DON BOSCO

DON BOSCO
"BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS"

ESPECIALISTAS EN SALUD TRANSEXUAL SE CONTRADICEN EN NUEVA PUBLICACIÓN


By Rebecca Oas, Ph.D     
24 de junio 2016 (C-Fam)

Una destacada revista médica publicó su primera serie sobre salud transexual y deja al descubierto lo que parecen ser importantes contradicciones.

Por una parte, sostiene que no hay nada malo desde el punto de vista médico con la transexualidad. Por otra, argumenta que es una condición que requiere atención médica, estableciendo la transexualidad como la primera condición no médica que requiere intervención médica.

Es probable que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconsidere su manual de diagnóstico en 2018, y que traslade las cuestiones relativas a la identidad de género del capítulo sobre «trastornos mentales y de conducta» a uno nuevo sobre «condiciones relacionadas con la salud sexual», empleando el término «incongruencia de género».

Esta revisión sería el último paso en una serie de cambios respecto de cómo el área de la salud mental considera la identidad de género. En 2013, la última edición del manual diagnóstico de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (DSM-5) reclasificó el «trastorno de identidad de género» llamándolo «disforia de género». Esto fue considerado como una normalización de la identidad transexual que cambia el énfasis en la identidad de género por la angustia que se asocia a vivir en un cuerpo que no concuerda con el género autopercibido.

Pero, según los autores de uno de los artículos publicados en The Lancet, la «disforia de género» aún así confiere una estigma, ya que «el diagnóstico sigue siendo el de un trastorno mental».

En una entrevista brindada a Mother Jones, Sam Winter, principal autor del artículo y profesor de sexología, señaló que los diagnósticos permiten a las personas transexuales acceder a fármacos y a otras terapias. El artículo planeta, aunque no responde, el interrogante de por qué, si ser transexual no es un trastorno, requiere tanta terapia.

La serie de The Lancet habla de «asistencia sanitaria de confirmación de género», que también podría definirse como intervenciones médicas cuya intención es ocultar el sexo natural del paciente, y que abarcan la terapia hormonal, inhibidores de la pubertad para adolescentes y cirugías para extirpar pechos, en el caso de mujeres, y penes, en hombres. Los autores insisten en que tales intervenciones deben ser incluidas dentro de los sistemas de salud públicos, financiados por los tributantes.

Ellos basan estas afirmaciones, en parte, en documentos de derechos humanos y en órganos de expertos internacionales que condenan los estereotipos. Cuando consignan los servicios de «confirmación de género», no obstante, los autores de The Lancet aseguran que los transexuales deberían adherir a dichos estereotipos: «La importancia del estilo de vestimenta, del comportamiento y de la presentación no puede ser exagerada… [e]l aporte de un asesor de imagen puede ser beneficioso para las personas que atraviesan una transición».

Una editorial escrita en coautoría por el editor de The Lancet, Richard Horton, afirma: «Debemos respetar, apoyar y proteger la elección individual». No obstante, los autores de esta serie asumen sistemáticamente una fuerte postura en contra del uso voluntario de terapias de reorientación o reparativas: «Los gobiernos deben hacer todo lo posible por erradicar las terapias de sexo reparativas para niños, adolescentes o adultos en su jurisdicción». La justificación que ofrecen es autorreferencial: «La opinión profesional predominante considera que estas terapias son antiéticas».

El aspecto más polémico de los cambios propuestos por la OMS para su manual tiene que ver con la creación de una clasificación independiente para la «incongruencia de género» en los niños prepúberes. Un diagnóstico de esta clase podría allanar el terreno para una «solución» permanente, para lo que normalmente es un problema temporal. Paul McHugh, psiquiatra de la Universidad Johns Hopkins, escribe que un 80 % de los niños con problemas de identidad de género los superan.

Los autores de la serie, incluyendo a Winter, «recomiendan cautela sobre la propuesta [de la OMS] de un diagnóstico para niños por debajo de la pubertad» y «se une a otros al instar a la OMS que reconsidere su propuesta».


Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano

POLONIA ARREMETE CONTRA BURÓCRATAS EUROPEOS Y DESAFÍA A PLANNED PARENTHOOD


By Stefano Gennarini, J.D.          
24 de junio 2016-Fam

El gobierno polaco replicó a los burócratas europeos en una mordaz respuesta a un informe publicado la semana pasada por el Consejo de Europa, que criticaba la ley de aborto restrictiva del país y el trato que confiere a las mujeres.

Asumiendo el tono ceremonioso y la obsecuente deferencia que muchos países adoptan en su interrelación con los burócratas internacionales, Polonia acusó al Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, el letón-estadounidense Nils Muižnieks, de «excederse en su mandato», de parcialidad y selectividad, y de interferir en asuntos internos en una respuesta oficial a un informe del Comisario que se publicó la semana pasada.

En una sección que aborda la «salud sexual y reproductiva», el informe ordena a Polonia que despenalice el aborto, que elimine la protección de conciencia para los médicos y el personal de la salud, y que apruebe la educación sexual integral.

