. Si la corrupción se instala como norma o estilo de vida, cualesquiera sean las políticas públicas y privadas, éstas estarán destinadas al fracaso.

La Voz del Interior, Editorial, 28-4-11

La refundación de Europa



¿ comienza por Hungría?

Una golondrina no hace primavera, pero un Estado europeo, y no de los menores, que se pone una Constitución euro compatible que respeta ya sea la Carta europea de los derechos fundamentales, ya sea la Declaración universal de los derechos del hombre, es un ejemplo a seguir.


El lunes 18 de abril de 2011, conforme con los compromisos del primer ministro Viktor Orban, cuando en abril de 2010 venció en manera sorprendente las elecciones políticas (2/3 de los asientos a la Cámara de diputados), la Constitución húngara fue modificada en el espíritu y en la letra. El texto de 1990, adoptado enseguida de la caída del Muro di Berlín, se juzgo demasiado liberal y caracterizado aún por residuos comunistas.


El poder fue repartido entre los tres principales partidos políticos:
El Fidesz, partido de centro derecha, cuyos representantes en el Parlamento europeo hacen parte del Partido Popular Europeo.
El partido socialista, desacreditado completamente después de la desastrosa gestión del Primer ministro Ferenc Gyurcsany, quien había mentido sobre el déficit del balance de la entidad del Estado, situación que en el 2008 lo había llevado a pedir al fondo Monetario Internacional una ayuda de 20 millones de euros para salvar el País de la bancarrota.
El partido Jobbik, de extrema derecha, que tiene como objetivo la defensa de los valores y de la identidad de Hungría.


La nueva Constitución propuesta por el Premier y por el Fidesz fue aprobada con 262 votos contra 44 y una abstención. El texto fue aprobado por el Presidente de la República húngara, Pal Schmitt, el pasado 25 de abril y entrará en vigor el 1 de enero de 2012. Durante el debate en aula la oposición no expreso ninguna intervención. Lo que no le impidió sostener hasta ahora esta fundamental nueva ley a los opositores .


¿Cuáles son los cambios de la Constitución?:
1- El primero hace referencia a las raíces cristianas de Hungría. El Preámbulo dice, en efecto, que «La Constitución se inscribe en la continuidad de la Santa Corona» y recuerda «el roll del cristianismo» en «su historia milenaria ».
Uno se pregunta por las reacciones negativas a este texto, dado que al momento de la redacción del Tratado Constitucional de la Unión Europea, todos los países miembros, aprobaron la referencia a nuestra heredad cristiana, entre otros Francia. La petición europea, promovida por la Fondation de Service politique con algún diputado europeo obtuvo en el 2004, 1,4 millones de firmas y fue sostenida alrededor de 60 asociaciones en representación de 50 millones de adheridos. Un primado en la historia europea. Esta petición fue registrada por la Comisión de peticiones, pero la Comisión europea no se digno darle curso como debe ser por lo general, cuando las peticiones son registradas.
La referencia a las raíces cristianas no es una cuestión de opinión, sino una verdad histórica. Se debe recordar que la nación húngara se organizó a partir del bautismo de San Esteban, coronado rey de Hungría, al punto que quien detiene la corona detiene también el poder. Es este el motivo por el cual la Corona de San Esteban se encuentra hoy en el Parlamento húngaro, que les da la legitimidad para hacer las leyes.


2- La segunda modificación hace referencia a la unión entre dos personas: «La Constitución protege la institución del matrimonio, considerado como la unión natural entre un hombre y una mujer y como el fundamento de la familia».
Esta referencia reprende, en su espíritu, la Declaración universal de los derechos del hombre que, no obstante las presiones para introducir la unión entre dos personas del mismo sexo, permanece un texto de referencia para todos los Estados. La nueva Constitución húngara no llama en cuestión la unión entre personas del mismo sexo y no le considera equivalente al matrimonio.


3- La tercera modificación hace referencia a la vida de todos los seres humanos antes de nacer: «Desde el momento de la concepción, la vida merita ser protegida como un derecho humano fundamental» y «la vida y dignidad son inviolables », retomando en un cierto modo el primer artículo de la Carta europea de los derechos fundamentales: «la dignidad humana es inviolable. Ella debe ser respetada y protegida».
Algunos se han indignado de este retorno al orden moral. ¿Debemos deducir que el orden humano es un orden amoral?, ¿La nueva Constitución húngara es euro compatible? se preguntan los opositores. Si no lo fuera, quisiera decir a continuación que todos los textos de referencia serían letra muerta, considerado que la Unión europea se construyó a partir del respeto de los derechos del hombre cuya universalidad esta expresada en la Declaración de los derechos del hombre de 1948, reconocida como patrimonio común de la humanidad, y no sobre derechos abstractos y subjetivos reivindicados sin referencia a un patrimonio común.


Es verdad, la decisión pertenece a los legisladores. Pero estos votan en nuestro nombre. Callar sería por nuestra parte un acto de irresponsabilidad. Las leyes nos preocupan a todos. Es nuestro deber decirle a los diputados y senadores que respetemos nuestros principios fundamentales.

Élizabeth Montfort
Diputada al Parlamento Europeo
Portavoz de la Fondation de Service Politique (París)

(Fuente : www.libertepolitique.com. Traducción y redacción a cargo de Benedetta Cortese)

Distinción merecida




El Pbro. Sanahuja recibió el título de “Capellán de Su Santidad”


Durante el pasado mes de marzo, el nuncio apostólico monseñor Adriano Bernardini le comunicó al presbítero Juan Claudio Sanahuja, de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, que el papa Benedicto XVI le concedió el título de “Capellán de Su Santidad”, incorporándolo de esta manera a la Familia Pontificia.

Tal distinción, que trae consigo el trato de “monseñor”, es muy significativa pues implica el reconocimiento del Santo Padre por el servicio particular que un sacerdote presta a la Iglesia. En el caso del ahora monseñor Sanahuja, el gesto del Papa está seguramente vinculado a la tarea de esclarecimiento en defensa de la vida y de la familia que este sacerdote realiza incansablemente desde hace más de veinte años.

En las insistentes campañas contra la vida del niño por nacer, así como en el reciente debate parlamentario, que hizo de la Argentina el primer país latinoamericano que legalizó el llamado “matrimonio del mismo sexo”, deformando el Código Civil y el concepto natural de familia, se hizo evidente que los medios de comunicación masivos son a veces capaces de producir una gran confusión, tergiversando la posición de la Iglesia católica, para presentarla como odiosamente negativa.

En tales situaciones, los obispos insisten en que es de fundamental importancia que el laicado comprometido en la defensa de la vida y de la familia, reciba una información actualizada y exacta sobre los hechos que se desarrollan en el país, dentro del contexto de una más amplia estrategia internacional, y les haga frente a la luz del Magisterio de la Iglesia.

En la Argentina, esta tarea tiene como destacado protagonista a monseñor Juan Claudio Sanahuja, ordenado en 1972 y posteriormente licenciado en Ciencias de la Información, y doctor en Teología por la Universidad de Navarra.

Monseñor Sanahuja realiza esa obra mediante dos boletines informáticos: “Noticias Globales” y “Notivida”, este último con la especial dedicación de su colaboradora Mónica del Río.

Dichos boletines se emiten con una frecuencia que se adapta a cada tema, con un promedio de aparición de cada cinco días. Su difusión alcanza actualmente a todo el país, con un total de 140.000 suscriptores por correo electrónico. Ello permitió, por ejemplo, una cabal comprensión del trámite legislativo que culminó en la mencionada ley de reforma “matrimonial”.

La dedicación del flamante Capellán de Su Santidad a los temas de la vida y la familia es una verdadera vocación que se fue desarrollando en su colaboración con el Consejo Pontificio para la Familia, cuyo presidente, el cardenal Alfonso López Trujillo, lo llamó a participar en 1992 en el Primer Encuentro de los Movimientos Pro-Vida de América, organizado en Monterrey, México.

Allí pasó a integrar el grupo encargado de implantar la agenda pro-vida y pro-familia en América Latina. Desde entonces, su actividad fue muy intensa, siempre en colaboración estrecha con el Consejo Pontificio para la Familia, y participando en numerosos actos nacionales e internacionales.

La producción escrita de monseñor Sanahuja fue incesante, destacándose sus libros “El Gran Desafío: la Cultura de la Vida contra la Cultura de la Muerte” (Buenos Aires 1995), y “El Desarrollo Sustentable. Nuevá Ética Internacional” (Buenos Aires 2003), ambos con prólogo del cardenal Alfonso López Trujillo.


En su reciente “Poder Global y religión universal” (Buenos Aires 2010) monseñor Sanahuja actualiza los temas desarrollados en las obras precedentes.+


Buenos Aires, 26 Abr. 11 (AICA)

Argentina: país pobre, país rico



Por Eduardo Amadeo

DIPUTADO NACIONAL (PERONISMO FEDERAL)

La Argentina que conocimos quienes tenemos más de 50 años, ya no existe más. Era un país en el que la vida era un proceso virtuoso por el que aún los hijos de los más pobres podían iniciar el proceso de movilidad social a través de la escuela pública y llegar así a imaginar y construir un proyecto de vida.

A fines de los ‘70 se inició un proceso de empobrecimiento sistemático, que se fue concentrando en los más pobres.

Cada inflación y cada ajuste consolidaron la decadencia y el trabajo informal que se instaló en el corazón de la exclusión.

