Aica, 11 Ago
2017 r
El próximo miércoles 16 de agosto se hará la audiencia
pública dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para debatir la
causa judicial tendiente a motorizar el cese de la enseñanza religiosa en las
escuelas públicas de Salta.
La arquidiócesis de Salta expresó que en los días
previos al debate público se produjeron “un par de sorpresas”, entre ellas la
decisión del máximo tribunal de convocar “amicus curiae” (amigos del tribunal)
para que se presentasen a dictaminar en calidad de asesores.
“Estas medidas son excepcionales ya que sólo se
adoptan en causas de sumo interés institucional, y así parecía serlo el ‘caso
salteño’”, agregó en un parte de prensa.
“Lo que se debate es el derecho de los padres a que
sus hijos reciban en la escuela la enseñanza religiosa que esté de acuerdo a
sus propias convicciones, tal como lo dispone la Constitución de la provincia
de Salta; en contraposición con lo reclamado por las demandantes, en orden a
que el sistema afecta la neutralidad religiosa y la libertad de pensamiento que
debe haber en la escuela de gestión estatal”, precisó.
La autoridad eclesiástica salteña estimó
“sorprendente” el nivel de respuesta al llamado de la Corte federal, dado que
se presentaron 55 “amigos del tribunal”, al que consideró “un número inusual
para este tipo de convocatorias”.
Entre esos “amigos del tribunal” figuran, según
detalló, académicos del derecho, expertos en educación, partidos políticos, y
asociaciones varias, en un arco que va desde la Pontificia Universidad Católica
Argentina hasta la Asociación de Ateos de Mar del Plata, pasando por la
Masonería Argentina.
“También resultó imprevista la presentación de
centenares de docentes de Religión y de padres de alumnos a favor de la
enseñanza de Religión en la escuela pública, pidiendo participar en esta
instancia de la causa”, sostuvo.
Las familias han sido ignoradas
Según el parte de prensa, “los padres afirman que los
titulares del derecho a recibir la enseñanza religiosa son las propias familias
y que este ‘colectivo’ ha sido totalmente ignorado en un juicio donde lo que,
en definitiva se pretende, es privarlos de ese derecho, afectándoles de este
modo su derecho de defensa”.
Por su parte, los docentes aseguraron que “el sistema
salteño no viola el principio de neutralidad religiosa del Estado ya que son
los padres los que ejercen la opción por recibir enseñanza religiosa o no, y en
caso afirmativo, indican la religión en que desean se instruya a sus hijos”.
“En las aulas salteñas, mediante la libre opción de
los padres, se instruye en diversos credos religiosos y también en principios
de naturaleza filosófica para aquellos que optan por no recibir enseñanza de un
credo en particular”, subrayaron.
Una causa contra derecho
La causa se remonta a 2010, cuando la Asociación por
los Derechos Civiles (ADC), con sede en Buenos Aires, secundada por un grupo de
seis madres, presentó una acción de amparo colectivo contra el ministerio de
Educación de Salta, solicitando el cese de las clases de educación religiosa en
las escuelas públicas por considerarlas “atentatorias contra la libertad de
conciencia”.
Las demandantes postularon representar los intereses
de “todos aquellos padres que no querían que sus hijos recibieran enseñanza
escolar en la religión católica”.
En tanto, la Provincia sostuvo la defensa de la
autonomía de Salta para incorporar a su Constitución la cláusula impugnada por
las amparistas, con base en varios tratados de derechos humanos y en la propia
Constitución Nacional, insistiendo en que se instrumentó “un sistema de libre
opción, sin imposición de la enseñanza de ningún credo en particular”.
Así lo recalcaron los cuatro obispos con jurisdicción
en el territorio de Salta en su pronunciamiento de abril declaración de los
cuatro obispos del territorio de Salta, en el que se destacó que la enseñanza
religiosa en la provincia “es un derecho de todos, posibilitando que los
sectores más humildes de la sociedad, de convicciones profundamente religiosas,
reciban una educación integral”.
La arquidiócesis de Salta sugirió, además, leer el
análisis sobre este caso hecho por el delegado de la Red Argentina de Laicos
(Relai) para el Noroeste Argentino (NOA), doctor José Durand:
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