En vez de inclinarse en servil reverencia, como normalmente se asume que las naciones lo harán en una situación de este tipo, Polonia respondió que el Comisario contaba con información incorrecta y que malinterpretaba tanto el derecho polaco  como la obligación de Polonia conforme a la Convención Europea de Derechos Humanos.

«El derecho polaco, en este sentido, tiene por fuente la Constitución y se encuentra condicionado por la importancia ampliamente compartida que la sociedad polaca otorga al respeto a la vida» fue la respuesta concreta del país sobre el tema del aborto.

El Comisario también insinuó, a partir de informes de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (en inglés: International Planned Parenthood Federation),  que Polonia estaba evitando, de un modo u otro, que las mujeres accedieran a los anticonceptivos porque no subsidia algunos de ellos.

El gobierno de dicho país acusó a Planned Parenthood de fijarse en sus propios intereses al buscar el beneficio económico de la venta de fármacos anticonceptivos.

La Federación Internacional de Planificación de la Familia «difícilmente puede ser llamada fuente de información imparcial a la vista de su participación activa en la promoción del acceso a la anticoncepción y al aborto, y su rol en lo que concierne a facilitar el acceso directo a tales servicios», sostuvo el gobierno de Polonia.

Pero la crítica más severa a la burocracia europea de derechos humanos fue en la sección sobre igualdad de derechos para la mujer, que ocupa aproximadamente un tercio del informe.

En él, el Comisario acusa a Polonia de restringir la participación de las mujeres en la vida económica y pública, y de no penalizar y elevar a juicio la violencia y el acoso sexual perpetrados contra la mujer (difamaciones que comúnmente se dicen en contra de los países que protegen la vida en el seno materno).

Polonia afirmó que el Comisario meramente repetía como loro información deficiente provista por algunas organizaciones que difícilmente representan a la sociedad civil de la totalidad del país, «ignorando completamente» la suministrada por el gobierno. En su respuesta, Polonia comparó esta repetición carente de sentido crítico de opiniones sin verificar, que «no se basan en hechos» con juego del «teléfono descompuesto», en el que se manda un mensaje de forma incorrecta tras una serie de reproducciones.

Calificó de «ideológicas» e «incorrectas» esta clase de acusaciones, y destacó información que demuestra que Polonia cuenta con uno de los índices más bajos de toda Europa en lo que respecta a violencia doméstica y acoso sexual en el entorno laboral.

El país asimismo resaltó datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés) que indican, entre otras cosas, que, en Polonia, la brecha salarial entre hombres y mujeres se encuentra entre las menores de Europa, con solo el 10,6 % (menos que Alemania, Países Bajos, Suecia y Noruega), que Polonia está en segundo lugar en cuanto a la proporción de mujeres inversoras, y que el índice de parlamentarias es de un 27,4 %, equiparable a la media europea, que es del 28,58 %.


Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano

LOS COLECTIVOS LGTBI, OCCIDENTE Y EL ISLAM


La verdad de los hechos.

Por Carlos Alvarez Cozzi

Es un lugar común ver que en nuestros países de Occidente, los grupos del lobby LGTBI hacen gárgaras con la ideología de género, protestan todo y se oponen a casi todo lo que sucede en nuestras sociedades.

Califican de machistas y homofóbicos a todo y todos lo que cuestionan su estilo de vida. Como en toda democracia, tienen derecho a expresarse, como asimismo los que respetamos pero no compartimos su estilo de vida y también tenemos derecho a expresarlo. Pero frecuentemente hacen gala dichos grupos de lo que Benedicto XVI ha denominado con gran precisión como “la dictadura del relativismo”, y la practican. Y ello lleva irremediablemente el relativismo moral a la legislación, concretando un relativismo jurídico, por el que, violación de la laicidad estatal de por medio, prevé muchas veces en varios ordenamientos jurídicos, como delito, toda crítica formulada contra el estilo de vida gay.
Sobre este tema hay y hemos escrito personalmente bastante y no habremos de volver sobre ello.

Lo que sí queremos destacar en esta nota es el sugestivo silencio o por lo menos la falta de energía de estos grupos en criticar a los paises comunistas que persiguen seriamente a los gays o el tratamiento que el Islam hace de los homosexuales. Y creemos que no son silencios inocentes, sino que sobre todo, como la ideología de género es expresión de un neo marxismo que pretende colonizar a las personas y a las familias, por lo que son aliados estratégicos, los grupos LGTBI poco o nada dicen sobre el tratamiento que le dan a ellos en países como Rusia u otros de Europa del este y de Asia, y prefieren no atacar la matriz común y si concentrar sus baterías sobre los países de Europa occidental, los Estados Unidos de América y los Latinoamericanos.

Y para esa estrategia hacen lobby ante los organismos internacionales, como Naciones Unidas, OEA y MERCOSUR, entre otros, para que le impongan a los Estados miembros la agenda de género conocida: legalización del aborto, “matrimonio” entre personas del mismo sexo, adopción por personas homosexuales, regulación del transgénero,guías educativas pro gay en la enseñanza, etc. Todo ello ha infiltrado a buena parte de la intelectualidad, los medios de comunicación, la educación y los partidos políticos.

