Por Héctor GIULIANO (30.11.2012).
Como pasa con la mayoría de
los hechos de actualidad, las noticias van más rápido que la capacidad para
interpretarlas o analizarlas.
Esto es particularmente cierto
y aplicable en el problema de los fallos que se han producido recientemente en
Nueva York contra la Argentina, a favor de los acreedores que no entraron en el
Megacanje 2005-2010 (los holdouts).
La falta de acceso a los
expedientes y la dependencia de informaciones periodísticas y escuetos
comunicados oficiales restringe muchísimo las especulaciones al respecto, pero
las novedades básicas permiten sacar algunas conclusiones importantes.
LA ESENCIA DEL FALLO
GRIESA.
La gran mala noticia que
recibió el gobierno Kirchner con las decisiones del juez Griesa es que nuestro
país pierde sus juicios en Estados Unidos contra los holdouts porque la
sentencia sienta jurisprudencia en cuanto al pago total de los bonos reclamados
– el 100 % del valor nominal – más los intereses acumulados, costas y
honorarios.
Con el agravante que en
virtud de la cláusula del Acreedor más favorecido – que fue incorporada por la
actual administración en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 – nuestro país
debiera hacer extensivo estas mejoras a todos los bonistas que ya ingresaron en
el canje.[2]
Como ya lo hemos explicado
en trabajos anteriores, la suma del pago total de los reclamos de los holdouts más
la aplicación de esta cláusula de “emparde” precipitarían un nuevo default de
la Argentina.
Pero a los acreedores no
les conviene que nuestro país suspenda otra vez los pagos y que ello derive en
una nueva etapa de crisis de Deuda que pueda arrastrar a un replanteo de las negociaciones
de reestructuración.
Además, ni a los acreedores
ni al gobierno le conviene la toma de estado público que se está produciendo
sobre las escandalosas condiciones de indefensión jurídica y financiera
firmadas por los gobiernos de nuestro país – incluido el actual – lo que puede
dar lugar a un mayor reclamo interno de una necesaria auditoría de la Deuda.
Por este motivo, las
decisiones en Nueva York se movieron rápidamente para conjurar ese “peligro” cierto
de default de un país como la Argentina, que está pagando a ultranza. Y también
para sacar el tema de la tapa de los diarios.
Todo esto que ocurre, sin
embargo - más allá del problema de fondo de la trampa de una Deuda Pública
perpetua – es en lo inmediato producto de circunstancias conocidas y mal
manejadas por la administración Kirchner.
Como es sabido, después del
default de fines de 2001 la Argentina entró en cesación de pagos de los bonos
de su deuda soberana hasta el año 2005, en que llegó a un gran arreglo con la
mayoría de los acreedores; una reestructuración de deuda que luego fue ampliada
en el 2010 con la suspensión de la Ley Cerrojo 26.017, que inhibía la
reapertura del canje.
Una parte minoritaria de
los holdouts – que representan hoy sólo el 7 % del total canjeado (11.200 MD[3] sumando capital e
intereses acumulados) – no aceptó el canje y algunos de estos acreedores,
fundamentalmente los llamados Fondos Buitre, empezaron a pleitear contra
nuestro país.
La estrategia jurídica
seguida desde entonces por la administración Kirchner – siempre con el
asesoramiento y la representación legal del estudio norteamericano Cleary,
Gottlieb, Steen & Hamilton - habría sido la de una sistemática dilación de
tales demandas: nunca se desconocieron ni pusieron en duda las obligaciones
reclamadas, no se habrían hecho contra-ofertas a los holdouts, no se efectuaron
depósitos en consignación, se sostuvo la argumentación pública desafiante de
que según las condiciones del Prospecto
– rubro Factores de Riesgo - los títulos no presentados al canje “podrán
permanecer impagos indefinidamente”, no se dejó abierta la posibilidad de
adhesión al canje suspendiendo directamente la Ley Cerrojo y además, tanto la
presidenta como el ministro de economía hicieron imprudentes declaraciones en
el sentido de no pagar a los Fondos Buitre independientemente de las
resoluciones del juez Griesa.[4]
Como agravante, la
administración Kirchner ha venido mostrando récords de pago de servicios de la
Deuda Pública, alardea de un alto nivel de Reservas Brutas (que no se
corresponde con el limitado nivel de Reservas Netas y de Libre Disponibilidad),
comenzó a jactarse cada vez más de la supuesta Solvencia Fiscal para cumplir
escrupulosamente sus compromisos financieros con los acreedores (mientras tiene
déficit presupuestario) y ha venido declarando en forma expresa que acepta la
legitimidad de todas sus obligaciones, pese a que las irregularidades de origen
han sido probadas por la justicia en la causa Olmos I (que tuvo sentencia del
juez Ballestero en el año 2000) y siguen siendo todavía investigadas en tres
causas judiciales en curso (Olmos II, Megacanje 2001 y responsabilidad de las
administraciones de gobierno desde 1976
hasta la fecha, esto es, incluyendo también a la actual).