Lo que siguió fue un proceso circular que erigió el muro de los dos países en los que poco a poco se convirtió nuestra Argentina. Los pobres son los primeros en perder un trabajo y los últimos en recuperarlo, sobre todo si su historia educativa y laboral es pobre. Por eso, cada crisis económica los sumergió más.

La degradación de la escuela pública también se concentró en ellos : inestabilidad en los salarios de los trabajadores, inequidad en la inversión en las escuelas de zonas pobres, caída en las calificaciones de los docentes y en su vocación por retener a sus alumnos. La degradación del ámbito urbano redujo las aspiraciones de los jóvenes a tener mejores horizontes y los convirtió en las principales víctimas de la exclusión.

Los hogares pobres se volvieron más vulnerables al aumentar en ellos la jefatura femenina, con madres discriminadas en el mercado de trabajo y con cada vez menos tiempo para ocuparse de sus hijos. Un sistema de transporte urbano corrupto y degradado ayudó a la debilidad de esos hogares al imponerles largos tiempos de viaje.

Una pandemia de embarazo adolescente (que triplica los porcentajes de los no pobres) se ha convertido en un factor terrible de reproducción de la pobreza . Investigaciones hechas en los Estados Unidos demuestran que el stress generado por la violencia y la inestabilidad en el hogar induce la secreción de hormonas que reducen el desarrollo cerebral y la educabilidad.

Así es uno de los países de la Argentina, dónde viven 4 millones de personas que apenas juntan lo necesario para comer, y otras 6 millones más en un permanente estado de vulnerabilidad. 10 millones de personas a quienes las une la imposibilidad de elegir los caminos de sus proyectos de vida.

Las diferencias entre los dos países son brutales: según la Universidad Católica Argentina, en el 10% de los hogares más ricos registran una calidad de la oferta educativa 4 veces mejor que la de sus pares en el 10% de los hogares más pobres. Sólo el 30% de los niños pobres asiste al Jardín de Infantes, mientras que el 90% de los no pobres lo hace.

El 25% de los pobres repite el primario, contra sólo el 5% de los no pobres y el 30% de los pobres abandona el secundario, contra un 6% de los no pobres. Y obviamente, estas cifras tendrán su correlato en los niveles de desempleo, mientras que el desempleo entre los jóvenes pobres es del 34%, en los no pobres está en el 5%. Desde allí sus vidas van divergiendo y tal vez se reencuentren en la violencia.

Todas estas cuestiones se relacionan entre sí para consolidar ese “otro país”, que además sufre la discriminación, el rechazo y la dificultad para tener una voz que lo inserte sistemáticamente en la vida social y política.

Cuando la CGT habla de salarios lo hace sólo por los trabajadores formales; cuando pide salud, se refiere a las “obras sociales”, no al “hospital público”.

Resolver esta situación es uno de los desafíos mayores de la democracia y del próximo gobierno: después de 8 años de crecimiento record, es obvio que con el crecimiento no alcanza .

La primera condición será asumir el problema en toda su profundidad y complejidad.

Mentir la inflación es una muestra de exactamente lo contrario , así como lo son la lenidad en resolver el problema del transporte urbano, el gas en garrafas, el acceso a la Justicia para los pobres, el trabajo en negro y la inundación de droga que quita aún más futuro a los jóvenes excluidos.

La segunda condición es acordar un programa a diez años, con objetivos y metas que puedan monitorearse, y que incluya el compromiso de crecimiento sostenido y sin inflación, un programa transparente de asignaciones y una reforma educativa a fondo. Y el compromiso explícito de considerar el impacto sobre los pobres de todas las decisiones de Gobierno: una opción preferencial por ellos.

Todo ello deberá concretarse en un “Contrato Social”, firmado por los partidos políticos, e instrumentado en leyes y mecanismos de control periódicos. Así se construyó el Estado de Bienestar Europeo, así fueron las políticas sociales exitosas en América Latina. Así debe ser en Argentina para romper el muro entre los dos países.

Clarín, 26-4-11

Juan Pablo II,

profeta de la Doctrina social de la Iglesia


Por
monsignor Giampaolo Crepaldi



Juan Pablo II dedicó todo su largo pontificado a hablarnos del sí de Dios al hombre como fundamento de la Doctrina social de la Iglesia (DSI). Ésta - nos dijo - no es sólo una ética, y mucho menos una ideología, pues la Iglesia ve la justicia dentro de la caridad, la fraternidad dentro de la hermandad, y la libertad dentro de la gracia.

Cuando Juan Pablo II inició su pontificado, eran muchos aún los que consideraban la DSI inútil y superflua, e incluso dañina. Si es ética natural - se decía - no tiene directamente nada que ver con el Evangelio. Si es filosofía social, tiene que ver con la razón y no con la fe. Si es una guía para el comportamiento social, bastan los libros de moral social.

¿No corre el riesgo - se nos decía - la DSI, de parecer un sistema, una doctrina deducida de forma abstracta del Evangelio, una especie de sacralización del mundo, expresión de una presunta identidad cristiana en el campo social y político, una tercera vía entre las ideologías modernas? Y a menudo se respondía que sí. Ésta - se argumentaba - expresa un nuevo sueño de "cristiandad", una falta sustancial de respeto de la autonomía de las realidad terrenas y una falta de reconocimiento de la libertad y responsabilidad de los fieles laicos en orden a la construcción de la sociedad. Tiene una pretensión universalista excesiva, proponiéndose de igual forma para todas las situaciones del planeta. Corre el riesgo de ser una ideología que justifica la realidad, garantiza el statu quo, no mueve a la práxis, no incide en las estructuras. Ésta es, como mucho, alienación. Por esto - se decía - el Concilio casi no había hablado de ella y Pablo VI la presentaba en tono menor. Esto se decía.

Después, en 1978, Juan Pablo II se asomó al balcón de la Basílica de San Pedro invitando a no tener miedo de Cristo. ¿Y no eran, de hecho, los miedos hacia la DSI otras tantas formas de miedo hacia Cristo y su Iglesia? En seguida se dirigió a Puebla, a la Asamblea general del Episcopado Latino-americano para decir que había que sacar del cajón la DSI. Juan Pablo II fue un profeta de la DSI porque empezó inmediatamente a recordar a los cristianos su deber de asumir propiamente en su vida toda la DSI. Tuvo que denunciar los errores y los abusos que el abandono de la DSI había producido. Se preocupó de anunciar qué era verdaderamente la DSI, en continuidad con toda la tradición del magisterio de la Iglesia y con el Concilio, poniendo de manifiesto la ideologización no de la DSI, sino de sus detractores.

Juan Pablo II fue profeta de la DSI porque mostró cómo esta nace del sí de Dios al hombre, del proyecto de amor de Dios por el hombre, ese proyecto que ha sido confiado sobre todo a la Iglesia. La DSI se nutre del Evangelio y de hombre, de luz de Cristo y de problemas humanos, de Iglesia y de mundo. Ésta afecta a la vida de la Iglesia en el mundo y es expresión de la caridad de la Iglesia hacia éste.

Karol Wojtyla y Juan Pablo II

La historia personal de Karol Wojtyla no carece de importancia a la hora de explicar cómo y por qué Juan Pablo II fue profeta de la DSI. Cuanto hace un papa nunca es completamente reducible al hombre que era ya antes, pero está ciertamente conformado también por ello. El proprio Juan Pablo II, por lo demás, recordó muchas veces su experiencia de trabajador y dio siempre importancia a su pertenencia al pueblo y a la Iglesia de Polonia. A nivel personal, Karol Wojtyla siempre experimentó la significatividad de Cristo para su vida concreta, y cómo sus aspiraciones de joven, de obrero, de estudiante, de hombre encontraban en Cristo una luz que las valoraba también en su humanidad. Esta experiencia la pudo probar también dentro de la nación polaca. Una nación en la que la historia civil y la historia religiosa se compenetran muy estrechamente. Basta visitar la catedral de Varsovia o el Wawel de Cracovia para darse cuenta de cómo la civilización polaca se había nutrido de catolicismo y cómo el catolicismo polaco está profundamente ligado a su historia nacional. Historia de participación de la Iglesia en las fatigas y en los dramas del pueblo polaco, en las divisiones y en las persecuciones, en las invasiones y en los regímenes totalitarios. En la Iglesia católica los polacos han visto siempre una fuerza que les representaba y que tutelaba su identidad y su libertad, incluso en regímenes de esclavitud o durante el periodo de desmembramiento del territorio nacional entre las grandes potencias limítrofes. Karol Wojtyla hizop experiencia de una religión de pueblo, arraigada entre la gente y partícipe de sus vicisitudes compartidas íntimamente. El catolicismo polaco está por tanto arraigado en la historia, no es una iglesia nacional en el sentido nacionalista del término, al contrario, el vínculo con Roma y con el papa siempre garantizó esa independencia y esa libertad que permitieron la unidad con el pueblo también en el largo periodo oscuro del régimen comunista.

Por su propia experiencia personal y de la sacerdotal antes y episcopal después, Wojtyla debió haber experimentado la "presencia" del cristianismo en la sociedad y la capacidad de la fe de animar la solidaridad, de crear cultura y civilización, de ser fuerza operante en la historia concreta de los hombres.

