DON BOSCO

DON BOSCO
"BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS"

COMPRAN ABORTIVOS POR URGENCIA

 

 DURANTE LA PANDEMIA


NOTIVIDA, Año XX, Nº 1207, 27 de julio de 2020

 

Como anticipamos, el Ministerio de Salud de la Nación que conduce Ginés González García abrió en junio una Contratación Directa “por urgencia” de 16.000 blísteres por doce (12) comprimidos, de misoprostol de 200 µg (Notivida Nº 1.200, 19/06/2020).

 

Salud emitió hoy la orden de compra (80-1071-OC20) y dio a conocer la Resolución 1264/2020 con la que aprueba una contratación directa al Laboratorio Domínguez SA, por la suma final de $44.000.640 (Precio unitario: $2.750,04). Los abortivos deberán ser entregados en un plazo máximo de 20 días hábiles en el depósito logístico del Programa Remediar.

 

En los considerandos de la Resolución se lee:

 

“Que dicha adquisición se propicia en cumplimiento del "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo", aprobado mediante la Resolución N° 1/2019 de este MINISTERIO DE SALUD, que contempla al Misoprostol como tratamiento recomendado para posibilitar el acceso a la interrupción legal del embarazo cuando ésta se encuadre en las causales previstas por el sistema normativo vigente del país, en consonancia con las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

 

“Que la urgencia se motiva en la restricción de stock y de disponibilidad del insumo por la crisis en la cadena de suministros internacional generada por la pandemia de COVID-19 y la necesidad de prevenir el aumento de abortos inseguros y morbimortalidad materna”.


CÓMO GESTIONAR CON CABEZA Y CORAZÓN


los bienes de la Iglesia en 200 horas


Vida Nueva, 27-7-20

La Dirección de Instituciones Religiosas y la Dirección de Formación de Banco Sabadell, con la colaboración de la Universidad Francisco de Vitoria, han puesto en marcha el primer curso de asesoramiento financiero destinado a aportar los conocimientos necesarios a las Instituciones Religiosas y entidades del Tercer Sector, y así facilitar la gestión de sus instituciones y la optimización de sus recursos.

 

 “Este curso ayudará a tener una base sólida a los profesionales que gestionan la administración de las organizaciones del tercer sector así como a los de las instituciones religiosas, esperamos que esta formación les ayude en la importante tarea que les ha sido encomendada”, apunta Santiago Portas, director del segmento de Instituciones Religiosas del Banco Sabadell.

 

De esta manera, la entidad financiera continúa apostando por digitalizar y profesionalizar este sector. Pero, sobre todo, cubriendo una demanda formativa que hasta este momento no existía y que ahora se aglutina en 200 horas de formación en cinco módulos: Estructura jerárquica de la Iglesia católica; Fiscalidad; Derecho Patrimonial; Doctrina Social de la Iglesia; y Cooperación al desarrollo y Tercer Sector.

 

Curso 100% online

Estas áreas permitirán a los alumnos profundizar en sus conocimientos acerca del funcionamiento jurídico de la Iglesia, sus obligaciones tributarias y la regularización de las personas jurídicas que pueden operar en el marco religioso (católico o no) en nuestro país. Además, se mostrará la implicación de los valores de la DSI en el mundo empresarial y su diferencia con la Responsabilidad Social Corporativa, así como los nuevos caminos que están abriendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el compromiso social.

 

El curso es 100% online, permite el acceso desde diferentes plataformas y dispositivos y se podrá realizar por módulos o de forma completa, adquiriendo en este caso la certificación por parte de la Universidad. De esta manera, los profesionales del Banco Sabadell serán los primeros y únicos del sector en estar certificados en estas materias. Asimismo, podrán realizar este curso de manera gratuita directores financieros, ecónomos y administradores de instituciones que sean clientes de esta entidad financiera

 

“Acompañar a las Instituciones Religiosas y del Tercer Sector en estos momentos en los que más que nunca la sociedad, personas y familias, las necesitan, es uno de nuestros objetivos principales”, indica la subdirectora general y directora de Negocios Institucionales de Banco Sabadell, Blanca Montero. “La formación es el mejor camino para que dichas instituciones sean capaces de optimizar sus recursos. Estamos muy satisfechos de iniciar su implementación con la Universidad Francisco de Vitoria, a quien agradezco su receptividad a nuestra propuesta, su implicación y a quien felicito por el gran trabajo realizado”.

 

Por su parte, Daniel Sada, rector de la Universidad Francisco de Vitoria, señala que “la universidad debe estar siempre abierta a colaborar con instituciones que promuevan una mejor capacitación formativa y profesional en aquellas iniciativas al servicio de la sociedad, como es el caso del Banco Sabadell en este programa pensado por y para las instituciones religiosas”.


LA CIUDAD DE BS.AS. ADHIRIÓ


AL PROTOCOLO DE ABORTO DEL MINISTERIO DE SALUD


NOTIVIDA, Año XX, Nº 1205, 16 de julio de 2020

El proyecto sancionado es inmoral, ilegítimo e inconstitucional, pero le otorgaría un barniz de aparente legalidad a los miles de abortos que anualmente se practican en la Ciudad.

La Legislatura porteña aprobó hoy sobre tablas el proyecto de ley (expte. 3153/2019) por el cual la Ciudad adhiere al Protocolo de aborto implementado por la Resolución Nº 1/2019, del Ministerio de Salud de la Nación. La votación arrojó 50 votos positivos, 7 negativos y 3 abstenciones.

Votaron en contra los diputados de Vamos Juntos: Claudio Cingolani, Juan Facundo del Gaiso, Carolina Estebarena, Ma. Luisa González Estevarena Guillermo González Heredia, Paola Michielotto y Claudio Romero.

Se abstuvieron: Héctor Apreda y Agustín Forchieri, ambos de Vamos Juntos, y Eugenio Casielles de Consenso Federal.

El Protocolo se traduce en la práctica en aborto a demanda desde los 13 años, aunque los padres desconozcan o desaprueben la decisión. No hay límite de edad gestacional para perpetrarlo. La objeción de conciencia es sólo “individual” y todos los servicios de salud, públicos o privados, deberán hacer abortos.

Destaquemos que -aún sin haber adherido- la ciudad de Buenos Aires ya venía aplicando un Protocolo similar, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015, tal como se puede ver en la pág.19 del informe “Salud sexual y reproductiva en la ciudad de Buenos Aires Situación y respuesta 2016-2018”, publicado en diciembre de 2019.

