DON BOSCO

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"BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS"

SEMANA SOCIAL 2018



Aica, Jueves 21 Jun 2018

“Democracia, un camino de servicio a los pobres”, será el lema de la Semana Social prevista para los días 22, 23 y 24 de junio en el hotel 13 de Julio (9 de Julio 2777, de Mar del Plata).

Estas jornadas tradicionales son organizadas por la Comisión Episcopal de Pastoral Social (Cepas), que preside el obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones SJ, y el obispado de Mar del Plata, a cargo de monseñor Gabriel Mestre.

Los organizadores destacaron que durante la Semana Social se hará “memoria agradecida” por los 35 años de vida democrática en el país, a fin de “descubrir logros y dificultades del servicio de la política hacia los más pobres”.

Otro de los objetivos de esta edición es “analizar el camino recorrido a fin de poder evidenciar juntos la deuda social con los más pobres, cómo es esa deuda y proponer respuestas y medios concretos”.

Asimismo, indicaron que el acto de apertura estará a cargo de monseñor Lugones acompañado por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; el intendente municipal Carlos Arroyo, y el obispo anfitrión.

El programa
Viernes 22 de junio, de 9.30 a 13, Encuentro Nuevos Dirigentes. A las 15, acreditación e inscripción de los participantes de la Semana Social.

A las 16.30, acto de apertura de la Semana Social 2018, con la participación de monseñor Jorge Lugones SJ (obispo de Lomas de Zamora y presidente de Cepas), monseñor Oscar Ojea (obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina), monseñor Gabriel Mestre (obispo de Mar del Plata), María Eugenia Vidal (gobernadora de Buenos Aires), Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social de la Nación), Carlos Arroyo (intendente de General Pueyrredón) y Guillermo Moser (secretario general de Luz y Fuerza).

A las 18, primer panel central: “Los derechos humanos y su relación con la democracia” con Daniel Salvador (vicegobernador de Buenos Aires), Norma Morandini (Observatorio de los Derechos Humanos, Senado de la Nación) y el juez Roberto Falcone. Moderador: Emilio Inzaurraga (Justicia y Paz). Cierre: monseñor Jorge Lozano (arzobispo de San Juan de Cuyo y miembro de Cepas).

Sábado 23, a las 9.30, segundo panel central: “El clamor de la tierra es el clamor de los pobres” con monseñor Enrique Martínez Ossola (obispo auxiliar de Santiago del Estero), Humberto Podetti (abogado, especialista en Relaciones Internacionales) y Julio Castro (secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires). Moderadora: Marta Arriola (Cuidadores de la Casa Común). Cierre: monseñor Jorge Eduardo Scheinig (obispo auxiliar de Mercedes-Luján y miembro de Cepas).

A las 11.30, se harán mesas-debates simultáneas sobre Pobreza, Trabajo, Laudato si’ y Ecología Integral (políticas públicas y proyectos).

A las 16, tercer panel central: “¿Cuál es la deuda que la política tiene con los pobres?” con Margarita Stolbizer (diputada nacional), Juan Carlos Schmid (Confederación General del Trabajo/Dragado y Balizamiento), Silvina Frana (diputada nacional) y Esteban Bullrich (senador nacional). Moderador: Fernando Mumare (Pastoral Social). Cierre: monseñor José Melitón Chávez (obispo de Añatuya).

A las 18, conferencia: “Democracia: un camino de servicio a los pobres” a cargo de monseñor Lugones (Cepas), y a las 20, misa televisada presidida por monseñor Mestre.

El domingo 24, a las 9.30, cuarto panel central: “Erradicación sostenida del trabajo infantil y trabajo forzoso” con la hermana Marta Pelloni (Red Infancia Robada), Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz) y Luis Cáceres (Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina). Moderadora: Viviana Wille Bille (Pastoral Social). Cierre: monseñor Rubén Frassia (obispo de Avellaneda-Lanús y miembro de Cepas).

A las 11, quinto panel central: “Argentina: la relación entre el trabajo y la pobreza”, “Contra la pobreza, más trabajo y menos limosna” con Graciela Camaño (diputada nacional), Hugo Godoy (secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado), Gildo Onorato (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) y Daniel Menéndez (Barrios de Pie). Moderador: Federico Berardi (Pastoral Social). Cierre: monseñor Fernando Maletti (obispo de Merlo-Moreno y miembro de Cepas).

A las 12, misa conclusiva y lectura del mensaje final a la sociedad.

