DON BOSCO

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"BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS"

¿SÍ O NO A LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA?


Por Raúl Alamillo

 @ADNPolitico, Marzo 24, 2014 

Raúl Alamillo es abogado constitucionalista y filósofo, así como académico en la Universidad Autónoma de Nayarit.

Diputados del PRD han elaborado recientemente dos iniciativas de reformas legales, una de alcance local para el DF y otra federal, en materia de regulación de estupefacientes, con particular interés en la marihuana.

Antes de entrar propiamente en lo planteado por las iniciativas antes señaladas, quisiera mencionar a grandes rasgos los argumentos más relevantes sostenidos tanto por quienes apoyan tales propuestas, como por aquellos que las rechazan.

Quienes están a favor de cambios que vayan en la línea de regular el consumo de las drogas, especialmente la cannabis, ofrecen fundamentalmente los siguientes argumentos:

El primero, de carácter económico, afirma que de regularse el consumo de la cannabis, el Estado mexicano dejará de gastar enormes cantidades de dinero público en la llamada "guerra contra las drogas" (de factura norteamericana, con cargo a Nixon), que hasta ahora ha mostrado ser un fracaso absoluto. Algunos datos sugieren que incluso el consumo se ha elevado.

Además, los "pro-regulación" sostienen que regular la cannabis supone necesariamente que toda la cadena de producción se grave con impuestos, por lo que, lejos de gastar en un combate estéril en resultados y fértil en sangre, el Estado podrá allegarse de recursos tributarios, que incluso pudiesen destinarse, todos o en parte, a la atención de adicciones.

El segundo argumento sostiene que la regulación de la cannabis producirá una disminución importante en los índices de violencia e inseguridad atribuibles al crimen organizado.

El tercer argumento afirma que el consumo o no de la cannabis es un tema de libertades ciudadanas o de autonomía individual, por lo que el Estado, al prohibir o regular excesivamente su consumo, mete las manos arbitrariamente en la vida íntima de los consumidores (valga el ejemplo del alcohol y el tabaco como ejemplo de que no todo lo "dañino" para la salud está prohibido).

Ahora bien, los argumentos en contra van en este sentido:

De regularse el consumo de la cannabis, estaremos abriendo de par en par la puerta al consumo –y probable adicción– de otras substancias con mayor potencial de riesgo (por ejemplo, las drogas sintéticas) para la vida y la salud física y mental de los consumidores.

Además, el consumo de drogas de cualquier tipo, incluidas las “drogas de uso legal” (como ya lo hace el cigarro y el alcohol) provocaría daños irreversibles, particularmente al grupo de edad de los jóvenes, daños que, más allá de la dimensión psico-afectiva, impactan hasta en sus posibilidades reales de acceder a oportunidades educativas y/o de empleo.

También niegan que la regulación de la cannabis y otras aplaque la violencia y la inseguridad, ya que –según sostienen– los grupos del crimen organizado, al ser "despojados" del mercado del tráfico de enervantes, inmediatamente configuran y/o intensifican nuevos giros delincuenciales: extorsiones, secuestros, robo de vehículos, asalto a transportistas, etc.

El último argumento que destaco en esta postura es la que sostiene que, a la par del consumo legal de cannabis, seguirá vigente un mercado negro que permita adquirir drogas a bajo costo y de forma anónima, con independencia de la calidad de dicho "producto".

Hasta aquí el contexto del debate, pero ¿qué se propone exactamente en las iniciativas antes señaladas?

En síntesis, las propuestas apuntan a que a nivel federal deje de castigarse la prescripción médica de la cannabis, es decir, se busca la despenalización para consumo de cannabis con fines "terapéuticos" (paliativo del dolor por migraña, VIH/SIDA, etc.). También se plantea modificar las dosis máximas permitidas para consumo personal: en el caso de la cannabis, piden que se aumente dicha dosis de cinco a 30 gramos, para estar a tono con los "estándares internacionales".

Otra de las modificaciones implica que las entidades federativas tengan facultades para ejercer el control sanitario del cultivo y la producción (hoy sólo pueden perseguir delitos de posesión y narcomenudeo).

A nivel del DF, los perredistas buscan crear centros de "abastecimiento seguro" partiendo de la lógica de que, si ya se permite el consumo, es una incongruencia no tener lugares donde adquirirla (y con mayor razón si de aprobarse tales reformas los consumidores podrían portar hasta seis veces más de lo hasta ahora permitido). Tales centros de distribución legal sólo aplicaría para la cannabis (no así para otras drogas permitidas), bajo la política de "separación de mercados".

Asimismo, se aplicará el principio de oportunidad para el caso de consumidores detenidos por la autoridad, a quienes, en determinados supuestos, no se les iniciará una averiguación ministerial, salvo que por ejemplo, porten armas, o  hayan usado violencia, etc.


Hasta aquí el panorama de la discusión. Considero que ofrecer mi propia opinión es a todas luces irrelevante, así que he decidido, por esta ocasión, proponer elementos para que las y los ciudadanos sometan a debate este tema, que sin duda es de interés público.