Por Stefano
Gennarini, J.D.
Un comité de expertos de las Naciones Unidas
amonestó el mes pasado a la
Federación Rusa por permitir a la provincia de Ryazán que
exigiera el cumplimiento de una ley que prohíbe la promoción de la
homosexualidad entre menores como parte de una iniciativa nacional para
proteger a los niños de la sexualización precoz y de consecuencias adversas
relacionadas con la salud.
En 2009, la activista
lesbiana Irina Fedotova presentó una queja contra Rusia ante el Comité de
Derechos Humanos de la ONU ,
el cual supervisa la implementación de la Convención Internacional
de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Fue detenida y multada por pararse a
la salida de una escuela secundaria con carteles que decían: «La homosexualidad
es normal» y «estoy orgullosa de mi homosexualidad –pregúntame sobre eso».
Niños de entre diez y diecisiete años asisten a las escuelas secundarias rusas.
El comité de la ONU resolvió que Fedotova «no
[había] efectuado ninguna acción pública dirigida a involucrar a menores en
ninguna actividad sexual específica o a defender una orientación sexual en
concreto» y que ella solo estaba «expresando su identidad sexual y buscando que
se la comprendiera».
La decisión del
comité, que se conoce como «opinión» porque no es ni vinculante ni exigible,
fue revelada el 30 de noviembre y se produce en un momento en el que se critica
ampliamente a la
Federación Rusa debido a que varias provincias y municipios
del país prohíben por ley la promoción de la homosexualidad entre menores. Se
está considerando una legislación similar a nivel federal.
Según el Tribunal
Constitucional ruso, la
Constitución de la Federación permite que se prohíba la promoción de
la homosexualidad entre menores a fin de preservar su salud y su moral.
El pacto de 1966
sobre los derechos civiles y políticos, con arreglo al cual se presentó la
queja, enumera asimismo la preservación de la salud pública y de la moral como
uno de los tres motivos por lo que los estados parte pueden restringir la
libertad de expresión. El Comité de Derechos Humanos, constituido por ese
tratado, disiente del Tribunal
Constitucional Ruso sobre el hecho de que la homosexualidad sea una cuestión
moral y sanitaria suficiente como para restringir la libertad de expresión.
Pese a las
diferencias entre los estados miembros de la ONU acerca de la homosexualidad y al hecho de que
no se la menciona en el pacto cuya implementación debe supervisar, el comité
basa sus razones en la naturaleza «evolutiva» de las normas morales.
Al citar su propia
interpretación del pacto de 1966, que fue publicada el año pasado en un
instrumento no vinculante que se conoce como Observación General 34, el comité
sostiene que «las limitaciones impuestas con el fin de proteger la moral deben
basarse en principios que no se deriven exclusivamente de una sola tradición» y
que para evitar la discriminación deben apoyarse en «criterios objetivos». El
comité resolvió que la prohibición impuesta por Ryazán respecto de la promoción
de la homosexualidad entre niños era deficiente en ambos sentidos.
Rusia sostuvo que la
ley no afectaba de modo alguno la conducta privada de Fedotova, y que su objeto
era proteger a los menores de «perturbaciones en su desarrollo espiritual,
mental, físico y social». Pero los expertos dijeron que incluso si el propósito
de la mujer era hacer partícipes a los niños en el tema de la homosexualidad
eso no justifica que se limite su expresión.
Las autoridades rusas
hacen cumplir habitualmente las leyes que proscriben la promoción de la
homosexualidad entre menores, como lo descubrieron dos divas poco tiempo atrás.
Madonna enfrentó un juicio tras haber expresado su apoyo a los derechos
homosexuales durante una gira reciente. Reuters informó que Lady Gaga fue
amenazada con acciones legales porque dijo lo mismo un concierto en San
Petersburgo, el domingo pasado.
GINEBRA, 14 de
diciembre (C-FAM)