Con esta ley, Rodríguez Larreta cubriría con un barniz de aparente legalidad los miles de asesinatos que anualmente se llevan a cabo en los centros de salud porteños.

El debate

María Patricia Vischi (Evolución Radical): Destacó la buena predisposición del Ministerio de Salud porteño, recordó que hicieron una reunión informativa con funcionarios de esa cartera y elogió los informes presentados en aquella oportunidad. Entre esos datos resaltó que en el 2014 los abortos se hacían sólo en 2 hospitales de la Ciudad y que para el 2018 la mayoría se practicaban en los centros de atención primaria. Enfatizó que los abortos aumentaron un 900% en los últimos años (91 en 2014, 8388 en 2019). Y que el “90% se realizaron por la causal salud, 6% por violación y 4% por riesgo para la vida de la gestante”

Guillermo González Heredia (Vamos Juntos): Dijo que los abortos no punibles ya están incluidos en el art. 86 del Código Penal y que la Ciudad cuenta con un protocolo desde el año 2012. Afirmó que hay más de 80 efectores públicos que practican abortos por lo que no haría falta obligar a las instituciones confesionales. Reconoció que acepta el aborto en caso de que corra riesgo la vida de la madre, pero criticó la forma difusa y laxa en que el protocolo contempla la realización de la práctica bajo la causal salud.

Laura Velasco (FdT): “Este proyecto trata de derechos humanos y salud pública”. Sostuvo que los países que legalizaron el aborto, acompañando la medida con educación sexual y anticoncepción, llevaron a cero las muertes por aborto y bajaron el número de prácticas. Considera que no se puede exigir la denuncia en casos de violación. “La ILE es un derecho que desde 1921 es legal en nuestro país, la Ciudad ha sido pionera en esta materia”.

Lucía Romano (Vamos Juntos): Mencionó que en el 2012 la Ciudad dictó por Resolución un Protocolo que fue judicializado por ser considerado “restrictivo” en relación al fallo FAL, que fue el “que aclaró el alcance del Código Penal”. Según ese fallo, dijo Romano, no es necesaria denuncia policial ni presentación judicial en el caso de violación, “que mal podríamos requerir porque es un delito de instancia privada”. Agregó que la Corte exhortó a hacer operativos protocolos de atención a los abortos no punibles y reivindicó “el derecho de la mujer a decidir en una materia tan sensible”.

Gabriel Solano (PO-FIT): Recordó que al día siguiente de dictarse el protocolo nacional habían pedido una sesión especial para que la Ciudad adhiera. “Lo de hoy se logró gracias a la lucha del movimiento de mujeres en las calles”. “Argentina exportó la ola verde y el Ni Una Menos”. “Tenemos que ir por más y aprobar el aborto en el Congreso de inmediato”. Fustigó a la Iglesia Católica y a la enseñanza que en materia de ESI imparten los colegios privados. 

Paola Michielotto (Vamos Juntos): “Los protocolos son de carácter operativo y los dicta una autoridad administrativa, mal puede un cuerpo de otro poder del estado y de otra jurisdicción, regular estas cuestiones” “¿Tratamos de darle carácter permanente a un manual de procedimientos que por naturaleza es dinámico?”, ejemplificó con el modo en que los protocolos de salud se modifican durante la pandemia y agregó “¿qué va a pasar cuando el protocolo se actualice?”. Se manifestó también en desacuerdo con el texto del protocolo que “excede las excepciones previstas en el Código Penal, “este protocolo introduce el aborto libre en la Ciudad de Buenos Aires”, enfatizó.

Alejandrina Barry (PTS-FIT): “La marea verde es un movimiento enorme que vino para quedarse” que “implantó en la agenda pública los derechos sexuales y reproductivos”. Siempre dijimos que la pandemia no puede ser una excusa para la demora”. “Estamos discutiendo un derecho que las mujeres tenemos hace 100 años”.  “Queremos ESI sin injerencia religiosa”. “Queremos aborto legal, seguro y gratuito también en el Congreso nacional”.

Marta Martínez (AyL): “Esto es producto de la rebelión feminista que es un ejemplo de lucha”. “Junto a esa lucha histórica de las feministas decimos que ‘son niñas no madres’ y que no se puede hacer parir a una niña que ha sido violada”. “Habrá 7 millones de embarazos no deseados post pandemia, legalizar el aborto es una prioridad”. “No podemos confiar en ninguna institución patriarcal, ni en la Legislatura, ni en el Congreso, tenemos que seguir peleando en las calles”, subrayó la legisladora.

Claudio Cingolani (Vamos Juntos): “En este tema no se puede ser políticamente correcto, acá no hay grises”. “Adherir a una simple resolución ministerial como se pretende es, cuando menos, lesionar el sistema jurídico”. “La Resolución le hace decir al Código Penal lo que no dice, reinterpreta las normas, amplía los alcances del art. 86 del Código y lo tergiversa”.  Puntualizó que al reescribir la excusa absolutoria para el caso de riesgo para la salud de la madre se olvida algo crucial, la condición de que “ese peligro no pueda ser evitado por otro medio”. Criticó el trámite parlamentario del expediente para el que no hubo instancia de debate en comisión, sólo hubo una reunión informativa. “El protocolo le da a la mujer una sola opción: el aborto, y no contempla ninguna ayuda para que pueda seguir adelante”. “El sistema de salud pública se torna injusto”. Realzó que el Protocolo en la página 45, con “letra muy pequeña”, habla de la dosis que se debe usar para practicar un aborto en la semana 28 y remarcó que con esta norma “se soslayan todos las leyes y tratados que protegen la vida desde la concepción”. “El protocolo considera que a la mujer no hay que mostrarle la ecografía, ni hacerle escuchar los latidos del corazón del bebé”. “A la persona por nacer se le da el mismo tratamiento que a un residuo patogénico”.

Ofelia Fernández (FdT): “La ley es de 1921 y no podemos ir para atrás”. “En el 2018 el Senado eligió una opción cobarde y asesina”. “En Argentina cada tres horas una niña es obligada a gestar y parir”. “La ILE es un derecho que ahora tiene que ser una realidad”. “Los derechos sexuales y reproductivos no se toman cuarentena”.

Carolina Estebarena (Vamos Juntos): Citó la frase de la Madre Teresa “El aborto es una amenaza para la paz” y mencionó que ella pidió acompañamiento y ayuda para la madre en riesgo. “Tengo tristeza y angustia por las consecuencias de este protocolo”. Mencionó el 0800 de asistencia a las mujeres con embarazos inesperados. “Esta ley es de una injusticia extrema”.