Al mismo tiempo, sus estudios, marcados por la fenomenología de Edith Stein, desarrollados desde una perspectiva que la hacía encontrarse con santo Tomás, guiaban al pensador Karol Wojtyla a una visión de la persona como "acto". Esto supuso ver el actuar humano - tanto en el amor humano como en el trabajo - como acto de la totalidad de la persona que tiene una consecuencia ante todo para la propia persona. Actuando y obrando, la persona se construye, se hace. Ésta no es un agente individual interesado solamente en el producto de su actuación, sino que está interesado en sí mismo, expresa, actuando, una necesidad de ser. En esto se encuentra con los demás hombres, de modo que la relación social vale no tanto por lo que los hombres hacen, sino por lo que son, o mejor, por lo que quieren ser actuando. La comunidad está constitutida por hombres que pretenden ser hombres. Es el fin, y no los medios, los que nos constituyen en comunidad. Pero este fin no está establecido por nos otros, nos es dado, pertenece a nuestra naturaleza de criaturas destinadas al Creador. Es el sí de Dios al hombre el que nos convoca. El cristianismo, de esta forma, se concibe como profundamente humano, y la vida del hombre sobre la tierra, el actuar humano en la práxis social, se entiende como proceso de humanización, el mismo que realizó Jesús durante su vida terrena. Cristo tiene que ver profundamente con la práxis social del hombre, con el trabajo en la fábrica, con la actuación económica, porque en esos lugares el hombre se construye, encuentra la verdad de sí mismo y de los demás. En esos lugares se encuentra con Cristo.

Los acontecimientos de 1989 en Europa del Este y en particular en Polonia, son leídos de hecho por Juan Pablo II en el capítulo III de la Centesimus annus (1991) como un ejemplo de encuentro de la Iglesia con el movimiento de los trabajadores. Un ejemplo, por tanto, de Iglesia popular que supo mostrar con la vida que Cristo tenía un sitio en las luchas por la justicia. Releyendo teológicamente esos acontecimientos, Juan Pablo II vio la fecundidad histórica de la fe cristiana, que suscita el sentido de la dignidad humana, invita a mirar a lo alto y anima un movimiento pacífico de justicia y de paz. Ante los totalitarismos, la Iglesia opone la principal resistencia, es decir, la conciencia difundida de la dignidad trascendental de la persona humana, único y verdaderi antídoto a toda forma de régimen totalitario.

Un último elemento que marca profundamente a Karol Wojtyla antes de ser elegido papa es el Concilio Vaticano II y en particular la Constitución pastoral Gaudium et spes. Del Concilio no deriva una falta de potenciación de la DSI, sino una colocación más clara dentro de la misión de la Iglesia en servicio del mundo. Tras la Gaudium et spes queda claro que el anuncio de Cristo también en las realidades temporales, es decir, el compromiso por la evangelización y la promoción humana, son dos aspectos inseparables de la misión de la Iglesia. Es partiendo del Concilio, aunque en continuidad con todo el magisterio precedente, como Juan Pablo II podrá decir que la DSI anuncia a Cristo y que es un instrumento de evangelización.

La Iglesia, primera voz en defensa del hombre

Durante el pontificado de Juan Pablo II la voz del Papa fue percibida por la opinión pública mundial como la más alta defensa de los derechos de la persona humana. En sus innumerables viajes, Juan Pablo II defendió a los indefensos y se hizo voz de los oprimidos. No es una novedad en la historia de la DSI. También León XIII, escribiendo la Rerum novarum, se hacía intérprete de los derechos de los oprimidos de entonces, los obreros. Sorprende sin embargo la fuerza con la que Juan Pablo II interpretó esta tradición, las latitudes en las que proclamó la dignidad de la persona, y su cercanía a todos los oprimidos por la injusticia. El mundo quedó impresionado sobre todo por la libertad de la denuncia, es decir, como si el Papa superase todas las conveniencias ideológicas para concentrarse en el hombre, cualquiera que fuese, y para denunciar todos los abusos cometidos contra él, fueran quienes fuesen sus responsables. Ningún temor reverencial cuando está en juego la dignidad de la persona. En África, por ejemplo, condenó la esclavitud, pero también los odios tribales que siembran la guerra y frenan el desarrollo. En Australia defendió los derechos de los aborígenes y en América latina los de los habitantes de las degradadas periferias urbanas. A su Polonia le confió una tarea y después la recriminó por no haberlo llevado a término plenamente. Defendió el derecho de los pueblos al desarrollo y también el de la pareja a una procreación libre y responsable, criticando las doctrinas ecologistas que temen la superpoblación como el cáncer del planeta.

Celebró el genio femenino y el derecho de las mujeres a participar en la vida social, pero también subrayó que éste no debe tener lugar a costa de su papel de mujer y madre. En Sicilia tronó contra la Mafia y en Campania pidió "estructurar" la esperanza. Defendió los derechos del mundo del trabajo, sin contraponerlos nunca a la responsabilidad de los empresarios. Se puso muchas veces el casco en la cabeza para visitar fábricas, siderurgias y minerías, atestiguando su cercanía a los trabajadores y su apoyo a las reivindicaciones legítimas de sus derechos. Pero también dijo que hay que alargar el concepto de trabajo y de derecho al trabajo, incluyendo también el trabajo familiar, el inmaterial, el de los empresarios y el de la sociedad civil.

Sería demasiado largo enumerar las intervenciones del papa Juan Pablo II en apoyo de los derechos humanos. Pero es indispensable subrayar dos aspectos no marginales: la defensa de los derechos de los más pobres entre los pobres, los niños concebidos que viven en el seno materno aunque aún no han nacido, y la enseñanza sobre los fundamentos morales de los derechos y, por tanto, de los deberes.

En la Evangelium vitae, Juan Pablo II compara a los niños no nacidos con los obreros a quienes defendía León XIII: entonces los pobres eran los obreros, hoy hay otros pobres, entre ellos los niños a quienes con el aborto legalizado el Estado les niega el derecho a la vida. De este modo, Juan Pablo II proponía una visión de los derechos entendidos no en sentido subjetivo e individualista sino como fundados en la objetividad de la naturaleza humana y, en último término, en Dios creador. El tema de la vida estuvo siempre ampliamente presente en el magisterio de Juan Pablo II y él repetidamente sostuvo que el primero entre los derechos es el derecho a la vida. Diciendo así, pretendía indicar que si no se respetaba ese derecho no se pueden respetar los demás y que, antes o después, la negación de ese derecho tendría repercusiones negativas también sobre el respeto de todos los demás derechos, conduciendo a la sociedad, incluso democrática, hacia formas manifiestas u ocultas de totalitarismo. Juan Pablo II hizo de la vida un tema plenamente social y político.

La insistencia de Juan Pablo II sobre el deber de respetar la vida y sobre la existencia de una gramática natural que hace de base para la sociedad pertende insertar los derechos humanos en un marco de objetividad, con el fin de sustraerlos al libre arbitrio. Este es el segundo aspecto fundamental al que me refería antes. Y es también en elemento que más pone de manifiesto la confrontación abierta por el Papa con la modernidad. Confrontación en algunos aspectos nueva, en cuanto que pretende mostrar que es la Iglesia y no la modernidad el verdaderi paladín de los derechos humanos. Esto es lo que todos han percibido durante el largo magisterio de Juan Pablo II: la Iglesia defiende y promueve al hombre en cuanto que no aparta sus derechos del cuadro de sus deberes, no los aísla de la complejidad de la persona y, sin absolutizarlos, también los refuerza, porque los sustrae al arbitrio de un individuo o de una mayoría.


ROMA, viernes 22 de abril de 2011 (ZENIT.org).-

Plata, mucha plata:

poder político de la caja K y debilidad provincial

Por
Alcadio Oña

Es tanta la desigualdad en el reparto de los recursos tributarios nacionales – claramente entre el gobierno central y las provincias e incluso entre las propias provincias – y tan notorio el manejo discrecional de esos fondos, que en algún momento asomará la presión de los gobernadores para equilibrar la balanza. El instrumento a mano es la reforma a la coparticipación, que según la Constitución de 1994 debía estar vigente en 1997 y marcha hacia una mora de 14 años.

Para empezar, las desigualdades. El Iaraf, un instituto especializado en análisis fiscal, calcula que en 2010 el Tesoro Nacional y la ANSeS se quedaron con el 73 % de los ingresos totales. El resto fue a las provincias, considerando como tal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Negocio redondo para la caja K, que cosechó casi $ 300.000 millones , mientras las 24 provincias juntas recibieron $ 108.808 millones . Cuentas así de desparejas explican, por sí mismas, varias cosas que funcionan como una maquinaria bien aceitada.

Una es el enorme potencial de gasto del kirchnerismo. Otra, conocida y clave en la estrategia oficial, que la plata da poder, y cuanto más haya, más poder . Y una adicional, del mismo estilo, que los apremios financieros de las provincias las hacen muy dependientes y a menudo las fuerza a negociar en los términos que se les impongan.

Todo básico en el manual de Néstor Kirchner, desde los tiempos cuando gobernaba Santa Cruz. Sintetizado: medios para disciplinar y mandar según ideas y objetivos propios.

Establecido en la época de Domingo Cavallo y la Alianza, el impuesto al cheque hace una contribución grande a la caja K. A partir de entonces, el gobierno central se lleva el 85 % de la recaudación y apenas 15 % las provincias.

La brecha se valorizó con el crecimiento de la economía. El año pasado representó $ 22.852 millones para la Nación y raquíticos $ 4.032 millones para las provincias.

Un aporte aún mayor proviene de las retenciones , especialmente las de la soja, aumentadas sucesivamente hasta que capotó la Resolución 125. Estimaciones privadas cifran en US$ 7.400 millones la recaudación impositiva que, en 2011, saldría del complejo sojero.

