La Voz del Interior del jueves 1° de octubre.
Juan Manuel Aráoz y María Ximena Aráoz *
Parece que a más de 10 años de iniciados los reclamos por condiciones dignas de salud en el populoso barrio Ituzaingó Anexo, la Justicia de Córdoba emitió su dictamen: la culpa de todos los males fue finalmente de un productor agropecuario, dueño de un campo de 70 hectáreas ubicado a 400 metros de la última calle de dicho barrio.
Para llegar a ese dictamen hubo que hacer una interpretación de la ley 24.051 de Residuos Peligrosos, inédita a nivel nacional. Y por ser esta una derivación directa de un pacto internacional –el de Basilea–, podemos afirmar que es inédita a nivel mundial.
Nunca se habían confundido los plaguicidas con los residuos peligrosos, hasta hoy. Por este motivo, seguiremos nuestro reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque se trata de una arbitraria aplicación de la ley penal sustantiva.
Verdades
Pero, además de este grave error técnico para llegar a la condena, queremos revelar algunas verdades que obran en la causa, y no fueron valoradas:
Es verdad que un productor utilizó agroquímicos. Pero nadie dijo que su familia vivía dentro del campo y no presentó problemas de salud.
Es verdad que se encontraron diversos plaguicidas en la sangre de un grupo de niños de barrio Ituzaingó Anexo, pero nadie contó que se tomó un grupo control de niños que habitan otros barrios de Córdoba y presentaban similares agroquímicos en sangre. Lo mismo resultaría del examen de la mayoría de los lectores.
Es verdad que existían casos de cáncer, pero nadie dijo que el Registro de Tumores de la Provincia de Córdoba, con datos oficiales, pudo constatar que las listas confeccionadas por un grupo de madres contenían una mayoría de casos que no eran reales, y que los casos científicamente verificados arrojaban una cifra inferior a la tasa nacional.
Se habló de la incidencia de los plaguicidas en la salud de los habitantes, pero nadie contó que la Auditoría Ambiental –realizada por la Universidad Nacional de Córdoba– explica una multifactoriedad de causas y menciona, entre ellas, el PCB de los transformadores de Epec, retirados del barrio luego de detectar filtraciones, el cromo, plomo y el arsénico existente en el agua y la edificación sobre un antiguo basural industrial. La conclusión es que habría que analizar no un solo factor, sino “pobreza y abandono versus enfermedad”.
Nadie contó que un nuevo peritaje multidisciplinario ordenado por la fiscalía concluyó lo siguiente: “Se considera altamente improbable que exista una relación entre alguno de los casos de enfermedades oncológicas diagnosticadas en barrio Ituzaingó Anexo a partir del año 2003 y las fumigaciones mencionadas en los puntos anteriores, dado que estos productos tienen un nivel de carcinogenicidad incierto, que el peritaje climático refleja que no hubo deriva hacia el barrio de los agroquímicos utilizados en esas fumigaciones y que no hay certeza de la exposición de la población a los mismos de manera más prolongada por hechos reiterados anteriores”.
Tampoco se dijo que algunos de los plaguicidas encontrados eran los denominados contaminantes organoclorados persistentes (COP). Pese a estar prohibida su venta hace décadas, sus restos se encuentran hoy esparcidos por todo el mundo, hasta en poblaciones de pingüinos en la Antártida. La cantidad detectada en el campo era unas 100 veces menor a lo permitido, lo cual refleja que se trataba de un antiguo residuo de plaguicida.
Ni se señaló que, por la persistencia de estos plaguicidas y su efecto saltamonte (se trasladan vía aérea de un lugar a otro), demostramos que un plaguicida –endosufán, hoy prohibido– se encontraba aun en mayores cantidades en plantas del parque Sarmiento en la ciudad de Córdoba.
Por ello, y muchas razones más, barrio Ituzaingó es ejemplo del caos territorial, el desorden estructural y la lucha de todas las fuerzas que actúan sobre el territorio (ambientales, sociales, culturales, económicas y políticas).
Sobre un antiguo basural industrial se admitió un asentamiento urbano que, a su vez, se extendió y se sigue ampliando como una península sobre territorio agrícola.
Se comprobaron carencias sanitarias: falta de cloacas, agua contaminada con metales pesados (plomo, cromo, arsénico, todos cancerígenos), coexistencia de transformadores con PCB –cancerígeno–. Sin pavimento y tanques de agua a cielo abierto.
El nudo social, económico y sanitario se tensó, lo que generó el campo propicio para reclamos saludables y de los otros. Luchas ideológicas y ambientalistas sanas, y también extremistas. Lo cual llevó al peor de los miedos, que es el miedo a lo desconocido. Y así se intentó colgar en la plaza pública a otro actor de este mismo sistema caótico.
Justamente la necesidad, sumada al desconocimiento, fue utilizada por algunos sectores para levantar banderas con otros intereses.
Sólo la Justicia podía recomponer ese entretejido social desgarrado, arrojando luz sobre tanto desconcierto, sin más especulaciones que llegar a una solución justa del caso y dar tranquilidad a la población afectada, mediante la difusión de estos datos científicos que obran en la causa.
Vecinos, productores, jueces y abogados estamos en el mismo barco del ambiente sano y sustentable, pero levantemos la bandera de la verdad.
* Abogados
