Por Adrián Ventura
Desde hace años, el
Poder Ejecutivo, sin acceso al crédito internacional y sin voluntad alguna de
bajar el gasto, decidió "vivir con lo nuestro" y comenzó a
financiarse con distintas cajas.
Así, comenzó a echar
mano de los recursos del Banco Nación; de las reservas del Banco Central; de
los fondos de la APE
que, en rigor, pertenecen a los trabajadores y sindicatos; o de los dineros de la Anses , que toma a cambio de
entregarle al Fondo de Garantía de Sustentabilidad unos pagarés (porque de eso
se tratan los títulos de la deuda). Ahora, el 58 por ciento de la cartera de la Anses está invertida en
títulos cuyo rendimiento no siempre es óptimo.
Sin duda, la
responsabilidad final no es de Diego Bossio. Hace un año, en un primer informe
que había presentado ante el tribunal, el joven funcionario explicó que no
podía pagar cientos de miles de juicios previsionales que los jubilados
hicieron y le ganaron al Estado porque sólo una parte de los recursos del FGS
se aplican con esos fines. El resto, aclaró, se destina a financiar otros
programas, como la
Asignación Universal por Hijo, la construcción de viviendas u
obras públicas.
Cualquiera puede
aceptar que se tratan de programas sociales muy loables. Lo que es más difícil
de entender es que se financien con los dineros del sector social más débil,
los jubilados. Pero el populismo se nutre de promesas y las promesas se pagan
con dinero. El líder carismático no repara en detalles; sólo sueña con hacer su
historia.
Con todo, hay dos
cuestiones para mirar de cerca. Una: Bossio, que se empeñó en ignorar las
explicaciones que le pedía la
Corte , podría haber aprovechado los últimos meses para
mejorar el desempeño de la Anses
y el pago de sentencias. Pero no lo hizo.
Ahora, su impericia
para capear una tormenta dio paso a este huracán: la Corte ya no se conforma con
pedirle datos sobre los pagos de juicios previsionales, sino que pretende
hacerle una tomografía computada a toda la Anses.
Es probable que el
Gobierno, como ocurrió con otros fallos, haga oídos sordos. Pero el desempeño
de Bossio casi seguramente disgustará a Cristina Kirchner.
El segundo dato es
también inquietante: el Gobierno se empeña -lo manifestó públicamente la Presidenta , en
distintos actos públicos- en lograr que los jueces paguen el Impuesto a las
Ganancias y recorten sus jubilaciones.
Nunca en la historia
argentina un gobierno logró torcerles el brazo a los magistrados en este punto.
Si bien en la Corte
algunos jueces admiten que debería pagarse Ganancias, los magistrados son los
más celosos guardianes de esas garantías que de cualquier otro derecho y leen
aquellas pretensiones oficiales como un ataque a su independencia.
Ningún juez lo
admitirá, pero se puede sospechar que la decisión de la Corte de reclamar a la Anses la identidad de todos
los beneficiarios de jubilaciones especiales apunte a encontrar que en el Poder
Ejecutivo o en el Congreso también hay funcionarios que reciben haberes o
pensiones elevadas. ¿Por qué un presidente o un ministro deberían cobrar más? La Corte quiere solucionar las
causas previsionales. Pero también tropieza con las arbitrariedades del poder..