Como se considera “políticamente incorrecto” resistirse a tales imposiciones, los valientes y persistentes gestos recientes de gobiernos como los de Paraguay y Perú, destacan como bastiones de resistencia a tal “dictadura del relativismo”.
También son atacadas en forma cada vez más notoria, las iglesias cristianas, que con todo derecho, el de la libertad de expresión y culto, lleva a sus pastores a enseñar la doctrina moral que surge de los Evangelios y que también supone una molestia para los mencionados colectivos. Los recientes episodios de las Femen o las denuncias contra el cardenal Cañizares en España y Europa en general, y los atentados a templos en ese continente y en América, confirman lo expuesto.

Por ello, el silencio o el desinterés de estos grupos de presión de levantar su voz ante lo que sucece en Rusia y otros países, entre ellos los islamistas, es la prueba de que su real intención, no es, como afirman, reivinvicar su condición en todo el mundo sino hacerlo en forma selectiva, en particular en Occidente, de clara matriz cultural y valórica cristiana. Porque en el cristianismo es que indentifica su verdadero enemigo.

No se debe mirar para otro lado, hay que ver la realidad y decirlo claramente, porque no se le puede mentir a todos y todo el tiempo. La verdad siempre termina mostrando su esplendor.

UN HITO EN LA DEFENSA DE LA VIDA


El proyecto de la Red Federal de Familias (RFF) -que garantiza la protección integral de la embarazada en riesgo y su hijo- ya cosechó la adhesión de 50 diputados nacionales. La “Campaña por el derecho al aborto” vuelve a presentar su expediente. La “cultura de la vida” y la “cultura de la muerte” se miden una vez más en la cámara baja.
Por Mónica del Río

Frente a un embarazo inesperado y conflictivo hay dos respuestas posibles. La de la “cultura de la vida” que encarna el proyecto de la Red Federal de Familias y la de la “cultura de la muerte” que sintetiza el proyecto de la “Campaña por el derecho al aborto”. La primera le tiende una mano a la embarazada ofreciéndole herramientas que le permitan seguir adelante; la segunda se limita a “ayudarla” a matar a su hijo de forma “segura”.

El proyecto de la Red Federal de Familias propicia un régimen legal que, atendiendo verdaderamente a la problemática que pudiera presentarse ante determinados embarazos, brinda una solución integradora que respeta y protege por igual los derechos de los dos integrantes del binomio madre-hijo, esencialmente iguales en dignidad e igualmente valiosos.

El de la “Campaña por el derecho al aborto” legalizaría el aborto desde los 13 años. Durante los primeros tres meses de gestación alcanzaría con la petición de gestante y después de ese plazo con que el embarazo afecte la salud “física, psíquica o social de la mujer” (lo que en la práctica equivale a aborto irrestricto).

Los diputados que van optando por una u otra respuesta

El proyecto de la Red federal de Familias (exp. 2452-D-2016) lleva, por ahora, las firmas de los diputados: 
Héctor Daniel Tomas (FpV-PJ,SanJuan), 
Juan Francisco Casañas (Del Bicentenario,Tuc),  
Ivana Bianchi (C.Federal, San Luis), 
Anita Martínez (PRO, StaFe), 
Claudia Rucci (UNA, BsAs), 
Miriam Gallardo (FpV-PJ,Tuc), 
Karina Molina (PRO, LaRioja), 
Eduardo Cáceres (PRO, San Juan), 
Graciela Caselles (Bloquista, S.Juan), 
Ma. Cristina Cremer de Busti (Unión por E.Ríos), 
Elia Nelly Lagoria (TyD, Chubut), 
Cornelia Schmidt Liermann (PRO, Cap.Fed.), 
Carlos Roma (PRO, T.del F.), 
Juan Brugge (UNA, Cba.), 
Enrique Castro Molina (Compromiso con San Juan), 
Javier Pretto (PRO, Cba), 
Silvina Frana (FpV-PJ, StaFe), 
Myriam del Valle Juárez (Fte.Cívico, Catamarca), 
Carlos Selva (Federal Unidos por una Nueva Argentina, BsAs), 
Ma Clara del Valle Vega (UCR, La Rioja), 
Facundo Garretón (PRO, Tuc), 
Teresita Madera (Justicialista, LaRioja),
 Ma. Liliana Schwindt (FR, BsAs), 
Martín Maquieyra (PRO, La Pampa), 
José Luis Gioja (FpV-PJ, San Juan), 
Ana Llanos (FpV-PJ, Chubut), 
Adriana Nazario (UNA, Cba.), 
Edgardo Depetri (FpV-PJ, BsAs), 
Carla Pitiot (Federal Unidos por una Nueva Argentina, Cap.Fed), 
Ma Azucena Ehcosor (Federal Unidos por una Nueva Argentina, BsAs), 
Gustavo Bevilacqua (Federal Unidos por una Nueva Argentina, BsAs), 
Blanca Rossi (UNA, Cba.), 
Néstor Tomassi (Justicialista, Catamarca), 
Graciela Navarro (Fte. Cívico, Sgo. del Est.), 
Mariana Morales (Federal Unidos por una Nueva Argentina, Sgo. del Est.), 
Vanesa Massetani (Federal Unidos por una Nueva Argentina, Sta.Fe), 
Stella Maris Huczak (PRO, Mza.), 
Eduardo Conesa (PRO, CapFed), 
Raúl Pérez (Federal Unidos por una Nueva Argentina, BsAs), 
Amado Quintar (Fte.Cívico, Catamarca), 
Alejandro Grandinetti (Federal Unidos por una Nueva Argentina, Sta.Fe), 
Paula Urroz (PRO, BsAs), 
Ma. Paula Lopardo (PRO,Cap.Fed.), 
Ma Eugenia Brezzo (UNA, Cba.), 
Marcelo Sorgente (PRO, Cap.Fed.),
 Eduardo Brizuela del Moral (Fte.Cívico, Catamarca), 
Agustín Calleri (UNA, Cba.)
Mirta Tundis (Federal Unidos por una Nueva Argentina, BsAs), 
Ramón Bernabey (Br.Gral.J.B.Bustos, Cba.) 
y Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos).
-------------------

