La Nación, editorial, 6 de junio de 2018
Se atribuye al macabro Joseph Goebbels la expresión
"miente, miente que algo quedará". A sabiendas o por ignorancia se
escucha repetir falsedades en materia de aborto que pecan de claro oportunismo
ante la proximidad de la votación en el Congreso, que pone en juego el derecho
a la vida.
Se sostiene falazmente, por ejemplo, que el aborto en
caso de violación, siempre y desde muy antiguo, había sido permitido y
practicado legalmente en la Argentina. No es cierto. El único caso de aborto
legalmente permitido por un embarazo causado por violación es aquel practicado
por un profesional diplomado, cuando la violación recae sobre lo que el Código
Penal llamaba "mujer idiota o demente", definición tan antigua como
impropia al día de hoy, y en tal caso disponía que el consentimiento de la
víctima de la violación fuera prestado previamente por su representante legal.
Se afirma también que el protocolo dictado como
consecuencia de la "interpretación" de la Corte Suprema de Justicia
en el caso "FAL", al que algunas provincias han adherido -fallo a
favor de un aborto por violación en el caso de una adolescente no
discapacitada-, implicaba una orden judicial que debía ser acatada por encima
de cualquier decreto provincial que pudiera disponer otra cosa. Nuestro máximo
tribunal solo puede pronunciarse y dictar fallos sobre casos concretos e
individuales, careciendo sus sentencias del alcance general que se pretende
imponer en un reiterado error. Disponer lo contrario, por vía de
interpretación, "protocolo" o el eufemismo que quiera utilizarse
viola el principio de separación de poderes pues, en tal caso, el Poder
Judicial se estaría arrogando la facultad de dictar normas, cualquiera que sea
el rango de estas, tarea reservada exclusivamente por nuestra Constitución al
Poder Legislativo.
Pretender imponer términos como "interrupción de
embarazo" o "aborto seguro" encierra la intención de transmitir
una idea disfrazada y edulcorada respecto de un procedimiento que no es
inofensivo y que es falsamente desprovisto de riesgos y de secuelas. Como si se
tratase de un mero trámite, ignorando que, en la práctica, resulta todo lo
contrario.
En el debate, ha cobrado fuerza el argumento de que
oponerse a la despenalización del aborto está ligado a una cuestión dogmática o
religiosa de cada persona exclusivamente, tanto que se la asimiló incluso al
divorcio. No deja de ser otro intento de negar las múltiples evidencias
científicas sobre el comienzo de la vida desde la concepción, y de reducir una
práctica claramente criminal a una cuestión de fe que pierde peso para quienes
no la comparten.
La despenalización del aborto no puede asimilarse a
una política de salud dado que el embarazo no es una enfermedad y el aborto no
es su cura. Ningún supuesto plan de higiene y salud poblacional puede habilitar
a los que no son felices a eliminar a los que consideran la causa de su infelicidad.
En el camino de estas construcciones falaces, muchas
de ellas malintencionadas y propias de posiciones ideologizadas, se encuentra
la insostenible afirmación de que en la Argentina se practican 500.000 abortos
ilegales por año, con un saldo de 100 mujeres muertas en ese lapso. La realidad
y las estadísticas se dan de bruces con esta reiterada mentira; cuando la vida
está en juego, incluso, resultan inmorales. Por otra parte, está comprobado que
la primera causa de muerte materna no es el aborto, sino la desnutrición, junto
a otras como tuberculosis y mal de Chagas, que se relacionan con la pobreza y
la falta de adecuada atención sanitaria.
Con el fin de alimentar tendencias en boga para sumar
adeptos, se argumenta que las muertes de mujeres en abortos clandestinos
constituyen femicidios indirectos, pasando por alto que en toda práctica
abortiva, clandestina o legalizada, hay una víctima indefensa: la persona por
nacer. No se puede imponer un criterio sobre otro, pues nada justifica que para
defender una vida haya que cercenar otra. No podemos promover el dictado de
leyes para erradicar la violencia contra la mujer y, al mismo tiempo, plantear
la legalización de la peor de las violencias: la muerte de un inocente. Por
otra parte, en un enorme contrasentido, la iniciativa #NiUnaMenos se inició a
raíz del femicidio de Chiara Páez, una joven de 14 años embarazada que, por
negarse a interrumpir su embarazo, murió a manos de su novio. Luego,
paradójicamente, el movimiento se enrolaría también detrás de la
despenalización del aborto.
No menos tendencioso es insistir, contra las
evidencias que la ciencia moderna y la tecnología confirman de manera
indubitable, en que el embrión es solo una parte del cuerpo de la mujer,
extirpable como una muela, y no un ser absolutamente diferente, que se gesta
dentro del cuerpo al punto de tener incluso un ADN distinto. Se prefieren así
los efectistas eslóganes ideológicos y políticos a las rigurosas comprobaciones
científicas dada la dificultad para rebatirlas con seriedad.
Tampoco es posible que con inhumana liviandad se
nieguen los traumáticos efectos físicos y sobre todo psicológicos que las
prácticas abortivas tienen en las mujeres que, muchas veces forzadas por
circunstancias indeseadas, han recurrido a ellas por falta de la debida
contención y acompañamiento que hasta aquí como sociedad no hemos sabido
brindarles de manera efectiva. ¿Por qué no aprobar una ley de asistencia a la
mujer en conflicto con su embarazo?
No menos lamentable y preocupante resulta que los cinco
proyectos en consideración propongan la interrupción de la gestación de bebes
discapacitados o malformados, un retroceso de proporciones para una sociedad
que se ufana de defender los derechos humanos y, en especial, los de los
diferentes, pisoteando con esto precisamente los de los más desamparados.
Legitimar el aborto no nos hace progresistas, como
muchos sostienen, sino que, por el contrario, nos hace retroceder
peligrosamente como sociedad.
El doctor Jerôme Lejeune, padre de la genética
moderna, se opuso al "racismo" de los sanos contra los enfermos y
afirmó que "la calidad de una civilización se mide por el respeto que le
profesa al más débil de sus miembros".
En los próximos días, distintos proyectos que proponen
una eventual reforma a nuestras leyes civiles, que incluso contraría el texto
constitucional, se tratarán en el Congreso. Es importante en estas instancias
que no se pretenda seguir confundiendo o engañando a la población con
informaciones inexactas y tendenciosas. Es tiempo de llamar a las cosas por su
nombre y de aceptar el desafío de cuidar las dos vidas, porque toda muerte es
una tragedia.