Natalia Fidel (Vamos Juntos): “Estamos discutiendo la aplicación de una norma que tiene 100 años, para que se pueda acceder sin barreras a un derecho centenario”. El protocolo de la Ciudad quedó desactualizado. “El protocolo nacional está en línea con el espíritu del fallo FAL, que no exige intervenciones adicionales sean médicas, administrativas o judiciales”.

Manuela Thourte (Evolución Radical): Dijo que este protocolo no introduce algo nuevo porque los abortos ya se realizan en la Ciudad, que es un distrito pionero en practicarlos, “lo que estamos haciendo es darle un marco jurídico”.

Hernán Arce (PS): Hizo un reconocimiento a la “Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito” y afirmó que el protocolo reconoce “el pleno derecho de las personas a decidir sobre su cuerpo”.  “Hay un hilo conductor entre el protocolo y las prácticas que ya se desarrollan en nuestros hospitales”. “Hacer propio el Protocolo es darle cobertura jurídica a los equipos de salud que hoy garantizan el acceso al aborto en la Ciudad de Buenos Aires”.

Esteban Garrido (Vamos Juntos): “El protocolo no impone el aborto no punible, da una garantía de acceso”. Ponderó el fallo FAL y leyó una cita de ese pronunciamiento sobre el rol del estado en la atención sanitaria.

Sergio Abrevaya (GEN): La necesidad de la Ciudad de tener un protocolo es central y con la adhesión al protocolo de Nación se establece una línea única.

Ma. Luisa González Estevarena (Vamos Juntos): Entre las cuestiones más preocupantes del protocolo enumeró: 1) Hay desprotección de las menores abusadas a las que se habilita a abortar sin intervención de los padres y sin denuncia previa, 2) Se desconoce el derecho constitucional a la objeción de conciencia del médico al que le prohíbe emitir una opinión científica fundada en contra del aborto y 3) Viola la libertad y el derecho a la información de la embarazada a la que no se le van a ofrecer alternativas, condicionando su decisión.

Ma. Cecilia Ferrero (Vamos Juntos): “Estamos dando un paso adelante en el acceso a derechos” no sólo para la mujer también “le quitamos angustias al personal de la salud”.  

Victoria Roldán Méndez (Vamos Juntos): “Hablamos del ejercicio de un derecho reconocido en el Código Penal desde 1921”. La diputada considera que no se le puede pedir a las víctimas de violencia sexual que presenten una denuncia para acceder al aborto porque “es cruel y revictimizante”. “Nos quieren obligar a parir y a ser madres”. Recordó datos brindados por los funcionarios del Ministerio de Salud en la Legislatura y reconoció que “en la Ciudad de Buenos Aires la ILE está garantizada”.

Victoria Montenegro (FdT): Comenzó agradeciendo a la “ola verde” el impulso que le dio a estas políticas públicas. Destacó lo que vienen haciendo los trabajadores de la salud porteños en los centros de atención primaria y elogió las políticas del gobierno nacional en materia de salud. “El estado no puede imponer la maternidad, el protocolo permite decidir, la interrupción del embarazo es un derecho humano”.

Leandro Halperín (Evolución Radical): Celebró el modelo de construcción política que les permitió llegar a este debate. “Una mayoría circunstancial no puede imponer de manera autoritaria su verdad”. Según Halperín, cuando fueron minoría muchas mujeres no pudieron acceder a sus derechos. El Código Penal es un acuerdo colectivo, afirmó, “no puedo convertir mi moral subjetiva en moral absoluta”. “Lo que sucede en la Ciudad tiene un valor simbólico de importancia crucial” afirmó y exhortó al Congreso a avanzar en la materia.

Claudio Romero (Vamos Juntos): “No celebro que estemos tratando esto”. “Me preocupa que a la salida de la sesión un vecino me pregunte por qué en medio de la pandemia estamos ocupándonos de esto”. Este es un tema federal que se debatió en 2018 y hoy estamos legislando por encima de la Constitución. “El protocolo lo firmó el mismo ministro que dijo que no había ninguna posibilidad de que el coronavirus llegue a la Argentina porque estamos lejos de China y ni siquiera hay vuelos directos”. Destacó que el aborto no va a ser gratuito como se menciona, porque lo van a tener que pagar los porteños, sea para ellos o para cualquier persona que provenga de otra provincia o país, porque así lo contempla la ley Básica de Salud.

Ana María Bou Pérez (Vamos Juntos): La ex ministra de salud porteña dijo que “el aborto es una cuestión de salud pública porque es una patología que produce una muerte o enfermedad que es evitable”. Narró que trabajó en posiciones de conducción y ejecución en los hospitales y que aprendió “que no debía juzgar, que debía ser profesional y ofrecer alternativas al paciente”. “El aborto existe y existirá con legislación o sin ella”. “No debemos discutir el aborto sino en qué condiciones se realiza”. “El aborto golpea a las mujeres más vulnerables y no se puede tener una mirada moral o religiosa, la política está para terminar con las desigualdades y el aborto es una cuestión política”. “Debemos darles a nuestros equipos de salud un marco para la práctica que vienen realizando”.

ARGENTINA: ¿DEL ESTADO MODERNO AL CONFESIONAL?




La Prensa, 15.07.2020

Por Carlos Daniel Lasa *

El Estado argentino está sufriendo una profunda metamorfosis. Esta modificación es producto de haber operado un reemplazo: se ha sustituido el estado de derecho por una concepción religiosa del estado.
¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que el Estado moderno nació con la pretensión de garantizar la paz social. Por esta razón, la política moderna toma una posición neutral frente a las pretensiones de las distintas religiones. Es más: también adopta la misma postura imparcial frente a cualquier otra concepción ética de la vida humana.

El objetivo de la renuncia a todo ideal de virtud, como lo expresé en el párrafo anterior, es asegurar la convivencia pacífica de los ciudadanos. Y en este sentido, el Estado moderno está vinculado a ciertos valores formales: la libertad de las personas, la igualdad de los individuos y el gobierno de la mayoría.
Pero hay un detalle: en esta concepción del Estado moderno, la libertad no es una libertad desvinculada. Esta libertad está emparentada con valores que, como señala el destacado jurista alemán Bockenförde, están presupuestos. Y estos valores, si bien no pueden ser garantizados por el mismo Estado, son, sin embargo, su mismísimo fundamento.

