Días atrás, una
adolescente de 16 años amparada por sus padres, solicitó que le practicaran un
aborto en el Hospital de El Calafate, Santa Cruz, donde vive. El embarazo que
cursa era, supuestamente, producto de una violación. La secretaria de
Desarrollo Social del Municipio, Norma Costa, acompañó a la joven y a su
familia en el reclamo.
Los médicos del
Hospital se negaron a practicar el aborto y la oficina de Protección a la Niñez y Adolescencia del
Municipio hizo una presentación para evitar que el caso se judicialice. El juez
de instrucción penal Carlos Narvete, haciéndose eco del pronunciamiento de la Corte en el caso “F., A. s/
medida autosatisfactiva”, desestimó la judicialización y exhortó al director
del hospital local y al ministro provincial de Salud, Daniel Peralta, “a hacer
operativo en forma urgente el protocolo hospitalario para la concreta atención
de los abortos no punibles”, enmarcando en ellos el caso de la joven.
Se supo después que
los padres de la menor retiraron el pedido de aborto, aduciendo que tenían que
viajar a Bolivia por la grave enfermedad de un familiar; pero, según informó
ayer Ahora Calafate, el motivo fue otro.
Previo a la renuncia,
la adolescente tuvo una entrevista con una psicóloga del juzgado de instrucción
penal. Se hizo una “cámara Gesell” y al final de la misma, la joven admitió que
nunca existió la violación, habría tenido una relación consentida, con un
adulto del entorno familiar, con el que no tiene lazos de sangre.
Los funcionarios
judiciales le contaron a los padres la verdadera historia, advirtiéndoles que
el caso no encuadraba en los llamados “abortos no punibles”, por lo que la
práctica configuraría delito. Los padres renunciaron a la solicitud y viajaron
a Bolivia.
El caso sirve para
reflexionar acerca de la ligereza con que, con la sola presentación de una
simple declaración jurada y la invocación del inicuo pronunciamiento de la Corte , se puede matar en la Argentina.
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NOTIVIDA, Año XII, Nº
835, 13 de junio de 2012
