quitará la custodia a los padres
que no acepten la doctrina LGTB
INFOVATICANA 5 Junio, 2017
Aquellos padres que se opongan a la doctrina promovida
por la ideología de género podrán perder la custodia de sus hijos. Así lo
establece el nuevo proyecto de ley aprobado en Ontario (Canadá) bajo el nombre
“Ley de Apoyo a la Infancia, los Jóvenes y las Familias de 2017”.
El partido liberal liderado por el primer ministro
canadiense Justin Trudeau ha aprobado esta normativa, denunciada por numerosas
entidades a favor de la familia como “una iniciativa totalitaria” y una “grave
amenaza para los cristianos y para todas las personas de fe que tienen hijos o
que mantienen la esperanza de acrecentar su familia mediante la adopción”.
Asimismo, el también denominado “Proyecto 89” -que
sustituye la Ley de Servicios a la Infancia y la Familia y concibe la
“identidad de género” como un factor esencial en la educación de los niños-,
concederá a las agencias gubernamentales la potestad para prohibir la adopción
a aquellas parejas canadienses que no comulguen con esta ideología, tal y como
recoge LifeSite News.
Este proyecto de ley ampara que “cualquier niño en
riesgo de sufrir un daño mental o emocional y sus padre no le proporcionan un tratamiento
o acceso al tratamiento para evitarlo, el menor está en necesidad de ser
protegido por el estado ante la ley”.
De hecho, el autor de este proyecto de ley, el
ministro de la Infancia y la Familia Michael Coteau, ha señalado que considera
“una forma de abuso cuando un niño se identifica como un género y un padre le
dice que tiene que ser de una manera diferente. Por lo tanto, si hablamos de un
abuso, y si está dentro de la ley, se puede retirar la custodia a esos padres
del niño y situarlo bajo la protección del estado”.
Según ha defendido Jack Fonseca, miembro de Campaign
Life Coalition, “Con la aprobación de la Ley 89
hemos entrado en una era de poder totalitario por parte del Estado como
nunca hemos vivido antes en la historia de Canadá”.
Cabe destacar que este nuevo proyecto de ley también
elimina la religión que profesen los padres como un factor a tener en cuenta
por los servicios de protección infantil.