Según la “Campaña por el derecho al aborto” mañana se hará la presentación de su proyecto, que contaría con el aval de 34 diputados. Entre los nombres que la entidad ha hecho trascender están: Victoria Donda (Libres del Sur, CapFed), Carolina Gaillard (FpV, E.Ríos), Myriam Bregman (PTS, BsAs), Margarita Stolbizer (GEN, BsAs), Carlos Heller (SI, CapFed), Alicia Ciciliani (PS, Sta.Fe), Gabriela Troiano (PS, BsAs), Alcira Argumedo (Proyecto Sur, CapFed), Ana Carla Carrizo (UCR, CapFed), Soledad Sosa (FIT, Mza), Pablo López (FIT, Salta), Néstor Pitrola (FIT, BsAs), Araceli Ferreyra (PpV, Ctes), Leonardo Grosso (PpV, BsAs), Héctor Recalde (FpV-PJ, BsAs), Cecilia Moreau (Federal Unidos por una Nueva Argentina, BsAs), Samanta Acerenza (PRO, BsAs), Marcelo Wechsler (PRO, CapFed) y Sergio Wisky (PRO, Río Negro) (Página 12, 29/06/2016).
_________________________________________

NOTIVIDA, Año XVI, Nº 1012, 29 de junio de 2016

PROPUESTA DE INGRESO GARANTIZADO


Suiza dijo no, por ahora

María Victoria Repetto
 LA NACION, 26 DE JUNIO DE 2016

Tener el sueldo garantizado, se trabaje o no, parece inimaginable. Sin embargo, ya son varias las ideas y propuestas en este sentido que se vienen presentado en los últimos tiempos. La última fue en Suiza, donde una iniciativa popular iniciada en 2012 se votó en referéndum el 5 de junio último. La iniciativa "Por un ingreso básico sin condiciones" se propone garantizar la subsistencia de todas las personas por igual sin que para ello deban trabajar. En dos palabras: sin condiciones.

La idea no es nueva. Ya Tomás Moro hizo referencia a un ingreso de este tipo en su libro Utopía. Y este año hasta ha sido debatida en el Foro Económico Mundial en Davos. Lo interesante de la propuesta es que ha movilizado a un debate de todos los sectores.

Lo que parecería ser un planteo característico de la vieja izquierda está siendo apoyado por empresarios, científicos sociales y académicos en un país típicamente de centro y liberal. Las razones más escuchadas nombran los altos costos y la burocracia en los los seguros sociales están fallando en adaptarse a estos tiempos para satisfacer demandas reales y concretas. "Nuestro sistema social tiene 150 años, está basado en respuesta a la industrialización 1.0", dice Daniel Häni, uno de los empresarios que defiende la iniciativa, citado por el Financial Times.

El futuro del empleo

Entre los argumentos de los impulsores de la propuesta está un viejo sueño de la humanidad que se está cumpliendo gradualmente: los robots serán progresivamente quienes realicen el trabajo. La revolución digital determinará que la sociedad se pueda concentrar en actividades más gratificantes y trascendentes. Sin embargo, y por ello precisamente, mucha gente tiene miedo por su futuro. Según varios estudios, muchas fuentes de trabajo desaparecerán.

Robert Reich, quien fue secretario de Trabajo de la administración de Bill Clinton y actualmente enseña en la Universidad de Berkeley, dice que la revolución digital está incrementando la inequidad y la inseguridad económica. Esta inseguridad podría llevar a una crisis de la demanda. Martin Ford, autor de un libro sobre el auge de los robots y sus consecuencias en un futuro de desempleo, que en mayo asistió al Simposio de la Universidad de St. Gallen, en Suiza, reflexionó en el mismo sentido. "Debemos crear políticas para que tanto el que pueda encontrar trabajo con un ingreso suficiente como el que no, puedan sobrevivir en nuestra sociedad, y que todos podamos mantener el poder de consumo, uno de los ejes impulsores de la economía. Sin consumo se corre el riesgo de estancamiento."