ORACIÓN POR LA VIDA



Oración del Equipo de Sacerdotes para las Villas

Señor, en estos días tan sensibles para nuestro país, nosotros queremos sentir con tu Pueblo el hondo calor de la vida que hay en nuestros barrios. Queremos sentir con la Iglesia ese calor de hogar que nos hace familia y descansar nuestra vida en Ella que es Madre y nunca nos abandona.

Sabemos que la fuerza espiritual de los pobres nos convoca una y otra vez, invitándonos más que nunca a trabajar juntos sabiendo que toda vida humana es sagrada. Y vale todo en todo tiempo y lugar.

Señor Dios, tu eres Nuestro y nosotros somos tuyos. Sabemos que la ley de tu Amor brilla en los rincones más oscuros de la villa, en las familias más pobres de la ciudad. Sobre todo cuando viven ese sentido de solidaridad y fiesta con la vida.

Señor, gracias porque tu Rostro sonríe con ternura y esperanza cuando las chicas de nuestros barrios deciden ser madre, aún en medio de un mundo que no garantiza una vida digna. Sabemos que sos la fuente de la vida y la das como un regalo precioso en cada niño que llega a este mundo. Queremos recibir agradecidos el don de la vida.

Señor, nosotros seguiremos soñando con Vos, nosotros seguiremos intentando a tu lado que cada embarazo llegue a buen término, que cada niña y niño pueda llorar su sueño al salir del vientre de su madre: simplemente haber nacido.

Señor, nosotros seremos fieles a las abuelas, madres y chicas de nuestros barrios que enarbolando en sus cuerpos la apasionante bandera de la vida, quieran tener sus hijos, criarlos, cuidarlos y amarlos con toda plenitud.

En Vos Señor seguiremos creyendo y esperando junto a tu Pueblo viviendo el Evangelio y extendiendo tu Reino. Nos da confianza tu Presencia entre nosotros y mucho más Tu Madre, que nos anima y nos alienta a estar siempre abiertos a la Vida. A decir Sí con toda la fuerza de nuestro corazón.




AGROQUÍMICOS


 una guerra sin sustento científico

Por Manuel Ríos -
Tribuna de Periodistas, 20/06/2018

Pocos meses atrás y por primera vez en 20 años, Argentina volvió a importar soja desde Estados Unidos. La noticia que produjo un fuerte derrumbe en el precio del cultivo, no resultó inesperada para el sector. La sequía que venía impactando al agro argentino, fue identificada por la Sociedad Rural de Rosario como la peor en los últimos 70 años y las estimaciones demuestran que las pérdidas podrían llegar hasta los 3.436 millones de dólares.

Lo que a su vez, resultaría en una caída de 4.600 dólares en el PBI. Frente a este pronóstico poco alentador y mientras el campo se plantea cómo salir adelante, ciertos proyectos de ley con respecto al uso de agroquímicos están alarmando a los productores.

Ante esta situación extraordinaria de sequía, se generaron todo tipo de respuestas. Sin embargo, algunos proyectos presentados en este contexto alarmaron al sector. Desde Santa Fe, una de las provincias más afectadas por la falta de lluvia, el diputado Fabián Oliver, presentó un proyecto que contempla un aumento del 100% del impuesto inmobiliario rural, para todos aquellos productores que utilicen agroquímicos. A la par, la diputada Victoria Donda, presentó otro proyecto de ley para prohibir las pulverizaciones aéreas con agroquímicos en todo el territorio nacional. Por supuesto, las críticas no tardaron en llegar.


En Buenos Aires, el proyecto de Victoria Donda generó una gran controversia y a su vez cierta sorpresa. La diputada de Libres del Sur, anunció una iniciativa para prohibir las aplicaciones terrestres de agroquímicos a lo largo del país, alegando que el proyecto tiene fines sanitarios. Según los dichos de Donda, los agroquímicos pueden tener consecuencias fatales, como la muerte de una persona. Lo que justificó citando un estudio llevado a cabo por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial para la Salud (OMS), en el que se señala al glifosato, herbicida de mayor uso a nivel mundial, como ‘probablemente cancerígeno’.


Sin embargo, lo que Donda no tuvo en cuenta es que dicho estudio quedó desestimado, cuando la agencia de noticias Reuters, presentó una investigación en la que se reveló que la IARC editó intencionalmente su estudio, eliminando aquellas conclusiones que no encontraron una conexión entre el glifosato y el cáncer o las malformaciones congénitas. Como si fuera poco, el estudio de la IARC es el único que pone en duda la seguridad del glifosato, mientras que otras instituciones como la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, entre otras, respaldaron al glifosato. De hecho, la Unión Europea, tras un largo y serio debate, decidió hacer valer la evidencia científica en torno al caso y extender la autorización del herbicida por cinco años más.


