A pesar de que recibió 750 millones de pesos del Gobierno para destinar a sus planes de viviendas Sueños Compartidos (sin contar donaciones y otro tipo de aportes), la Fundación Madres de Plaza de Mayo jamás cumplió con la normativa oficial vigente para la prevención y lucha del lavado de activos. Según reveló un informe publicado ayer por el diario La Nación , la entidad que lidera Hebe de Bonafini jamás informó a la Inspección General de Justicia (IGJ) ni el origen ni la licitud de los fondos recibidos.
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