Por Nelson
Fernández
La pastera UPM (ex
Botnia) volvió a ser centro de batalla entre Uruguay y la Argentina, con duras
acusaciones públicas cruzadas acerca de los controles ambientales conjuntos que
ordenó la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
En Uruguay, donde por
decisión política del presidente José Mujica se extreman los cuidados en la
relación bilateral, esta vez no se ocultó el malestar generado por las palabras
del vicepresidente de la delegación argentina ante la Comisión Administradora
del Río Uruguay (CARU), Héctor Rodríguez, que en Gualeguaychú abrió sospechas
de contaminación por la pastera.
Rodríguez dijo que el
gobierno uruguayo está "violando" el mandato del Tribunal de La Haya
en torno del control compartido de la pastera UPM, ya que ha modificado
"unilateralmente" las reglas que debe cumplir la empresa. El delegado
del gobierno de Cristina Kirchner ante la CARU dijo que "hay una actitud
muy tozuda desde el Uruguay".
El Ministerio de
Relaciones Exteriores de Uruguay respondió anoche con un comunicado que lleva
la firma de la delegación uruguaya ante la CARU y se preocupó por aclarar que
su actitud ha sido siempre de "transparencia" en los datos de
controles ambientales. También resaltó que la Argentina obstaculizó la
divulgación de esos estudios y que la fábrica de UPM no genera contaminación.
Rodríguez había
acusado a Uruguay de haber cambiado unilateralmente "el parámetro de
temperatura de agua en sus efluentes" y que eso fue "para favorecer a
(la ex) Botnia". Añadió que eso se hace "en violación del mandato de
la sentencia" internacional de la Corte de La Haya. "Tan a favor de Botnia
es que no se modifica el parámetro de temperatura de agua para todo el curso
del río Uruguay, sino solamente y exclusivamente para los efluentes de
Botnia-UPM", subrayó Rodríguez. El representante argentino dijo que el
gobierno de Mujica aplica "una continuación en la estrategia de los hechos
consumados".
Estas palabras
cayeron mal en Montevideo y se evaluó que correspondía "una respuesta
firme y contundente", según dijeron a LA NACION fuentes del gobierno
oriental.
Para mostrar la
voluntad de divulgación de los controles ambientales, Uruguay divulgó un tramo
del acta de la reunión del 16 de septiembre de 2011, que sostuvo: "Para la
delegación uruguaya los tiempos previstos ya están cumplidos y sobrepasados,
por lo cual entiende que, cumpliendo con los procedimientos establecidos, las
conclusiones sobre los respectivos monitoreos deben hacerse de público
conocimiento, sin más dilaciones". El comunicado oficial agregó que ante
ese planteo "la delegación argentina no prestó su conformidad".
Sobre la posibilidad
de que la ex Botnia genere impacto negativo en el ambiente, el comunicado fue
contundente: "No existe ningún dato serio y consistente que demuestre esa
presunta contaminación, como tampoco existió durante el diferendo iniciado por
la Argentina ante la Corte Internacional".
Para que no quedaran
dudas de la postura uruguaya, la declaración determinó que "luego de cinco
años de funcionamiento de la planta todos los controles que realiza la
autoridad nacional competente siguen demostrando que los parámetros
medioambientales se ajustan a los límites autorizados"..
La Nación, 6-6-12