En abril de 2009, cuando calentaba el conflicto con el campo y necesitaba apoyos, el Gobierno decidió socializar el 30 % de esos ingresos.

Tampoco concedió demasiado . En números de 2011, la soja le reportaría US$ 5.180 millones y US$ 2.220 millones a todas las provincias.

Es usual, en el discurso oficial, decir que hay otros recursos que van de la Nación al interior: las llamadas transferencias no automáticas, destinadas a financiar gastos corrientes, como los salarios, y obras públicas. Ascendieron a $ 23.000 millones en 2010.

El punto es que no se trata de una distribución pareja. Porque las decisiones sobre a quiénes mucho y a quiénes menos son tomadas en la Casa Rosada.

Igual que el lugar donde serán asentadas las obras. Lisa y llanamente: manejo arbitrario de mucho dinero, funcional a los objetivos de cada momento.

En este jubileo entran gobernadores e intendentes. Pero no de la misma manera: en 2010, Buenos Aires se llevó las palmas; seguida de Córdoba, Chaco y, significativamente, Santa Cruz. San Luis ocupó el penúltimo lugar .

Poder y política, las transferencias discrecionales aumentaron 850 % desde 2003 . Y siempre con un sello común: escalan en los tiempos electorales, como pasó en los comicios de 2009 y pasará ahora.

Las provincias también pierden con la ANSeS . Desde que el sistema fue desfondado por la creación de las AFJP, el organismo absorbe parte de la coparticipación, del IVA, de Ganancias y de varios impuestos más. Parte de lo que a ellas les corresponde Según estimaciones de Iaraf, a raíz de esas quitas las provincias resignaron el año pasado unos $ 28.000 millones.

Dado que el sistema ya es plenamente estatal, los gobernadores también podrían tocar las puertas de la Casa Rosada para recuperar al menos una porción de lo que pierden . Con un argumento extra: la ANSeS ha devenido en una poderosa herramienta financiera del Gobierno en la que ellas tienen arte pero no parte.

Por lo que toca a las disparidades entre las propias provincias, un caso antiguo y notorio es el de Buenos Aires. Aporta alrededor de un tercio a la recaudación nacional completa y ni siquiera recibe el 20 % de la coparticipación.

Otro asoma en el reparto por habitante de los fondos que van al interior. Datos del año pasado cantan $ 10.177 a Tierra del Fuego y $ 7.495 a Santa Cruz. Muy lejos de provincias que jamás podrían ser consideradas ricas: para el caso, los 3.374 de Tucumán y los 3.296 de Misiones.

Sólo la tajada que la Nación toma de la torta habla de una muy desigual distribución de los ingresos, que además de mentarla en otras cuestiones, bien podría aplicársela a ésta. La diferencia es que aquí se trata de plata propia .

Un debate sobre la reforma a la coparticipación federal de impuestos llevará tiempo, porque algunos deberán ceder recursos, empezando por la Nación.

Siempre, el mejor momento para encarar este tipo de discuiones es cuando abundan fondos, o sea, ahora. En el mientras tanto, el poder central seguirá haciendo el juego que más le conviene .

Clarín, 23-4-11

El mundo, al rojo. Aquí, el manual



Por Héctor A. Huergo


Mientras el mundo se pone al rojo por la extraordinariamente ajustada relación entre la oferta y la demanda de granos, en la Argentina seguimos distraídos en una batalla absurda. Si algo estaba faltando, esta semana el gobierno dio un paso dramático: tomar de rehenes a los chicos para disparar diatribas contra el fenomenal proceso de cambio tecnológico y organizacional que atraviesa el sector agropecuario.

El manual de Educación Ambiental lanzado por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medio Ambiente disparó toda la artillería disponible para pegarle al “modelo” que volvió a poner al país en el mapa agrícola mundial. No podemos dejarlo pasar, porque Clarín Rural no ha sido un observador pasivo de esta enorme transformación. Más bien, sentimos que hemos aportado, semana a semana, información, experiencias, novedades, que estimularon este proceso que el mundo sigue con extraordinaria atención.

Ahora el manual ataca a la biotecnología, y en especial al fruto que se ha convertido en bandera de esta Segunda Revolución de las Pampas: la soja resistente al glifosato. Fue la llave maestra que permitió terminar con un ciclo terrible de degradación ambiental. La agricultura mundial se basó en el arado, al que hay que rendirle un homenaje por todo lo que significó. Pero su contraparte fue terminar con la materia orgánica de los suelos. En la Argentina, los intentos por desarrollar una agricultura conservacionista recién encuentran un cauce definitivo con el advenimiento de la soja RR, la demonizada “transgénica” que el mundo no iba a comprar, como amenazaban los verdes. El modelo de la soja con glifosato, exhibido por este verdadero manual de zonceras argentinas como un baldón en nuestra historia agrícola, facilitó la siembra directa. Hasta entonces era una quimera.

Las mejores zonas agrícolas y ganaderas estaban invadidas por malezas perennes “de combate obligatorio”. Imposible. El método era meter fierro todo el verano para terminar con un herbicida en otoño. Consecuencia: tremenda aceleración de la erosión. Y encima el resultado era aleatorio. Cuando se volvía a sembrar, el Alepo y el gramón volvían a malograr las cosechas. El modelo de la siembra directa, con soja transgénica resistente al herbicida glifosato, permitió erradicar las malezas perennes. Nadie se acuerda de ellas. Más bien, ahora estamos preocupados por nuevas especies resistentes que, inexorablemente, van a acotar la vida útil del glifosato. Pero la tecnología también va a resolver este desafío; ya hay herramientas en camino.

El manual habla de monocultivo también en términos peyorativos. Es cierto que hay más soja de la que los chacareros quisieran. Estamos lejos de esto. La mayor parte de la superficie está bajo rotación con maíz y cereales, como aconsejan las buenas prácticas agrícolas. Pero “el modelo” K ha impulsado este crecimiento de la oleaginosa. La falta de protección a la propiedad intelectual, más la escasa cantidad de fertilizante que requiere esta leguminosa (como tal, tiene la capacidad de utilizar el nitrógeno del aire), lo han convertido en un cultivo más barato que el maíz. Todo el mundo quiere que haya más maíz y más trigo. Pero este modelo los castiga: la exportación sigue cuotificada. Emanual habla del difuso concepto de “soberanía alimentaria”, galvanizado en la vieja Europa para protegerse de la importación de países eficientes como la Argentina. Pero da vuelta el argumento. Para los autores, soberanía alimentaria es trabar las exportaciones… El manual abunda en otras muletillas deletéreas sobre el campo y su revolución tecnológica. Miente sobre los desmontes, la concentración de la tierra, la contaminación de las napas, los pools de siembra. Dirigido a concientizar a los docentes, termina condenando a nuestros hijos y nietos a ser rehenes de una batalla absurda.

Mientras tanto, el mundo nos sigue mirando, y esperando…

Clarín, 23-4-11

La pobreza ya sería tres veces más alta que las estadísticas oficiales



Por Ismael Bermúdez

Apenas pasaron 72 horas desde que el INDEC difundió el martes último las cifras de indigencia y pobreza correspondientes a la segunda mitad de 2010. Pero los datos oficiales ya quedaron cuestionados por informes elaborados en el sector privado . En este caso, fue por un trabajo del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), al que tuvo acceso Clarín .

Los datos del INDEC habían sido anticipados el lunes por la presidenta Cristina Kirchner en un acto público. Según esos datos, la pobreza y la indigencia siguieron cayendo durante el año pasado. Y cerraron en niveles de un dígito : 9,9% de pobres, de los cuales 2,5% serían indigentes.

Al proyectar esos porcentajes a todo el país, del parte oficial se concluye que habría 4 millones de pobres, y de ellos, casi 1 millón serían indigentes.

Sin embargo, para la UCA esos indicadores actualmente son entre tres y cinco veces más altos que el dato oficial : la pobreza rondaría entre un mínimo de 25,6% y un máximo de 29,6%. Y la indigencia entre 9,3% y 10,9%.

Así, los pobres serían entre 10 millones y 12 millones . Y de ellos, serían indigentes entre 3,5 millones y 4,4 millones.

Las diferencias entre ambas mediciones no se pueden atribuir a razones metodológicas. Tanto el INDEC como la Universidad Católica calculan la indigencia y la pobreza de la misma forma : comparan los ingresos de las personas y de las familias con relación a los valores de dos canastas, la alimentaria (que se toma como referencia para la indigencia) y la básica total (para la pobreza).

El problema es que difieren en calcular los ingresos de la gente y los precios de las canastas . Por ejemplo, para esa tarea la UCA toma como verdaderos los precios promedio informados por una serie de oficinas de estadísticas provinciales, centros académicos y consultoras privadas. Es decir, valores más altos que los que registra la estadística oficial .

Así, para el INDEC a fines de 2010 una familia tipo necesitó 1.243 pesos para no caer por debajo de la línea de pobreza . Pero las mediciones alternativas estimaron el precio de la canasta básica total entre los $ 1.791 y $ 1991 mensuales . Lo mismo pasó con el precio la canasta alimenticia que se usa para estimar la línea de indigencia.

El informe de la UCA reconoce que si se analiza el período 2006-2010, hay una caída tanto de la indigencia como de la pobreza. “Ya sea que se considere las mediciones oficiales o las estimaciones realizadas con los precios del INDEC o a través de cálculos alternativos”, aclara.

