Daniel Zovatto*
En su reciente visita
a Córdoba, Ernesto Laclau señaló: “[...] es muy antidemocrático que la gente no
tenga la opción de reelegir por un impedimento institucional. En Europa, los
primeros ministros –excepto en Francia, que es un cargo no electivo– pueden ser
reelegidos indefinidamente en la medida en que sus propios partidos confirmen
sus liderazgos y en la medida en que la gente los vote. Y nadie habla de que
hay un peligro antidemocrático”. Lo dijo en una entrevista publicada por este
diario el pasado domingo 17.
Difiero de manera
sustancial de la opinión de Laclau. En sistemas presidenciales como el
argentino, lo verdaderamente antidemocrático es la reelección indefinida, no su
prohibición.
Antes de entrar en el
tema, definamos qué entendemos por reelección en un sistema presidencial, para
evitar confusiones. En palabras de Dieter Nohlen, la reelección es “el derecho
de un ciudadano (y no de un partido) que ha sido elegido y ha ejercido una
función pública con renovación periódica de postular y de ser elegido una
segunda vez o indefinidamente para el mismo cargo: titular del Ejecutivo”.
La reelección puede
estar permitida o prohibida en términos absolutos o relativos y, como tal, da
lugar a cuatro fórmulas principales y a una variada combinación entre ellas:
1)
reelección indefinida;
2) reelección inmediata y prohibición de la reelección
para períodos siguientes;
3) prohibición de la reelección inmediata y
autorización de la reelección alterna, y
4) prohibición absoluta de la
reelección.
En América latina, 14
de los 18 países (excluido Cuba) regulan la reelección en sus diversas
modalidades, pero sólo Venezuela la permite de manera indefinida, si bien este
país contempla la posibilidad de un referéndum revocatorio para el presidente
de la República.
A favor y en contra.
Respecto a la conveniencia o el perjuicio de la reelección, existe un debate de
nunca acabar, en el que suelen surgir confusiones importantes (como aquellas en
las que incurre Laclau), al no distinguir adecuadamente entre sistemas
presidenciales y parlamentarios, sobre todo en relación con la reelección
indefinida.
En mi opinión,
mientras la reelección indefinida no es antidemocrática en un sistema
parlamentario (por sus características propias), en un sistema presidencial sí
lo es.
Los defensores de la
reelección indefinida argumentan que esta permite aplicar un enfoque más
“democrático”, ya que posibilita a la ciudadanía elegir con mayor libertad a su
presidente y responsabilizarlo por su desempeño, premiándolo o castigándolo
según sea el caso. “En la medida en que sus propios partidos confirmen sus
liderazgos y en la medida en que la gente los vote”, para Laclau ello no es
antidemocrático.
Esto es cierto en un
sistema parlamentario, reitero, pero no así en uno presidencial, ya que en este
último la reelección indefinida refuerza la tendencia hacia el liderazgo
personalista y hegemónico inherente al presidencialismo y expone al sistema
político al riesgo de una “dictadura democrática” o bien a una dictadura a
secas.
Las nefastas
experiencias reeleccionistas de Anastasio Somoza, en Nicaragua; Alfredo
Stroessner, en Paraguay; y Joaquín Balaguer; en República Dominicana, así lo
testimonian.
Además, suele atentar
contra los principios de igualdad, equidad e integridad en la contienda
electoral, al dar lugar a un ventajismo indebido a favor del presidente en
funciones, en desmedro de los demás candidatos. La actual campaña electoral
venezolana es un claro ejemplo de esta patología.
Las conclusiones de
un reciente seminario sobre el tema señalan que, en numerosos casos, la figura
de la reelección presidencial en América latina se ha caracterizado por ser más
desafortunada que afortunada, puesto que ha servido para que algunos
gobernantes pretendan permanecer de modo indefinido y hasta perpetuarse en el
poder, ya sea por sí o por otros. Los casos de Carlos Menem, en la Argentina ; Alberto
Fujimori, en Perú; Álvaro Uribe, en Colombia; y Hugo Chávez, en Venezuela;
entre otros, así lo confirman.
En dicho seminario
hubo consenso, asimismo, en que los riesgos asociados con la reelección
presidencial suelen estar directamente relacionados con el grado de
institucionalidad de cada país: en aquellos con institucionalidad fuerte, los
riesgos de una desviación patológica son menores, y son mayores en aquellos
países con institucionalidad débil.
La institucionalidad
fuerte se caracteriza por la existencia tanto de poderes públicos independientes
del Ejecutivo, sobre todo el Poder Judicial, así como por un sistema de
partidos políticos competitivos e institucionalizado.
Por otro lado, como
lo demuestra la experiencia comparada latinoamericana, en países con
institucionalidad débil la reelección indefinida, e incluso la inmediata, del
presidente ha servido para concentrar el poder político en el Ejecutivo, con
grave afectación al principio de división de poderes y sobre todo a la
independencia de los órganos del poder público, a los cuales les corresponden
funciones de control tanto jurisdiccional como político. Venezuela, Ecuador y
Nicaragua son algunos ejemplos de esta tendencia.
Reflexión final.
En
el caso argentino, introducir la reelección indefinida en el sistema
presidencial actual además de antidemocrático podría llegar a ahondar la
distancia abismal que ya existe entre el partido gobernante y el principal
opositor, exponiendo a la democracia, como bien señala Rodolfo Terragno, al
abuso de poder y a la falta de alternativa. Abuso que suele derivar en
“dictadura de la mayoría”, la cual quebranta los derechos del resto de la
población y genera, al mismo tiempo, una hegemonía del partido gobernante que
impide el control y el cambio.
Por ello, si lo que
se busca, vía la reelección indefinida de un mismo personaje, es intentar
asegurar la continuidad de un proyecto político, entonces la alternativa es
transitar de un sistema presidencial a uno parlamentario.
De este modo, se
quitaría el carácter antidemocrático a la reelección indefinida. Pero para ello
sería necesario reformar la
Constitución (como hizo Menem en 1994, al introducir la
reelección inmediata en beneficio propio) para “acomodarla” a los intereses de
la gobernante de turno y al servicio de la continuidad de su proyecto político
(“Cristina eterna”). Y ello sería igualmente antidemocrático y peligroso para
nuestra democracia.
Mi opinión es que la
consolidación de nuestra democracia no se obtendrá a través de líderes
“indispensables” perpetuados en el poder vía reelección indefinida. El camino a
seguir es otro: mediante la participación madura y activa de los ciudadanos;
con instituciones legítimas, transparentes y eficaces; con la existencia de un
sistema de frenos y balances entre los poderes y con una sólida cultura cívica.
Sospecho que estos
mismos argumentos fueron los que pesaron en mandatarios que, aun contando con
altos niveles de popularidad (Tabaré Vázquez, en Uruguay; Lula, en Brasil;
Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, en Chile, entre otros) decidieron
acertadamente no cambiar las reglas de juego para eternizarse en el poder.
Ya lo dijo el ex
presidente Lula: “Cuando un líder político empieza a pensar que es
indispensable y que no puede ser sustituido, comienza a nacer una pequeña
dictadura”.
*Director regional de
Idea Internacional para América Latina y el Caribe
