Por Daniel Iglesias Grèzes
El autor es uruguayo y miembro de la Asociación "Familia y Vida".
1. La objeción basada en la libertad de elección
Presentación: Todo ser humano tiene derecho a disponer con absoluta libertad de su propio cuerpo. El embrión o feto es parte del cuerpo de la mujer embarazada. Por lo tanto, la mujer embarazada tiene derecho a disponer con absoluta libertad del embrión o feto.
Refutación: Las dos premisas de este silogismo son falsas, por lo cual el razonamiento es inválido. El ser humano no siempre tiene derecho a disponer libremente de su propio cuerpo. Por ejemplo, tiene derecho a hacerse extirpar el apéndice en caso de apendicitis, pero no tiene derecho a amputarse una oreja por puro capricho. La premisa mayor en cuestión procede de una ideología individualista radical, que aplica al propio cuerpo la falsa noción de un derecho absoluto a la propiedad privada, no sujeto a ninguna obligación moral interpersonal.
Además, es una verdad científicamente demostrada que el embrión (o el feto) no es nunca una parte del cuerpo de la mujer embarazada, sino que desde el mismo momento de su concepción es un ser humano distinto del padre y de la madre. El embrión no es un ser humano en potencia sino un ser humano en acto (embrionario en acto y adulto en potencia). A quien todavía dude de esta evidente verdad biológica, le recomiendo que piense en la (inmoral pero real) fecundación in vitro: si el embrión concebido naturalmente es parte del cuerpo de la madre, el embrión concebido in vitro, ¿de quién es parte? ¿De la probeta o del freezer? Y si el embrión (luego feto) es un ser humano, necesariamente es también una persona humana y tiene toda la dignidad y los derechos que le corresponden a cualquier persona humana.
2. La objeción basada en el riesgo sanitario
Presentación: La ley debe minimizar a toda costa los riesgos sanitarios que corren las mujeres que se realizan abortos. La ilegalidad del aborto impulsa a las mujeres a someterse a abortos clandestinos en condiciones de riesgo, lo cual provoca muchas muertes entre ellas. Por lo tanto, se debe legalizar el aborto para evitar las muertes de mujeres que se someten a abortos clandestinos.
Refutación: Las dos premisas de este silogismo son falsas, por lo cual el razonamiento es inválido. El fin supremo perseguido por la ley es el establecimiento de un orden social justo, no la minimización a cualquier precio de los riesgos que corren las personas que llevan a cabo determinados actos (en este caso, actos homicidas), aun con peligro de su propia vida. Aunque el aborto clandestino puede ser para la madre algo más peligroso que el aborto legal, el aborto (clandestino o legal) es siempre letal para su hijo. Recordemos siempre que éste es inocente y que no cabe tratarlo como un injusto agresor. Aplicando análogamente la premisa mayor de esta objeción a otros delitos, llegaríamos a conclusiones absurdas, como –por ejemplo– que se debería legalizar el robo para evitar los riesgos a los que se exponen los ladrones en sus esporádicos enfrentamientos armados con los policías.
Además, lo que determina a una mujer a someterse al riesgo de un aborto clandestino no es la ley que prohíbe el aborto (allí donde este tipo de ley existe), sino su libre decisión de matar al hijo que lleva en su seno.
Por otra parte, aunque la muerte de mujeres en abortos clandestinos es una realidad muy lamentable, la incidencia de esta causa de muerte es muy baja en términos absolutos (por ejemplo, en el Uruguay, la cantidad total de muertes por esa causa normalmente varía entre 0 y 5 por año), lo cual lleva a pensar que la mayoría de los abortos clandestinos no se realiza en condiciones de riesgo.
Tampoco es seguro que la legalización del aborto produzca necesariamente una gran disminución del número de abortos clandestinos. Por varias razones, algunas mujeres seguirían recurriendo a abortos clandestinos: mujeres con más semanas de embarazo que el plazo máximo establecido para un aborto legal, mujeres que no quieren dejar un registro de su aborto, mujeres menores de edad cuyos padres no aprueban el aborto, mujeres extranjeras que están de paso en el país, etc. La aplicación coherente de esta objeción pro-abortista debería conducir a eliminar también estas últimas restricciones legales, permitiendo la legalización del aborto hasta el último día del embarazo, la eliminación de los registros de abortos legales, la realización de abortos a menores sin consentimiento de sus padres, el “turismo” con fines abortivos, etc. El absurdo de estas consecuencias demuestra el absurdo de la premisa de la cual ellas derivan.
