"La batalla contra la droga está perdida"
ROSARIO (De un enviado especial).-
"Acá el gobierno perdió la batalla contra la droga. Fíjese que un soldado contratado para custodiar un búnker donde se vende cocaína supera a lo que cobra por año un policía. A esos chicos no les importa si pierden la vida trabajando para un narco, porque parados con un revólver en la puerta del búnker se sienten señores, se sienten respetados y, fuera de ese contexto, lo único que tienen es pura vejación".
Ese aumento en la actividad de los narcos derivó en las guerras de bandas, que se disputan los territorios para poder vender droga, y en el incremento de los homicidios.
"En Rosario conviven dos ciudades diferentes. Por un lado están los que forman parte de un sector pujante, que creció de la mano de la actividad del campo y, por otro, existe una franja integrada por aquellos que quedaron fuera de la opulencia. Esas dos ciudades tan diferentes están separadas muchas veces por una avenida o también por un disparo. El soldado que trabaja para el narco está a un disparo de esa opulencia o de poder conseguir todos los artículos de lujo que consumen los integrantes de ese sector que tiene trabajo o que pudo crecer económicamente", sostuvo Adrián Ruiz, presidente del Instituto de Ciencias Penales del Colegio de Abogados.
Tanto Ferrara como Ruiz coincidieron en que la ausencia del Estado en materia de seguridad y la falta de un plan integral colaboraron en el crecimiento del tráfico de drogas.
"FALTA DE CONTROL"
"Existe un desmanejo de las fuerzas policiales y una notable falta de control político de la policía. Esto provocó en la falta de respeto a la institución policial que le hizo perder lugar en la calle, algo que no recuperará más", manifestó José Luis Giacometti, presidente de la Comisión de Seguridad del Colegio de Abogados local.
Las afirmaciones de los letrados se apoyan en una realidad. Parte de la cúpula de la policía provincial estuvo sospechada de corrupción y vínculos con distintas bandas de narcotraficantes que pagan entre 4.000.000 y 5.000.000 de pesos mensuales para poder operar.
La Nación, 20-1-13
