DON BOSCO

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"BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS"

NARCOTRÁFICO Y ADICCIONES:


 Análisis y objetivos de los grupos de ‘reducción del daño’ en la Argentina



Claudio Izaguirre
Presidente Asociación Antidrogas

Los grupos de ‘reducción del daño’ en la Argentina -liderados por la ONG Intercambios- vienen enseñando, a través de su folletería, cómo consumir drogas y sufrir el menor posible perjuicio.

Los grupos de ‘reducción del daño’ en la Argentina -liderados por la ONG Intercambios- vienen enseñando, a través de su folletería, cómo consumir drogas y sufrir el menor posible perjuicio. Sin embargo, en opinión de la comunidad médica esto se traduce en una utopía, dado que el consumidor siempre demandará mayores dosis para experimentar idéntico efecto, en tanto el daño cerebral se torna ineludible.

Resumiremos, a continuación, los postulados que los grupos de ‘reducción del daño’ pretenden imponer en nuestro país.

Los citados demandan que, desde el Honorable Congreso de la Nación, se despenalice por completo la tenencia de drogas, dejando en manos de las fuerzas de seguridad la distinción entre un adicto y un vendedor. Hasta la instancia actual, la responsabilidad de realizar esta distinción -criterio jurídico mediante- correspondía a los magistrados.

Estos grupos y organizaciones persiguen la eliminación definitiva de las medidas de seguridad curativa y educativa, lo cual ha permitido a los integrantes del Poder Judicial enviar a tratamiento a los afectados, asumiendo esas costas el Estado Nacional. A partir de esta idea, el adicto no llega a obtener los beneficios de una beca para tratamiento, con lo cual estará condenado a fallecer a manos de su adicción: no le es posible contar con los 6 mil pesos surgidos del costo del tratamiento mensual durante un año y medio de internación.

Los ‘reductores del daño’ buscan abierta y desesperadamente despenalizar el cultivo de marihuana. Factor que dará lugar a la proliferación irrestricta de vendedores de cannabis a lo largo y ancho de la República, teniendo en cuenta la inexistencia en las provincias de espacios gratuitos de tratamiento para los adictos a drogas; el resultado se traducirá en una multiplicación de la cantidad de consumidores y una menor cantidad de efectores de salud.

Asimismo, se han propuesto como meta atenuar la escala penal para los pequeños actores de la cadena del tráfico, y modificar el Código Aduanero con el fin de atenuar la escala penal por contrabando para las llamadas ‘mulas’. Lo cual devolverá como resultado no solo la inmediata excarcelación de los traficantes de drogas sino que, además, asegura el regreso a sus ‘puntos de venta’, sin mayores inconvenientes (ni persecución policial o judicial futura).

Buscan crear un Programa Nacional de Atención Integral para Usuarios de Drogas. El programa de atención a adictos fue sido creado hace más de tres décadas; ahora, pretenden inculcar que solo es una persona adicta aquella que se encuentre en la tercera etapa de la enfermedad, es decir, cuando su estado mental y físico lo depositan en una situación de franca irrecuperabilidad.

Los reductores persiguen priorizar los tratamientos ambulatorios y los distintos dispositivos alternativos a la internación. Ello implica que la mayoría de los individuos que exhiban problemas de adicción tendrán vedada la internación, variable que da lugar a la terminación inmediata del consumo de sustancias. Finalmente, el resultado de las políticas promocionadas por los ‘reductores del daño’ será que los brotes psicóticos -síntoma común en adictos- se convertirán en un problema a enfrentar por la propia familia del adicto/enfermo, poniendo en riesgo y verificable permanente al núcleo familiar del afectado.

Las ONG aquí descriptas buscan garantizar que los dispositivos de atención a usuarios de drogas estén basados en fundamentos científicos y ajustados a principios éticos (Ley 26.657, Artículo 7C). Estos ‘fundamentos científicos’ en los que han edificado la Ley de Salud Mental se basan -ni más ni menos- en la protección del derecho que cada individuo tiene a drogarse y en el ‘hostigamiento’ a la familia del afectado para que soporte en su seno al enajenado.

