La corrupción es una de las grandes enfermedades de este tiempo, que azota a todos los niveles de la sociedad y que resulta muy difícil de combatir, hasta el punto de que muchos creen que es imposible erradicarla.
Sin embargo, no hay que bajar la bandera de esta lucha, pues la democracia, la organización republicana y la convivencia civilizada se juegan la vida en esa confrontación. La corrupción, en suma, desvía dinero de los objetivos trazados por los gobiernos y las estructuras sociales, lo que aumenta la ineficacia y la desigualdad social.
Hay que denunciarla, esté donde esté, pues los hechos de corrupción están interconectados en una amplia red –política, social, sindical o empresaria– que termina por envilecer a toda la comunidad.
Córdoba no es la excepción a esta regla, ya que hay ejemplos de sobra respecto de la presencia del mal en nuestra provincia. Ayer, fueron ex funcionarios radicales los que fueron al banquillo de los acusados, algunos de los cuales resultaron absueltos y otros condenados. Hoy, son funcionarios de los actuales gobiernos –provincial y nacional– y de diversos municipios los que están en la picota, y también deben ser juzgados de manera imparcial, hasta determinar en cada caso la verdad.
Por caso, el ex intendente de Villa de Tulumba y titular del Programa de Asistencia Integral de Córdoba (Paicor) en uso de licencia, afronta diversas acusaciones, una por presunto enriquecimiento ilícito en su gestión al frente de la comuna del norte cordobés. Precisamente en esa población se realizaron allanamientos vinculados con la denuncia contra el ex intendente, quien ahora se postula nuevamente al cargo. Incluso, hay imputaciones por amenazas de muerte y lesiones en presuntas agresiones que se habrían producido durante la última elección interna de la coalición gobernante en la provincia.
El caso de Tulumba no es el único. En muchos ámbitos de las administraciones de la Nación y de provincias y municipios hay hechos semejantes. En suma, políticos elegidos por la ciudadanía o designados para cargos ejecutivos, dirigentes sindicales presos o procesados por enriquecimiento ilícito o instigación al crimen, empresarios incursos en figuras delictivas semejantes, todo se ha convertido en moneda corriente en un panorama dominado por la corrupción.
Hay causas judiciales abiertas que se deben proseguir a fondo, hasta su total esclarecimiento. Pero también el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales deben investigar y controlar, y la ciudadanía debe tener una actitud vigilante frente a este flagelo, el uso indebido de recursos públicos o el enriquecimiento ilícito de políticos, sindicalistas o empresarios. Si la corrupción se instala como norma o estilo de vida, cualesquiera sean las políticas públicas y privadas, éstas estarán destinadas al fracaso.
La Voz del Interior, Editorial, 28-4-11
