Artículo de monseñor
Jorge Lozano, obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Episcopal
de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, publicado en el
diario La Nación
el 10 de octubre de 2014
En estos días se ha
vuelto a tratar la cuestión de despenalizar la tenencia de droga para el
consumo personal. Con el ánimo de aportar al debate comparto estas reflexiones.
Los legisladores y gobernantes deben ejercer su función pública teniendo en
cuenta a la población en general, y particularmente a los más pobres y
frágiles. A la hora de legislar, ¿dónde ponemos la mirada acerca de los
derechos vulnerados?
Hace poco los
sacerdotes que viven en las villas y barrios pobres de la ciudad de Buenos
Aires y algunos del conurbano escribieron una carta a la Presidenta. Ellos
conviven con la problemática de los adolescentes y jóvenes que son adictos, los
tienen en las puertas de las capillas, y están sirviendo, como dice Francisco,
"la carne sufriente de Cristo en el pueblo". En esa carta expresan
que "este flagelo pone de manifiesto el núcleo duro de la pobreza y la
exclusión", y vuelven a decir que "la discusión sobre despenalización
corresponde a los últimos capítulos del libro, y no a los primeros". ¿Qué
iría entonces en los primeros capítulos?
En el capítulo 1
debería estar la inclusión. Se debe fortalecer la igualdad de oportunidades
para opciones de vida. Garantizar educación para todos estemos donde estemos.
Muchos quedan fuera del sistema educativo porque repitieron tres veces o porque
no le encuentran sentido a estudiar. No se los puede obligar a compartir aula
con chicos que tienen tres años menos, ni hacerlos pasar porque sí para que no
abandonen. No tienen conciencia de horarios como para trabajar, ni han
incorporado hábitos de responsabilidad. Tampoco acceden a puestos de trabajo
por su aspecto exterior o el lugar de vivienda. Debemos reconocer que por medio
del Ministerio de Trabajo se han elaborado algunos planes tendientes a dar
algunas soluciones. Pero no están suficientemente difundidos y aplicados. Una
de las mayores carencias tiene que ver con los afectos ausentes, las familias
rotas, situaciones de hacinamiento indigno, con graves privaciones de abrigo y
alimento. Intemperie afectiva y mucho tiempo en la calle.
Hace falta mayor
presencia del Estado. No desconozco el impacto positivo que tienen programas
como la "asignación universal por hijo", pero persisten núcleos duros
de pobreza a los que cuesta llegar.
El segundo capítulo
debería estar orientado a la educación en sentido amplio. Educar en valores
sociales: el deporte, la murga, la orquesta, el teatro, la tarea solidaria. En
esto juegan un papel muy importante las comunidades religiosas, los clubes de
barrio, los sindicatos y otras organizaciones sociales.
El tercero es el de
la asistencia para quienes son adictos. Contamos con escasos lugares para
realizar tratamientos de recuperación y la mayoría están agotados en su
capacidad. Los hospitales que cuentan con servicios de psiquiatría a duras
penas los reciben para desintoxicarlos, pero después los largan a la calle. Los
Hogares de Cristo en la villa y otros esfuerzos de servicios desde las
parroquias despliegan grandes energías en prevención y asistencia.
El capítulo 4 es la Justicia que no llega. La
lentitud de las causas por narcotráfico está vinculada a falta de herramientas
adecuadas y artilugios legales inmorales. En noviembre del año pasado la Corte Suprema de
Justicia exigió el Poder Ejecutivo medidas urgentes para combatir el
narcotráfico. Hace unos meses varios jueces federales del norte del país
insistieron en sus reclamos. Se estima que casi un 20% de los juzgados
federales están vacantes, con lo cual se produce una sobrecarga de tarea en
oficinas y escritorios de otros jueces. Se multiplica el trabajo, pero no el
personal. La impunidad se adueña de la calle y las rutas. Llegamos tarde y mal
donde todo ya pasó.