Los grupos buscan incluir las estrategias de reducción de daños en las políticas de atención integral a usuarios de drogas. Las políticas de ‘reducción de daño’ no ocultan su regla comunicacional: enseñar a los jóvenes que el uso de drogas es algo natural y que determinadas precauciones les permitirán disfrutarlas sin mayores inconvenientes.

Los grupos reductores buscan que se respete el ‘derecho’ de todo individuo que usa drogas a elegir el momento y el tipo de dispositivo de atención. La realidad remite a otro escenario, completamente diferente: quienes estudiamos el tema desde hace años -junto a las familias que conocen la desgracia de convivir con un adicto- sabemos que el consumidor de sustancias se encuentra abiertamente incapacitado para elegir en propio beneficio, lo que traerá como consecuencia que solo sea atendido cuando su desequilibrio le niegue -ya en forma permanente- la capacidad de razonar.

Los reductores buscan facilitar el acceso irrestricto a la atención de la salud de las personas privadas de libertad con consumo problemático de drogas. De esta manera -y solo para citar un ejemplo-, el delincuente que consume será llevado a tratamientos ambulatorios con consecuencias impredecibles; no le corresponderá condena alguna.

Los reductores persiguen fortalecer los mecanismos de control estatal de los servicios destinados a usuarios de drogas. Bajo el paraguas de la Ley de Salud Mental -propuesta por legisladores del Frente Para la Victoria en el Congreso de la Nación- lograrán clausurar todos los centros de rehabilitación de índole privados y la totalidad de los espacios de atención que funcionan con fondos públicos, dejando como espacios únicos los centros de “Reducción de Daño”: estos funcionarán en los nosocomios públicos, cuyo personal estará forzado a tratar a los individuos que sufren de graves consecuencias por consumir estupefacientes. Instancia en la que es menester tener presente que los hospitales públicos no disponen de la capacidad para atender enfermedades crónicas, particularmente si éstas se condicen con la complejidad requeridas para el tratamiento del alcoholismo o la drogodependencia.

Los ‘reductores del daño’ buscan formalizar mecanismos de participación social en el diseño de políticas y programas de atención. Debe tenerse presente que los grupos mencionados entienden a la internación compulsiva como “secuestro”, y así lo han expresado en la Ley de Salud Mental. Califican a las comunidades terapéuticas de “campos de concentración”, y a la enfermedad de la adicción como un estilo de vida.

Conforme así lo han reportado numerosos estudios científicos en todo el globo, las drogas exhiben la capacidad de anular la parte frontal del cerebro humano -porción que regula la inhibición del comportamiento instintivo-. La enfermedad de la adicción se caracteriza por un lapso de diez años, a partir del primer consumo, y hasta el momento en que la persona toma conciencia de su problemática; durante ese período, el abordaje terapéutico permite que la persona -mucho antes de cumplir este ciclo fatal- pueda abandonar las drogas y construir una vida feliz y útil. Los grupos de “Reducción de Daño”, al presentar la adicción no como una enfermedad sino como un estilo de vida elegido por el “usuario”, desencadena con mayor furia el consumo de drogas: se pone en peligro no solo al afectado, sino a su familia, en tanto se le restringe la posibilidad de ingresar al sistema de salud.

A esto se resume el accionar de los grupos de “Reducción de Daño”: el trabajo de estas organizaciones remite a una maquinaria perversa que oficia de creadora y ‘recreadora’ de adictos. Su ámbito de influencia se extiende a toda Latinoamérica -bajo la promoción económica del polémico financista internacional George Soros-. Este persigue un fin, y así lo ha declarado en todo foro posible: liberalizar el consumo de todo tipo de drogas en la región, con el único objetivo de quedarse con el monopolio de la comercialización del estos productos a través de su firma MONSANTO.

Claudio Izaguirre