Jorge Mariani
Existe una bien y
aceitada trama para imponer el aborto como “política de salud pública” en
Argentina. Para ello, se vale de una intrincada red de organizaciones y grupos
que batallan incansablemente para lograr este fin. El paso del tiempo ha
descubierto la metodología que emplea, la cual se repite invariablemente.
Primero se “produce”
un hecho para poner en marcha el mecanismo ideado. Una mujer, preferentemente
una menor de origen humilde supuestamente abusada, se presenta a un hospital
público con algún familiar a solicitar un aborto para no proseguir con la
gestación “producto de la violación”.
En casi todos los
hechos analizados estos casos tienen origen en situaciones intrafamiliares o de
promiscuidad, al convivir niñas con adultos extraños, en ambientes inapropiados
y con “parejas” ocasionales de sus madres o parientes cercanos.
Allí deja de importar
el violador y se reclama el aborto urgente a las autoridades hospitalarias.
La familia de la
abusada, ante la negativa de los médicos, se presenta a la Justicia acompañada por
distintos organismos oficiales como el Consejo Nacional de la Mujer , el INADI, la Secretaria de Derechos
Humanos de la Nación
y recurre a la prensa. El violador ya no importa, sólo interesa el aborto.
Todo el foco se
coloca sobre la “pobre niña o mujer a la que los médicos inhumanos no le dan
solución a su problema” , léase matar la criatura, y comienza la maquinaria o
conexión a actuar.
Grupos de choque como
Las Rojas, Pan y Rosas, Las Fulanas, ligados al Partido Socialista de los
Trabajadores, al Movimiento Socialista de los Trabajadores o al Movimiento al
Socialismo (MAS) hacen escraches en la puerta del hospital repudiando al
personal sanitario y empiezan a formular declaraciones a la prensa: “Esto pasa
porque es una mujer pobre”, “Las mujeres ricas no tienen este problema”, “El
Estado discrimina a las victimas”, “La culpable es la Iglesia ”, “Vivimos en una
sociedad machista y patriarcal que se ensaña con los sectores mas vulnerables”.
“Si recurre a un “aborto inseguro” corre riesgo su vida”.
Mientras tanto, al
magistrado que le cae la causa no tiene ningún elemento que le permita
comprobar la veracidad de todo lo que se le dice.
Entonces aumenta la
presión.
Se presentan en el
expediente el Consejo Nacional de la Mujer , el INADI, la Secretaria de Derechos
Humanos y se suman la
Procuración y el
Ministerio de Salud, los grupos de choque amenazan dejar cesante al juez
denunciándolo ante el Consejo de la Magistratura si no ordena a los médicos que hagan
el aborto.
Los grupos de choque
atacan violentamente a cualquier persona que se manifieste que hay otras
soluciones mas humanas que no signifiquen poner en riesgo la vida de la madre y
matar al niño.
Atacan iglesias con
total impunidad cometiendo toda clase de delitos: amenazas, lesiones,
exhibiciones obscenas, discriminación, daños a la propiedad, destrucción de
monumentos públicos y no sucede nada. La presión aumenta y salen de escena los
grupos de choque. El tema ya está instalado.
Es el turno de las
“organizaciones de la sociedad civil” como el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Católicas por el
Derecho a Decidir (CDD), Fundación para Estudios e Investigación para la Mujer (FEIM), Centro de
Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Equipo Latinoamericano de Justicia y
Género (ELA) que empiezan a dar una visión moderada del problema planteado:
“Hay un reclamo y debe ser escuchado”, “Las prohibiciones no resuelven nada”,
“El aborto clandestino es una causa importante de mortalidad materna” “El
Estado está obligado a respetar los derechos humanos”, “No se pueden imponer
las convicciones de un grupo al resto de la sociedad”.
Entra en acción el
tercer grupo: la prensa independiente.
Página 12 titula:
“Nueva violación” y como subtítulo “Niegan una interrupción de embarazo a una
joven abusada”. Clarín pone: “No autorizan práctica médica a una mujer violada”
“Actúa la Justicia ”
. La Nación
dice: “Niegan un aborto en un hospital” “Voces encontradas” y Tiempo Argentino:
“Rechazan aborto en un centro de salud” “Fuerte reclamo”.
Ahora bien ¿cómo se
logra semejante uniformidad?
Muy sencillo, los
mismos financistas que impulsan el looby internacional del aborto son los que
financian a los grupos que lo promueven. A título de ejemplo: los grupos de
choque de izquierda reciben protección estatal que les asegura impunidad y
asistencia de Amnesty International una “ong” promotora del aborto con sede
matriz en Londres.
Las “organizaciones
de la sociedad civil” reciben fondos de la Fundacion Ford de
USA, de la embajada británica, del Banco Mundial, del Fondo de Población de la ONU y de distintas fundaciones
del establishment financiero del mundo desarrollado.
La prensa
independiente recibe avisos de dichas fundaciones a través de sus promotores:
bancos, financieras, empresas de primera línea.
¿Y el gobierno? El
gobierno créditos del Banco Mundial a cambio de programas de “Salud
Reproductiva” como los que implementa el Ministerio de Salud de la Nación.
¿Podemos comprobar
esto? Obvio, ingresando a www.argentina.indymedia.org/features/genero/ del
magnate George Soros promotor del aborto, la cultura homosexual, la
despenalización de la marihuana, la eliminación de las FFAA, la eutanasia y
columnista del grupo Clarín y lo verificamos.
¿Y la chica violada?
¿Y el violador?
No importa, ya no se
los necesita.
