POR LUDMILA VINOGRADOFF
Un escándalo que se advertía inevitable estalló en Venezuela en estas horas por la forma en que fue tramitado el nombramiento del flamante canciller Elías Jaua. El funcionario fue designado con decretos publicados en el Boletín Oficial firmados por Hugo Chávez en Caracas, cuando es sabido que el presidente está hospitalizado en una sala de terapia intensiva de La Habana.
Para la oposición venezolana pareció ya demasiado. Representantes del acuerdo opositor hicieron ayer una presentación ante el Tribunal Supremo de Justicia para que se anule la designación de Jaua “por inconstitucionalidad”, una situación que los voceros opositores entienden que es manifiesta. El nuevo canciller les respondió, desafiante, que es Chávez “quien dispone y quien manda”.
El polémico nombramiento de Jaua lo firma el presidente, según consta en los decretos, el 15 de enero en la capital venezolana. Pero Chávez no ha regresado a Caracas, que se sepa, desde el 9 de diciembre cuando marchó a Cuba para la cuarta operación del cáncer que padece.
“Estamos solicitando esta medida de inconstitucionalidad porque dicha designación está firmada por el presidente Hugo Chávez en Caracas el 15 de enero de 2013”, dijo Jesús Rangel Rachadell, uno de los líderes del partido socialdemócrata Copei.
“Nos preguntamos, ¿el presidente está en Caracas cumpliendo sus funciones o está en Cuba recuperándose de su enfermedad?”, agregó.
En un comunicado sostuvo que lo que queda por especular es que “Chávez firmó la designación en La Habana o alguien usurpó su firma aquí en Caracas”.
Tras consignar su escrito en el supremo tribunal, el diputado Rangel puntualizó: “el decreto tiene dos irregularidades fundamentales. La primera es que dice que el Ministro ha sido designado en Caracas. Si el presidente Hugo Chávez está en La Habana cómo es posible que pongan que el decreto fue firmado en Caracas”.
“La segunda es que el decreto lo firma el presidente Chávez. Si efectivamente se firmó en Caracas no lo suscribió el presidente Chávez y la firma podría ser falsa. Y si el presidente Chávez lo firmó en La Habana el decreto tendría que decir que se firmó en La Habana, pero hay que recalcar que, según la Constitución, Caracas es el asiento de los poderes públicos”, recalcó.
Rangel no le dio validez a los documentos firmados en blanco o las firmas virtuales y electrónicas. “Eso no lo contempla la Constitución venezolana”. Una especulación el miércoles era que Chávez había dejado documentos firmados y en blanco para atender emergencias.
Rangel remarcó además que el presidente Chávez “no delegó en el vicepresidente Nicolás Maduro dichas atribuciones (ejecutivas). El único que tiene atribuciones u obligaciones para nombrar vicepresidentes o ministros es el presidente de la República”, enfatizó. E insistió en que se envíe a Cuba una comisión de expertos médicos para determinar el estado de salud del mandatario.
Su correligionario Enrique Naime, primer vicepresidente de Copei, remarcó que “todos los actos, firmas de convenios o acuerdos que haga (el canciller Jaua) son considerados como ilegales porque su nombramiento está rodeado de muchas dudas, dudas que el gobierno debe despejar”, sostuvo.
Agregó que “esperan mañana (por hoy) una respuesta del Tribunal Supremo, luego que se cumplan las 48 horas de la demanda que introdujeron ante la Sala Constitucional, donde solicitamos la nulidad por inconstitucionalidad de ese decreto”. “Esperemos la respuesta para ver que acciones emprendemos”, acotó.
Anteriormente, la oposición reunida en la Mesa de Unidad Democrática, había ya denunciado la inconstitucionalidad de todo el proceso que experimenta Venezuela a partir de la no presentación a la jura de Chávez.
Esta dirigencia reclamó a la Organización de Estados Americanos y a otras instancias internacionales y también internamente contra la decisión, que consideraron inconstitucional, de extender sine die el mandato de Chávez que vencía el 10 de enero. Al actuar de ese modo, sostienen, el poder quedó en manos del vicepresidente Maduro quien no fue electo, sino que lo designó el presidente durante su anterior mandato.
Es un innecesario enredo legal que armó el Tribunal y avaló el Parlamento que le quita legitimidad al Ejecutivo, cosa que la cúpula bolivariana niega férreamente.
Clarín, 18-1-13