Como una regla constante
del gobierno Kirchner – caso Deuda Pública, Inflación, Tipo de Cambio, Tasas de
Interés, Pobreza/Indigencia, PBI, Déficit Fiscal, Tarifas de Servicios
Públicos, etc. - las autoridades niegan estas realidades, no solucionan los
verdaderos problemas de fondo y viven “pateándolos para adelante”, como en el
caso de los holdouts. Y así nos va.
En este contexto, la
pérdida de los juicios externos en el caso de estos holdouts era sólo una
cuestión de tiempo; y ese tiempo parece que se ha cumplido.[5]
LA ORDEN DE PAGAR.
El juez Griesa dictó una
sentencia por la que le reconoce a los holdouts el derecho a cobrar la totalidad
de sus acreencias al valor nominal de los bonos reclamados, con intereses y
costas a cargo de la Argentina.
Esta resolución del juez
fue apelada por nuestro país y la Cámara de Apelaciones se la rechazó,
ratificando la sentencia Griesa; y además le pidió al juez que propusiera la
forma de pago concreta a los acreedores.
Griesa falló entonces
fijando que la Argentina tenía que abonar la totalidad de la deuda reclamada
por los Fondos Buitre – 1.330 MD más sus adicionales – y que tenía que hacerlo antes
del 15.12, fecha en que el gobierno tiene que efectivizar también los pagos
anuales por cupones ligados al PBI (en este ejercicio, por unos 3.500 MD).
Más aún – en lo que sería
una extralimitación del fallo - Griesa prohibió el pago de estos cupones a los
bonistas si la Argentina no les pagaba a los holdouts, advirtió de ello al
banco agente de pago (el Bank of New York) y exigió el depósito en garantía
como requisito para que la Argentina no pudiese “evadir” el cumplimiento de sus
obligaciones según lo dictado por el juez.
Esta decisión judicial drástica
– pago total a valor nominal, al contado, con intereses y gastos – no sólo era
un “mazazo” para el gobierno sino que tomaba así, en la práctica, a los
acreedores que ya entraron en el Megacanje 2005-2010 como “rehenes”, en cuanto vedaba
abonarles por separado.
A raíz de esto, tanto estos
bonistas que entraron en el canje como la propia Reserva Federal de Nueva York,
pidieron al juez y a la Cámara que se les abone independientemente del litigio
con los Fondos Buitre.
Y lo consiguieron: la
Cámara – ante una nueva apelación argentina - dictaminó entonces que se les
pagara a todos, abonando los cupones de los bonistas del Megacanje el día 15 y
difiriendo los pagos del juicio perdido ante los Fondos Buitre para fines de Febrero,
con lo que se abre un tiempo de espera de tres meses para la efectivización del
fallo Griesa.
Es decir, que la Cámara
“desdobló” las resoluciones del juez Griesa, manteniendo el pago inmediato de
los cupones PBI (el 15.12) y posponiendo para el 27.2.2013 la reunión para el
arreglo del pago a los holdouts.
Este fallo, por lo tanto,
no cambia la sentencia del juez sino que sólo difiere la ejecución del pago.
Ni más ni menos que eso:
los acreedores que ingresaron en el Megacanje seguirán cobrando normalmente sus
servicios de capital e intereses, los holdouts – presentes (según este caso) y
futuros (por aplicación lógica de la jurisprudencia de ahora en más) – pasarán
a cobrar al contado todas sus acreencias así reconocidas (capital, intereses,
penalidades, costas y honorarios) y a la Argentina se le abre además el nuevo
problema de la aplicación de la cláusula del Acreedor más favorecido.
