será difícil su
repatriación: qué opciones analiza el Gobierno
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Dilema moral: que miles de jóvenes que emigraron voluntariamente -no para estudiar o perfeccionarse-, para trabajar en otros países cosechando kiwi, dando clases de esquí, sirviendo en hoteles o restaurantes, o call centers, ahora que perdieron sus trabajos pretendan volver al país que abandonaron, ocasionando gastos adicionales, debería ser motivo de profunda reflexión.
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Por Román Lejtman
Infobae, 2 de abril de 2020
Felipe Solá pasa horas en la
Cancillería tratando de desactivar una bomba de tiempo que la crisis global del
coronavirus armó en escasos días: atender los reclamos de miles de argentinos
que tenían trabajo en el exterior, que ahora están desocupados por la pandemia
y que pretenden regresar al país.
En el Ministerio de
Relaciones Exteriores aún no tienen un número exacto de la categoría
varados-desocupados que solicitan su repatriación, a lo que habría que sumar
cerca de 10.000 argentinos que también quieren regresar tras sus fallidas
vacaciones alrededor del mundo.
Solá enfrenta dificultades
sanitarias, políticas, económicas y logísticas para satisfacer la demanda de
los argentinos que llegan a la Cancillería a través de contactos personales,
mails, chats, Instagram, Facebook, cables cifrados de la embajadas, llamadas a
los consulados y Twitter.
El Ministro tiene un
gabinete de crisis que recopila todos los reclamos y considera preparar un mapa
caliente para fijar las prioridades y decidir si corresponde resolverlas -o no-
a cuenta y orden del Estado Nacional.
Argentinos
varados-desocupados hay en New Zeland, Andorra, Barcelona, México, Miami, Los
Ángeles, Nueva York, Roma y Madrid, entre otras ciudades. Estaban allí
cosechando kiwi, dando clases de esquí, atendiendo en los hoteles frente al
mar, sirviendo comidas rápidas o en un call center. Fueron despedidos y su
situaciones económicas no siempre son similares.
En este contexto, Solá tiene
que tomar una decisión bajo un concepto difícil de diseñar y complicado de ejecutar.
Si la Argentina decide repatriar a todos los argentinos que se quedaron sin
trabajo, la cifra del gasto será millonaria en dólares. Y si sólo se decidiera
pagar el alojamiento, la comida y el regreso en avión a los que alegan no tener
los fondos suficientes, no habría forma de probar esa declaración unilateral.
Por ejemplo, en Andorra hay
casi 2.000 argentinos varados-desocupados que trabajaron en los centros de
esquí y cobraron en euros. Entonces, cómo resuelve Cancillería la asignación de
los recursos públicos para garantizar su repatriación. Todavía no hay una
solución en el Palacio San Martín.
La ausencia de método
institucional para resolver el rescate de los desocupados-varados tiene una
complicación logística extra. No hay aviones disponibles de línea: todos los
vuelos están cancelados y los pilotos no quieren viajar en medio de la
pandemia. Para conseguir un transporte desde el lugar de origen -Wellington,
Ciudad de México o Los Ángeles- es necesario un acuerdo político. Y eso lleva
su tiempo de negociación y de trámite burocrático.
Cuando Solá tenga los
nombres de todos los desocupados-varados que decidió repatriar por cuenta del
Estado, más los 10.000 argentinos (número aproximado) de turistas que aún
sueñan con volver, deberá sentarse con Ginés González García para obtener la
autorización sanitaria del ministro de Salud. Es decir: González García decide
cuántos vuelven y qué día.
No se trata de un capricho
político del ministro de Salud. Si la mayoría de los contagiados tienen su
origen en el extranjero, González Garcia no quiere multiplicar las
consecuencias de la pandemia autorizando a miles de argentinos que llegarían
desde Oceanía, Estados Unidos, América Latina y Europa.
El Decreto de Necesidad y
Urgencia (DNU) abre la posibilidad a dos vuelos diarios para traer a varados
(turistas, estudiantes o desocupados) por día. Pero no se trata de una
obligación, sino de una probabilidad establecida por una norma de emergencia.
No habrá dos vuelos por día: no hay aviones, no hay pilotos, no están las
listas definitivas, no hay una autorización en blanco de González García, ni
los fondos habilitados por la cartera de Economía.
Solá pasa horas en la
Cancillería tratando de desarmar la bomba de relojería. Está acompañado por
embajadores, cónsules y funcionarios diplomáticos alrededor del mundo que
trabajan todo el día, que han sufrido contagio y que no piensan rendirse.
Todavía no han encontrado la
solución a esta inesperada trampa del coronavirus.