Editorial
Sólo esto faltaba: una maestra aparentemente dedicada al tráfico de drogas. La conmoción producida en la opinión pública es harto comprensible por nuestro tradicional respeto al magisterio, por su vocación y espíritu de sacrificio y por considerarlo paradigma del resguardo del patrimonio histórico y cultural. En tiempos de violencia, inseguridad y expansión del alcoholismo y la drogadicción, son los maestros la única barrera de contención efectiva contra la difusión de esos flagelos, a pesar de la falta de apoyo de las autoridades de los distintos órdenes. Y demasiadas veces a pesar de la curiosa incomprensión que revelan funcionarios nacionales, provinciales y municipales respecto del problema de la drogadicción.
Desde el jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, para abajo en la escala burocrática y en su cada vez más llamativo entorno, se persiste en la pretensión de implantar la imagen de la Argentina como “país de tránsito” de la droga, en cuyo vasto territorio los carteles mejicanos y colombianos dispondrían de más de 1.500 pistas clandestinas para sus flotas de aviones cargados de estupefacientes, mientras el tema de la modernización de la obsoleta red de radares, manoseado durante lustros y décadas, pasa de un gobierno a otro sin solución.
Y aviones cargados de cocaína parten imperturbables desde Ezeiza a España, y en fecha más reciente, a Chile. Para los narcotraficantes, la Argentina es un paraíso no sólo por las enormes facilidades que ofrece para el intenso tráfico delictivo, sino también para el lavado del dinero que obtienen por su infame negocio. De hecho, está a punto de ser eliminada de la lista de países que combaten realmente el blanqueo de narcodólares. Ni siquiera es posible aplicar aquí la “ley de derribo” vigente en Brasil, que permite interceptar y atacar a aviones que ingresan de manera clandestina en el territorio. A todo esto, la drogadicción se propaga y desciende en forma alarmante por la escala etárea: niños que se inician en el consumo de drogas y alcoholes a los 11 años y aun con menores edades. Para Fernández y demás, parecen no existir drogadictos, sino legiones con sensación de serlo, y lo son no porque consuman estupefacientes sino porque consumen información. A mayor información, mayor drogadicción virtual, según la teoría oficialista. La drogadicción real es inexistente en un país cuyas autoridades velan sin pausa por la salud moral y física de sus habitantes. Aquí no existen narcotráfico, lavado de dinero ni turbias relaciones de políticos y narcotraficantes.
El plan que pondrá en marcha el Gobierno provincial no debe ser un objetivo ni una tarea final para combatir un flagelo que, más allá del voluntarismo oficial, ya penetró todos los sectores sociales, como lo demuestra la incalificable labor que habría cumplido la docente detenida.
La Voz del Interior, 10-4-11
