Por Gabriela Richard*
Las adicciones son un
gran problema, tal como lo expresan una vez más las conclusiones del Barómetro
de la Deuda Social
correspondiente a 2014, confeccionado por la Universidad Católica
Argentina.
La prevención, en
tanto dimensión fundamental de las políticas públicas para un abordaje eficaz,
no ha fracasado. Simplemente no se ha realizado. O al menos no se ha realizado
bien. Es necesario analizar este déficit para poder superarlo.
Como aporte en este
sentido, resulta relevante el siguiente dato: hace 28 años, en 1986, se
sancionó la ley nacional número 23.358, destinada a implementar acciones de
prevención de adicciones para niños y adolescentes. Dicha ley está vigente,
pero guardada en algún cajón, sin cumplir la función para la cual fue creada.
¿Por qué tanta
indiferencia frente a un problema que genera vulnerabilidad, exclusión y
sufrimiento? Para salir de este letargo, independientemente de los vaivenes de
la política nacional, sería necesario que la Provincia de Córdoba
adhiriera a ella y le asignara presupuesto a fin de que pueda implementarse
(téngase en cuenta que la mención de la prevención en la Ley de Educación Provincial es
muy somera, y hasta el momento no se ha traducido en programas educativos
específicos que incluyan a los niños).
Con ella se
garantizaría la accesibilidad a herramientas de salud básicas, brindadas
obligatoriamente en escuelas primarias y secundarias.
Existe plena
evidencia acerca de que el consumo de sustancias psicoactivas es una práctica
no saludable, aspecto que torna imprescindible el educar para la toma de
decisiones responsables, de modo que los chicos puedan ejercer de forma plena
el derecho a la salud, cuestionando falsas creencias difundidas por ciertos
medios, tales como que la que afirma que el hecho de que un niño consuma drogas
puede no ser problemático.
La mesa de gestión
del Observatorio de Políticas Públicas en Salud y Adicciones
–creada por Fundación ProSalud el Día Mundial dela Prevención de
Adicciones– se encuentra abocada a facilitar la actualización del marco legal,
de modo que garantice a niños y adolescentes el ejercicio de sus derechos
básicos a la salud y la identidad.
–creada por Fundación ProSalud el Día Mundial de
En ese marco, se
cuenta con la colaboración de la
Defensoría de Niños y Adolescentes y de funcionarios del
Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba. Ellos se han comprometido ante jóvenes
cordobeses y autoridades de instituciones educativas y sanitarias a apoyar
acciones legislativas que permitan obtener resultados concretos en materia de
prevención de adicciones en el transcurso de 2014. Si bien una ley no garantiza
transformaciones de fondo, probablemente ayude a construir un escenario que las
propicie.
Es preciso fortalecer
las instituciones que tienen capacidad real de adelantarse al agravamiento del
problema y accionar para prevenirlo. Bien hace el Poder Judicial en juzgar a
funcionarios corruptos que fueron funcionales al narcotráfico, como por ejemplo
el extitular de la
Secretaría Nacional de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
(Sedronar).
Legisladores y
funcionarios del Poder Ejecutivo deben hacer su tarea en este sentido. La
participación ciudadana, en todas sus formas, es la principal herramienta para
frenar el adormecimiento que genera el avance de un fenómeno con capacidad
probada para destruir el entramado social.
*Psicóloga, docente
UNC y UNC, directora de Fundación ProSalud