Se evitó, de esta manera,
el riesgo de Default Técnico de nuestro país, que hubiera supuesto un problema
de cobro para todos los acreedores y una alternativa de replanteo de los
términos de negociación de la Deuda; y se pasó entonces a la nueva etapa de
resolución final sobre la forma de pago a los holdouts.
Todos los acreedores y
agentes involucrados ganan (incluido el estudio Cleary, por sus honorarios) y
la Argentina pierde, teniendo que formalizar así el reconocimiento de tales
deudas con los holdouts (que hasta hoy no computaba oficialmente), abonársela
con fondos que se restan al presupuesto nacional y aumentando la Deuda
Intra-Estado; y adicionalmente prepararse para lidiar con la cláusula del
acreedor más favorecido.
Oficialmente, sin embargo,
la administración Kirchner trata, como siempre, de presentar sus derrotas y/o
concesiones como “victorias” y de allí que se quiera aparentar que este
desdoblamiento en el trato y en la forma de pago constituirían un “logro” por
haber conseguido un mínimo alivio en el cronograma de pagos de la Deuda.
El gobierno Kirchner sigue
protestando enfáticamente por su “vocación pagadora”, recordando que es la
administración que más ha pagado deuda en la Historia Financiera Argentina y
que lo ha hecho puntillosamente desde el 2003 hasta la fecha, efectivizándola
por diversas vías: a) a costa de anteriores excedentes de presupuesto, b) a
costa de la descapitalización del Banco Central (BCRA) vía uso de reservas (reservas
compradas con Deuda cuasi-fiscal de Lebac/Nobac), c) a costa de la Inflación
para suministrar Adelantos Transitorios a la Tesorería para que ésta pague deuda,
d) a costa del sobre-endeudamiento con la ANSES por parte del Estado y difiriendo
sistemáticamente el pago de los juicios a los jubilados para poder destinar el
dinero al rescate de deuda, e) a costa del desvío de fondos destinados al
crédito productivo por parte del Banco Nación (BNA) pero que se prestan al
Estado con el mismo objetivo de comprar deuda, f) a costa de echar mano a
cuanta disponibilidad transitoria de Caja se encuentre en cualquier Agencia del
Estado (AFIP, Lotería, FFRE, PAMI, etc.) también para cubrir deuda y g) a costa
de seguir tomando más Deuda Pública neta, que crece a un ritmo de más de
11-12.000 MD por año mientras las autoridades engañan a la opinión pública
diciendo que el país se está “des-endeudando”.
Aquí existe, por eso, una
gravísima y deliberada confusión: LA ARGENTINA NO SE ENCUENTRA FRENTE AL RIESGO
DE UN CIRCUNSTANCIAL DEFAULT TÉCNICO POR ILIQUIDEZ SINO FRENTE A UNA CRISIS
ESTRUCTURAL POR INSOLVENCIA.
El gobierno no ha
demostrado ni demuestra cuál es la capacidad de repago de la Argentina frente a
su Deuda Pública impagable y sigue apelando a estos paliativos para “estirar”
la cuestión hacia adelante.
La administración Kirchner
– como todas las anteriores – vive engañando a la población diciendo que el
problema de la Deuda Pública estaría arreglado, que el país está cancelando
deuda, que va a seguir pagando y que puede hacerlo porque tiene los recursos
para ello, pero esto es falso: la totalidad de los vencimientos de capital se
cancela con nuevas deudas, los intereses se pagan con gasto público creciente
que produce déficit fiscal, una parte de los intereses se capitaliza por
anatocismo, el oligopolio financiero del Club de la Deuda[6] sigue haciendo sus negocios de colocación de bonos y préstamos;
y además se toma más Deuda Pública (Directa, para la Administración Central, e
Indirecta, para los demás entes del Estado).
El país tiene que lidiar hoy
con una nueva concentración del perfil de vencimientos crecientes de Capital e
Intereses en los próximos años[7], dentro de los que no se
computa el problema de la Deuda Nacional en su conjunto ni la existencia de
Deuda no registrada.