Traducido: el Estado moderno no puede ser relativista en lo que respecta a determinados principios (por ejemplo, la dignidad de la persona humana). Por esta razón, cuando el Estado ataca, de un modo deliberado, esos valores fundantes, es como si estuviera disparándose en los pies.

MINANDO LAS BASES

Es el caso de la Argentina. Pareciera que el propio Estado estuviera minando sus bases, encaminándose hacia la constitución de un estado confesional. En este sentido, ha decidido, intencionadamente, salir de la neutralidad valorativa propiciada por el Estado moderno desde su nacimiento.

Javier Benegas, en su reciente escrito `La Ideología invisible. Claves del nuevo totalitarismo que infecta a las sociedades occidentales', refiere: "... nos enfrentamos a un nuevo y terrible totalitarismo, una ideología invisible, líquida y polimórfica que desborda las tradicionales fronteras ideológicas. Un monstruo con vida propia que apela a las emociones y no a la razón, a las ensoñaciones y no a la realidad, que promete proporcionar aquello que cada uno desee, aunque sea una identidad imposible. Incrustado dentro del propio poder, compra voluntades, proporciona prebendas a quienes son sus cómplices. y castiga con la muerte civil a quienes lo desafían".

ESTADO Y MORALIDAD
Volvamos al punto central: el pensamiento político moderno tiene una posición muy clara. Cuando el aparato burocrático se ordena a la imposición de una determinada concepción de la realidad, se convierte en un Estado confesional y totalitario. Es un Estado que propone un modelo de vida que considera buena, pero que excluye a todo otro modelo posible.

En nuestro país se está registrando este pasaje; sin embargo, la sociedad guarda el silencio más rotundo. Me pregunto: ¿qué sucedería si, en lugar de propiciar esta ideología individualista y vitalista, el Estado impusiera una visión aristotélica, platónica, musulmana, judía o cristiana de la virtud?
La nueva ideología, impuesta desde el Estado y los medios de comunicación social, es a todas luces totalitaria. Nadie puede levantar su voz en contra de la misma: nadie puede cuestionarla.

Repito: cuando un Estado deviene ideológico se convierte en totalitario. Es un aparato que ya no reconoce la existencia de la conciencia moral de sus ciudadanos. Cuando ataco de ese modo la conciencia, se facilita la sujeción y el dominio tiránico de los individuos. Por eso, allí donde existe la conciencia moral, se yergue un poderoso muro que protege al hombre de la prepotencia y arbitrariedad de los otros hombres.

ALGUNOS EJEMPLOS

En la Argentina podemos señalar muchos ejemplos que dan cuenta del avance de este nuevo estado confesional. Tomaré solo uno: la denominada Ley Micaela. Esta ley determina, entre otras cosas, la capacitación obligatoria, en materia de género, para todas las personas que integran los tres poderes del estado.

Analicemos rápidamente. Primero: no hay una vinculación lógica y forzosa entre doctrina de género y cese de la violencia. Segundo: no necesariamente toda otra doctrina anterior ha venido avalando esa violencia (afirmación formulada de modo táctico). Tercero: las conductas violentas no van a cesar solo porque se conozca esta ley (el conocimiento no es suficiente para hacer el bien). Cuarto: un estado de derecho debiera preguntarse si, mediante la formación y capacitación en la perspectiva de género, no está renunciando a la neutralidad valorativa que le exige su misma constitución. A nadie escapa que la perspectiva de género está sustentada en un materialismo histórico del cual se siguen una antropología y ética determinadas.

Me pregunto en este momento, ¿qué papel juegan los políticos en este escenario? Ellos se convierten en instrumentos eficaces para aplicar esta re-ingeniería social. Se limitan a ejecutar lo que pequeños grupos, ruidosos e intensos, les reclaman. De allí que terminen identificándose con estas minorías activistas. Pero, a la par, se van alejando paulatinamente de la mayoría de los ciudadanos.

LA RELIGION CIVIL ROUSSEAUNIANA

El nuevo Estado confesional argentino parece encaminarse hacia la profesión de una religión civil. Aquella religión de la que Juan Jacobo Rousseau nos hablara en el penúltimo capítulo de su escrito `El Contrato Social'. Sin la existencia de esta religión civil, sentenciaba el filósofo francés, no pueden existir ni el buen ciudadano ni el súbdito fiel. Por eso, la adhesión a la misma no podrá tolerar desviaciones.
La fidelidad a sus principios por parte de los ciudadanos debe ser absoluta. Quien no haga propios los fundamentos de la religión civil, sufrirá el destierro del estado.

Quiero que quede claro este punto: quienes pensaron en el Estado moderno fueron plenamente conscientes que este reloj contaba con un mecanismo muy sensible que exigía un atento cuidado. Y el cuidado comienza por el conocimiento, por parte de los integrantes de los poderes del Estado, de su naturaleza.

Considero que sería bueno que los miembros de los poderes del estado, en lugar de ser adoctrinados en la perspectiva de género, se ocupen de estudiar la naturaleza del Estado moderno y sus fines. Solo de este modo serán capaces de conservar la maquinaria en buen estado, para que funcione de un modo adecuado.

EL RIESGO DE LA DESMESURA

Claro está que el conocimiento no será suficiente si no va a estar acompañado de una virtud que debiera ocupar un lugar central en nuestra sociedad política: la moderación. Esta virtud surge de nuestro auto-conocimiento, del hecho de sabernos finitos, limitados, incapacitados para realizar lo perfecto por nuestras propias fuerzas.

Una de las serias amenazas que enfrenta la actual democracia es la incapacidad de aceptar la imperfección de las cosas humanas. El deseo de perfección, de absolutizar la historia, es una nueva cara de la imprudencia.

El hombre intemperante se caracteriza por una conciencia de auto-suficiencia: cree tener la solución definitiva a todos los problemas humanos. De allí que sea dominado por el vicio temible de la hybris (desmesura): su incurable exceso lo conduce a pretender violentar a los otros indicándoles qué deben pensar y cómo deben obrar.

La mesura es una virtud capital. Exige que cada ciudadano renuncie a imponer a los demás, a través del uso de la fuerza, una determinada visión de las cosas.

