POR ISMAEL BERMÚDEZ
El viernes, la ANSeS informó que el 58% de
su presupuesto proviene de aportes y contribuciones y el 42% de impuestos que
paga toda la población, lo que justificaría –dice- que una parte de sus fondos
se destinen al pago de beneficios y gastos que no tienen un financiamiento
propio o específico.
Sin embargo a
principo de los 90, según el “Libro Blanco de la Previsión Social ”
elaborado por el Ministerio de Trabajo, cuando el sistema era enteramente
público como ahora, “se financiaba con más del 76% de recursos de carácter
contributivo (aportes y contribuciones)”. ¿ Por qué bajó en semejante magnitud
la porción de los aportes y contribuciones? Básicamente, por dos causas: s e
redujeron las contribuciones patronales , que aún hoy se mantienen varios
puntos por debajo de las que existían a inicios de los 90, y se agrandaron los
gastos y beneficios que no tienen un financiamiento propio y se cargan sobre la
de la ANSeS.
Por eso se cedió al
organismo la recaudación de parte de varios impuestos , que así son recursos
propios de la
Seguridad Social , salvo que se decida restituir la
contribución patronal en sustitución de esos ingresos. El argumento oficial
pierde peso.
Pero más allá del
origen de los fondos, se incrementaron los diversos pagos que se hacen a través
de la ANSeS que
no tienen un aporte contributivo propio y que otorgan otros Ministerios u
organismos. Por ejemplo, l os $ 17.500 millones anuales de las pensiones no
contributivas (las otorga Desarrollo Social) así llamadas porque no tienen un
financiamiento propio. Esas pensiones en 2001 eran 300 mil y ahora suman 1,1
millón.
Lo mismo pasa con los
déficits de más de $ 20.000 millones de las Cajas Provinciales no transferidas
o la de las FF.AA. y de Seguridad. O con la Asignación Universal
por Hijo, creada por la administración Kirchner: son $11.691 millones que no
tienen una base contributiva propia, ya que se afrontan con los intereses del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en lugar de capitalizar al propio Fondo.
A todo eso se suman $ 1.300 millones para planes de empleo y el Plan Conectar
Igualdad, de computadoras para estudiantes, presupuestado en $ 3.223 millones.
Se podría argumentar
que los intereses del FGS son ganancias y quedan fuera del Fondo, y así pueden
ser usados por el Tesoro. Pero ese FGS está compuesto de bonos, acciones,
plazos fijos que en su mayoría provienen del proceso de estatización de las
AFJP de 2008. Y como el FGS corresponde a los aportes de los trabajadores que
fueron a las AFJP , son también un recurso propio de la Seguridad Socia l,
no de rentas generales.
La semana pasada, la Corte Suprema intimó
a la ANSeS que
le informe en 30 días sobre la composición del FGS y los desembolsos del
organismo, así como sobre la cantidad de juicios que afronta. Es que el
organismo carga también con un gran pasivo: los cientos de miles de demandas de
jubilados y pensionados que reclaman por la mala liquidación de sus haberes. La Corte requirió esa
información para decidir si extiende o no a todos los jubilados los reajustes
de haberes ordenados por la propia Corte en los casos Badaro, Eliff y otros. La ANSeS ya avisó que si se
extiende esa doctrina a quienes les corresponden – un millón de jubilados- el
sistema colapsaría . Según sus cálculos, extender el “caso Eliff” le demandaría
$ 23.000 millones anuales.
Según el Defensor de la Tercera Edad , Eugenio
Semino, hoy hacer frente a la generalización del caso Badaro, “le implicaría a la ANSeS un desembolso de $
17.000 millones anuales , sin sumar las retroactividades. Dicen que no lo
pueden pagar, pero es menos de lo que piensan usar para el PROCREAR”.
Clarín, 17-6-12
