Los cárteles del narcotráfico de Sinaloa y del Golfo, y el grupo delictivo de La Familia Michoacana, se aliaron en 2010 para combatir a la organización rival de Los Zetas, según la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
"El cártel del Golfo profundizó su alianza con el cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana en años recientes con la intención de atacar a Los Zetas", dijo este martes el director de inteligencia de la DEA, Rodney Benson, en una audiencia ante la Cámara de Representantes.
Según esa versión, el pacto se reforzó luego de que Eduardo Costilla, El Coss, asumiera el mando del cártel del Golfo, tras la muerte de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, en un operativo de la Marina mexicana en Tamaulipas, en noviembre de 2010.
Hasta 2008, Los Zetas fungieron como brazo armado del cártel del Golfo, pero desde que se separaron se disputan el control de rutas para enviar drogas a Estados Unidos. La organización está conformada por exmilitares de élite y es considerada la más violenta de América Latina.
Las autoridades mexicanas les atribuyen secuestros, extorsiones y homicidios principalmente en el noreste de la nación. Una de sus células, por ejemplo, es acusada del ataque al casino Royale de Monterrey, Nuevo León, en el que murieron 52 personas en agosto pasado.
Benson participó este martes en una comparecencia ante un subcomité legislativo que busca evaluar los resultados obtenidos a cuatro años del inicio de la Iniciativa Mérida y sus perspectivas hacia el futuro. La iniciativa es un pacto firmado entre México y Estados Unidos en 2007 para combatir al crimen organizado.
También acudieron el exembajador de Estados Unidos en Colombia, Venezuela y Chile, William Brownfield, ahora subsecretario del buró de narcóticos del Departamento de Estado, además de Mariko Silver, subsecretaria de asuntos internacionales del Departamento de Seguridad Interior.
El subcomité de legisladores, presidido por el republicano Connie Mack, planteó la posibilidad de designar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos del narcotráfico. El gobierno de Bill Clinton (1993-2001) decidió catalogar como terroristas a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
De acuerdo con el congresista Michael McCaul, el nombramiento no sólo daría una etiqueta a los grupos, sino que proporcionaría herramientas económicas y legales a las autoridades estadounidenses para perseguir a los criminales, como congelar sus bienes y destinar mayores partidas presupuestales para su combate.
Los representantes de la DEA, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Interior coincidieron en que los grupos criminales en México se han fragmentado y diversificado.
Los grupos criminales "son más pequeños, numerosos, diversos", lo que implica "diferentes problemas estratégicos y tácticos", aseguró Brownfield, quien puso como ejemplo de los beneficios de la Iniciativa Mérida a la Policía Federal de México, que incrementó sus fuerzas de 4,000 a casi 40,000 efectivos en cuatro años.
Con la firma de la Iniciativa Mérida —criticada por la oposición de ambos países y defendida por los dos gobiernos—, Estados Unidos se comprometió a entregar a México 1,400 millones de dólares en equipo y adiestramiento a sus fuerzas de seguridad.
(CNNMéxico)
"El cártel del Golfo profundizó su alianza con el cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana en años recientes con la intención de atacar a Los Zetas", dijo este martes el director de inteligencia de la DEA, Rodney Benson, en una audiencia ante la Cámara de Representantes.
Según esa versión, el pacto se reforzó luego de que Eduardo Costilla, El Coss, asumiera el mando del cártel del Golfo, tras la muerte de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, en un operativo de la Marina mexicana en Tamaulipas, en noviembre de 2010.
Hasta 2008, Los Zetas fungieron como brazo armado del cártel del Golfo, pero desde que se separaron se disputan el control de rutas para enviar drogas a Estados Unidos. La organización está conformada por exmilitares de élite y es considerada la más violenta de América Latina.
Las autoridades mexicanas les atribuyen secuestros, extorsiones y homicidios principalmente en el noreste de la nación. Una de sus células, por ejemplo, es acusada del ataque al casino Royale de Monterrey, Nuevo León, en el que murieron 52 personas en agosto pasado.
Benson participó este martes en una comparecencia ante un subcomité legislativo que busca evaluar los resultados obtenidos a cuatro años del inicio de la Iniciativa Mérida y sus perspectivas hacia el futuro. La iniciativa es un pacto firmado entre México y Estados Unidos en 2007 para combatir al crimen organizado.
También acudieron el exembajador de Estados Unidos en Colombia, Venezuela y Chile, William Brownfield, ahora subsecretario del buró de narcóticos del Departamento de Estado, además de Mariko Silver, subsecretaria de asuntos internacionales del Departamento de Seguridad Interior.
El subcomité de legisladores, presidido por el republicano Connie Mack, planteó la posibilidad de designar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos del narcotráfico. El gobierno de Bill Clinton (1993-2001) decidió catalogar como terroristas a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
De acuerdo con el congresista Michael McCaul, el nombramiento no sólo daría una etiqueta a los grupos, sino que proporcionaría herramientas económicas y legales a las autoridades estadounidenses para perseguir a los criminales, como congelar sus bienes y destinar mayores partidas presupuestales para su combate.
Los representantes de la DEA, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Interior coincidieron en que los grupos criminales en México se han fragmentado y diversificado.
Los grupos criminales "son más pequeños, numerosos, diversos", lo que implica "diferentes problemas estratégicos y tácticos", aseguró Brownfield, quien puso como ejemplo de los beneficios de la Iniciativa Mérida a la Policía Federal de México, que incrementó sus fuerzas de 4,000 a casi 40,000 efectivos en cuatro años.
Con la firma de la Iniciativa Mérida —criticada por la oposición de ambos países y defendida por los dos gobiernos—, Estados Unidos se comprometió a entregar a México 1,400 millones de dólares en equipo y adiestramiento a sus fuerzas de seguridad.
(CNNMéxico)