Por eso, cuando la moderación huelga, sentenciaban los griegos, las catástrofes se avecinan. El desenfreno nunca condujo a buen puerto. Es preciso volver a cultivar en la sociedad la virtud de la mesura: solo de este modo la Argentina empezará a andar un poco mejor. ¡Y vaya si lo necesitamos!.
Probablemente, entonces, alejada de la pretensión totalitaria de imponer una religión civil fundada en una visión individualista-vitalista de la existencia humana, empiece a despuntar.

* Doctor en Filosofía de la Universidad Católica de Córdoba.

DÍA DE LA VISIBILIDAD LÉSBICA



NOTIVIDA, Año XX, Nº 1204, 13 de julio de 2020

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados despachó hoy el proyecto de ley (expte. 203/2019) de las oficialistas Gabriela Estévez y Mayra Mendoza que instituiría al 7 de marzo como “Día Nacional de la Visibilidad Lésbica” en todo el territorio nacional. Lo tiene que estudiar ahora la Comisión de Mujeres y Diversidad.

Según se lee en los fundamentos del expediente, la fecha busca conmemorar a Natalia "Pepa" Gaitán, una joven lesbiana asesinada por el padrastro de su pareja el 7 de marzo de 2010, “así como homenajear a toda la comunidad lésbica que milita para una sociedad más justa e igualitaria”.

El proyecto prevé que el Ministerio de Educación de la Nación -a través del Consejo Federal de Educación- acuerde “con las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones, la incorporación de este día a los contenidos curriculares del sistema educativo, en sus distintos niveles y modalidades, educación formal y no formal”.

Más allá del adoctrinamiento propuesto por el expediente, destaquemos que el 7 de marzo es el día de María Antonia de la Paz y Figueroa, conocida popularmente como la Madre Antula, una laica santiagueña que fue beatificada el 27 de agosto de 2016 y que podría convertirse pronto en la primera santa argentina. Una "mujer insigne, gloria de nuestra Patria y ornamento de la Iglesia"; como la define Mons. Marcos Ezcurra en su biografía. Nos preguntamos si en el día de su memoria litúrgica se obligará a los colegios católicos a homenajear a la “Pepa” Gaitán y a exaltar conductas totalmente opuestas a sus enseñanzas.

El despacho lleva las firmas de los diputados: Cecilia Moreau (FdT, BsAs), Ana Carla Carrizo (UCR, Ciudad de BsAs), Hernán Pérez Araujo (FdT, La Pampa), Bernardo Herrera (FdT, Sgo. del Estero), Felipe Alvarez (Acción Federal, La Rioja), Karina Banfi (UCR, BsAs), Karim Alume Sbodio (FdT, San Luis), Brenda Austin (UCR, Cba), Gabriela Cerruti (FdT, Ciudad de BsAs), Luis Contigiani (Fr. Progresista, Sta.Fe), Gabriela Estévez (FdT, Cba), Lucas Godoy (FdT, Salta), Pablo González (FdT, Sta.Cruz), Ramiro Gutiérrez (FdT, BsAs), Maria Carolina Moisés (FdT, Jujuy), Maria Graciela Parola (FdT, Formosa), Paula Penacca (FdT,  Ciudad de BsAs), Luis Petri (UCR, Mza), José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal, Mza), Roxana Reyes (UCR, Sta.Cruz) y Pablo Yedlin (FdT, Tucumán).

ABORTO: UN LIBRO QUE HACÍA FALTA



“No matarás…”. El fallo FAL y el Exterminio

libro de Héctor H. Hernández, Escipion, Mendoza, 2020

P. Javier Olivera


Hacía falta
            Hacía falta un estudio morrocotudo, que no dejara ningún cabo suelto, sobre ese hito en la carrera delincuencial abortista que fue el fallo de la Corte Suprema argentina llamado FAL, tomado como base para el Exterminio posterior.

 Hacía falta un estudio de que fuera jurídico, porque en la sentencia se quiso dar halo de consagración leguleya al exterminio prenatal. Una sentencia para presionar a los legisladores que por otros lados ven muchas ventajas a obtener del stablishment internacional; al ejecutivo macrista o kirchnerista que lo acepta gustoso; a los jueces argentinos, que aunque sepan que no es así, dicen para ahorrarse problemas que “hay que hacer lo que hace la Corte”.

            Hacía falta para algunos temas no rehuir a las implicancias iusfilosóficas sobre los derechos humanos, y allá va el especialista (capítulos 6 a 15, 18 a 21 y 23). Hay, por lo demás, los debidos aportes constitucionales, sobre todo desarrollando la inconstitucionalidad por violación de la garantía de la llamada “defensa en juicio substancial”, apelando a Linares.

Hacía falta destruir los alambiques lógicos del adversario; y a cada rato el autor desnuda las trampas incontables de los jueces asesinos, por ejemplo caps. 11, 16, 34 y 35, este último con el insólito “cuento del verdulero chicanero” para mostrar cómo la Corte engaña a la gente con la noción de inconstitucionalidad.

Hacía falta hacer diálogos con médicos, para extender el libro a éstos y a cualquiera que no sea abogado (conversaciones con héroes, cap. 22).
Hacía falta el avance en la investigación jurídica del tema para tener bases para una legislación por la vida, que se solventa en el libro con las “conversaciones del seminario” tenido en el Instituto de Filosofía Práctica durante jornadas intensivas desarrolladas sobre el punto (cap. 23).
Pero hacía falta que, sin perjuicio de no rechazar ninguna parada argumental difícil, el lenguaje fuera llano y los capítulos cortos, ya que el libro no lo es: 467 pp. que, si uno empieza, quizá se le haga fácil. Es propio del autor asumir el lenguaje “que entiende todo argentino, cuando habla con su vecino”.
            Hacía falta abundar en la parte jurídica, y se puede decir que no queda ningún argumento por desarrollar sobre la cuestión del aborto. Allí se elencan el absurdo de hacer de un delito del derecho positivo y natural, un derecho (cap. 2 y 3) y la crítica a las versiones del constitucionalismo cipayo ( capítulos 32 y 33).

            Hacía falta denunciar los incréibles pisoteos  a la ética judicial que cometió la Corte en el fallo (sólo como ejemplo cap. 37, que titula a la Corte de “Engañera”, con reminiscencias folklóricas); o las supinas ignorancias exhibidas por el tribunal (cap. 33).

            Hacía falta una sinopsis crítica del fallo, que obra muy precisa y cortita en el cap. 38 p. 375 y puede ser una primera aproximación al libro.

