una guerra sin sustento científico
Por Manuel Ríos -
Tribuna de Periodistas, 20/06/2018
Pocos meses atrás y por primera vez en 20 años,
Argentina volvió a importar soja desde Estados Unidos. La noticia que produjo
un fuerte derrumbe en el precio del cultivo, no resultó inesperada para el
sector. La sequía que venía impactando al agro argentino, fue identificada por
la Sociedad Rural de Rosario como la peor en los últimos 70 años y las
estimaciones demuestran que las pérdidas podrían llegar hasta los 3.436
millones de dólares.
Lo que a su vez, resultaría en una caída de 4.600
dólares en el PBI. Frente a este pronóstico poco alentador y mientras el campo
se plantea cómo salir adelante, ciertos proyectos de ley con respecto al uso de
agroquímicos están alarmando a los productores.
Ante esta situación extraordinaria de sequía, se
generaron todo tipo de respuestas. Sin embargo, algunos proyectos presentados
en este contexto alarmaron al sector. Desde Santa Fe, una de las provincias más
afectadas por la falta de lluvia, el diputado Fabián Oliver, presentó un
proyecto que contempla un aumento del 100% del impuesto inmobiliario rural,
para todos aquellos productores que utilicen agroquímicos. A la par, la
diputada Victoria Donda, presentó otro proyecto de ley para prohibir las
pulverizaciones aéreas con agroquímicos en todo el territorio nacional. Por
supuesto, las críticas no tardaron en llegar.
En Buenos Aires, el proyecto de Victoria Donda generó
una gran controversia y a su vez cierta sorpresa. La diputada de Libres del
Sur, anunció una iniciativa para prohibir las aplicaciones terrestres de
agroquímicos a lo largo del país, alegando que el proyecto tiene fines
sanitarios. Según los dichos de Donda, los agroquímicos pueden tener
consecuencias fatales, como la muerte de una persona. Lo que justificó citando
un estudio llevado a cabo por la Agencia Internacional para la Investigación
sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial para la Salud
(OMS), en el que se señala al glifosato, herbicida de mayor uso a nivel
mundial, como ‘probablemente cancerígeno’.
Sin embargo, lo que Donda no tuvo en cuenta es que
dicho estudio quedó desestimado, cuando la agencia de noticias Reuters,
presentó una investigación en la que se reveló que la IARC editó
intencionalmente su estudio, eliminando aquellas conclusiones que no
encontraron una conexión entre el glifosato y el cáncer o las malformaciones
congénitas. Como si fuera poco, el estudio de la IARC es el único que pone en
duda la seguridad del glifosato, mientras que otras instituciones como la
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria y la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, entre otras, respaldaron al glifosato. De hecho,
la Unión Europea, tras un largo y serio debate, decidió hacer valer la
evidencia científica en torno al caso y extender la autorización del herbicida
por cinco años más.
El proyecto del diputado santafesino Oliver, tampoco
fue bien recibido en el sector. Mientras en la provincia, los productores
siguen resistiendo y utilizando todas las herramientas a su alrededor para
paliar la crisis y fomentar la producción, resulta ilógico que alguien proponga
la limitación de los recursos. La presentación del diputado santafesino generó
una gran preocupación en el sector, lo que obligó a la ministra de Producción
de la provincia, Alicia Ciciliani, a salir a contrarrestar los dichos. En esa
línea, la ministra afirmó que el énfasis está puesto en producir más y mejor,
para que cada hectárea de la provincia sea productiva. Sin embargo, la
problemática ya está instalada y parece que va a generar otro interminable debate.
Especialmente, considerando las operaciones que constantemente despliegan
aquellos que se hacen llamar por ambientalistas, pero que en verdad recurren a
sus propias teorías en lugar de a la evidencia científica, para hacer valer sus
reclamos, muchas veces ilegítimos.
Evidentemente, los estudios llevados a cabo por
instituciones internacionales y la evidencia científica, no resultan
suficientes a la hora de avalar la seguridad de los agroquímicos. O por lo
menos, no en nuestro país. Desde la capital de la soja, hasta la provincia de
Buenos Aires, la idea de prohibir los agroquímicos tomó un gran protagonismo en
el último tiempo. A pesar de los intentos, hasta ahora fallidos, del gobierno
nacional de regular la utilización de fitosanitarios y promover las buenas
prácticas agrícolas, lo cierto es que por el momento, la problemática carece de
solución. Lo que fomenta a su vez, la aparición de todo tipo de proyectos que
en lugar de estar orientados a mejorar las prácticas, manteniendo el uso de
agroquímicos, se orientan directamente a la prohibición de los mismos. Algo que
desde el punto de vista científico, resulta ilógico y hasta dañino para la
economía del país.
En un momento en el que el campo necesita valerse de
todos los recursos posibles para revertir las consecuencias de la sequía, poner
en duda las herramientas utilizadas para mejorar la producción, resulta en un
debate retrógrado. Si bien algunos quieren justificar sus iniciativas al
enmarcarlas en un discurso preestablecido sobre ambientalismo y supuestas
tendencias internacionales, la prohibición de herramientas centrales en el
esquema productivo del campo, como lo son los agroquímicos, sólo demuestra la
falta de conocimiento en el tema. La utilización de esta tecnología debería ser
vista como una innovación necesaria y como un motor de desarrollo. Debatir
sobre la prohibición de agroquímicos no solo atrasa, sino que además le da pie
a los grupos de interés, que se ocultan detrás de colectivos sociales, para
instalar sus propias ideologías, en lugar de darle al sustento científico, la
garantía que merece.