El proyecto del diputado santafesino Oliver, tampoco fue bien recibido en el sector. Mientras en la provincia, los productores siguen resistiendo y utilizando todas las herramientas a su alrededor para paliar la crisis y fomentar la producción, resulta ilógico que alguien proponga la limitación de los recursos. La presentación del diputado santafesino generó una gran preocupación en el sector, lo que obligó a la ministra de Producción de la provincia, Alicia Ciciliani, a salir a contrarrestar los dichos. En esa línea, la ministra afirmó que el énfasis está puesto en producir más y mejor, para que cada hectárea de la provincia sea productiva. Sin embargo, la problemática ya está instalada y parece que va a generar otro interminable debate. Especialmente, considerando las operaciones que constantemente despliegan aquellos que se hacen llamar por ambientalistas, pero que en verdad recurren a sus propias teorías en lugar de a la evidencia científica, para hacer valer sus reclamos, muchas veces ilegítimos.


Evidentemente, los estudios llevados a cabo por instituciones internacionales y la evidencia científica, no resultan suficientes a la hora de avalar la seguridad de los agroquímicos. O por lo menos, no en nuestro país. Desde la capital de la soja, hasta la provincia de Buenos Aires, la idea de prohibir los agroquímicos tomó un gran protagonismo en el último tiempo. A pesar de los intentos, hasta ahora fallidos, del gobierno nacional de regular la utilización de fitosanitarios y promover las buenas prácticas agrícolas, lo cierto es que por el momento, la problemática carece de solución. Lo que fomenta a su vez, la aparición de todo tipo de proyectos que en lugar de estar orientados a mejorar las prácticas, manteniendo el uso de agroquímicos, se orientan directamente a la prohibición de los mismos. Algo que desde el punto de vista científico, resulta ilógico y hasta dañino para la economía del país.


En un momento en el que el campo necesita valerse de todos los recursos posibles para revertir las consecuencias de la sequía, poner en duda las herramientas utilizadas para mejorar la producción, resulta en un debate retrógrado. Si bien algunos quieren justificar sus iniciativas al enmarcarlas en un discurso preestablecido sobre ambientalismo y supuestas tendencias internacionales, la prohibición de herramientas centrales en el esquema productivo del campo, como lo son los agroquímicos, sólo demuestra la falta de conocimiento en el tema. La utilización de esta tecnología debería ser vista como una innovación necesaria y como un motor de desarrollo. Debatir sobre la prohibición de agroquímicos no solo atrasa, sino que además le da pie a los grupos de interés, que se ocultan detrás de colectivos sociales, para instalar sus propias ideologías, en lugar de darle al sustento científico, la garantía que merece.

OTRA DECISIÓN PRESUNTAMENTE CIENTÍFICA, BASADA EN LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO


La transexualidad ya no es una enfermedad para la OMS

La Voz del Interior, 20 de junio de 2018  


Por Laura Giubergia

La decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de retirar de la lista de enfermedades mentales a la transexualidad fue celebrada por los colectivos trans, que consideran así zanjado un prejuicio que aún persistía dentro de la institución supranacional.

“Creemos que persistía cierto prejuicio dentro de la OMS, que se corrige con la eliminación de la transexualidad de las enfermedades mentales, aunque la mayor deuda que hay con el colectivo trans es la inclusión laboral y el acceso a la salud”, dijo a La Voz Kitty Quispe, referente en Córdoba de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros Argentina (ATTTA).

La psicóloga y legisladora Liliana Montero consideró que la OMS venía atrasada en materia de reconocimiento de la diversidad, ya que la transexualidad había sido retirada de la última edición del manual de diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría en 2013 (el denominado DSM-5).

“El mundo de la psiquiatría y la psicología ya se habían puesto de acuerdo en que la identidad de género es una compleja construcción bio-psico-social con múltiples expresiones, y quienes trabajamos con la salud mental ya habíamos dejado de considerarla patología hace mucho tiempo”, afirmó.

No obstante, celebró la modificación de la OMS que –dijo– sirve para “unificar criterios y eliminar las estigmatizaciones que supone tratar cuestiones relativas a identidad de género como enfermedades”. “El mayor sufrimiento no lo causa su elección de identidad, sino cómo la sociedad reacciona frente a ello, muchas veces rechazando o discriminando”, explicó.

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Bárbara Olmos, referente de salud dentro de ATTTA, aseguró: “No hay muchos especialistas en hormonización, hay una endocrinóloga muy reconocida en el hospital Rawson, y algunos tratamientos se han comenzado a hacer en el Misericordia”. E indicó que la provincia está muy atrasada en materia de cirugías. “Anunciaron que se reiniciaban las cirugías en el Rawson, pero sólo se hizo una mastectomía”, dijo.