            Había que hacer el razonamiento propio, que el libro no rehúye, pero mostrar el rechazo grandísimo que tuvo el fallo en el ambiente jurídico, por lo que en el libro a cada rato aparecen, bajo el acápite subrayado de “Doctrina”, textos de prestigiosos jurídicas que lo destrozaron: por ejemplo García Mansilla, Siro de Martini, Juan José Benítez, Mahiques 1 (porque no sabemos si hay Mahiques 2), Sancinetti, Bach de Chazal –uno de los pilares del libro- Bianchi, Javier Anzoátegui, Quintana, Basset, Gelli, Rosatti el actual juez de Corte, Rodríguez Varela, Silvia Marrama, Alberto Sánchez, Barra, Zabaleta, Gargiullo-Radakoff de Doldán…

            Había que enumerar los delitos que la corte comete (cap. 29 y todo el frondoso apéndice a ese capítulo).
Había que decir a todos los vientos que la corte de Chubut crucificó a Verónica sin oírla, porque la mataron cuando podía apelar y de hecho apeló y la incalificable Corte nacional convalidó el crimen (Capítulo 30: “la mataron sin oírla y otras barbaridades – Los acusados antaño a pena de muerte tenían ás garantías que Verónica)”.
Había que evidenciar que el tribunal chubutense condenó a muerte contra toda ley y sin ninguna prueba y las mil irregularidades que se denuncian en el citado capítulo 30 del significativo título, con la puntualización de verdaderas “catástrofes en el razonamiento” (capítulos 16,18, 19, 30, v.gr. p. 317).

Había que evidenciar las trampas dialécticas del abortismo (capítulos 16 y 17), la inconstitucionalidad de la sentencia pero sobre todo la falta total de humanidad y la violación del derecho convencional y sus tratados de derechos humanos (32 a 38).
Había que justificar que se trata de un genocidio, y el autor lo hace con razonamientos y normas (p. 222), autoridades (Sancinetti p. 224, Bianchi p. 221, Jofré p. 222 ) y la confesión del genocida Zaffaroni (pp. 137 y passim)
No había que dejar de propiciar el castigo a tanto crimen, por lo que el autor habla passim de una Conadep del aborto (pp. 5,119,221,366,385,465).

Había que hablar del Anteproyecto Borinsky-Yacobucci que, a mérito de la confusión que crea el artículo 86 apartado 2, hace que el ambiente jurídico se haya acostumbrado a interpretar la Constitución subordinada al mismo, y acorde con lo parecido del texto proyectado con el actual, no se alcance a ver que es una propuesta decididamente y empeoradamente abortista (capítulos 24 y 48, con abundante ayuda de Carlos Romero Berdullas).

 Había que  ser práctico y realista, y mostrar las falencias y falacias del fallo FAL pero también su criminosidad práctica. Por eso, con toda lógica, el libro está dividido en dos partes: la primera Juridismos para el Exterminio, donde con la primera palabra (juridismos) se apunta a las apariencias de justicia que se quieren dar (pp. 17 a 386), y con la otra palabra al efecto que desencadenó.  Y una segunda parte, precisamente dedicada al Genocidio: “Exterminio. Relato de un impune crimen de masas” (pp. 387 a 466).

Entonces había que desarrollar una inusitada crónica policial, en la segunda parte digo, como que leemos estos títulos de capítulo: Se desata el Holocausto, Su Señoría Martín Lozada El Precursor (Muerte de guante jurídico en San Carlos de Bariloche), Aborto seguro que seguro muere uno pero que a veces seguro que son más (se llamaba Keyla Jones), La mataron en Concordia (Paz sobrevivió varias horas en una chata), La mató el Goibernador (Se llamaba Esperanza, de Jujuy), L mataron en Tucumk`´an (Se llamaba Faustina), Lo condenaron como a un delincuente que comete delitos, por no cometer delito (Póngase de pie; se llama Leandro Rodríguerz Lastra), Más “desaparecidos” todavía (la pura fuerza contra el derecho), Legislador mata más que juez (El Anteproyecto Borinsky-Yacobucci superará a FAL), y Gesta de Dios por los argentinos, donde tras aludir a la primera resolución, genocida, del Ministro González García, convoca a repetir la hazaña de 2018. Los efectos o secuencias de FAL.

“La segunda trama”
Y para no caer en la candidez de ignorar todo el entramado político-económico-religioso del aborto, en la segunda parte se arma otra trama, intitulada ¿Quién manda?, denunciando los operadores de fondo para el Genocidio prenatal: el Banco Mundial, el BID, UNICEF, OSM, el Informe Kissinger, la siniestra IPPF, los Rockefeller, las Naciones Unidas, en definitiva el Nuevo Orden mundial. Frente a ellos, y en la misma trama, aparece la reacción justicialista y la reacción católica denunciando el Exterminio, con curas villeros incluidos. En esta parte adquieren su lugar las denuncias y trabajos de Schooyans, de Juan Pablo II, de José Arturo Quarracino, de Jorge Scala, Strubbia, Dávoli, Yurman, Ocantos-Giudice, así como un alegato insólito no renovado de Joaquín Morales Solá (p. 57), y los aportes jurídicos de Bidart Campos y Santos Cifuentes, o las imperdibles contribuciones de Romano Amerio.

Una catedral barroca
Había que hacer todas esas cosas, y el autor lo intentó. La diagramación estuvo a cargo de Carolina Torremazza, y la tapa es de lo mejor: sobre el famoso cuadro de Guido Renni La matanza de los inocentes e idea de Sergio Zago, aportaron Agustín Barbaglia, Mario Magni, Anita Gritti Hernández y la síntesis de Águeda Gritti Hernández. Cada pedacito del libro se inserta en un conjunto, y en todo el trabajo se hace un ingente trabajo, ¿con qué resultado?

Por de pronto, en todo debate que se venga es el libro a tener en cuenta, sea en la parte estrictamente jurídica, pero también en el contexto cultural global. En lo demás, el lector dará su veredicto. Editorial Katejon lo distribuye 

(katejon@outlook.com) y también saldrá como libro digital.


EL GOBIERNO LANZÓ UN PROGRAMA INTEGRAL



PARA PERSONAS TRANS


NOTIVIDA, Año XX, Nº 1203, 8 de julio de 2020

Se publicó esta semana en el Boletín Oficial la Resolución 83/2020 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que crea el “Programa de fortalecimiento del acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero”, (en adelante “personas trans”) cuyo objeto es desarrollar un dispositivo de asistencia integral a esa población con el fin de garantizar su acceso a la educación, salud y empleo. Sus destinatarios son las “personas trans” mayores de 18 años que residan en el territorio nacional.

