por EFE - 17/05/2013
La OEA sugiere a los
Gobiernos de las Américas que consideren despenalizar el consumo de drogas en
un esperado informe sobre el problema regional, que concluye que hay
"signos" en favor de la legalización de la marihuana, pero ningún
"apoyo significativo" para hacer lo mismo con otras sustancias.
El estudio fue
encargado a la Organización de Estados Americanos (OEA) por los presidentes del
continente durante la Cumbre de las Américas en abril de 2012 y entregado hoy
en Bogotá por el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, que lo
presentará el lunes.
"La
despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de
cualquier estrategia de salud pública", señala el informe, que recomienda
avanzar hasta ese modelo mediante métodos como los tribunales de drogas,
"la reducción sustantiva de penas y la rehabilitación".
Los tribunales de
drogas, que existen en EE.UU. y comienzan a implantarse en México y Chile,
promueven la sustitución de las penas de cárcel por un tratamiento controlado
para el adicto, que según el documento "es un enfermo crónico que no debe
ser castigado".
"Las medidas
restrictivas de libertad son antagónicas de este enfoque (de salud pública) y
sólo deberían usarse cuando esté en riesgo la vida del adicto o cuando su
conducta constituya un riesgo para la sociedad", agrega el análisis que
encabeza el informe, escrito por el propio Insulza.
La OEA subraya que
los planteamientos del informe "no constituyen una conclusión, sino el
inicio de un debate largamente esperado", cuyas "conclusiones
definitivas" corresponden "a los destinatarios" del informe, es
decir, los Gobiernos del continente.
Por tanto, las
"reflexiones" que cierran el informe pretenden servir como base de un
debate que comenzará en la Asamblea General de la OEA a principios de junio en
Guatemala.
Si bien el estudio
aboga por la despenalización del consumo para no tratar al adicto como
delincuente, es más cauto en cuanto a la legalización de la producción y el
tráfico de las sustancias.
"Corresponde
evaluar los signos y tendencias existentes, que se inclinan a que la
producción, venta y consumo de la marihuana puedan ser despenalizados o
legalizados. Tarde o temprano deberán tomarse decisiones al respecto",
apunta el documento.
"Nuestro
informe, en cambio, no encuentra ningún apoyo significativo, en ningún país,
para la despenalización o legalización del tráfico de las demás drogas
ilegales", subraya.
El texto desaconseja
implementar "cambios drásticos y dramáticos" en las legislaciones
nacionales, pero sí cree necesaria una "mayor flexibilidad" por parte
de los Gobiernos, especialmente a la hora de "impulsar cambios en la
legislación internacional".
En ese terreno entran
las convenciones de la ONU sobre drogas, donde los cambios dependerán de que
"el actual sistema de control de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas se flexibilice y permita que las partes exploren opciones"
alternativas.
El estudio, que en
total consta de unas 400 páginas y ha sido elaborado con la colaboración de
todos los países del continente, apunta además al "necesario y urgente
fortalecimiento del conjunto de las instituciones y de la presencia del
Estado" para afrontar la violencia y la inseguridad que generan los grupos
criminales.
En una segunda parte,
el estudio delinea una serie de escenarios y opciones para la estrategia
antidrogas desde ahora hasta 2025, dependiendo de las políticas que tomen los
Gobiernos de la región.
Una de ellas analiza
qué ocurrirá si se concluye que el sistema actual "está causando demasiado
daño" y "se decide probar regímenes legales alternativos, iniciando
con el cannabis".
Ese enfoque
enfrentaría retos en cuanto a "la transición de mercados criminales hacia
mercados regulados", que podría aumentar el "uso problemático"
de las drogas, la necesidad de "lidiar con los nuevos mercados
criminales" y las "nuevas tensiones" que se generaría entre los
Gobiernos, pronostica el documento.
Otro escenario
posible es el de "ruptura", que implica que los países donde se
producen las drogas y por los que transitan, cansados de pagar "costos
sociales insoportables e injustos", "abandonan unilateralmente la
lucha contra (o llegan a aceptar) la producción y el tránsito de drogas en su
territorio".
Esa estrategia
"permitiría la expansión de los mercados y ganancias de las drogas" y
"desataría "conflictos por violaciones a los tratados
internacionales", alerta el documento.
Un tercer escenario
se enfoca en el "fortalecimiento de las comunidades y la mejora de la
seguridad y la salud públicas", y otro estudia qué pasará si los Gobiernos
siguen centrándose en fortalecer las instituciones estatales, lo que presenta
inconvenientes como "una cooperación internacional dispersa y
vacilante".
