De la redacción de El
Litoral
El arzobispo de Santa Fe, y titular de la Comisión Episcopal
Argentina, José María Arancedo,
reiteró la postura de la
Iglesia en contra de la despenalización del consumo de droga,
y negó que esa medida sea eficaz en orden a combatir el narcotráfico. “La droga
en nuestros barrios, como dice la gente que trabaja en ellos, está de hecho
despenalizada. La despenalización por ley sólo agregaría la idea de que la
droga no hace tanto daño, es decir, agravaría el problema y no daría una
solución”, argumentó.
A partir de la
polémica suscitada sobre la extensión del tráfico de sustancias ilícitas en
territorio santafesino, con su correlato de violencia, y de las expresiones del
gobernador Antonio Bonfatti favorables a discutir la posibilidad de la
despenalización de alguna droga “blanda”, como la marihuana, Arancedo trajo a
colación la postura sustentada por el arzobispado a mediados del año pasado, y
subrayó que “estamos ante una cuestión que no pertenece a la esfera sólo de lo
privado, sino que hace al bien público de la sociedad”.
En ese sentido,
expresó que “se maneja con mucha ligereza en estos casos el concepto de drogas
blandas y drogas duras, como queriendo disminuir su nocividad o asimilarlas a
otras adicciones”, cuando el potencial dañino en todos los casos es sostenido
por la evidencia científica y la
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
“Cuando hablamos del
consumo de drogas no hablamos de las adicciones en general, por ejemplo al
tabaco, aunque sabemos que es perjudicial. Desconocer, o minimizar, las
consecuencias irreparables que su uso implica, es un modo de complicidad pasiva
con su consumo. No se trata de criminalizar al adicto, a quién hay que ayudar y
prevenir frente al daño que ello implica, sino de definir un juicio y una
actitud llamada a tener consecuencias para el bien de la sociedad”, añadió.
“Un baño de realidad”
Remiténdose al
documento de hace seis meses, el arzobispo hizo notar que “la población más
vulnerable son los jóvenes en general, en especial la de los barrios
carecientes; estos últimos no tienen la capacidad de discernir y de asumir una
actitud de rechazo, aunque aparentemente sean libres. La droga viene a ocupar
un lugar, un vacío en sus vidas del cual, desgraciadamente, no se vuelve. Ellos
son las primeras víctimas. Al no plantear las verdaderas causas del camino a la
droga, parecería que la sociedad no asume el problema ni siente el compromiso
de una respuesta.
“Hay que escuchar a
los familiares de los drogadictos para recibir un baño de realidad en estos
temas. No debemos olvidar ni minimizar, por otra parte, el sentido pedagógico
que tiene la ley. ¿Qué significaría, para ese universo de actuales y posibles
adictos, decirles que la droga tiene un reconocimiento legal? ¿Es correcto que,
en defensa de un pretendido derecho privado o subjetivo, se llegue a provocar
un daño público?”, agregó.
Arancedo reiteró que
“frente a la gravedad del hecho de la droga el desafío es cultural. Es
necesario, por ello, apostar a una educación integral que dé sentido a la vida
del niño y del joven; fortalecer tanto los lazos familiares como presentar
proyectos de vida que vayan despertando y definiendo su futuro, y no temer
poner límites frente a lo que los daña y termina degradando. Hay, lamentablemente,
una urgencia en sacar rápido estos temas que no ayuda a plantear el problema y
buscar soluciones de fondo. Es imprescindible, y siempre estamos en falta,
redoblar los esfuerzos para combatir las redes mafiosas de los ‘mercaderes de
la muerte’. Para ello es necesaria la presencia de un Estado, que en el
ejercicio de sus poderes constitucionales, asuma una actitud clara, sin
claudicaciones y ejemplar”.