Además, desde 2016 no se hacen más operaciones de readecuación de sexo en el Hospital de Clínicas, único centro de salud público que las hacía.

“La ley de identidad de género habla de cirugías totales y parciales, pero en la práctica es muy poco lo que efectivamente se presta en Córdoba”, valoró Olmos.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia informaron que la entrega de hormonas se realiza sin inconvenientes ni demoras. “Incluso se empezó a comprar una marca distinta a la que mandaba la Nación, a pedido de la población trans”, apuntaron.

También destacaron que junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizan capacitaciones al personal de equipos de salud y de obras sociales.

Acerca de las cirugías, precisaron que sólo se están realizando parciales, en el Rawson y, próximamente, en el Hospital Florencio Díaz, ubicado en barrio José Ignacio Díaz II Sección. Este último hospital contará con un consultorio de diversidad para atender con mayor precisión las necesidades del colectivo.

La decisión de la Organización

La nueva clasificación internacional de enfermedades (ICD-11, por sus siglas en inglés) excluyó de la lista de trastornos mentales a la transexualidad, a la que incorporó como condición sexual.

Desde 1990 no se renovaba esa categorización, que venía siendo reclamada por el colectivo LGTBI de todo el mundo.

Desde ATTTA sostienen que la ley de identidad de género ya había avanzado en el reconocimiento de sus derechos, aunque persisten dificultades de aplicación, principalmente, en salud.

La falta de acceso al mercado laboral formal es otra de las grandes deudas. “Hay un alto porcentaje de mujeres trans que ejercen la prostitución por falta de otras alternativas”, señalaron desde el nucleamiento.

MISOPROSTOL



Queda clara la posición de varios funcionarios nacionales, que en la última renovación del gabinete ministerial han conservado su cargo. Ahora promueven abiertamente el uso del misoprostol. Quienes necesiten mayor información pueden consultar el sitio:


donde, además de una detallada instrucción para el uso de esta droga, se reconocen sus posibles efectos negativos.
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El ministro de Salud apoyó el avance para legalizar el aborto



Infobae, 17 de junio de 2018

El ministro de Salud Adolfo Rubinstein destacó el avance que logró en Diputados el proyecto para despenalizar el aborto. El funcionario subrayó que "el Estado tiene que velar por el interés colectivo", más allá de cuestiones de índole religiosa.
Ante el rechazo de algunos sectores recordó que "los paradigmas y la noción de muerte han cambiado". Y dejó otro mensaje para los detractores del proyecto: "Tenemos que adaptarnos, por supuesto, existen condiciones religiosas morales pero el estado tiene que velar por el bien colectivo".

Además, durante su participación en La Noche de Mirtha, resaltó que llegar a la instancia de un aborto "no es algo trivial, no es una solución anticonceptiva".

Asimismo, aclaró que cuando se logre la ley no será necesaria la hospitalización porque "existe aborto farmacológico" con la droga "Misoprostol que aún no ha sido autorizado en la Argentina" y que "no necesita internación, sino una consulta de control" o también "hay procedimientos minimamente invasivos".

Durante su contundente defensa al proyecto deberá tratar en breve el Senado, agregó: "Es una tragedia pero existe y no se puede seguir soslayando".
Finalmente, Rubinstein puso sobre la mesa los futuros posibles de la problemática, y desafió: "O lo hacemos de manera donde el estado tiene un rol protector con mujeres más vulnerables o nos desentendemos como hicimos desde hace décadas".

LEY JUSTINA


los trasplantes no pueden esperar

La Nación, 16 de junio de 2018

 
Desde 1997 se conmemora el 30 de mayo como el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. Muchos recordamos la campaña nacional dirigida a fomentar la donación de órganos que surgió a raíz de la necesidad de conseguir un corazón para Justina Lo Cane, una niña de 12 años con una grave cardiopatía. "Multiplicate por siete" fue la consigna que se viralizó y que llevó el número de inscriptos como donantes de 80 a 330 por día. Lamentablemente, no fue suficiente y Justina falleció en noviembre pasado tras una infructuosa y desesperante espera de cuatro meses.

"Hagan lo que puedan por los demás", fueron sus palabras previendo el final. Sus padres continuaron la lucha contra lo que describieron como "un sistema que nunca juega a favor de los pacientes".
Fue así que, a instancias de Paola y Ezequiel Lo Cane, padres de Justina, el senador Juan Carlos Marino (Cambiemos-La Pampa) se transformó en autor de uno de los proyectos de modificación de la ley de trasplantes que tuvo en cuenta la iniciativa que promovieron los padres de Justina y que fue aprobada por unanimidad en la Cámara alta.

