Doble aval de la Justicia de Córdoba a
Monsanto
El 25 de mayo de este
año, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba revocó la medida cautelar que
había suspendido por dos meses la construcción de la planta de la empresa
agroindustrial, Monsanto. La posición del máximo tribunal de Córdoba no dejó
dudas: mientras sea el Estado el garante del funcionamiento ajustado a las
normas ambientales de la planta, no habría problemas para su avance. Pero en la
argumentación de la revocatoria, los magistrados fueron más allá y
relativizaron las protestas sociales de los vecinos y organizaciones que se
oponen a la instalación en la localidad de Malvinas Argentinas. “(La denuncia)
se trata de una verosimilitud aparente, que se encuentra apoyada más sobre un
imaginario colectivo de amenaza que sobre indicios concretos que permitan
colegir dicho riesgo”, rezaba la resolución judicial.
A un mes exacto de
esta decisión que permitió a los directivos de la compañía internacional
proveedora de insumos para la agricultura a iniciar los trabajos con objetivo a
su pleno funcionamiento en 2014, la
Cámara del Trabajo de la primera circunscripción judicial,
integrado por su titular Nancy El Hay, dictó una sentencia en un litigio
laboral, iniciado por daños y perjuicios ocasionados por una enfermedad
profesional, en sintonía al posicionamiento que expresó el TSJ que habilitó la
instalación de Monsanto.
En la causa iniciada
por Rodrigo Idela Álvarez, contra Consolidar ART y la Tabacalera Riojana
S.A. (expediente 110005; sentencia nº 51), el demandante exige una
indemnización ecónomica argumentando que su incapacidad del 75 por ciento,
producto de una leucemia mieloide crónica, es la consecuencia directa de la
manipulación ocasional de un liquido de fumigación fabricado por Monsanto
(Roundup/glifosato más agregados).
En resumidas cuentas,
la Justicia
no hizo lugar y falló a favor de la empresa empleadora en virtud de los
antecedentes clínicos del querellante, el estricto sistema de control y
seguridad en el trabajo de la tabacalera y un informe presentado por los
abogados de los demandados que respaldó científicamente la imposibilidad de que
el glifosato cause enfermedades de tipo oncológicas. Los letrados probaron con
estudios médicos y opiniones de profesionales y especialistas de la provincia
que la dolencia de Idela Vázquez nada tiene que ver con la manipulación de
agroquímicos como parte de su tarea en un campo de olivos.
Los abogados de la
tabacalera representada, Oscar Agost Carreño y Darío Rossi, aseguraron que el fallo “demuestra que el tema ‘sí a
Monsanto’ o ‘no a Monsanto’ es una puja política”. “El fallo probó que una
persona necesita más de 20 años de contacto directo con el producto para
desarrollar cáncer, si es que eso sucede. La información oficial disponible
acerca del glifosato indica que este no es un producto peligroso para la salud
humana, salvo que este sea ingerido accidental o incidentalmente”, precisó
Agost Carreño.
Y continuó: “Todo
esto se probó con documentos de organismos oficiales y con opiniones de
especialistas de la provincia y el país. Son opiniones difundidas en el mundo
académico, pero sucede que ningún especialista decide jugarse lo suficiente por
temor a quedar asociado por una las multinacionales que despiertan más
polémica”.
El marco teórico que vertebró la investigación
judicial no es otro que la
Resolución 350/99 del SENASA, en donde se advierte que “el
principio activo glifosato en su uso normal está dentro del grupo de activos de
improbable riesgo agudo. El
glifosato está clasificado en la
Categoría de Menor Riesgo Toxicológico (Clase IV), es decir,
productos que normalmente no ofrecen peligro, según el criterio adoptado por la Organización Mundial
de la Salud
(OMS) y la FAO ”.
El documento también esclarece que “distintas formulaciones de glifosato se han
utilizado comercialmente en agricultura en los últimos 33 años en todo el
mundo, lo cual permite confirmar el historial de seguridad de este herbicida”.
En la actualidad, las formulaciones de glifosato se
comercializan en más de 140 países. No existen al momento, en Argentina o en el
mundo, estudios científicos serios que cuestionen o invaliden ninguno de los
múltiples estudios realizados, según advierte el organismo responsable de
garantizar y certificar la sanidad y calidad de la producción agropecuaria,
pesquera y forestal.
Monsanto ya cuenta
con dos avales de la Justicia
de Córdoba en tan sólo un mes. Uno general, que permitirá el desarrollo fabril
de la firma proveedora de productos para la agricultura y semillas
genéticamente modificadas. Otro particular, que sienta jurisprudencia que será
de referencia para futuras presentaciones judiciales que inicien los presuntos
damnificados por su proximidad a la planta.
Diario Alfil, 4-7-13