Según la descripción que hace el Anexo, entre los objetivos específicos están:

el acceso, permanencia y “terminalidad educativa”

* la formación y capacitación para el empleo

el acceso y estabilidad en el empleo formal, en el sector público y privado

el acceso a programas sociales y de vivienda

En la justificación se dice que la expectativa de vida de las “personas trans” en Argentina estaría entre 35 y 40 años y que los “circuitos de supervivencia” más comunes son “la prostitución y el narcomenudeo”.

También menciona el Anexo que en junio de 2012 se realizó en La Matanza la Encuesta sobre “Población Trans”, que arrojó que poco más de la mitad de esa población tiene aprobado únicamente el nivel educativo primario, que aproximadamente un 20% culminó el nivel secundario, y que sólo un 2% finalizó estudios universitarios.

Según la misma encuesta más del 80% de las “personas trans” no cuenta con cobertura de salud y el 70% de los encuestados expuso estar o haber estado en situación de prostitución.

Entre las acciones generales del Programa está el relevamiento de los obstáculos que encuentran las “personas trans” para acceder a sus derechos y la difusión de mecanismos y canales de denuncia ante el incumplimiento de estos.

Acceso a la Educación

El anexo califica a la Ley Nº 26.150, de Educación Sexual Integral, como una herramienta clave para “construir una visión más inclusiva de la sexualidad”, pero señala que ésta “no propone contenidos específicos de diversidad sexual ni contempla a las infancias trans”. Para “superarlo” hay que hacer un “trabajo conjunto con todes les actores del sistema educativo”.

Entre las acciones previstas para el área está la gestión de becas y programas especiales que faciliten la “terminalidad educativa” en distintos niveles.

Acceso a la Salud

El documento dice que, conforme a los resultados de la encuesta realizada en 2012, el 55% de la “población trans” se realizó algún tratamiento de hormonización y casi 8 de cada 10 afirman haberse aplicado una inyección de siliconas o líquidos.

Entre las acciones específicas están: Informar sobre los distintos servicios de salud inclusivos existentes en los diferentes niveles; gestionar el acceso a los tratamientos de hormonización y capacitar a “les profesionales de la salud sobre modelos de atención inclusivos”.

Acceso al Empleo

El 100% de las “personas trans” que participaron de la encuesta mencionada no tenían un trabajo registrado.

El Programa prevé dos clases de acciones: para la capacitación y para el acceso al empleo. Entre las primeras destacan las becas y programas de capacitación laboral y entre las segundas la gestión de empleo en el sector público nacional y la creación de incentivos en el sector privado. También están contemplados los programas de microcréditos para la economía social y solidaria, y programas de cooperativas de trabajo.

CICLO DE CHARLAS POR YOUTUBE



CENTRO DE ESTUDIOS CÍVICOS


HITOS DE LA HISTORIA ARGENTINA


Tema: Independencia

9 de Julio, 11 horas

Expositor: Dr. Mario Meneghini


Buscar en Youtube el canal “Centro de Estudios Cívicos”




EL GOBIERNO LANZÓ EL PLAN NACIONAL



CONTRA LA VIOLENCIA DE   GÉNERO

NOTIVIDA, Año XX, Nº 1202, 4 de julio de 2020


El presidente Alberto Fernández lanzó ayer el “Plan Nacional de Acción Contra las Violencias por Motivos de Género”, para el período junio del 2020- junio del 2022, elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Prevé una inversión de $18 mil millones.

Dice en el prólogo: “Más que un plan, un cambio de paradigma”.

Se lee en el documento: “El enfoque de derechos humanos, en el que se inserta la perspectiva de género para el diseño e implementación de políticas públicas, es el marco conceptual y metodológico”. “Desde esta perspectiva, los derechos humanos no sólo actúan como un límite legal al ejercicio del poder estatal sino, y sobre todo, como una plataforma para la acción y transformación social.” “Hoy, estamos ante un cambio de paradigma” y el Plan es “un fiel reflejo de esta transformación”, remarca.

El Plan se basa en tres dimensiones de la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+:

Autonomía física: Acceso a los “derechos sexuales y reproductivos” (anticoncepción aborto, esterilización quirúrgica y libre elección de la orientación sexual).
Autonomía económica: capacidad de generar ingresos y recursos propios.
Autonomía en la toma de decisiones: presencia en los distintos niveles de los poderes del Estado.

Entre los hitos mencionados en las conquistas de las mujeres están:

Entre mediados de los años ‘70 y principios de los ‘80 surgieron organismos de derechos humanos, particularmente Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
En 1986 comenzaron los Encuentros Nacionales de Mujeres.
El 14 de mayo de 2005 se lanzó la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito”, que impulsó el proyecto de aborto que en julio de 2018 alcanzó media sanción en la Cámara de Diputados.
En el 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió el fallo "F.A.L" para los abortos en caso de violación y exhortó a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos protocolos hospitalarios que garanticen la práctica.
En diciembre de 2019 se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Un Plan distinto a los que lo antecedieron
Menciona como sus antecedentes los planes que para erradicar la violencia contra la mujer realizó el Consejo Nacional de la Mujer para los períodos 2014-2016 y 2017-2019; pero enfatiza que éste Plan tiene “diferencias sustantivas” con los anteriores ya que no sólo apunta a las mujeres, sino que incluye además “la perspectiva de diversidad y las particularidades y necesidades específicas de la población LGBTI+”.

Salud Reproductiva

Las prevenciones del Plan para fortalecer a los servicios de salud sexual y reproductiva en la atención de los abortos son:

“Capacitaciones a profesionalxs de la salud sobre el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la ILE”
“Campaña de difusión del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la ILE”
“Apoyo a las provincias a través de la gestión de insumos para la implementación del protocolo”
“Acompañamiento a equipos de las direcciones provinciales de Salud Sexual y Reproductiva y a equipos de los servicios de salud en la resolución de situaciones de ILE”
Aborto y mortalidad materna

El apartado sobre “Violencia contra la libertad reproductiva” inicia hablando de la cantidad de abortos que se practican anualmente en el país. Asegura que no se conoce el número de abortos por “la clandestinidad de la práctica” pero que “las estimaciones oscilan entre 370 y 522 mil”, según un estudio que las investigadoras Silvia Mario y Edith Pantélides, publicaron en 2009. Aclaremos que esa estimación se basa en una expansión del número de egresos hospitalarios por complicaciones de aborto, y en aquel momento esos egresos rondaban los 60.000.