Sin embargo, explica que “esta reducción se debe fundamentalmente a las mejoras ocurridas entre 2006 y 2007”. Porque desde entonces -agrega el estudio- la inflación licuó las mejoras que pudieron haberse dado. Así se señala que “la economía experimentó un incremento sostenido en el nivel de precios, que si bien se detuvo en parte entre 2008 y 2009, volvió a activarse a partir de este último año . Este proceso estuvo precedido de una desaceleración en el ritmo de crecimiento económico y en la generación de puestos de trabajo, aspectos que tuvieron un impacto regresivo en los indicadores de pobreza e indigencia”.

No obstante, el informe concluye que “a partir de 2010 comenzaron a exhibirse signos claros de reactivación económica , lo cual significó una recuperación en la demanda de empleo y del consumo interno. Al mismo tiempo -añade- se profundizó una política pública de ampliación en la cobertura y de los montos asignados por los programas sociales de transferencias de ingresos hacia los sectores más vulnerables. Sin embargo, durante este período también parece haber continuado activo el proceso inflacionario iniciado el año anterior”, concluyó la UCA.




Las claves


1 Al proyectar los datos del INDEC a todo el país se concluye que habría 4 millones de pobres, y de ellos, casi 1 millón serían indigentes.

2 En cambio, si se toman los datos del relevamiento que hace la UCA surge que los pobres serían entre 10 millones y 12 millones. Y de ellos, serían indigentes entre 3,5 millones y 4,4 millones.

3 El informe de la UCA admite que, más allá de las magnitudes, la situación mejoró a entre 2006 y 2007. Pero aclara que luego ese proceso se detuvo como consecuencia de la inflación, que licuó las mejoras. En 2010, con una economía en suba, el aumento de precios se reinstal




Una canasta de 1.243 pesos


Si se toman al pie de la letra las cifras oficiales, se puede decir que toda familia que cuente con ingresos mensuales que superen los $ 1.243 automáticamente deja de ser considerada pobre. Se supone que ese es el costo de una canasta básica total que incluye actividades como alimentarse, viajar, vestirse, pagar un alquiler y otros servicios.

Con la indigencia ocurre otro tanto: el precio de la canasta -que sólo incluye alimentos- que determina quién es indigente es de $ 575 al mes, según el INDEC. Un grupo familiar que tenga ingresos por encima de esa cifra -aunque sea por un peso- deja de ser indigente y pasa a ser considerada pobre, con el tope mencionado antes.
Clarín, 22-4-11

La ruta de la cocaína




Por Horacio Tomás Sáenz, Corresponsal del Informador Público en Bolivia

Es innegable que el 90% de la cocaína que se consume en la Argentina es de origen boliviano; lo que llama la atención es que a pesar de importantes controles tantas toneladas lleguen al territorio nacional.

Todo empieza en el Departamento de Cochabamba, específicamente en El Chapare, lugar tropical de una belleza increíble, surcado por caudalosos ríos, y paradisíacos paisajes. En la década del ‘70 se colonizó con personas llegadas del altiplano o de la Ciudad de Cochabamba, que se establecieron en el lugar y comenzaron a explotar palmito, te, ananá, etc. Con el tiempo vieron más redituable explotar el arbusto de coca.



Las Diferencias

Existen en realidad dos lugares donde se siembra y explota la hoja de coca: Los Yungas, en el trópico del Departamento de La Paz, y el ya citado Chapare en Cochabamba. La diferencia radica en la cantidad de alcaloide que tiene el producto: el de Los Yungas es más “dulce” y contiene menos alcaloide y el del Chapare es amargo y contiene mayor cantidad de alcaloide, por lo tanto, el que se usa para “acullicar”, o como se lo conoce en Bolivia “pischear” (mascar), es el de Yungas. Este consumo, extendido entre campesinos, obreros y un porcentaje importante de habitantes de las ciudades, respalda la legalidad de la explotación, pero si solo la de Los Yungas es la que se consume, se supone que la del Chapare se destina a la a la producción de cocaína.

Hasta hace unos años la producción se circunscribía, casi exclusivamente, a la zona del Chapare y lugares lejanos de Santa Cruz de la Sierra y el Departamento del Beni, fronterizo con Brasil; requería mucha mano de obra y procesos largos. Hoy, el “pisado”, realizado antes por personas contratados, ha sido reemplazado por el uso de lavarropas, y el secado, antes natural de la “pasta base” (proceso anterior a la conversión del producto a clorhidrato), se acelera con el uso de microondas. La incorporación de esta tecnología ha trasladado las fábricas a las zonas urbanas y suburbanas, siendo más fácil despacharla a los países vecinos.



UMOPAR, FELCN y “Leopardos”

“Unidad Móvil de Patrullaje Rural”, “Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico” y “Leopardos”, tres denominaciones para la misma fuerza operativa de la Policía Nacional de Bolivia, con base en el Chapare, Yungas y cualquier otra parte del territorio donde se presuma haya tráfico de drogas, de uniforme camuflado selva del ejército norteamericano, sombrero selva, fusiles de asalto Colt del mismo origen y una doctrina fuertemente influenciada por la DEA, que dirigía las operaciones en Shinaota de la base de los “Diablos Rojos”, unidad de asalto helitransportada, hoy expulsada de Bolivia por el Presidente Evo Morales. En el desplazamiento desde Cochabamba a Santa Cruz, hay dos inmensos tinglados en diferentes puntos, donde los pasajeros de los micros y muchos automóviles particulares son obligados a descender y los automotores son sometidos a una rigurosa revisión.

El control de la producción de la hoja de coca, y su comercialización, está a cargo de la DIGECO (Dirección General del Control de la Coca); su fiscalización es la única que permite que los “taques” (denominación del embalaje de la hoja para su transporte que pesa 50 libras), circule por el territorio boliviano.



El “Cato” de coca

Cuando el actual Presidente era nada más que el Secretario de Deportes de la Asociación de Cocaleros del Chapare, la lucha del campesinado productor de la hoja de coca se centró en la defensa de “un cato de coca por familia” (unidad de medida de 40 x 40 metros). Esto fue logrado merced a todo tipo de conflictos generados contra los gobiernos de turno. En el medio de todos estos procesos, se realizaba, financiada por los EEUU, la erradicación de la “coca excedentaria”, proceso que se debilitó a partir de la llegada del MAS al poder, ya que gran parte de su conducción está ligada a las asociaciones de productores de la “hoja sagrada”.

En la actualidad, una visita por el Chapare permite verificar que tiempos de bonanza económica han llegado a la región: 4x4 de todas las marcas (incluyendo las codiciadas “Hummer”), viviendas con importantes mejoras, mansiones en medio de la selva y antenas satelitales por todos lados, permiten inferir que se está cultivando algo más un “cato por familia”.



Sin crisis económica

A diferencia de muchos de los países de la región, en Bolivia no se nota la crisis. Santa Cruz de la Sierra lidera el proceso de crecimiento. Decenas de edificios en construcción, a tal punto que hay que hacer cola para comprar cemento, vehículos de alta gama sólo soñados por los argentinos surcando las calles, y muchas compras de cientos de miles de dólares que se realizan al contado dan la pauta de que una economía “paralela” impulsa el crecimiento.



La ruta

Saliendo de Santa Cruz por una ruta asfaltada, y luego de unas seis horas, se llega a Yacuiba, antesala de un pueblo fronterizo homónimo del argentino que se encuentra pasando el puente, “Pocitos” (en realidad el pueblo es Salvador Mazza, pero Pocitos era una denominación anterior y muchos aún lo llaman así), del lado boliviano, el barrio “pegado a la frontera” se llama “África”; una vuelta por sus calles muestra importantes vehículos y todos saben que sus habitantes se dedican a pasar automóviles robados en la Argentina y llevar cocaína por el llamado “Sector Cinco”, una suerte de quebrada que se puede transitar a pie o en vehículo.

Del lado argentino la situación es similar: autos costosos, comercios con pocos productos pero con propietarios que los fines de semana se van a Tartagal o a Salta y tienen un muy buen pasar económico. Con poco tiempo en el lugar es fácil averiguar que más del 50% de los habitantes de Salvador Mazza estuvieron o están detenidos por tráfico de drogas o han estado involucrados en delitos conexos (por ejemplo, el tráfico de “precursores”, materiales utilizados para el procesamiento de la cocaína).



Los controles

Demasiados… al cruzar el puesto de control de Aduana y Migración Argentina, saliendo del pueblo (Carapari), luego en Aguaray y posteriormente en el kilómetro 81, donde los micros de larga distancia deben hacer bajar a sus pasajeros y son revisadas sus pertenencias, y en algunos casos sus cuerpos. En todos los casos es antológico el maltrato de los gendarmes y los aduaneros para con los connacionales y extranjeros. Los controles se centran en el contrabando de ropa, cigarrillos y la hoja de coca (que autoriza un kilogramo por persona para uso personal). A pesar de todo, cientos de kilos de hoja llegan a casi todo el territorio argentino y ni que decir de la cocaína.


La complicidad

Aduaneros con muy buen pasar económico, Comandantes y personal subalterno de la Gendarmería Nacional con automóviles costosos, siembran la duda sobre las complicidades que permiten que transite por nuestro país la cocaína. Salvador Mazza es un centro de informaciones sobre quién hace qué, pero nadie hace mucho y el narcotráfico crece.