El capítulo 5 debería
estar reservado para las fuerzas de seguridad. Es necesario dotar de
instrumentos de control y de transparencia el operar de las diversas fuerzas
nacionales y provinciales. Mientras Gendarmería y Prefectura custodian barrios
y hospitales en las provincias, las fronteras terrestres, aéreas y fluviales se
vuelven frágiles y porosas. Es necesaria también una ardua tarea para detectar
a los cómplices internos del narcotráfico que les soplan de los operativos o
hacen la vista gorda a cambio de coimas y sobornos. Es de destacar, no
obstante, la valentía con la cual muchos trabajan arriesgando la propia vida.
Debemos alentarlos en el camino del bien.
La pata política de
la corrupción sería el capítulo 6. La droga circula también favorecida por
autoridades políticas que miran para otro lado en municipios y provincias. Unos
cuantos están prendidos en el negocio, mientras que otros callan por cobardía.
La gente se da cuenta y se siente desamparada y ninguneada. Todos saben dónde
se vende, ¿y las autoridades no?
Capítulo 7: leyes de
lavado de dinero y precursores químicos. En diciembre pasado casi todos los
partidos políticos nacionales (incluidos algunos del oficialismo) firmaron un
acta en la cual se proponía como fundamental el control sobre los precursores
químicos, para lo cual es imperiosa la reglamentación y aplicación de la ley
26.045. Es de vital importancia poner la mirada sobre las llamadas "drogas
de diseño". También se debe perseguir el lavado de dinero producto del
narcotráfico y promover la incautación de los bienes ligados a la mafia de
manera de impactar en la economía del crimen organizado.
El capítulo 8 es
perseguir el delito en serio. No puede usarse como argumento que la lucha
contra el narcotráfico está perdida y por eso hay que legalizar. Pensemos ese
mismo argumento aplicado a la trata de personas o el robo de automotores, en
los cuales hay logros pendulares. Para esto hace falta clara determinación, y
sin proteger a los amigos del poder, cosa que no se ha notado. Más bien se ha
favorecido a los barrabravas de los clubes en negocios clandestinos, entre
ellos, la venta de droga.
En el capítulo 9,
debemos ser claros: la droga esclaviza. Después del llamado fallo Arriola
muchos adolescentes decodificaron la noticia de dos modos erróneos y
perjudiciales: "Ahora se puede" y "no debe ser tan malo, ya que
está permitido". Cuando se dice que la droga está despenalizada de hecho,
se refiere a que se consume en la calle. Yo lo puedo ver en algunas plazas de
Gualeguaychú, y lo mismo sucede prácticamente en todo el país. También se vende
y consume en boliches, clubes y colegios a plena luz del día. Lamentablemente
se ha producido una disminución en la percepción del daño que ocasionan las
drogas con slogans falsos: "Un porro no hace nada". Se corre el
riesgo de naturalizar el consumo.
Y recién después de
todo eso, entonces sí, capítulo 10: ¿despenalizamos?
Sólo después de haber
escrito los otros capítulos promovamos el debate. Para una norma tan importante
es necesario plantear una consulta amplia y federal. No puede quedar
restringido el aporte a unos pocos actores en la ciudad de Buenos Aires.
Debería haber audiencias públicas en cada provincia, y escuchar a diversas
organizaciones: iglesias, Madres del Paco, organizaciones de familiares de
adictos, comunidades terapéuticas, directivos de escuelas y docentes,
organizaciones del pueblo que se ocupan de recibir y contener adictos.
Todos coincidimos en
que el adicto no es un delincuente. Por eso decimos no a la criminalización y a
la estigmatización. Pero también con la misma firmeza decimos sí a la equidad e
igualdad de oportunidades.
Epílogo: algunos
capítulos se pueden escribir de manera simultánea, y de hecho se está haciendo,
ya que este libro tiene la peculiaridad de ser redactado por varios autores.
Como texto en construcción, tiene un final abierto, aunque para muchos jóvenes
el futuro ya está clausurado.
Mons. Jorge Eduardo
Lozano, obispo de Gualeguaychú