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Por último, es evidente que la legalización del aborto implicaría un aumento de la cantidad de abortos y por lo tanto de la cantidad de homicidios. Además aumentaría la cantidad de mujeres víctimas de las muchas consecuencias negativas (físicas y psíquicas) del aborto. Los pro-abortistas suelen olvidar u ocultar que también el aborto legal es más peligroso para la madre que llevar a término su embarazo. En particular, aumentarían las víctimas de la depresión post-aborto, lo cual implicaría un aumento del número de suicidios. Es muy probable que el aumento de los suicidios superase a la posible disminución de las muertes relacionadas con abortos clandestinos.
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3. La objeción basada en la aceptación generalizada
Presentación: No se debe considerar ilegal ninguna práctica generalizada y aceptada por la sociedad. El aborto es una práctica generalizada y aceptada por la sociedad. Por lo tanto, se debe legalizar el aborto.
Refutación: Las dos premisas de este silogismo son falsas, por lo cual el razonamiento es inválido. El hecho de que una práctica delictiva esté muy extendida en una sociedad o incluso sea aceptada por la mayoría de la población no implica necesariamente que el Estado deba despenalizarla, ni mucho menos que deba legalizarla. Piénsese por ejemplo en los casos de soborno o de contrabando en pequeña escala, frecuentes en determinados ámbitos; si en estos casos no se puede aplicar la premisa mayor de esta objeción, menos aún es posible hacerlo en el caso del aborto, que es un delito mucho más grave, puesto que atenta contra el primero de los derechos humanos, el derecho a la vida. Los derechos humanos fundamentales no nacen ni mueren por el voto de la mayoría de los ciudadanos, sino que son inherentes a la naturaleza humana. La tarea del Estado no es crearlos, sino simplemente reconocerlos, defenderlos y promoverlos. Una ley positiva que violara esos derechos sería inválida.
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Además, el aborto no es una práctica socialmente generalizada y aceptada. Dado que a veces los pro-vida han caído en el error de aceptar acríticamente la validez de estadísticas tendenciosas acerca del aborto, es necesario subrayar con fuerza que en todo el mundo los pro-abortistas manejan habitualmente cantidades de abortos muy exageradas, fraguadas para crear la falsa impresión de que la gran mayoría de las mujeres recurre al aborto en algún momento de sus vidas y de que la legalización del aborto no aumentaría la ya altísima cantidad de abortos. Por ejemplo, los pro-abortistas solían afirmar, sin ningún fundamento serio, que había 50.000 o hasta 100.000 abortos quirúrgicos anuales en el Uruguay; estas cantidades son sencillamente absurdas, dado que Uruguay es un país de 3,3 millones de habitantes con una población bastante envejecida.
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Otra estrategia habitual de los pro-abortistas en todo el mundo es recurrir a encuestas sesgadas que pretenden hacer creer que la gran mayoría de la población está de acuerdo con una legalización total del aborto, cuando en realidad la mayoría se opone totalmente al aborto o bien lo acepta sólo en determinados casos, relativamente poco frecuentes (peligro de muerte de la madre, malformación del feto, violación).
A partir de esas falsas estadísticas y encuestas, los pro-abortistas concluyen que reprimir el aborto es una tarea imposible y una hipocresía, porque quienes lo condenan en público supuestamente lo practican en privado. Todo esto es radicalmente falso: si se quiere, el aborto puede ser combatido eficazmente. Ante todo, con educación, pero sin descartar la represión. Los padres y madres que consienten en provocar un aborto son culpables, aunque a veces tienen atenuantes (por ejemplo, la ignorancia sobre la naturaleza homicida del aborto); pero mucho más culpables que ellos son los médicos que lucran con un negocio infame, pervirtiendo su noble profesión. También tienen su parte de responsabilidad las autoridades civiles, cuando por omisión dejan impunes la mayoría de esos crímenes.
Por último, quisiera decir algo sobre la acusación de hipocresía que los pro-abortistas suelen hacer contra los ciudadanos pro-vida. Se trata de una acusación gratuita, y bastante absurda y ofensiva por cierto. Dicho en forma breve y sencilla, “hipócrita” es quien predica el bien y practica el mal. Pues bien, la gran mayoría de los pro-vida no sólo nos oponemos al aborto de palabra, sino también de hecho. Ni practicamos abortos, ni nos sometemos a abortos, ni aconsejamos a nadie que aborte, ni contribuimos con ningún aborto. ¿Dónde está entonces nuestra hipocresía?
Además, aunque haya una minoría de defensores de la vida hipócritas y aunque esa hipocresía sea deplorable, es necesario subrayar con fuerza que hay sólo dos formas de librarse de la hipocresía y que los pro-abortistas recomiendan la forma equivocada. En efecto, si la hipocresía es la incoherencia de predicar el bien y practicar el mal, las únicas dos formas posibles de suprimirla son: o dejar de practicar el mal o dejar de predicar el bien. La primera alternativa es la única éticamente aceptable. La segunda alternativa es capaz de generar algo todavía peor que un hipócrita: un ser egoísta que se jacta públicamente de su egoísmo y desprecia visiblemente la virtud.
