Por Carlos
Gervasoni
Apenas consumada la
destitución de Fernando Lugo como presidente del Paraguay, la cuestión ya había
sido ampliamente interpretada en términos de "crisis de la
democracia" y hasta de "golpe de Estado", expresión usada por la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner (e, irónicamente, por el presidente
Hugo Chávez, un ex militar golpista).
Los países del
Mercosur y buena parte (pero no todos) de los de América del Sur acompañaron
esta interpretación de los hechos y amenazaron con aplicar las cláusulas
democráticas de las instituciones regionales.
La situación
paraguaya es demasiado grave como para analizarla sobre la base de eslóganes o
comparaciones apresuradas (por ejemplo, con los hechos ocurridos en Honduras,
en 2009, o en Venezuela, en 2002). Los líderes regionales que recurren al
paradigma interpretativo golpista deberían evitar repetir el apresuramiento
que, razonablemente, les atribuyen a los legisladores paraguayos. Se requieren
decisiones basadas en hechos y en potenciales consecuencias.
Fernando Lugo fue
destituido por el Congreso -un poder de gobierno elegido democráticamente-
mediante un juicio político, procedimiento previsto en la Constitución
paraguaya. El artículo 225 permite a la Cámara de Diputados acusar al presidente con una
mayoría de dos tercios y al Senado declarar su culpabilidad por una mayoría
absoluta de dos tercios.
Estas mayorías
agravadas fueron ampliamente superadas: el 95% de los diputados y el 87% de los
senadores apoyaron el procedimiento de destitución, lo que reveló un altísimo
nivel de consenso político (lo cual no excusa la inusual e imprudente, pero
prima facie no ilegal, celeridad del proceso). Lugo fue sucedido, siguiendo el
mandato constitucional, por su vicepresidente. Finalmente, debe recordarse que
el proceso se originó en un gravísimo hecho: la muerte de 17 personas durante
un enfrentamiento armado entre campesinos y policías por el desalojo de tierras
ocupadas.
Debería también
tenerse en cuenta la reveladora actitud del principal afectado: Lugo expresó el
día antes de su destitución que se sometía "con obediencia a la Constitución " y
"a enfrentar el juicio político con todas sus consecuencias", y luego
acató su condena, criticando pero aceptando "la decisión del
Congreso".
La democracia es un
conjunto de procedimientos, no de resultados. A veces esos procedimientos
producen resultados que nos caen antipáticos. La diplomacia sudamericana que
opera en Asunción corre el riesgo de debilitar la democracia en nombre de la
democracia. Cuando faltan diez meses para las próximas elecciones
presidenciales en Paraguay, parece más adecuado centrar la acción en asegurar
una legal y pacífica transición hasta allí que en cuestionar la decisión
indudablemente desprolija y apresurada, pero constitucional y abrumadoramente
mayoritaria, de un poder democráticamente electo.
La joven y frágil
democracia paraguaya difícilmente pueda prosperar tironeada entre sus decisiones
domésticas soberanas y la presión de los muchos y comparativamente poderosos
Estados que la rodean..