Esa sanción, que ahora deberá revisar Diputados, mantiene el principio de que toda persona mayor de 18 años es donante presunta, con la manifestación expresa de la voluntad o no de donar en un registro a cargo del Incucai, pero aclara que la ablación de órganos y tejidos puede realizarse también sobre quien no haya dejado constancia expresa de su oposición. Con esa aclaración quedan desactivadas las eventuales reticencias familiares a entregar los órganos en la dolorosa hora de ver partir a un ser querido.

Sin embargo, ese proyecto, ahora en revisión, aclara que, si no se encuentra registrada esa voluntad, "el profesional a cargo del proceso de donación debe verificar la misma", conforme la reglamentación de la ley, procedimiento que, a la fecha, no es posible conocer.

Cabe preguntarse, además, qué ocurrirá con quienes, por no saber leer y escribir, no hubieran podido expresar su rechazo formal a ser donante.

En el caso de los menores de edad, la sanción del Senado dispone que serán los padres o el representante legal quienes autoricen la ablación. La sanción del Senado también contempla que los médicos reporten al Incucai los tratamientos de diálisis que realicen así como su recomendación de trasplante a un paciente. Y establece que el Incucai deberá destinar el 20% de su presupuesto a la capacitación de los profesionales y técnicos que intervienen ante un fallecimiento, dado que serán ellos quienes tomen las decisiones e inicien el proceso de donación con la celeridad requerida.

Lamentablemente, hemos sabido en estos días que la Sociedad Argentina de Trasplantes (SAT), prestigiosa entidad con más de 50 años de trayectoria, que nuclea a más de 500 médicos especialistas, no fue en ningún momento consultada para la redacción de esta modificación a la ley de trasplantes. Recordemos que la SAT fue tanto la gestora de la norma vigente, como partícipe de la creación del Incucai.

Tras reconocer lo valioso del proyecto, cuestiona la figura de un donante presunto "duro" que no tome en cuenta la consulta a la familia para respetar la voluntad del fallecido. "Como si fueran las familias los únicos responsables de la escasez de donantes", agrega la entidad.

Paralelamente, exige que la reglamentación garantice la información adecuada a la población en general que, con el consentimiento debido, respete la voluntad de cada uno, poniendo el acento en la importancia de campañas de educación y concientización que, en los años recientes, no han caracterizado la gestión del Incucai, incluso disponiendo de fondos para tales fines.

Destaca también la SAT ejemplos como los de España o Italia, donde han sido los profesionales dedicados a la procuración de órganos, con psicólogos para las familias y estructuras medias eficientes para la asignación y distribución, los que han permitido alcanzar muy buenos resultados. Como entiende que la actual ley ya contempla mayormente todo esto, la SAT pone el acento en que falta que se cumpla con decisión y recursos que se traduzcan en más trasplantes, cuestionando también los recortes presupuestarios que sufre el Incucai. Para sorpresa de más de uno, reporta también que "un sujeto trasplantado le cuesta menos al Estado que su permanencia en lista de espera".

Hoy son 11 mil las personas que esperan un órgano para ser trasplantadas en nuestro país. Se estima que el 30% de los fallecidos podrían ser donantes, pero la realidad es que solo unos pocos lo son. Las estadísticas refieren que entre el 25 y el 35% de los que aguardan, fallecerán en esa espera. La tragedia de una muerte evitable amenaza a muchas Justinas.

Los propulsores de esta nueva ley sueñan con la cercanía de un cambio de paradigma que ubique a nuestro país a la vanguardia en la donación de órganos en América. Resulta impensable que no se consulte a especialistas de la SAT que deberían ser convocados y escuchados por Diputados antes de llevar el tema al recinto.

Allanar el camino exige invertir en campañas de difusión sobre el enorme impacto de una donación, así como trabajar para transparentar los procesos de forma tal que una mayor confianza torne a nuestra solidaria sociedad en donante activa.

No habrá ninguna ley que por sí misma logre estos efectos. Las autoridades de un organismo clave como el Incucai deberían convocar a los actores involucrados en esta cruzada cotidiana para diseñar la mejor campaña de concientización, sosteniéndola en el tiempo. No es posible que espasmódicamente uno u otro caso copen nuestra atención para luego languidecer y quedar en el olvido. Como sociedad, algo no estamos haciendo bien y es hora de recuperar el tiempo perdido.