Por Raúl Alamillo
@ADNPolitico, Marzo 24, 2014
Raúl Alamillo es
abogado constitucionalista y filósofo, así como académico en la Universidad
Autónoma de Nayarit.
Diputados del PRD han
elaborado recientemente dos iniciativas de reformas legales, una de alcance
local para el DF y otra federal, en materia de regulación de estupefacientes,
con particular interés en la marihuana.
Antes de entrar
propiamente en lo planteado por las iniciativas antes señaladas, quisiera
mencionar a grandes rasgos los argumentos más relevantes sostenidos tanto por
quienes apoyan tales propuestas, como por aquellos que las rechazan.
Quienes están a favor
de cambios que vayan en la línea de regular el consumo de las drogas,
especialmente la cannabis, ofrecen fundamentalmente los siguientes argumentos:
El primero, de
carácter económico, afirma que de regularse el consumo de la cannabis, el
Estado mexicano dejará de gastar enormes cantidades de dinero público en la
llamada "guerra contra las drogas" (de factura norteamericana, con
cargo a Nixon), que hasta ahora ha mostrado ser un fracaso absoluto. Algunos
datos sugieren que incluso el consumo se ha elevado.
Además, los
"pro-regulación" sostienen que regular la cannabis supone
necesariamente que toda la cadena de producción se grave con impuestos, por lo
que, lejos de gastar en un combate estéril en resultados y fértil en sangre, el
Estado podrá allegarse de recursos tributarios, que incluso pudiesen
destinarse, todos o en parte, a la atención de adicciones.
El segundo argumento
sostiene que la regulación de la cannabis producirá una disminución importante
en los índices de violencia e inseguridad atribuibles al crimen organizado.
El tercer argumento
afirma que el consumo o no de la cannabis es un tema de libertades ciudadanas o
de autonomía individual, por lo que el Estado, al prohibir o regular
excesivamente su consumo, mete las manos arbitrariamente en la vida íntima de
los consumidores (valga el ejemplo del alcohol y el tabaco como ejemplo de que
no todo lo "dañino" para la salud está prohibido).
Ahora bien, los
argumentos en contra van en este sentido:
De regularse el
consumo de la cannabis, estaremos abriendo de par en par la puerta al consumo
–y probable adicción– de otras substancias con mayor potencial de riesgo (por
ejemplo, las drogas sintéticas) para la vida y la salud física y mental de los
consumidores.
Además, el consumo de
drogas de cualquier tipo, incluidas las “drogas de uso legal” (como ya lo hace
el cigarro y el alcohol) provocaría daños irreversibles, particularmente al
grupo de edad de los jóvenes, daños que, más allá de la dimensión
psico-afectiva, impactan hasta en sus posibilidades reales de acceder a
oportunidades educativas y/o de empleo.
También niegan que la
regulación de la cannabis y otras aplaque la violencia y la inseguridad, ya que
–según sostienen– los grupos del crimen organizado, al ser
"despojados" del mercado del tráfico de enervantes, inmediatamente
configuran y/o intensifican nuevos giros delincuenciales: extorsiones,
secuestros, robo de vehículos, asalto a transportistas, etc.
El último argumento
que destaco en esta postura es la que sostiene que, a la par del consumo legal
de cannabis, seguirá vigente un mercado negro que permita adquirir drogas a
bajo costo y de forma anónima, con independencia de la calidad de dicho
"producto".
Hasta aquí el
contexto del debate, pero ¿qué se propone exactamente en las iniciativas antes
señaladas?
En síntesis, las
propuestas apuntan a que a nivel federal deje de castigarse la prescripción
médica de la cannabis, es decir, se busca la despenalización para consumo de
cannabis con fines "terapéuticos" (paliativo del dolor por migraña,
VIH/SIDA, etc.). También se plantea modificar las dosis máximas permitidas para
consumo personal: en el caso de la cannabis, piden que se aumente dicha dosis
de cinco a 30 gramos, para estar a tono con los "estándares
internacionales".
Otra de las
modificaciones implica que las entidades federativas tengan facultades para
ejercer el control sanitario del cultivo y la producción (hoy sólo pueden
perseguir delitos de posesión y narcomenudeo).
A nivel del DF, los
perredistas buscan crear centros de "abastecimiento seguro" partiendo
de la lógica de que, si ya se permite el consumo, es una incongruencia no tener
lugares donde adquirirla (y con mayor razón si de aprobarse tales reformas los
consumidores podrían portar hasta seis veces más de lo hasta ahora permitido).
Tales centros de distribución legal sólo aplicaría para la cannabis (no así
para otras drogas permitidas), bajo la política de "separación de
mercados".
Asimismo, se aplicará
el principio de oportunidad para el caso de consumidores detenidos por la
autoridad, a quienes, en determinados supuestos, no se les iniciará una
averiguación ministerial, salvo que por ejemplo, porten armas, o hayan usado violencia, etc.
Hasta aquí el
panorama de la discusión. Considero que ofrecer mi propia opinión es a todas
luces irrelevante, así que he decidido, por esta ocasión, proponer elementos
para que las y los ciudadanos sometan a debate este tema, que sin duda es de
interés público.