Esto es: como más de la
mitad de la Deuda Total del Estado Central se encuentra en manos de Agencias
del propio Estado (Deuda Intra-Sector Público) y nunca se incluye la Deuda no
Registrada (por capitalización de intereses, indexación de deuda en pesos
ajustada por inflación y pago de cupones ligados al PBI) ni la Deuda Pública
Nacional completa (Provincias/Municipios, Empresas del Estado, Organismos
Nacionales, Fondos Fiduciarios, BCRA y Juicios contra el Estado con sentencia
en firme) ni los Intereses a devengar en el futuro, la esperanza del gobierno
Kirchner parece residir en patear indefinidamente sus compromisos Intra-Estado
para adelante y dejar que parte de la Deuda Interna se vaya licuando por
Inflación o disminuyendo con la muerte de jubilados/pensionados, pasándole así
la carga financiera de la Deuda Pública al Pueblo Argentino.
Pero la administración
Kirchner – con la complicidad de la gran mayoría de la partidocracia
parlamentaria y el apoyo de los grandes medios masivos de comunicación
(oficialistas y opositores)[8] – sigue repitiendo que las
cosas están bien en materia de Deuda, que los gravísimos problemas derivados de
esta deuda impagable son “manejables” y que el problema financiero insoluble de
la deuda se soluciona con más Deuda, volviendo al Mercado Internacional de
Capitales.
¿Cuál es, empero, el costo
de esta ficción?
EL AJUSTE PARA PAGAR LA
DEUDA.
El gobierno Kirchner está
llevando adelante un Plan de Ajuste Fiscal sin decirlo y este ajuste está
subordinado esencialmente al pago de los servicios de la Deuda Pública, que es
el condicionante total y absoluto de las Finanzas del Estado y de la Política
Económica:
a)
El Presupuesto
Nacional contempla cada vez más recursos destinados a sufragar pagos crecientes
de intereses y montos más elevados de endeudamiento para cubrir la cuenta
Ahorro-Inversión-Financiamiento.
b)
El Gobierno
Central sigue acaparando la gran mayoría de los recursos de la Coparticipación
Federal de Impuestos (70 %), utilizando esta concentración de fondos como forma
de Centralismo Político en detrimento de un verdadero Federalismo Fiscal y
empujando con ello a las Provincias y Municipios a un endeudamiento paralelo y
también creciente.
c)
El BCRA ha sido
puesto al servicio de proveer los fondos para el pago de la Deuda Pública: i)
en moneda extranjera de la Tesorería, vía préstamos de divisas provenientes de
las reservas internacionales, y ii) en moneda local, vía emisión de dinero,
para darlo como Adelantos Transitorios para que el gobierno pague deuda en
pesos. Y ello, en cuanto a divisas, el
BCRA lo hace a costa de su propio endeudamiento cuasi-fiscal - tomando deuda al
15-16 % anual por Lebac/Nobac en pesos garantizadas con operaciones de dólar a
futuro – de modo que LAS RESERVAS SE COMPRAN CON DEUDA.
d)
Las altas tasas
de interés que paga el Estado a través del BCRA determinan el piso de las tasas
de mercado, las que presionan en sentido recesivo; y paralelamente favorecen
los mayores rendimientos del Sector Financiero con respecto a la Economía en
general.
e)
La Inflación
Real va licuando la Deuda Pública Interna a costa de la renta que pierden las
propias Agencias del Estado que, como agravante, no usan dinero propio sino que
administran dinero que no es del Gobierno (como los fondos de la ANSES y la Base Monetaria del BCRA).
f)
Gran parte del
financiamiento a la producción privada se desvía al Gobierno Central para
atender los pagos de la Deuda Pública, como ocurre con un tercio de la cartera
de créditos del Banco Nación (BNA).
g)
El gobierno
mantiene un retraso cambiario relativo para poder pagar más Deuda Externa.
h)
Este atraso
cambiario estimula los negocios de los capitales financieros por arbitraje
entre tipos de cambio y tasas de interés.
i)
Este mismo
retraso hace que la Deuda Externa Privada – contraída mayoritariamente con
empresas vinculadas o del mismo grupo – vaya creciendo y que los servicios de
tal endeudamiento resulten comparativamente ventajosos para estos deudores
privados; siendo que las divisas las tiene que proveer el BCRA y al tipo de
cambio oficial.
j)
El Gobierno
Nacional, así como los Gobiernos Provinciales y Municipales – aumentan la
Presión Tributaria para poder pagar más servicios de la Deuda Pública, con lo
que se cumple LA REGLA QUE EL AUMENTO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO “DEUDA”
PROVOCA EL AUMENTO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO “IMPUESTOS”.
k)
Los planes de
Inversión Pública en Obras e Infraestructura tienden a acotarse y a financiarse
con más Deuda Externa.