Las causas

Salvador Mazza es un centro de pobreza, no hay industrias, el trabajo es escaso y mal pago y la carne y otros alimentos son caros, ya que la falta de ferrocarril ha encarecido tanto los fletes que todo cuesta más que en otras localidades. La mayoría de los habitantes que viven entre Orán y Salvador Mazza vivían del contrabando de ropa y alimentos traídos desde Bolivia. La represión de la Gendarmería empujó a muchos al tráfico de drogas, y en muchos casos a algo más fácil de transportar… Rohipnol o Rivotril. Un ejemplo de lo que está pasando es la localidad de Colonia Santa Rosa, que se encuentra pasando Pichanal, con una tasa de consumo de hipnóticos, marihuana y cocaína alarmantes, situación ésta que ha creado una ola delincuencial inédita en una localidad rural cuyo ingreso está a cinco kilómetros de la ruta. La dependencia empuja al delito a menores de edad que roban a la vuelta de su casa a personas que conocen desde siempre.

Desde Pichanal a Salta, o desde Orán al resto del país, se transportan cientos de kilos de cocaína. ¿Es tan difícil terminar con ese tráfico en rutas angostas sin opciones de desvío? Existen detectores químico-electrónicos; hay perros entrenados, pero no se utilizan; en los controles, algunos autos son detenidos, otros siguen de largo, los que son conducidos por personal de alguna fuerza de seguridad no se verifican; demasiados “agujeros” por donde se escurre el veneno que multiplica por mil el crecimiento del delito en nuestro país y la dependencia a los alcaloides que cada día incorpora a cientos de jóvenes argentinos y de otras latitudes a esta pandemia social.

Clarín, 22-4-11

Boleta Única para votar en Córdoba


En este sitio se explica la nueva metodología, que deberemos usar en Córdoba para elegir los cargos provinciales:


Promoción del aborto en la Feria del Libro

Según noticias periodísticas, el domingo 24 de abril a las 20.30 hs. y en el marco de la 37° Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, la Editorial Nuestra América presentará, promocionará y distribuirá el libro titulado “Todo lo que tenés que saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas”.

Noticia completa:


http://promoverlavida.blogspot.com/2011/04/promocion-del-aborto-en-la-feria-del.html



Los obispos y la acción política de los católicos




Por Jorge Adame Goddard


Mientras se discutía en el Senado de la República (México) un proyecto de reformas al artículo 1º constitucional que pretende incorporar a la constitución todos los derechos humanos contenidos en los tratados que están en vigor en México, un buen número de ciudadanos y agrupaciones civiles se manifestaron de diversas maneras en contra del proyecto, porque veían que podía dar lugar a que se pretendiera, con apoyo en disposiciones ambiguas de los tratados internacionales y de las recomendaciones que han hecho los organismos internacionales encargados de vigilar la aplicación de dichos tratados, establecer una legislación en todo el país favorable al aborto y a la legalización del matrimonio civil entre personas del mismo sexo.


La reforma fue finalmente aprobada por el Senado, aunque todavía no ha culminado el proceso pues hacen falta las aprobaciones de las legislaturas locales, y al día siguiente (el 8 de marzo) salió publicado un comunicado de la Conferencia Episcopal Mexicana, firmado por su presidente, Msr. Carlos Aguiar, en el que se congratulaba por la reforma en cuanto daba una mayor protección a la vida humana y a la familia. Este boletín causó gran desconcierto entre los miembros de las asociaciones civiles que se habían opuesto a la reforma, que en su mayoría eran católicos.



El episodio constituye una gran oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza de la acción política de los católicos: ¿es una acción que hacen por su condición de fieles de la Iglesia y está por ello sujeta a la dirección de los obispos?, o ¿es una acción que hacen en cuanto miembros de la sociedad política y por eso es independiente del gobierno que tienen los obispos sobre los fieles? Me parece que si se hubiera tenido una idea clara de la naturaleza de esta acción política de los católicos, el comunicado de los obispos no habría generado tanta inconformidad.

Un punto de partida seguro es el párrafo 36 de la constitución Lumen gentium que dice que los fieles deben aprender “a distinguir entre los derechos y obligaciones que les corresponden por su pertenencia a la Iglesia y aquellos otros que les competen como miembros de la sociedad humana”. Esta distinción de deberes y derechos corresponde a la distinción entre un orden que rige la conducta de los fieles en cuanto tales, que es el orden de la Iglesia, al que también se llama «orden espiritual», y otro orden que rige su comportamiento en cuanto son miembros de una comunidad política, que es el orden político-jurídico, llamado también «orden temporal». Si bien los fieles viven y actúan en ambos órdenes, su condición de fieles se ha de manifestar en uno y en el otro por la congruencia de su conducta con la ley moral y evangélica, que rige su vida en la Iglesia y en el mundo. Por eso, la misma constitución citada les recomienda que acoplen armónicamente los derechos y deberes de los dos órdenes y afirma: “En nuestro tiempo, concretamente, es de la mayor importancia que esa distinción y esta armonía brille con suma claridad en el comportamiento de los fieles”.

La actividad que realiza la Iglesia en el mundo o «apostolado», como lo afirma el decreto Apostolicam actuositatem (§ 2), se ordena a que “todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora, y por su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo”. Se distinguen dos aspectos de este único fin: uno es la actividad consistente en la predicación del Evangelio, la enseñanza de la doctrina y la administración de los sacramentos, y el otro es la reordenación del mundo o transformación del orden social. Ambos aspectos son objeto del apostolado que ejerce la Iglesia por todos sus miembros y de diversas maneras. Pero el apostolado de la predicación, enseñanza y santificación lo realizan principalmente los sacerdotes y ministros ordenados, al cual colaboran los laicos con el ejemplo de su vida y también con su palabra (Apostolicam actuositatem § 6). Y el apostolado de la transformación del orden social corresponde principalmente a los fieles laicos, como repetidamente lo afirman diversos documentos del Concilio Vaticano II (Apostolicam actuositatem § 7, Lumen gentium § 31, 36, Gaudium et spes 43), y aun el mismo Código de Derecho Canónico (canon 225-2); a este apostolado colaboran los obispos y sacerdotes principalmente impulsando a las laicos, proponiendo la doctrina moral que debe ser respetada por todos (Gaudium et spes § 43) y dando a los laicos los auxilios espirituales, principalmente los sacramentos (Apostolicam actuositatem § 8).

La acción política de los ciudadanos católicos

Es, por su propia naturaleza, una actividad que realizan en el orden político existente, de acuerdo con las instituciones en vigor, con los medios disponibles y que está orientada a una finalidad temporal, que es el mejoramiento o perfeccionamiento del orden político. Es por su naturaleza una actividad secular, que ejercen en cumplimiento y ejercicio de los deberes y derechos políticos que tienen como ciudadanos, tal como la podría hacer cualquier otro ciudadano con creencias religiosas diferentes o sin creencias religiosas. Es una actividad que debe ser conducida, dirigida y ejecutada por los mismos laicos, en uso de su libertad política, y de la cual ellos mismos son responsables a título personal.

Desde el punto de vista subjetivo, de los motivos que tienen los ciudadanos católicos para ejercer esa actividad, se puede ver que quizá muchos de ellos la ejercen en cumplimiento del deber que tienen como fieles laicos de transformar el orden temporal de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio. Podría decirse que es, desde este punto de vista subjetivo, una actividad apostólica. Pero los motivos por los que se ejerce una acción no cambian la naturaleza objetiva ni los fines propios de la misma, y así como el médico que cuida de un enfermo con motivos sobrenaturales, como el amor a Dios, no deja de desempeñar una actividad que es humana, que se rige por las reglas propias del trato humano y de la Medicina, así la actividad política de los católicos, aunque se haga por motivos apostólicos, no deja de ser una actividad política que debe realizarse conforme a las reglas propias del orden político jurídico en vigor.

La distinción entre esos dos órdenes, el temporal y el espiritual, en el que viven los fieles ha sido recogida en el Código de Derecho Canónico, para establecer el derecho de todos los fieles (canon 227) “a que se les reconozca en los asuntos temporales aquella libertad que compete a todos los ciudadanos”. Se ha comentado con razón que este derecho de los fieles a la libertad en los asuntos temporales frente a la Iglesia, es correlativo al derecho que tienen a la libertad en materia religiosa frente al Estado.

La acción política de los católicos no es por lo tanto una actividad que deba ser regida directamente por los obispos o por los sacerdotes, puesto que cae en el ámbito de la libertad que tienen los fieles en los asuntos temporales. Esta libertad que tienen para gestionar y dirigir los asuntos temporales exige, por su condición de fieles, que desempeñen sus actividades en conformidad con la moral cristiana y prestando atención a las indicaciones doctrinales provenientes del Magisterio. En todo caso, los obispos podrían juzgar si los fines que busca o los métodos que utiliza un movimiento político, de católicos o no católicos, son o no conformes con el Evangelio.

Así como los obispos no deben dirigir ni fijar la agenda de la acción política de los ciudadanos católicos, los ciudadanos católicos no deben esperar que su acción política tenga que ser asumida totalmente y en todo momento por los obispos en sus relaciones con el Estado, como si los obispos fueran los representantes ante los gobernantes de los movimientos políticos de los ciudadanos católicos. Al respecto dice la constitución Gaudium et spes (§ 76): “Es de gran importancia, sobre todo donde está en vigor la sociedad pluralística, tener un concepto exacto de la relación entre la comunidad política y la Iglesia para distinguir claramente entre las responsabilidades que los fieles, ya individualmente considerados, ya asociados, asumen, de acuerdo con su conciencia cristiana en nombre propio, en cuanto ciudadanos, y los actos que ponen en nombre de la Iglesia y de su misión divina en comunión con sus pastores”. Es un error de las instancias políticas querer negociar con los movimientos políticos de los ciudadanos católicos por medio de los obispos, y es un error de los movimientos políticos de ciudadanos católicos querer negociar ante las instancias políticas por medio de los obispos.