Financiamiento

En la propuesta suiza, parte del salario pagado al trabajador sería sustituido por el ingreso básico y sólo el resto seguiría a cargo del empleador. Pero además, el ingreso básico reemplazaría varios seguros sociales y subvenciones como el seguro de desempleo y las jubilaciones bajo el sistema de reparto. Sólo personas que hoy viven bajo el nivel mínimo de subsistencia tendrían más dinero con el ingreso básico.

Si bien la iniciativa no determina un monto específico para el ingreso básico, recomienda 2500 francos suizos -cuyo valor es similar al del dólar- por adulto y 625 para los menores, una suma bastante elevada comparada con los salarios en otros países de Europa.

Lo más curioso de la iniciativa es que, a pesar de proponer un cambio radical en la manera de concebir el trabajo y el ingreso, en términos económicos se presenta como viable. Según cálculos en base a los niveles de empleo de 2012, los costos del ingreso básico serían de 208 mil millones anuales. Si a ello se le deducen los costos que hoy se pagan por seguros, jubilaciones y subsidios faltarían 25 mil millones, es decir un 12% del monto total.

Según la iniciativa, este resto también es parte del dinero circulante el día de hoy, a través de transferencias privadas de los asalariados que solventan a sus hijos, a sus cónyuges amas de casa y demás familiares. En otras palabras, no se necesitaría ni más ni menos dinero en el sistema. Hay diversas ideas de cómo financiar este faltante, un impuesto a las transacciones financieras -que en Suiza no existe- es sólo un ejemplo.

Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo propusieron votar contra la iniciativa. Argumentaron que debilitaría la economía porque para muchos sería poco rentable trabajar, se perderían importantes fuerzas laborales y se arriesgaría que muchas ramas de producción se fueran del país. Habría menos recaudación impositiva y recortes en educación, infraestructura, agricultura, defensa y medio ambiente. Por otro lado sería un aliciente para muchos trabajadores de otros países con menores ingresos para emigrar hacia Suiza.

El resultado del referéndum

La pregunta clave que se planteó el electorado es: ¿qué haría usted si le pagaran 2500 francos sin condiciones? ¿Trabajaría igual que antes? Las respuestas y las percepciones varían. En una encuesta encargada por los propulsores de la iniciativa al instituto DemoSCOPE, sólo el 2% de los encuestados dijo que dejaría de trabajar. Un 54% expresó que continuaría estudiando y especializándose, un 53% que pasaría más tiempo con su familia, un 22% se haría emprendedor autónomo. Todas actividades consideradas positivas.


Finalmente, el 5 de junio el 76,9% de los votantes dijo que no a la iniciativa. El cambio parece ser demasiado drástico para estos tiempos. Sin embargo, en ciudades como Basilea, Zurich o Ginebra el voto positivo superó el 30%. Otros países como Finlandia también lo está planteando. Según la encuesta de DemoSCOPE, el 59% de los menores de 35 años, es decir la Generación Y, piensa que vivirá la implementación de un ingreso básico.ß

PELIGROSO: AVANZA LA TESIS DE LA REDUCCIÓN DE DAÑOS

Drogas: ahora se interna el doble de adictos que hace 10 años

Valeria Román
Clarín, 26-6-16

Durante los últimos 10 años, se duplicaron los subsidios para cobertura de internaciones para personas con adicción a drogas en la Argentina. Con esos subsidios, que implican un total de 108 millones de pesos para este año, los usuarios de drogas están en clínicas o en comunidades cerradas y en abstinencia. Sin embargo, hay polémica por el tipo de tratamiento que se promueve desde el Estado. Desde las Naciones Unidas y la Asociación Toxicológica Argentina le están recomendando que impulse también una política de reducción de riesgos y daños, que tiene eficacia científica comprobada para cuidar la salud de las personas que no pueden dejar de consumir y se eviten más enfermedades, como la infección por hepatitis C y el virus del sida, y muertes.

Según informó a Clarín Roberto Moro, el titular del organismo público a cargo de la lucha contra la drogadicción (la Sedronar), “la reducción de daños es una recomendación desde una mirada muy limitada. No es la gran estrategia”, y especificó qué quiere hacer durante su gestión: “Vamos a priorizar el trabajo en prevención, para trabajar en la educación y el deporte desde el jardín de infantes en adelante. Hasta los 8 años, se trabajará con juegos y cuentos para reafirmar la personalidad de los chicos. A partir de los 12 años, se buscará desarrollar una prevención más específica, por la cual se hablará sobre las sustancias ilícitas que pueden producir adicción”.

Para las personas que consumen ocasionalmente drogas o padecen dependencia, Moro sostuvo que están realizando 11 pruebas pilotos, con profesionales que pueden indicar el tratamiento. Informó que se están subsidiando 1.400 internaciones este año, y eran 590 en 2006. 

El funcionario no contempla incluir una política de reducción de daños, que fue recomendada por el último informe de las Naciones Unidas, que se dio a conocer la semana pasada. En ese reporte se sostiene: “Las intervenciones para reducir la demanda de drogas son eficaces si se basan en medidas de eficacia demostrada, como las orientadas a minimizar las consecuencias adversas del uso indebido de drogas en los ámbitos social y de la salud pública, entre las que figuran programas adecuados de distribución de agujas y jeringuillas, la terapia de sustitución de opiáceos, la terapia antirretroviral y otras intervenciones pertinentes destinadas a prevenir la transmisión del VIH, la hepatitis viral y otras enfermedades de transmisión sanguínea relacionadas con el consumo de drogas. 

