Si se despenaliza el consumo de drogas, a partir de esta nueva ley, aumentará el costo de las obras sociales para atender a las personas que se enviciaron al haber podido consumir drogas sin las restricciones actuales.
El Senado de la Nación dio sanción
definitiva al proyecto del Plan Integral para el Abordaje de Consumos Problemáticos,
por el cual se incorpora la cobertura del tratamiento de cualquier tipo de
adicción al Programa Médico Obligatorio (PMO).
La ley establece que
las obras sociales, las prepagas y el resto de las prestadoras de salud deberán
brindar en forma gratuita las prestaciones para la cobertura integral del
tratamiento de las personas que padecen algún consumo problemático, como las
adicciones con drogas, alcohol, tabaco, conductas compulsivas al juego, a las
nuevas tecnologías, compras y alimentación, entre otras. La iniciativa, cuya
autoría corresponde al diputado kirchnerista Horacio Pietragalla, fue aprobada
por unanimidad en la
Cámara Alta , con 48 votos afirmativos.
La ley contempla la
creación de Centros Comunitarios de Prevención, y abre las puertas para la
interacción directa con las ONG que atienden estas problemáticas.
Estos centros estarán
distribuidos por todo el país, aunque se priorizarán los lugares de mayor
vulnerabilidad social, y su objetivo será “promover en la población instancias
de desarrollo personal y comunitario”, según lo indica el propio texto legal
aprobado.
La iniciativa también
abarca a los pacientes internados en instituciones de salud mental.
En Córdoba, el
director de Salud Mental de la
Provincia , Osvaldo Navarro, consideró que “si la nueva ley
permite abordar esta problemática de una manera integral, y con apertura para
el trabajo en prevención, va a ser muy útil”.
En tal sentido,
destacó que la creación de Centros Comunitarios de Prevención “puede ser muy
positiva a la hora de detectar los problemas y trabajar con ellos, así como al
evitar la internación y la estigmatización”.
Con respecto a la
cobertura actual de las adicciones, el funcionario provincial indicó que “el 85
por ciento de las asistencias vinculadas al consumo de drogas y alcohol son
llevadas adelante por el Estado en forma directa”. “Y en el 15 por ciento
restante –añadió– la
Superintendencia de Seguros de Salud reintegra en muchos
casos la cobertura que brindan las obras sociales”.
Pietragalla, impulsor
de la iniciativa, explicó que el proyecto aborda “la prevención, la asistencia
y la inclusión”, y establece la generación de diferentes espacios en el
territorio del país, “que van a ser los grandes articuladores para la
asistencia primaria y contención” de esta problemática.
En otro orden, el
programa dispone que el Estado incorporará con dispositivos de integración a
las personas con consumos problemáticos que estén en una situación de
vulnerabilidad social que atente contra el pleno desarrollo de sus capacidades.
Y establece la
creación de un registro de efectores.
