María Virginia Guevara
Durante la campaña electoral de 2009, la Municipalidad vivió el conflicto gremial más largo y violento desde los años del ex intendente Kammerath. Duró un mes y medio, y fue provocado por una decisión de Daniel Giacomino, quien eliminó las horas extras y ordenó un recorte feroz de prolongaciones de jornada. El gran perdedor fue Luis Juez, a quien se le atribuyó la responsabilidad del desmadre del gasto salarial y del poder gremial. En esa elección legislativa, Juez se convirtió en senador, pero inició la pérdida de votos en Capital, que se profundizaría el 7 de agosto pasado.
Lo que Giacomino hizo después fue exactamente en el sentido contrario al recorte de 2009. Superó con creces la cantidad de horas extras, prolongaciones de jornada y bonificaciones previas al conflicto, que hoy se encuentran en un récord absoluto. Desde el equipo del electo Ramón Mestre, aseguran que en la actualidad hay cerca de 160 funcionarios habilitados para repartir horas extras –por lo general se acuerdan con los delegados gremiales de cada área– y el resultado es un sobrecosto laboral de unos siete millones de pesos al mes.
No fue todo. Giacomino violó sistemáticamente la ordenanza de tope salarial que él mismo propició en medio del conflicto de 2009; en los últimos meses modificó normas vinculadas con las carpetas médicas en el sentido que quiso el Suoem y, además, equiparó a los más de 1.400 contratados con el personal de planta permanente, a un costo de 36 millones anuales.
El único punto pendiente son los monotributistas, esa figura a la que la actual gestión echó mano para incluir más personal, dada la restricción de nuevos contratos que Giacomino también se autoimpuso. El actual conflicto lleva dos semanas de parálisis municipal, y transcurre –otra vez– en medio de una campaña.
La gran diferencia es que quien busca ahora una banca en el Congreso es Giacomino, y por tanto es el más preocupado por el abandono municipal que padece cada uno de los cordobeses.
Días atrás, el intendente desconoció su compromiso de contratar a los monotributistas y aseguró que no lo haría. Ayer sus funcionarios dijeron lo contrario ante Rubén Daniele.
Sólo resta saber cómo piensan lograr que 16 ediles levanten la mano para permitir que Giacomino pueda violar una ordenanza que ellos mismos aprobaron. Máxime cuando ninguno responde a Giacomino y los radicales se dicen contrarios a las incorporaciones. Prueba de fuego para la coherencia.
La Voz del Interior, 20-10-11