En cambio, el internamiento obligatorio en centros de tratamiento del abuso de drogas con frecuencia dificulta la ya problemática vida de las personas que consumen drogas y las que sufren drogadependencia, en particular las más jóvenes y vulnerables”. Hoy, es el Día Internacional dedicado a la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Se busca que se deje de estigmatizar a los consumidores.


En el país, crecen las voces a favor de las medidas de reducción de daño. En un ateneo de la Asociación Toxicológica Argentina, se trató su beneficio. Empezaron en los años setenta en Holanda y luego en Inglaterra. “Al principio la intervención de reducción de daños se usó para dar las jeringas a los usuarios y así evitar que compartieran las inyecciones y adquirieran infecciones como la hepatitis C y VIH”, recordó la toxicóloga Silvia Cortese. 

“El Estado debería incorporar las medidas de reducción de daño para evitar más muertes, como las 5 que ocurrieron durante la tragedia de Costa Salguero. En fiestas electrónicas se podría garantizar la hidratación, espacios de descanso, y hacer análisis de las sustancias. Hay pruebas científicas de que la reducción de daños es eficaz”, dijo Graciela Touzé, de Intercambios Asociación Civil. En tanto, Carlos Damin, el único argentino de la Red Científica Internacional de la Comisión de Drogas de Naciones Unidas, también opinó: “El Estado debería establecer una política de prevención y promoción de la salud, y la reducción de daños debería incorporarse para evitar que se mueran los que no pueden dejar de consumir”. 

En el Hospital Fernández de Capital, ya tratan a los consumidores de opiáceos con el fármaco legal metadona. Es una terapia de sustitución y está demostrado que los pacientes tienen menores tasas de mortalidad que los que abandonan el tratamiento convencional.

ALQUILER DE ÚTEROS

En el mundo, cada vez hay más restricciones

Donna Dickenson
Clarin.comOpinión26/06/16

El comercio mundial de niños nacidos por alquiler de úteros está siendo limitado lentamente. La India, Nepal, Tailandia y México han introducido medidas que limitarán o impedirán que los extranjeros contraten nativas como madres de alquiler. Parece que Camboya y Malasia harán lo mismo.

En una industria en la que la creencia popular hace mucho tiempo ha dejado de lado los intentos para “ir en contra del mercado”, este resulta un bienvenido avance. Los defensores acríticos de la biotecnología celebran que la tecnología haya dejado atrás la regulación gubernamental y sostienen que esto ha permitido que la ciencia avance libre de trabas. Pero la determinación de los países que históricamente han sido centros del alquiler de vientres para detener esta práctica resalta la candidez de esa postura.

No es coincidencia que los países que están tomando medidas enérgicas contra el alquiler de vientres transfronterizo sean aquellos en los que esta práctica se lleva a cabo. El argumento de que todas las partes -las madres de alquiler, los bebés y los padres que los encargan- se benefician gracias a la transacción no ha resistido un análisis riguroso.

Consideremos a la India, donde la industria del alquiler de vientres genera unos 400 millones de dólares al año; hasta hace poco funcionaban allí unas 3000 clínicas de fertilidad. Sin embargo, debido a la creciente preocupación porque el alquiler de vientres lleve al tráfico de personas y a la explotación de mujeres, las autoridades de la India han decidido que las preocupaciones éticas superan a los beneficios económicos.

La india aún debe completar su legislación en contra del alquiler de vientres, pero la forma en que evolucionó el debate desde la primera propuesta de ley en 2008 refleja el rápido cambio en la percepción de esta práctica. Los primeros borradores de la legislación en realidad fomentaban el alquiler de vientres y obligaban a las madres de alquiler a entregar a sus bebés. Debido a que según el derecho consuetudinario la mujer que da a luz al niño es legalmente su madre, esta cláusula hubiera resultado radicalmente favorable al alquiler de vientres.

Desde entonces, sin embargo, el foco de la discusión ha cambiado, a medida que aspectos desagradables de este comercio han salido a la luz. Por ejemplo, en un caso, Alemania -donde el alquiler de vientres es ilegal- se rehusó a aceptar a gemelos de un padre alemán provenientes de una madre de alquiler de la India, mientras que la India planteó objeciones para entregar una visa de salida al padre para que pudiera llevarse a los niños.

En octubre de 2015, el Ministro de Salud y Bienestar Familiar de la India, bajo presión de la Corte Suprema de ese país, declaró que el alquiler de vientres internacional era inconstitucional. El Consejo de Investigaciones Médicas envió una notificación a todas las clínicas, para que no “invitaran” a parejas extranjeras. Al mes siguiente, el Departamento de Investigación para la Salud prohibió la importación de embriones para su implantación en madres de alquiler, con lo cual este procedimiento resulta prácticamente imposible.