En cuanto a los egresos hospitalarios actuales el Plan toma la última cifra disponible en la web del Ministerio de Salud (2016) que son 39.025. Una rápida confrontación entre este dato y el que se conocía en 2009 les debería haber hecho notar que el número estimado de abortos que publicaron es hoy, cuando menos, muy abultado.

También dice que en el 2018 “el 13,6% de las muertes maternas fueron causadas por un aborto”. Pero no especifica que para llegar a ese porcentaje han tomado todas las muertes por “embarazo terminado en aborto” y eso incluye a las 16 que ocurrieron por un embarazo ectópico, mola hidatiforme, feto muerto retenido y aborto espontáneo. En el 2018 las muertes maternas vinculadas a un aborto inducido (19) no superaron el 7,4% del total de muertes maternas.

Otra afirmación que sorprende es que “en nuestro país la muerte por embarazo terminado en aborto está entre las primeras causas de muerte materna” cuando es la tercera de tres. Recordemos que las muertes maternas se agrupan en tres tipos de causales, las consignamos con los porcentajes correspondientes al 2018, últimas cifras disponibles: 1) embarazo terminado en aborto (13,6%), 2) causas obstétricas directas (61%) y 3) causas obstétricas indirectas (25,3%).

El aborto dista de ser la primera causa de muerte materna y eso se hace palpable, incluso, en el gráfico con el que ilustran.
Un dato importante que el Plan omite es que si bien el número de muertes de gestantes por aborto inducido entre el 2017 y el 2018 se mantuvo estable (19); la cantidad de mujeres que intentaron dar a luz y murieron por trastornos hipertensivos se incrementó en un 24,3% ¿Por qué esas muertes no entran en los análisis del Gobierno? ¿Las únicas muertes maternas que cuentan son las de las mujeres que habían decidido abortar? ¿Hay argentinas de primera y argentinas de segunda?

A poco de llegar Fernández al poder creó el ideológico Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Deseamos fervorosamente que algún día se ocupe prioritariamente de esas mujeres valientes que, aún en las situaciones más adversas, la siguen peleando cotidianamente para criar y educar a sus hijos.

ABORTO Y ANTICONCEPCIÓN OBLIGADA EN CHINA



Juan Pablo Ialorenzi 

La Prensa, 01.07.2020



Desde hace años la República Popular China se viene configurando como uno de los principales actores globales, del cual dependen muchas economías, entre ellas la nuestra. Esta realidad no se suele hacer consciente en occidente, quizás por lo ajeno de su cultura. Pero, tras el impacto del COVID-19, la guerra comercial con Estados Unidos y los cada vez más notables atropellos a Hong Kong por parte del PCCh, China se ubica en el centro de las noticias internacionales. Puede que esta sea una oportunidad para ver lo que esta realidad política nos puede enseñar.

El genocidio Uigur

En el reciente informe “Esterilizaciones, DIU y anticonceptivos obligatorios: la campaña del PCCh para reprimir las tasas de natalidad uigures en Xinjiang” de la Jamestown Foundation se dio a conocer que el gobierno de China obliga a las mujeres del grupo étnico-religioso Uigur, de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, a esterilizarse, utilizar dispositivos intrauterinos (DIU) y a abortar. El objetivo sería limitar la población de musulmanes uigures, aunque China sostiene que estas acusaciones son infundadas.

El Secretario de Estado norteamericano, Michael Pompeo, con un comunicado titulado “Sobre el programa coercitivo de planificación familiar y esterilización forzada de China en Xinjiang”, hizo un llamado al Partido Comunista Chino para que ponga fin de inmediato a estas horribles prácticas y solicitó que todas las naciones se unan a Estados Unidos para exigir el fin de estos abusos deshumanizantes. También la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC), fundada a comienzos del mes pasado, que reúne a políticos de distintos países, declaró que el gobierno comunista recurre a “el encarcelamiento masivo, el adoctrinamiento, la detención extrajudicial, la vigilancia invasiva, el trabajo forzado y la destrucción de sitios culturales uigures, incluidos los cementerios, junto con otras formas de abuso. Las estimaciones del número de personas internadas van desde los cientos de miles hasta los asombrosos tres millones”. Afirma Gulnar Omirzakh, una víctima de estas medidas autoritarias que quieren destruirlos como pueblo.

Se está en presencia de un genocidio “lento, doloroso y encubierto”, según declara Joanne Smith Finley, experta en uigures de la Universidad de Newcastle.

En el siglo XX, las hambrunas ocasionadas por las decisiones del líder comunista Mao Zedong, produjo un gran desplome en su población. Durante esos años murieron cerca de quince millones de chinos. Por eso se buscó acrecentar rápidamente el número de nacimientos. Así la población pasó a una cifra imponente.

En 1979 entró en vigor la “política del hijo único” que fue vendida como una herramienta vital para el desarrollo del país, pero ahora lo pone el peligro, sobre todo en estos tiempos de desaceleración económica. Esta política permitía a los chinos Han tener un solo hijo, mientras que otras etnias de pueblos rurales podían tener alguno más, con los debidos permisos estatales. Se estima que mientras duró esta política se terminó con la vida de trecientos sesenta millones de niños por nacer y ya nacidos. Mayoritariamente se mató a las mujeres.

Yi Fuxian, investigador de la Universidad de Wisconsin, señaló que “China debería haber acabado con la política hace veintiocho años. Ahora es demasiado tarde”. Por lo que en las próximas décadas se reducirá gravemente la cantidad de personas en edad de trabajar, pero, además, éste todavía no es un país desarrollado. Esto puede ser una de las razones por la que China es líder en el desarrollo de la robótica.

En el 2015 se puso fin a esta política antinatalista, laxando la restricción y promoviendo dos hijos por familia, aunque, evidentemente, los controles siguen siendo férreos para las etnias menoscabadas. Después de tantos años los chinos no quieren tener hijos y la población se volvió reacia a formar una familia.

Qué podemos aprender

Cuando hablamos de política china no solo podemos ver los peligros, en términos de totalitarismo o de la implementación de inteligencia artificial en el área pública. Ahora, podemos ver, que también nos puede enseñar los peligros a largo plazo de la legalización del aborto. Este genocidio muestra al aborto y la anticoncepción obligatoria como un tipo de violencia contra la mujer y como un modo de control demográfico y menosprecio por la vida humana.