La comercialización
de drogas ilegales es un fenómeno cada vez más visible para los habitantes de
distintas ciudades argentinas, incluida Córdoba.
Según el Barómetro de
la Deuda Social
2014, que elabora la
Universidad Católica Argentina, el 41 por ciento de los
encuestados aseguró que, durante 2013, en su barrio se vendieron, traficaron o
intercambiaron estupefacientes.
En la medición
anterior, de 2010, apenas un 30 por ciento de las personas tenía esa
percepción. De modo que en estos últimos tres años ha aumentado casi un 30 por
ciento la proporción de ciudadanos que observa esta práctica ilegal en las
proximidades de su domicilio.
Por supuesto, la
percepción no es pareja en toda la trama de una ciudad cualquiera. Los datos
demuestran que quienes viven en villas de emergencia y observan de manera
asidua este comercio ilegal en su barrio triplican a quienes viven en barrios
de nivel socioeconómico medio y dan testimonio de estas conductas.
Eso no es todo, ya
que donde existe comercio de drogas ilegales hay mayor conflictividad y
violencia, de modo que se da una mayor inseguridad, sea efectiva o subjetiva,
dos indicadores que también aumentaron desde 2010.
La venta de
estupefacientes se ha convertido en no pocos casos, aunque cueste reconocerlo,
en la alternativa laboral de muchas familias. Y cuando abundan los puntos de
venta cercanos unos de otros, se producen disputas por el territorio. Es que,
dada la facilidad para conseguir la sustancia deseada, aumenta el consumo, lo que
hace crecer las ganancias, y eso vuelve más rentable la “plaza”. Luego, quien
demuestre tener el poder para asegurarse su dominio, se garantiza esa renta.
A su vez, hay jóvenes
y no tan jóvenes que delinquen para hacerse del dinero que les demanda su adictivo
consumo.
Estas dos caras de la
moneda explican el aumento de la violencia en ciertos puntos de la ciudad: unos
la ejercen para poder vender; otros, para poder comprar.
Mientras tanto, la
pregunta que se impone es qué plan tiene el Estado para enfrentar el problema.
¿La alternativa es la despenalización del consumo o directamente la
legalización de ciertas sustancias? ¿Cómo solucionarían estas opciones las
variables socioeconómicas que están a la vista? ¿Qué se haría, en ese caso, con
el adicto cuyo cuerpo le reclama una cierta dosis, cuando no tiene el dinero
necesario para comprarla?
En otras palabras:
cómo hace el Estado argentino hoy, en sus distintos niveles de gobierno, para
demostrarle a la sociedad que cuenta con una política seria –y consensuada por
los distintos actores políticos y sociales– para enfrentar el comercio de
drogas ilegales, y no transmitir, en su lugar, la sensación de que promueve la
despenalización o la legalización como una forma implícita de reconocer el
triunfo de la ilegalidad.
