En el fragor de la
campaña electoral que culminó con las elecciones legislativas del pasado 27 de
octubre, uno de los temas que ocupaba la agenda diaria de los candidatos era la
extendida controversia por la planta acondicionadora de semillas de maíz que la
empresa Monsanto construye en el municipio de Malvinas Argentinas, pocos
kilómetros al este de la capital provincial.
Sin embargo, pasadas
las urnas de octubre, los aspirantes de entonces a representar al pueblo en el
Congreso de la Nación
dejaron de involucrase en este conflicto. Mientras los sectores en pugna se
apalean entre ellos y son reprimidos por la Policía , la dirigencia está ausente.
La política, vista
también desde el Estado, se ha mostrado incapaz de resolver una cuestión que se
va crispando día a día.
Las escenas de
tensión que se vivieron el jueves pasado en la zona del acampe de los
ambientalistas que rechazan la instalación de la planta deben ser un urgente
llamado de atención para las autoridades del municipio involucrado, del
Gobierno de la Provincia
y de la Justicia. No
hay freno ni prevención para evitar que esas diferencias al parecer insalvables
entre las partes se terminen dirimiendo con nuevas bataholas de consecuencias
impensadas.
El Estado, en todos
sus niveles, es responsable de velar por la paz social, más allá de los argumentos
esgrimidos por los protagonistas de este diferendo. Un estudio de impacto
ambiental serio determinará si la futura semillera es viable o no. Mientras
tanto, hay que evitar que grupos antagónicos defiendan sus posiciones a los
golpes.
Por ahora no asoman
indicios de una resolución sensata y todos se cruzan culpas por los desmanes.
Los ambientalistas que acampan en la zona de la obra desde hace dos meses, los
operarios de la Unión
Obrera de la
Construcción que ven peligrar sus fuentes laborales por ese
bloqueo y los directivos de la empresa multinacional que acusan a activistas de
distintas procedencias de atentar contra los bienes particulares.
Frente a esto, la Justicia , uno de los
ámbitos del Estado desde donde se deben canalizar las acciones y soluciones
conducentes a evitar nuevas refriegas entre los propios vecinos y de estos con la Policía , mostró una
reacción débil: “Estamos haciendo las evaluaciones para ver cómo solucionamos
esto”, dijo el fiscal Víctor Chiapero. La estrategia suena tardía a la luz del
tiempo que lleva en escena el “caso Monsanto”.
La dirigencia
política y los gobernantes están llamados a actuar sin distinciones
partidarias, a fin de no tener que lamentar males mayores. De la misma forma,
el Gobierno nacional no puede mirar para otro lado, toda vez que la propia
presidenta Cristina Fernández celebró en su momento la radicación de Monsanto
en la provincia de Córdoba. Un gesto que fue acompañado por el gobernador José
Manuel de la Sota.