Existe el riesgo de que la drástica restricción internacional actual convierta al alquiler de vientres en una práctica clandestina. Pero ese riesgo no hace más que resaltar la necesidad de una legislación clara y estricta. Incluso si algunos de los deseosos futuros padres están dispuestos a violar la ley, la vasta mayoría se verá disuadida por las consecuencias, incluido el riesgo de que no se les permita quedarse con el bebé u obtener una visa para que salga del país.

El bando en favor del alquiler de vientres enfatiza los beneficios de la práctica, entre los que se cuentan la diversidad de opciones reproductivas y concesiones para el pluralismo sexual. Pero aunque esas puedan ser consideraciones genuinas e importantes, no se las puede poner por encima de la necesidad de evitar la explotación de algunas de las mujeres más vulnerables del mundo.

Donna Dickenson es profesora de Etica Médica y Humanidades de la Universidad de Londres.


 Copyright Project Syndicate, 2016.

EL JUZGADO NO ADMITE LA DEMANDA DE LOS GAY CONTRA EL CARD. CAÑIZARES


catolicos-on-line, 22-6-16

El juzgado de instrucción número dieciocho de Valencia no ha admitido la denuncia presentada por la Red Española de Inmigración contra el cardenal Antonio Cañizares por sus declaraciones sobre el «imperio gay» durante una homilía en la que glosaba el «bien preciado de la familia cristiana».

El instructor considera que las palabras de Cañizares están amparadas por la libertad ideológica y de expresión y no incitan al odio ni a la discriminación.

La entidad denunciante ha presentado recurso de apelación contra la no admisión, notificado el pasado 10 de junio. El Juzgado dará trámite al recurso y lo elevará a la Audiencia Provincial cuando la Fiscalía, donde se remitieron las diligencias tras acordar la inadmisión, devuelva la causa al instructor.

De acuerdo con fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el magistrado, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entiende que las declaraciones de Cañizares están amparadas por la libertad de expresión. A este respecto apunta que «la tolerancia con todo tipo de ideas, que viene impuesta por la libertad ideológica y de expresión, no significa condescendencia, aceptación o comprensión, sino solamente que las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente».

En la resolución se explica que cuando los hechos no revisten apariencia delictiva “debe procederse al archivo sin más (…) sin que, en consecuencia, se haya iniciado ningún tipo de investigación” con la finalidad de “evitar someter a una persona a un procedimiento penal sobre la base de denuncias o querellas temerarias y/o en base a hechos que manifiestamente no sean constitutivos de infracción penal”.

Según ha avanzado este jueves «Las Provincias», el magistrado ni tan siquiera ha llegado a abrir una investigación, al considerar que las palabras del arzbosipo de Valencia (que Cañizares ya había retirado como «no dichas» en un comunicado público) están amparadas por la libertad de expresión. Además, entiende que no los hechos denunciados no tienen apariencia delictiva.

Al margen de la denuncia de la Red Española de Inmigración que ha sido inadmitida, el colectivo Lambda presentó otra ante la Fiscalía el pasado 3 de junio al entender que «las declaraciones del arzobispo son palabras llenas de odio, homófobas y machistas, que sólo incitan al odio contra aquellas personas que no entramos dentro de los arcaicos modelos que defiende la jerarquía católica».

El ministerio público abrió diligencias de investigación penal el 13 de junio, aunque con posterioridad remitió la denuncia del colectivo de gays y lesbianas al juzgado al conocer que ya existía una causa abierta por los mismos hechos, que ya había sido archivada.


De acuerdo con fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el Juzgado archiva también el escrito de la Fiscalía remitido cuando ya estaba sobreseida la causa pero le da a Lambda la posibilidad de personarse y recurrir, como ya ha hecho Red Española de Inmigración.

DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE CULTO, SE TRATA



Por Carlos Alvarez Cozzi   

                                                                                                                                                                                     En las últimas semanas, como consecuencia de unas afirmaciones del Cardenal Cañizares en su diócesis de Valencia, los grupos LGTBI le formularon una denuncia penal por la comisión de presuntos delitos de incitación al odio contra los homosexuales. Como era de esperar, la Justicia no ha encontrado delito alguno en el legítimo ejercicio del ministerio del referido pastor de la Iglesia. Se trata simplemente de amparar la libertad de cultos y de expresión o de ceder ante la dictadura del relativismo. Y lamentablemente quien movilizan estos ataques son casi siempre los partidarios de la ideología de género.                                                                                                                                                     La reflexión que nos despierta esta ideología o perspectiva de género es que parecería olvidarse por la misma que la diferencia entre el sexo masculino y el femenino, de igual dignidad pero complementarios y no enfrentados, lleva a la unidad, a la comunión; no puede haber dominio de uno sobre otro, sino respeto a ambos en su singularidad e irrepetibilidad. Parecería olvidarse que todas las personas pertenecen al único género humano, cualquiera sea su sexo. La doctrina de la Iglesia es contundente sobre esta lamentable ideología destructora de la persona, la familia y la sociedad, tanto en el Catecismo como en el Compendio de Doctrina Social, así como en otros documentos del magisterio pontificio como “Dignitatis Mulieris” de San Juan Pablo II. Agregamos también a nivel latinoamericano, que en el No.40 del Documento de la Conferencia Episcopal del CELAM de Aparecida, se denuncia a esta ideología como contraria a la verdad de la dignidad humana, lesiva de las personas y de las familias.

