By Rebecca Oas, Ph.D.
NUEVA YORK, 4 de
julio (C-FAM)
«El lunes, la Corte Suprema
decidirá si las empresas pueden negar a las mujeres el acceso a la
anticoncepción».
Así decía un tweet de
Sandra Fluke, la abogada que se hizo infame por exigir que la facultad de
derecho católica a la que asistía pagara sus anticonceptivos (postura
respaldada por el gobierno de Obama y que se refleja en las iniciativas de
ayuda al exterior).
En su lugar, la Corte Suprema de los
Estados Unidos defendió el derecho de los empleadores a negarse a proveer
anticonceptivos abortivos por motivos religiosos. Informes notaron el fácil
acceso que Sandra tenía a los anticonceptivos (a 9 dólares por mes, a cuadras
de su universidad) sin necesitar que otros pagaran por ellos.
Defensores de la
planificación familiar y del aborto a menudo utilizan el concepto del acceso
para justificar que se imponga el cumplimiento a empleadores, a proveedores de
servicios sanitarios y a contribuyentes. Para algunos, el acceso está por
encima de todo y no se tolera el disentimiento.
«El ejercicio de [la
objeción de conciencia] puede exacerbar la falta de acceso a la atención de
abortos al reducir aun más el grupo de proveedores», escriben Christian Fiala y
Joyce Arthur en un artículo reciente que arremete contra el derecho de
conciencia de los médicos. Sostienen que, a causa del estigma, incluso los
médicos que apoyan el aborto legal se niegan a practicarlo. «[P]ermitir cualquier
grado» de objeción de conciencia para los médicos exacerbaría la escasez de
proveedores.
En otras palabras, el
derecho de una mujer a acceder al aborto libre incluye forzar a cualquier
médico a proveerlo, sin excepción.
El gobierno de Obama
da alta prioridad a que se garantice el acceso a los anticonceptivos en los
Estados Unidos y en el exterior. A comienzos de este año, el presidente Obama
presentó su presupuesto para programas mundiales de salud correspondiente al
año fiscal 2015. La planificación familiar fue una de solo dos áreas en las que
se incrementó el presupuesto requerido.
La directora del
gigante del aborto Planned Parenthood recibió con agrado el anuncio
presupuestario formulándolo en términos de acceso. «Para fortalecer nuestras
relaciones laborales con socios de todo el mundo, así como nuestra imagen, los
Estados Unidos debemos ampliar el acceso a la planificación familiar», dijo
Cecile Richards, cuya agrupación se beneficia económicamente de anticonceptivos
obligatorios o subvencionados por el gobierno.
Para reclamar más
financiamiento se ataca con una estadística frecuentemente citada de 222
millones de mujeres del mundo en desarrollo que tienen «necesidad insatisfecha»
de anticonceptivos modernos. Los grupos de presión equiparan esto con la falta
de acceso. No obstante, informes del Instituto Guttmacher revelan que solo el
8% o menos de las mujeres que se dice que tienen «necesidad insatisfecha»
mencionan la falta de acceso o el costo como motivo para no usar
anticonceptivos modernos.
Aunque el acceso
prácticamente universal a la planificación familiar se ha logrado incluso en
los países más pobres, el útil concepto de «necesidad insatisfecha» está lejos
de ser retirado. «Las declaraciones de políticas habitualmente dan por hecho
que la falta de acceso a los servicios es la causa de la necesidad
insatisfecha», escriben John Cleland, Sarah Harbison, e Iqbal Shah en un
artículo reciente de la revista científica Studies in Family Planning, citando
como ejemplo el Objetivo de Desarrollo del Milenio que exige el «el acceso
universal a la salud reproductiva». No obstante, la «proximidad física es solo
un componente del acceso y probablemente no sea el más importante».
La información
muestra cada vez más que la «necesidad insatisfecha» refleja con mayor
fidelidad la visión de los defensores de la planificación familiar que la de
las mujeres en sí. Pese a la disponibilidad de anticonceptivos, las mujeres
optan por no usarlos y a menudo mencionan preocupación ante efectos
secundarios. Aunque Cleland y sus colegas atribuyen algunos temores a
información errónea, admiten que en países donde el uso de anticonceptivos es
habitual, «es más probable que estas inquietudes se basen en la experiencia
personal que en las ideas».
Con acceso físico a
los anticonceptivos prácticamente universal, los defensores ahora están pasando
a lo que ellos denominan «acceso psicosocial (es decir, la aceptabilidad de la
anticoncepción y de los servicios asociados)». Este enfoque va camino al
enfrentamiento con quienes en el extranjero consideran que el aborto es
inaceptable por motivos culturales o religiosos.
Puede que sus
dirigentes imiten el ejemplo de la Corte Suprema de los Estados Unidos y declaren
que la libertad religiosa no puede dejarse a un lado en nombre del acceso por
encima de todo.
Traducido por Luciana
María Palazzo de Castellano