l)
Las Empresas
del Estado – con YPF a la cabeza – y los
Organismos Nacionales toman cada vez más deuda y se multiplican los avales del
Estado sobre la misma (crecimiento de la Deuda Pública Indirecta).
m)
La ANSES ha
sido puesta al servicio del financiamiento de la Deuda del Estado siendo, junto
con el BCRA, el primer prestamista del Tesoro a costa de desfinanciar el
Sistema Previsional, sacrificando parte de las ganancias del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad (FGS) y no actualizando los haberes jubilatorios al 82 %
móvil.
n)
La política de
diferimiento sistemático de juicios contra la ANSES beneficia las
disponibilidades del Estado a costa de la muerte de los jubilados porque el
Fisco se beneficia con una suerte de “solución biológica” dada por el
fallecimiento de los más viejos y la existencia de una mayoría de pasivos sin
reclamos judiciales.
o)
El gobierno no
soluciona el problema de la Pobreza e Indigencia sino que la subsidia a través
de Planes Sociales y Clientelismo Político, lo que representa votos que
sostienen su caudal electoral.
El gobierno Kirchner
concentra así su “gestión de endeudamiento” pagando Deuda Externa en gran
escala – a Organismos Multilaterales de Crédito (Banco Mundial, BID y CAF) y especialmente
a Acreedores Privados (vía uso de Reservas del BCRA) – a costa de traspasar
esas obligaciones como Deuda Interna; y luego va licuando parte de esta deuda
interna por vía de la inflación y/o por desfinanciamiento de las Agencias del
Estado; mientras aplica un Plan de Ajuste Fiscal encubierto para poder sostener
los servicios de la Deuda.[9]
EN CONCLUSIÓN.
Nos encontramos nuevamente
frente a un falseamiento de la realidad en materia de Deuda Pública: los fallos
de Nueva York han sido adversos a la Argentina, los Fondos Buitres han logrado
su propósito de obtener el reconocimiento judicial de sus reclamos, el gobierno
tiene ahora que empezar a pagarles, toda renegociación futura con los holdouts
va a estar condicionada por este replanteo, se abre el problema de la
aplicación de la Cláusula del Acreedor más favorecido (incorporada por el
Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005) y para poder seguir pagando la Deuda las
Finanzas Públicas tienen que entrar en una nueva etapa de Ajuste Fiscal.-
Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 30.11.2012
Archivo: GIULIANO ARTICULO 2012 11 30
HOLDOUTS GRIESA - 4.
NOTAS:
[1] Este trabajo es continuación de otros tres escritos
recientes del autor sobre el mismo tema:
a)
“Holdouts:
embargo de la fragata y fallo de Nueva York” (del 8.11.2012), donde se
demuestra la mayor importancia, gravedad y alcance de la sentencia de la Cámara
de Apelaciones de Nueva York en relación al sensible problema de la fragata
Libertad.
b)
“Holdouts y
Megacanje 2005” (del 16.11.2012), donde se ponen estos hechos en el contexto
del fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna del año 2005-2010.
c)
“Holdouts: la
alternativa de un nuevo default” (del 24.11.2012), donde se plantea la
necesidad de un blanqueo de la insolvencia fiscal argentina precipitada por los
resultados adversos en los juicios de los Fondos Buitre.
Dentro de este marco,
el presente trabajo se circunscribe a evaluar el punto de situación en que se
encontraría hoy el gobierno argentino frente a la nueva realidad de los fallos
judiciales en su contra, la gravedad financiera existente e irresuelta en
materia de endeudamiento externo y sus efectos sobre la Política Económica a
través de un Ajuste Fiscal en curso.
[2] La cláusula del acreedor más favorecido establece
que si después del Megacanje el Gobierno Argentino concediera condiciones más
ventajosas a cualquiera de los holdouts, tales beneficios serían extendidos
automáticamente a la totalidad de los acreedores que ya aceptaron la operación.
Esta cláusula fue
incorporada por el gobierno Kirchner con el Megacanje 2005.
Se ha observado que la
aplicación de esta cláusula puede ser discutible en el caso de juicios perdidos
por el Estado pero ello está por verse. De hecho, es muy improbable que ningún
acreedor lo intente.
Por otra parte, parece
difícil que pueda excluirse la contingencia legal como causal de aplicación de
este reclamo dado que, habiendo cerrado el gobierno las posibilidades de
arreglo a través de la Ley Cerrojo, no dejaba formalmente a los holdouts otra
vía que la judicial.