Grupos de presión, iniciativas legislativas y medios de comunicación están siendo vehículo de esta ideología de género, una pretendida revolución cultural en toda regla.

Debe la opinión pública saber que para la ideología de género la sexualidad no se acepta «propiamente como constitutiva del hombre», sino que «el ser humano sería para esta concepción, el resultado del deseo de la elección», de manera que, «sea cual sea su sexo físico», la persona --sea mujer o varón--«podría elegir su género» y modificar su opción cuando quisiera: homosexualidad, heterosexualidad, transexualismo, etcétera. Por lo demás, supone la existencia de una lucha de sexos similar a la lucha de clases de la que habla el marxismo, como resulta de la concepción de Gramsci, en la que al parecer la mujer es la explotada y el hombre el explotador, lo que como mínimo luce como falso a todas luces dado el justo protagonismo de la mujer en todos los ámbitos sociales, desde hace muchos años.
Resulta evidente que el cambio cultural y social que el fenómeno conlleva es de gran alcance, dado que para esta ideología no existe naturaleza, no existe verdad del hombre, solo libertad omnímoda y caprichosamente arbitraria.


En esta pretensa revolución cultural el nexo individuo-familia-sociedad se pierde y la persona se reduce a individuo, y se constata, por lo tanto, el cuestionamiento radical de la familia y de su verdad --el matrimonio entre un hombre y una mujer abierto a la vida-- y de toda la sociedad.

Nuestro colega argentino, el Dr. Jorge Scala, experto en bioética, autor de muchos libros sobre bioética y derechos humanos, consultor temático además de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), ha dicho en forma prístina y con indudable precisión, que lo que busca esta ideología, mediante la modificación de legislación en materia de familia, es precisamente el cambio educativo y cultural.

Así, por ejemplo algo que es malo como la muerte de inocentes, (el crimen del aborto), deja de ser algo malo para esta ideología relativista y pasa a ser un “derecho de la mujer”. Como algo que es antinatural como el homosexualismo, pase a ser algo primero tolerado y luego algo “normal” y admitido en nuestra sociedad en nombre de la democracia y el pluralismo. Y así deber enseñarse en los colegios a los niños y jóvenes. A tal punto que la misma legislación de los países que ahora regula las uniones homosexuales, la adopción por homosexuales, la legalización del aborto, la ideología de género en leyes de “salud sexual y reproductiva”, la eutanasia, etc., pasa a considerar delito la crítica de la ideología de género y sus consecuencias. 

De manera que el relativismo pasa a ser la “dictadura del relativismo” como la concibe el Papa emérito Benedicto XVI y el P. Santiago Martín y los Franciscanos de María no nos cansamos en repetir. Esto determina que quienes critiquemos esta legislación podríamos ser incriminados por instigar al odio contra ese tipo de vida o contra el aborto, algo realmente insólito y demencial. Tenemos el derecho de hacerlo, expresando nuestro pensamiento con el debido respeto. O acaso somos los cristianos ciudadanos de segunda? Pensemos incluso en los sagrados pastores que podrían ser reprimidos en su legítimo ministerio si aluden a esta legislación consecuencia de la ideología de género aún dentro del ámbito eclesial. Es lo que precisamente han intentado con el Card. Caniñzares y con otros en los últimos tiempos.

La verdadera “laicidad” en un Estado democrático estriba en que si bien no existe a nivel oficial un pensamiento filosófico ni una religión oficial, ello es justamente para que todos podamos expresar nuestro pensamiento y practicar nuestro culto y no para se deforme en “laicismo”, es decir, en la afirmación de la imposibilidad de conocer ninguna verdad y en que todo es válido, relativo y subjetivo. Y que por tanto lo que se persigue y se silencia básicamente la manifestación pública del pensamiento trascendente como es el cristianismo. Por lo que la tal neutralidad del Estado así concebida lo que en verdad termina cercenando es la expresión pública del pensamiento trascendente, de los creyentes, como es notorio especialmente el caso de los cristianos que nos seguiremos negando como en los tiempos de Nerón a adorar a los dioses del sistema.

Sabiamente nos enseña San Juan Pablo II Magno que “cuando en una democracia se desprecia la virtud y se olvidan los valores, se están minando las bases de esa misma democracia”. Ella no es un fin en sí mismo sino un medio para asegurar la vida y la dignidad de las personas. Por ello, resulta paradójico que en nombre de la democracia y de lo “políticamente correcto” se pretenda imponer por la fuerza esta nefasta ideología de género.

Que la valentía de Santo Tomás Moro nos ayude a perseverar y a no temer a ningún tirano, porque siempre “es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres”.

Tomemos conciencia de este mal y luchemos contra el mismo por todos los medios, como los primeros cristianos lucharon contra los ídolos y hasta debieron sufrir el martirio por ello. Los nuevos Nerones ya nos han lanzado los leones.