Por lo demás, con mucha frecuencia es el bando pro-abortista el que incurre en una forma muy descarada de hipocresía, cuando, a la vez que defiende el aborto con base en una supuesta “libertad de elección” de la mujer, se niega tenazmente a condenar como es debido los abortos forzosos practicados por el régimen comunista chino.
4. La objeción basada en la laicidad del Estado
Presentación: En un país laico no debe haber leyes fundadas en dogmas religiosos. Una ley que prohíbe y penaliza el aborto está fundada en los dogmas de la fe católica. Por lo tanto, en un país laico se debe despenalizar y legalizar el aborto.
Refutación: La premisa menor de este silogismo es falsa, por lo cual el razonamiento es inválido. Acerca de la premisa mayor diré que cuando –como está implícito en esta objeción– se afirma que un determinado país es “laico” se comete un grueso error, que proviene de los excesos de la ideología estatista: confundir el país con el Estado. Habría que decir, en cambio, que se trata de un país cuyos habitantes tienen distintas definiciones en materia religiosa y cuyo Estado se define corrientemente como “laico”. O sea, un país plural en materia religiosa, con un Estado “laico”.
Además, a menudo se producen grandes distorsiones del significado auténtico de la laicidad del Estado. No es lícito identificar la aconfesionalidad del Estado –compatible con una alta valoración del fenómeno religioso en general, y de las raíces religiosas del propio país o civilización en particular– con un laicismo militante y hostil a la religión, que procura suprimir su influencia en los asuntos públicos y reducirla a una esfera puramente privada. El dualismo esquizofrénico de cierto secularismo, que busca establecer un abismo infranqueable entre lo público y lo privado, proviene de una falsa antropología que no toma en serio la unidad radical del ser humano ni su índole social. El hombre es siempre inseparablemente individuo y miembro de la sociedad; y se manifiesta ineludiblemente como lo que es. Por todo esto sería mucho más oportuno decir que el Estado es aconfesional, en lugar de “laico”, una palabra cargada de tantas interpretaciones desviadas.
Con estas importantes salvedades, dejaré de lado la premisa mayor y me concentraré en refutar la premisa menor, lo cual será suficiente para refutar la objeción.
Una ley que prohíbe y penaliza el aborto no está fundada en los dogmas de la fe católica, sino en el orden moral objetivo, que todo ser humano (cualquiera que sea su religión) puede conocer por medio de la recta razón. Esto quedó claro en el post titulado “¿Por qué el aborto debe ser penalizado?”. La fe católica no interviene en ninguno de los cuatro pasos del argumento allí expuesto. Ese solidísimo argumento es de orden científico y filosófico, y está al alcance de la sola razón natural. Como hemos visto, la oposición a la legalización del aborto brota ante todo, no de dogmas religiosos, sino de verdades evidentes tales como las siguientes: el embrión humano es un ser humano desde su concepción; todo ser humano goza de la dignidad humana; no se debe matar a ningún ser humano inocente; el Estado debe defender los derechos humanos; etc. Todas estas verdades son compartibles por personas no católicas y de hecho son compartidas por muchas de ellas. Para reconocer la inmoralidad del aborto no es necesario profesar la fe católica, sino que basta reconocer la ley moral natural inscrita en la conciencia de cada hombre, uno de cuyos preceptos fundamentales es amar y respetar la vida humana.
Esta objeción proviene de otra de las estrategias favoritas de los pro-abortistas: la de “confesionalizar” el debate sobre el aborto, catalogando a los pro-vida como católicos intolerantes, que pretenden imponer sus creencias religiosas a todo el resto de la sociedad. Esto representa una profunda tergiversación del debate.
Diputado Vega: el debate para legalizar el aborto no se resuelve con "estampitas ni crucifijos"
Los católicos tienen tanta capacidad, tanto derecho y tanto deber como cualquier otro ciudadano de rechazar la gravísima injusticia del aborto mediante argumentos puramente racionales. El hecho de que su fe sobrenatural les suministre argumentos teológicos adicionales contra la legalización del aborto no desvirtúa en modo alguno la validez racional de sus argumentos científicos y filosóficos sobre el mismo asunto. Pensar lo contrario equivaldría a sostener que un católico, por el mismo hecho de ser católico, quedaría incapacitado para intervenir en los debates políticos acerca de cualquier asunto con profundas implicaciones éticas. Si alguno de los pro-abortistas tiene ese prejuicio anticatólico, sería bueno que se sincerara y se animara a expresarlo de forma clara y pública.
Daniel Iglesias Grèzes
AA, 17-10-11
