Publicamos este nuevo impuso para despenalizar la droga, que, por cierto no compartimos. Sostener que "no estamos en guerra entre nosotros y no deberíamos pelear la guerra de otros", implica desconocer lo que está ocurriendo en el país (Rosario, Córdoba, gran Buenos Aires, especialmente). El problema es universal, como lo exhibe el Informe Mundial sobre las Drogas 2013 de las Naciones Unidas (UNODC), que estima en 315 millones la cantidad de usuarios de drogas ilícitas.
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POR JUAN GABRIEL
TOKATLIAN Y ERNESTO LÓPEZ
INTEGRANTES DEL GRUPO
DE LOS 15*
Clarín, 12/05/14
Los argentinos no
debemos asumir la fracasada “guerra contra las drogas”. No estamos en guerra
entre nosotros y no deberíamos pelear la guerra de otros. Se sabe que las
narcoactividades tienen una faceta peligrosamente violenta, pero entronizar
sólo una estrategia belicista es confundir y simplificar el problema.
Esa “guerra” no tiene
resultados promisorios. Los narcotraficantes no han sido eliminados ni
disuadidos pues siempre tienen reemplazo; la Justicia no ha
incrementado su eficacia; y el desmantelamiento del negocio ha sido limitado.
Así, la vía punitiva ha mostrado poca eficiencia y ha tenido, en cambio,
efectos nocivos.
Ha elevado los
niveles de inseguridad; exacerbado la ilegalidad y la corrupción; relajado el
tejido ético de la sociedad, debilitado el Estado de derecho, degradado el
sistema político, y, reducido la autonomía estatal en el plano internacional.
En Argentina,
sostener una estrategia de “guerra” a la que podría sumarse la criminalización
de todas las facetas del negocio y la incorporación de las Fuerzas Armadas a la
lucha antinarcóticos sería el preludio de un fracaso anunciado.
Sin abandonar la
persecución legal de la oferta, de las bandas, del lavado de dinero y del
tráfico de armas es necesario abrirse a otras dimensiones: incluir la
perspectiva de un desarrollo solidario y con justicia social, centrado en las
personas (cercano al concepto de desarrollo humano preconizado por la ONU ) y prestar especial
atención a políticas y criterios que apunten a la reducción de daños para los
individuos, familias, barrios, comunidades, etc. La “guerra” ha tenido, de modo
usual, graves consecuencias sociales especialmente sobre segmentos vulnerables
de la sociedad y poblaciones en condiciones de riesgo. Esto demanda, en
consecuencia, contemplar activas políticas públicas en materia de empleo,
salud, educación y juventud, entre otras.
Una buena política
pública en esos frentes es la mejor política antidrogas.
Los recientes casos
de Uruguay y los estados de Colorado y Washington en EE.UU., que han legalizado
la marihuana, invitan a explorar miradas y alternativas. La complejidad del
fenómeno de la drogas exige estar abiertos a la experimentación. Dichas
experiencias apuntan a favor de una estrategia de regulación modulada de
acuerdo a los daños que cada droga causa.
En Latinoamérica—el
mayor espacio de despliegue de “guerra contra las drogas”— ha generado
frustración en los estados y fatiga en las sociedades.
No al azar entonces
es en nuestra región donde ha surgido el mayor debate público sobre el tema.
Argentina enfrenta hoy un dilema: sumarse a una mejor deliberación sobre las
drogas o ensimismarse y repetir las políticas erradas y costosas ya padecidas
en América latina.
Lo expuesto son
algunos de los potenciales aportes que se podrían hacer si el acento de la
cuestión de las drogas se trasladara de las sustancias a las personas, de la
seguridad al desarrollo y de la quimera abstencionista a la realidad humana.
* Integran el Grupo:
A. Colombo Sierra, N. Comini, E. Del Percio, R. Diamint, A. Fohrig, E. López,
J. López Chorne, P. Martínez, J. Paradiso, R. Sánchez Antelo, L. Tibiletti, M.
de la Paz Tibiletti ,
J. Tokatlian, J. M. Ugarte, J. Vázquez Ocampo.