En el caso concreto del proyecto de reforma del artículo primero de la constitución mexicana, la declaración que hace la CEM celebrando la reforma en lo que juzga conveniente, esto es en la defensa de la vida y de la familia, debe ser vista como un acto de los obispos en su relación con el Estado mexicano, ¿que debe ser secundado y apoyado por todos los fieles , que también estarán de acuerdo en celebrar lo que podría ser un avance en la defensa de esos dos grandes bienes por los cuales han luchado. Pero no puede interpretarse como un acto por el que los obispos descalifican la acción política que habían desarrollado los ciudadanos católicos que se oponían a la reforma, ni tampoco como una prohibición de seguir oponiéndose a la reforma. El juicio positivo que hacen los obispos del proyecto de reforma al artículo 1 de la constitución no es materia de fe que corresponda definir a su magisterio ordinario, de modo que los católicos pueden libremente opinar lo contrario; y como la acción política de oposición a esa reforma es una acción ciudadana y no espiritual, tienen los fieles católicos esa libertad que les corresponde en los asuntos temporales, de modo que los ciudadanos católicos que quieran seguir oponiéndose a la reforma lo pueden hacer, sin que su oposición se interprete como una “desobediencia” a los obispos.

Las discrepancias entre los ciudadanos católicos y los obispos, o las que hubiera entre ciudadanos católicos en asuntos opinables, que no afectan la fe ni la moral de la Iglesia, como es el caso del juicio sobre la conveniencia de esa reforma, son discrepancias normales, que manifiestan la diversidad y pluralidad de la única Iglesia de Cristo. En este espíritu de unidad me parece que debe leerse el nuevo comunicado de la CEM, con fecha del 23 de marzo, que invita a todos los fieles mexicanos a trabajar unidos para “contribuir a la debida orientación que estas reformas aún requieren, con el fin de que se coloquen al servicio de la inalienable dignidad de la persona humana y del bien común”.

Guardianes De La Cruz, 13-4-11

Para el INDEC, la pobreza es de 9,9 % y para los privados, más del 20 %

Por Ismael Bermudez


De la mano de las estadísticas del INDEC, la pobreza y la indigencia no dejan de caer y ya se ubican en los niveles de un dígito: 9,9% de pobres, de los cuales 2,5% serían indigentes.

Proyectado a todo el país, habría 4 millones de pobres y de ellos, casi un millón serían indigentes.

Los datos provienen del relevamiento semestral de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), de la segunda mitad 2010, difundidos ayer. El informe oficial destaca que los números “reflejan la continuidad de una pendiente descendente de las tasas que se inicia en el primer semestre de 2003”.

Estos números surgen de comparar los ingresos de las personas y las familias con el valor de la canasta básica alimenticia y de la canasta total.

Esos dos indicadores están fuertemente cuestionados ya que arrojan niveles más altos – el doble – por las mediciones de los Institutos Provinciales y las consultoras privadas. Por ejemplo, para el INDEC una familia tipo necesitó en marzo pasado $ 1.283 para no caer en la pobreza, cuando para las consultoras privadas la línea de pobreza rondó los $ 2.200.

Con estos valores alternativos, las mediciones privadas arrojan una pobreza de entre el 22 y 30 % – entre 9 y 12 millones de pobres – y una indigencia del 7 al 10 % -entre 3 y 4 millones de indigentes.

Clarín, 20-4-11






Maniobra ideológica en la educación

El Gobierno critica al campo en un manual para escuelas

Por
Pablo Sigal


La argumentación aparece en las primeras páginas del manual: “En la medida en que la crisis ambiental no es ideológicamente neutral ni ajena a intereses económicos y sociales, la praxis educativa tampoco puede serlo. La política forma parte de la naturaleza misma de la educación, por lo que los problemas de la educación no son exclusivamente pedagógicos, sino esencial y profundamente, políticos”.


La cita del educador y teórico brasileño Paulo Freire es el preámbulo para enumerar luego los problemas medioambientales argentinos en un manual para que los docentes apliquen en el aula, lanzado por el Ministerio de Educación de la Nación. El texto apunta a los pooles de siembra y a la “sojización” entre los responsables del deterioro ecológico.

Se imprimieron 350.000 ejemplares, que serán distribuidos en las 45 mil escuelas de nivel inicial, primario y secundario de todo el país.


Los chicos, rehenes de guerra

Por Héctor Huergo

El Manual de Educación Ambiental le dedica un capítulo a la agricultura, en el que la ideología impone su impronta por sobre la ciencia sana.

En términos peyorativos, aparecen las muletillas clásicas: la soja transgénica, el desmonte, la mecanización, los pools de siembra, la ganadería “intensiva” desfilando con fluidez e ignorancia en cuatro carillas antológicas.

La extraordinaria transformación tecnológica del campo argentino es admirada hoy por todo el mundo. El revolucionario sistema de la “siembra directa” ha permitido reducir sustancialmente el laboreo de los suelos. El exceso de labores había producido un fuerte proceso de erosión, que amenazaba la fertilidad de las pampas. Gracias a la siembra directa, la erosión se redujo, y los suelos comenzaron a recuperar materia orgánica. Enorme contribución ambiental omitida en el capítulo.

Prosperaron los pueblos del interior, con cientos de fábricas y talleres que proveen sembradoras, tractores, cosechadoras y pulverizadoras. La triplicación de la producción requirió decenas de miles de camiones y camioneros, a los que hay que atenderlos. Gomerías, parrillas, talleres mecánicos, concesionarias. Puertos. Y todo el comercio que vive del desarrollo agropecuario. Más la salud macroeconómica nacional fruto de esta expansión.

Quizá los autores del manual ignoren que la edición de estos 350.000 ejemplares se financió, paradójicamente, con los frutos del esfuerzo del 40% de la mano de obra argentina que trabaja en el campo y la agroindustria derivada. Los niños merecen conocer la verdad.

Clarín, 20-4-11




Le darían rango constitucional a "Belem do Pará"

Por Mónica del Río



Tienen dictamen los proyectos que intentan otorgar jerarquía constitucional a la Convención de Belem do Pará -Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer-.
“Violencia contra la mujer” o “violencia de género” es una herramienta de la “cultura de la muerte” para imponer “derechos sexuales y reproductivos”. Los comités del sistema de derechos humanos de la ONU consideran violencia toda traba que impida el aborto.



La misma interpretación hace en nuestro país la reglamentación de la ley para erradicar la violencia contra la mujer: “configura violencia contra la libertad reproductiva toda acción u omisión” de las instituciones de salud, de los cónyuges, padres, etc, que vulnere “el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente si desea o no tener hijos”; “incurren en violencia contra la libertad reproductiva” los profesionales que no provean anticonceptivos o se nieguen a “realizar prácticas lícitas atinentes a salud reproductiva”, desde esta perspectiva es “violencia contra la mujer”, por ejemplo, la negativa a practicar los mal llamados “abortos no punibles”. Esta interpretación ideologizada de la violencia se izaría ahora hasta la cúspide de la pirámide jurídica.



El Comité de Seguimiento de Belem do Pará

Desde el año 2005, Belem do Pará tiene un Comité de Seguimiento (CEVI), una treintena de “expertas” que reciben y evalúan “técnicamente” los Informes de los Estados Parte y emiten recomendaciones. El Estado Argentino designó para integrar ese Comité a la militante abortista Susana Chiarotti Boero, Coordinadora Regional del CLADEM.


El Comité acaba de concluir la Primera Ronda de Evaluación que se inició en el año 2005. Entre las recomendaciones generales están: legislar sobre “violencia de género” en lugar de “violencia familiar”; incluir en la legislación todos los tipos de violencia: “psicológica, física, sexual, patrimonial, económica y

otras”; penalizar la violación dentro del matrimonio o unión de hecho, eliminar los métodos de conciliación o avenencia entre el agresor y la mujer víctima de violencia; prever “sanciones penales y/o administrativas a funcionarios públicos que no apliquen la normativa sobre violencia contra las mujeres”, dictar normas específicas sobre “femicidio”, etc.


El dictamen de Diputados
El dictamen emitido el pasado 12 de abril aunó los expedientes 0590-D-2010 de Marcela Rodríguez (CC, BsAs), 0829-D-2010 de Gerónimo Vargas Aignasse (FpV, Tucumán), 1305-D-2010 de María laura Leguizamón (FpV, BsAs), 2336-D-2010 de Ivana Bianchi (Peronismo Federal, San Luis), 2601-D-2010 de Silvia Storni (UCR, Cba.) y otros, 6602-D-2010 de Miguel Ángel Barrios (PS, Sta.Fe) y otros.
Podría ser tratado en el recinto en la próxima sesión porque Graciela Camaño le pidió la preferencia el 16 de marzo.

NOTIVIDA, Año XI, Nº 755, 19 de abril de 2011

Moodys advierte sobre alza del gasto público provincial




por Daniel E. Alonso


En un reciente informe de opinión crediticia por la calificación de emisor de deuda de la Provincia, la oficina local de Moody’s Latin America mantuvo la perspectiva de “estable” para la nota A2.ar de Córdoba.