[3] Las siglas MD/M$ significan Millones de
Dólares/Pesos respectivamente y están expresadas siempre con redondeo.
[4] Es importante recordar que los Fondos Buitre no son
sólo los que están pleiteando contra el gobierno argentino: la mayoría ya entró
en el Megacanje 2005-2010 e hizo su negocio a través del clásico diferencial de
precios por bonos-basura.
Este tipo de
operaciones, sin embargo, no se puede probar porque los datos e informaciones
del megacanje son secretos, es decir, porque las autoridades no permiten el
acceso a los mismos (habeas data).
[5] Queda un interrogante en cuanto al momento u
oportunidad en que se producen estas decisiones del juez Griesa y de la Cámara
de Apelaciones de Nueva York, paralelamente a la capacidad de lobby del fondo
Singer y entidades conexas (fundamentalmente el ATFA, grupo de holdouts de los
Estados Unidos que dirige el ex funcionario de la administración Clinton,
Robert Shapiro); pero esto corresponde ya a un plano de interpretación política
cuyas consideraciones escapan al análisis del presente trabajo.
[6] La expresión “Club de la Deuda” fue utilizada muy
acertadamente hace años por el Dr. Eduardo Conesa para referirse al conjunto de
entidades que operan y hacen sus extraordinarias ganancias en función de los
negociados de la Deuda Pública: bonistas, fondos de inversión (entre los
cuales, “fondos buitre”), consultorías financieras, estudios jurídicos, bancos
agentes y colocadores, agencias calificadoras de riesgo e incluso organismos
financieros internacionales que actúan como supuestos auditores de las
operaciones y de la evolución del endeudamiento público. Son parte del
“submundo” (aunque él no usó esta palabra) que vive a costa de los Países
Deudores.
[7] Según el Presupuesto aprobado por el Congreso para
el 2013, los vencimientos de Capital son de 36.500 MD en el año que viene,
42.100 MD en 2014 y 49.100 MD en 2015.
Paralelamente, los
Gastos Corrientes por pago de Intereses, que son de unos 10.000 MD este año,
pasan a 10.800 MD en 2013, 15.500 MD en 2014 y 18.600 MD en 2015.
[8] Un reciente editorial del diario La Nación – del
29.11 – sobre “La cuestión moral en el manejo de la deuda”, aunque con fuerte
planteo crítico y palabras propias, viene a coincidir en el fondo con los
lineamientos fácticos seguidos por el gobierno: el texto resalta la importancia
de aceptar y “honrar” las deudas independientemente del origen ilegítimo,
irregular y fraudulento de las mismas – como es el caso de nuestro país -
recuerda elogiosamente las célebres palabras del presidente Avellaneda acerca
del pago a costa del “hambre y la sed” del pueblo argentino, reproduce una vez
más la distorsionada imagen de atribuir el apoyo legislativo al default
reconocido por el presidente Rodríguez Saá en el 2001 asociándolo a una
supuesta “deshonra” en lugar de ponderarlo como una reacción contra la
Corrupción ínsita del Sistema de la Deuda, acota equívocamente el problema
financiero de la misma sólo a las altas tasas de interés (cuyo nivel
justifica), censura el supuesto “maltrato” a los acreedores (a los que incluso
sugiere pedirles “perdón”) y concluye –
en línea con el punto de vista de los Acreedores del Estado Argentino – en la
necesidad de seguir pagando por razones “morales” omitiendo toda referencia a las
investigaciones en curso de la justicia argentina: las citadas causas Olmos I –
con sentencia del juez federal Ballestero del año 2000 – Olmos II, Megacanje
2001 y Responsabilidad de los funcionarios superiores de todos los gobiernos
involucrados en la corrupción institucional argentina del Sistema de la Deuda.
[9] El fin de los Superávits gemelos – Fiscal y Externo
- compromete cada vez más seriamente las cuentas públicas y es el detonante de
los actuales problemas de Caja del Gobierno: el Estado Central ya no tiene
superávit sino déficit fiscal creciente y su Balanza de Pagos está neutralizada
porque el excedente positivo de la Balanza Comercial se compensa con los pagos
de servicios económicos y financieros, particularmente con los giros de
Intereses y de Utilidades al Exterior.
