DON BOSCO

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"BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS"

La minería a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia




El Arzobispo de San Juan, Monseñor Alfonso Delgado, fue uno de los expositores del II Seminario CSR Mining, que reunió a una gran variedad de actores nacionales y internacionales vinculados a la responsabilidad social en minería Jueves, 27 de Diciembre de 2012.


Extractos de la presentación de Monseñor Delgado:

El foco en la actividad minera
A veces, la Iglesia Católica es como una “caja de resonancia” de preocupaciones humanas y sociales. El tema de la minería tiene amplia repercusión en la sociedad, tanto en pequeñas poblaciones alejadas como en centros urbanos. Genera una llamada de atención a las autoridades públicas, a los dirigentes sociales y a los líderes religiosos católicos y de otros credos.
En los últimos años ha aparecido en Argentina como un “ruido social” sobre la minería. Quizá influyan un buen interés y preocupación ambiental; la presencia de numerosos grupos ecologistas, algunos de ellos un tanto radicalizados; otros intereses, etc. En el ámbito de la Iglesia ha habido algún pronunciamiento negativo por parte de pequeñas comunidades o en algún grupo pastoral específico que recoge el sentir de un determinado grupo social.

Estas inquietudes han surgido, en algunos casos, por malas experiencias concretas en un pasado reciente, por preocupaciones sobre las actuaciones políticas y sospechas de connivencia con grandes intereses en detrimento de la verdad y la justicia; por desconfianza en los contralores ambientales oficiales; por temores y desinformación sobre los riesgos a corto, mediano y largo plazo; por la difusión superficial de información, etc. En sentido contrario, también se han escuchado preocupaciones de profesionales, técnicos, empresas, ámbitos científicos y sectores gubernamentales vinculados a la minería, que consideran plenamente legítima esta actividad y capaz de resolver correctamente los posibles impactos.
En la Iglesia, estas inquietudes han impulsado a un mayor conocimiento y reflexión en las Conferencias nacionales de obispos, en los obispos de zonas con minería y en ambientes de estudio y reflexión sobre la DSI. A veces han servido de cauce para alentar un mayor conocimiento y a un diálogo profundo y sincero entre ámbitos con valoraciones contrapuestas.

Desde la mirada de la Doctrina Social de la Iglesia, es necesario decir que se la considera una actividad productiva legítima, con tal que “se haga bien”. “Hacerla bien” significa, en primer lugar, que a través de los emprendimientos para la obtención de recursos minerales se respeta y potencia la dignidad y el bienestar de las personas que viven y trabajan en ese entorno social, se fortalece la responsabilidad hacia el bien común, entre las que se sitúa el cuidado del medio ambiente. Esta valoración ética básica es, en general, común a las demás actividades productivas.

Al mismo tiempo, la minería tiene su propia especificidad debido a sus características particulares, a las dimensiones de los emprendimientos y a la importante repercusión social y ambiental. La sociedad percibe, junto a sus posibles beneficios de un mejor desarrollo social, un impacto significativo y riesgos más importantes. Esto hace necesario la obtención de una legitimidad social que debe renovarse constantemente y que constantemente será sometida a examen. Por eso, a los principios morales básicos hay que añadirle las características propias de la actividad.
Algunas de las cuestiones propias de la minería, desde el punto de vista de la percepción social, podrían expresarse de este modo:
Es una actividad no sostenible por sí misma a lo largo del tiempo, pues los recursos minerales se agotan y cesa la actividad de la empresa. ¿Qué pasará y qué quedará entonces en esas poblaciones y en esa región?
Genera una gran repercusión en el factor humano de la actividad y en su sus familias, en las comunidades cercanas y en entornos sociales más amplios (provincia, región, país).

Se perciben mayores riesgos físicos y ambientales.
Los yacimientos mineros suelen ubicarse en zonas alejadas de los centros urbanos y con menor desarrollo social.
Hay, además, características propias referidas al entorno geográfico, social y cultural, a la existencias de comunidades de pueblos originarios con sus costumbres y con su propia cultura, a la geografía, al clima, a las actividades productivas preexistentes, etc.
La actividad minera genera expectativas de mayor bienestar y desarrollo en las comunidades.
Requiere de grandes inversiones y riesgos económicos a largo plazo (exploración, producción, comercialización, seguridad jurídica, desarrollo social, cuidado ambiental, etc.).

Posibilidad de cambios o evolución de los marcos de referencia y de las políticas públicas.
Por sus dimensiones e impactos, esta actividad requiere de una correcta información y de una buena y eficiente comunicación a la sociedad como elemento necesario para llegar a alcanzar la legitimación social.

Minería y desarrollo social sostenible
Debido a la magnitud de los emprendimientos y al tiempo de realización, el aporte de la gran minería al desarrollo económico presente y futuro reclama políticas públicas claras, honestas y transparentes, junto con un marco apropiado y seguro para un genuino desarrollo social y ambiental sostenible en el tiempo, más allá de la vida útil de los yacimientos.
La  actividad minera debe estar en condiciones de asumir responsabilidades sociales específicas en el presente y en el futuro (RSE = Responsabilidad Social de la Empresa) y responsabilidades hacia los entornos familiares de sus trabajadores (distancias y alejamiento temporario, rápido incremento del poder adquisitivo, etc.) y de sus ámbitos de influencia. Algunas empresas mineras han comenzado a implementar una lógica Responsabilidad Familiar Empresaria (RFS).

Aunque cambien las formas históricas del trabajo humano, no pueden cambiar las exigencias permanentes de los derechos de quienes trabajan (incluidos los directivos de las empresas), que va más allá de las remuneraciones salariales.
En cuanto al justo beneficio, se debe decir que puede ser un primer indicador del buen funcionamiento de una empresa. Sin embargo, no siempre el beneficio expresa un adecuado servicio a la sociedad. Puede haber balances exitosos y, al mismo tiempo, descuido de los derechos y dignidad de quienes trabajan, que es también un patrimonio valioso de las empresas. Esto suele ocurrir en ambientes socioculturales proclives a la explotación de las personas, al incumplimiento de las obligaciones de justicia social, etc. También puede ocurrir en empresas públicas, en las acciones gubernamentales y en otras instituciones de la sociedad.

En algunos casos, el legítimo beneficio de la empresa podría llegar a oponerse a la dignidad de las personas y del trabajo. Pero conviene tener en cuenta que el futuro de una empresa no depende sólo de la producción y de sus beneficios. La productividad y la eficacia también se alcanzan fomentando el crecimiento de las personas. Las empresas pueden llegar a ser comunidades solidarias abiertas a una sana “ecología social” del trabajo, del bien común y del cuidado ambiental, incorporándola a los propios intereses de la empresa.



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