Pero en su argumentación dejó algunos elementos inquietantes. “Córdoba aún enfrenta importantes desafíos en cuanto a su capacidad de mantener equilibradas sus cuentas fiscales en un contexto de elevada inflación que genera continuas presiones por el lado del gasto”, señala.

Agrega que “la calificación asignada refleja márgenes operativos positivos –aunque en deterioro– y una tendencia descendente en los niveles de deuda con relación a los ingresos”. La nota también revela “una posición de liquidez ajustada y una fuerte dependencia en el financiamiento de parte del gobierno nacional para mantener equilibrado el resultado de sus cuentas fiscales”.

La calificadora actuó a fines de 2009 ante la primera emisión de Boncor por 150 millones de dólares, con garantía de coparticipación. Desde ese momento, está obligada, por las normas de la Comisión Nacional de Valores, a elaborar cuatro informes anuales sobre la situación de Córdoba y una eventual evolución en su nota.

Diagnóstico. Entre las fortalezas de la Provincia menciona un contexto económico relativamente próspero y diversificado “que da soporte a la recaudación de ingresos propios”. También que la deuda desciende en comparación con los ingresos y que los resultados corrientes todavía son positivos.

Pero advierte que esos resultados están “en deterioro”, que los gastos están “creciendo más aceleradamente que los ingresos desde 2005” y que hay una “limitada capacidad para ejercer control sobre el gasto, especialmente en salarios”.

También señala que, pese al programa de desendeudamiento, hay una “fuerte dependencia en ingresos por financiamiento provenientes del Gobierno nacional”, que sigue siendo el acreedor de casi 70 por ciento de la deuda provincial. Por último, hace foco en la “ajustada posición de liquidez”.

Calificación. El Consejo de Calificación de Moody’s resolvió el 4 de marzo pasado mantener la nota A2.ar para Córdoba, que expresa “una capacidad crediticia alta con relación a otros emisores nacionales” y en un rango medio de la categoría A. En los mercados internacionales, toda calificación que esté por encima de BBB es considerada apta y con buenas perspectivas.

Una mejora en la posición de liquidez de la provincia en combinación con sostenidos resultados fiscales positivos y una menor dependencia en el financiamiento proveniente del gobierno nacional, podría ejercer presión a la alza en las calificaciones.

Pero un deterioro en el desempeño financiero o un debilitamiento de las condiciones macroeconómicas que afecten la tasa de suba del PIB y los precios internacionales de las commodities podrían influir para reducir la nota.

El riesgo crediticio base, en tanto, se ubica en 16, en una escala de 1 a 21, en el que el rango más bajo representa el menor peligro.

La nota responde a que los márgenes operativos positivos, que se dieron como consecuencia de una fuerte recuperación del PIB y el impacto de altas tasas de inflación sobre los ingresos tributarios, le permitieron a la Provincia “financiar sus crecientes necesidades de gastos de capital y alcanzar así superávit financieros”.

Sin embargo, señala que “desde 2005, los gastos totales han venido creciendo a tasas más aceleradas que los ingresos y, de esta manera, los resultados han ido perdiendo fuerza en relación a los ingresos”.

Además, Moody’s abre dudas sobre los reportes financieros oficiales. Al respecto, señala que “son claros y detallados”, pero advierte que, tal como ocurre con el resto de las provincias, “no son auditados por una firma independiente”. La información fiscal y financiera se publica en el sitio oficial www.cba.gov.ar.

La Voz del Interior, 18-4-11

Los colegios deberán justificar por qué no aceptan alumnos




Por Silvina Premat





Desde ayer, si un colegio privado porteño se niega a inscribir a un alumno y a comunicar a la familia los motivos de esa decisión, puede ser sancionado con multas de hasta 50 veces el valor de la cuota mensual promedio del establecimiento y ser incluido en una lista en el sitio web del Ministerio de Educación porteño.

Como contrapartida, si los padres son advertidos por las autoridades de la escuela de su hijo de que éste, por ejemplo, necesita un determinado tratamiento psicopedagógico y se niegan sistemáticamente a encararlo, el chico podría perder la vacante para el próximo año.

Después de tres años de haber sido aprobada, finalmente fue reglamentada la ley 2681, que establece que los colegios de gestión privada de la ciudad de Buenos Aires no pueden rechazar sin causa la matriculación o rematriculación de un alumno,

"La norma no cambia el ejercicio del derecho de admisión sino que lo completa", dijo a La Nacion la titular de la Dirección General de Educación de Gestión Privada de la ciudad (Digep), Beatriz Jáuregui. La funcionaria agregó: "Ahora las familias y las escuelas estarán dentro de un marco de mayor previsibilidad de las situaciones de matriculación y rematriculación".

La reglamentación, publicada ayer en el Boletín Oficial del gobierno porteño, establece que las causas aludidas por los establecimientos para negar la inscripción o reinscripción de un alumno deben surgir del incumplimiento de leyes vigentes, proyectos educativos, reglamentos internos, contratos educativos o compromisos individuales establecidos entre las familias y el colegio y no deben ser contrarias a la letra de la Constitución Nacional. La familia puede solicitar por escrito la fundamentación de la negativa y radicar la denuncia ante la Digep si el colegio se rehúsa a hacerlo.

Jáuregui afirmó que la gravedad de esta problemática "depende de cada colegio" porque "generalmente la no rematriculación de un alumno no se decide de un día para el otro sino que es producto de un diálogo con el alumno y con los padres durante todo el año".

Pablo Olocco, abogado de Establecimientos Privados Educativos Asociados (EPEA), dijo a La Nacion que con esta norma "se da un valioso aporte porque no restringe el derecho de admisión de las escuelas y, sin embargo, reglamenta el derecho de los padres a conocer las razones por las que su hijo puede perder una vacante, por ejemplo, y acceder a esa información en un momento oportuno para no afectar su escolaridad futura".

El abogado expresó que "en general las escuelas ya cumplían con informar a las familias, pero ahora la ley las obliga a hacerlo. Esto ordenará los procedimientos en todos los establecimientos educativos de la ciudad".

Con más de dos décadas en el sector, Olocco no conoce una legislación específica como la que acaba de entrar en vigor en la ciudad de Buenos Aires. Jáuregui, por su parte, informó que el texto de la reglamentación fue el fruto de una mesa de trabajo integrada por la Digep y representantes legales de colegios de distinto tipo.

Para el director general del Instituto San José de Flores -que tiene unos mil alumnos entre los niveles inicial, primario y secundario-, Marcelo Adra, es una herramienta útil para lograr que un chico no se quede fuera del sistema educativo.

"En muchos casos hay un abandono tal por parte de los padres hacia sus hijos que no lograríamos el apoyo de los adultos si les advirtiéramos que el chico puede quedar fuera del colegio, por ejemplo, si ellos no acceden a un tratamiento o a una consulta a un psicopedagogo", dijo Adra.

Isabel Maffeo, ex supervisora de la Digep y asesora del Consejo Cristiano Evangélico, coincide con Adra. "En la práctica la escuela siempre ha dado a conocer a los padres la fundamentación para no reinscribir a un alumno. Ahora está escrito", dijo. Y añadió que se evita la posibilidad de que se tomen decisiones "por caprichos" y se responda que "no porque no". Según Maffeo, "las familias muchas veces no aceptan el asesoramiento que brinda la escuela para corregir alguna dificultad que los docentes descubren en los alumnos y que, a veces, se trata de llevarlo al oculista".

En otros casos, dijo la rectora de un colegio católico de Belgrano consultada por La Nacion, los padres se niegan a que sus hijos asistan a misa o reciban catequesis cuando en el momento de la inscripción se les hizo saber de todas las actividades propuestas por el establecimiento.

En esos reglamentos internos se suele incluir también la no aceptación de chicos repitentes, lo que genera también resistencia en muchos padres.

"La prioridad para la familia es conocer el ideario y proyecto educativo del colegio que elegirán para su hijo", dijo Maffeo. Y agregó: "Esos valores y modalidades de enseñanza tienen que ser coherentes con la modalidad con la que la familia desea educar a su hijo. Una vez que se firma el reglamento interno del colegio tiene que aceptarlo", dijo Maffeo.

Marta Cordo, pedagoga y consultora de escuelas no confesionales en coaching escolar, comparó las indicaciones de psicopedagogos o directivos con las de un médico. "Si voy al hospital porque tengo una dolencia no discuto al médico ni nadie me presionará para no hacer lo que me indique el profesional. En la educación no pasa así y muy fácilmente se cree que se pueden tomar decisiones por fuera de la institución." Para Cordo, "la reglamentación del derecho de admisión es positiva "en tanto y en cuanto no se cuestione permanentemente las indicaciones del pedagogo o especialista del que se trate que son los que saben del tema".

Qué dice la ley

Todos los niveles. Los colegios de gestión privada no podrán negar sin causa la matriculación o la rematriculación de un aspirante a cualquier nivel educativo.

* Causas. Las razones por las que se niega la inscripción o reinscripción deben surgir del incumplimiento de los reglamentos internos, proyectos educativos u otros acuerdos entre la familia y el colegio.

* Notificación. La familia puede solicitar al colegio la fundamentación de la negativa dentro del plazo de diez días después de haberse conocido y denunciar ante la Digep su incumplimiento.

* Sanciones. En caso de incumplimiento, el colegio será sancionado mediante apercibimiento, amonestación pública o, en caso de reiteración, con multa de 10 y hasta 50 veces el valor de la cuota promedio mensual correspondiente al año lectivo en curso.

diario7.com.ar/ 18-4-11