Dr. Diego García Montaño
En los últimos días, se ha podido conocer por distintos
medios un reportaje que concediera Videla
a la Revista: “El Sur” (Río
Cuarto, Córdoba).
Se trata de una entrevista llevada a cabo durante tres
días, bajo el título de: “La Confesión” por Adolfo Ruiz, en el año 2010, cuando
el ex presidente de facto se encontraba encarcelado en Córdoba.
Pero, ¿por qué recién se publica esta
conversación, que tiene casi dos años?
Al parecer, Videla puso varias condiciones para que la
entrevista pudiese ser difundida, entre otras, que recién se publicara después
de su muerte.
Las explicaciones dadas por el director del medio
gráfico, Hernán Vaca Narvaja, de por qué incumplió con la palabra empeñada, son
poco creíbles.
Primero dice que lo hizo porque fue el propio Videla
quien no respetó el pacto, al haber hablado para otros medios; pero en otra
parte, Vaca Narvaja dice que es por: “…Pedido
de nuestros lectores y atento a la repercusión nacional que ha tenido la nota…”[1].
¿Y la ética periodística? Bien, gracias…
Hacemos estas prevenciones para que las tengamos en
cuenta al momento de poder fiarnos, o no, sobre lo que declara Videla.
Pero supongamos que creemos de buena fe, que todas las
expresiones del ex presidente fueran ciertas. La pregunta que nos surge es la
siguiente: ¿Qué es lo que ha provocado tanta movida mediática?
Aparentemente, lo novedoso sería que Videla declaró
que la Iglesia estaba al tanto de los desaparecidos, desde un primer momento. ¿Y?...
¿qué es lo “novedoso” del tema?
De hecho, de la larga entrevista sólo una respuesta
del militar va dirigida a la conducta de la Iglesia en esos tiempos.
Refiriéndose a los desaparecidos, contesta: “En mi vida lo he hablado con muchas
personas. Con Primatesta muchas veces. Con la Conferencia Episcopal Argentina,
no a pleno, sino con algunos obispos… Con el nuncio apostólico Pío Langhi (
Laghi, debería decir). Se lo planteó como
una situación muy dolorosa y nos asesoraron sobre la forma de manejarla. En
algunos casos, la Iglesia ofreció su buenos oficios…”.
Fin, no hay más nada. Pero y entonces… ¿qué es lo
impactante?
Bueno, aquí la cosa ya requiere un poco más de
esfuerzo intelectual. La exégesis que se pretende hacer con las manifestaciones
de Videla, es que la Iglesia y la Junta Militar formaban una especie de
asociación ilícita para encubrir y silenciar la cuestión de los desaparecidos.
El tema de siempre, de aquellos que nos quieren hacer
ver la historia con su visión tendenciosa: La Iglesia fue cómplice del Proceso.
Eso dice la “memoria” de ellos, a la que tanto apelan, pero, ¿qué dice la
historia?
A esta altura del relato y si es que no lo hemos
aburrido mucho, le proponemos algo: que tampoco nos crea a nosotros, si le
parece, pero sí a los documentos de la
Iglesia que le presentaremos a continuación.
Nos hemos tomado el trabajo de reproducir algunos
escritos, todos oficiales, públicos y publicados en su momento por la
Conferencia Episcopal Argentina[2].
Señalamos solamente aquellos informes eclesiales que
van dirigidos a Videla, ya sea a modo particular, o como miembro de la Junta.
En 1975 (gobierno peronista), y con motivo de la
proximidad de la Navidad, le solicitan[3]:
“…se otorgue: 1) a los familiares de los
presos, un tiempo más amplio de visita; 2) puedan los detenidos recibir
obsequios… 3) quienes lo soliciten puedan recibir los sacramentos…”.
En mayo de 1976, a tan solo un mes y medio del golpe
de Estado, dicen:[4] “El Estado no puede renunciar a su deber de
ejercer la autoridad legítima y necesaria, aún en el plano coercitivo… El bien
común y los derechos humanos son permanentes, inalienables y valen en todo
tiempo-espacio concreto, sin que ninguna emergencia, por aguda que sea,
autorice a ignorarlos…
Hay hechos que son más que
error: son pecado y los condenamos sin matices… es el asesinar-con secuestro
previo o sin él- y cualquiera sea el bando del asesinado…
Además, se podría errar: si
en el afán por obtener seguridad,…se produjeran detenciones
indiscriminadas,…ignorancia sobre el destino de los detenidos…”.
7 de Julio de 1976[5]:
“…las gentes se preguntan, a veces sólo
en la intimidad de su hogar o círculo de amigos... ¿qué garantía, qué derecho
le queda al ciudadano común?
Reiteran asimismo el pedido: “…sobre la situación de los presos y la posibilidad de alguna
información que tranquilice a sus familias… haciéndonos portavoces de mucha
gente que no sabe o no se atreve a dirigirse a los jefes del país”.
15 de noviembre de 1976[6]:
“…parecería que las personas constituidas
en autoridad civil o militar han perdido la serenidad de discernimiento
ecuánime…
El problema de los derechos
humanos: se reciben pedidos por presos o secuestrados; se habla de personas con
problemas de conciencia porque han debido intervenir en torturas; la ignorancia
sobre el destino de las personas;…”.
17 de marzo de 1977[7]:
“… las inquietudes que de todas partes
nos llegan desde hace tiempo… la situación de no pocos ciudadanos a quienes el
reclamo de sus parientes y amigos presenta como secuestrados o desaparecidos, por
la acción de personas que dicen ser de las Fuerzas Armadas o policiales;… los
casos que nos son presentados, de abusos contra la propiedad en las operaciones
de represión: desaparecen todo tipo de objetos que nada pueden tener que ver
con una adecuada averiguación policial… el fin no justifica los medios”.
Podríamos seguir reproduciendo documentos, pero
pensamos que con los hasta aquí expuestos, son más que suficientes como para
tener una idea de cual fue el papel y la postura oficial de la CEA en aquellos
años difíciles.
Paradójicamente, en el imaginario popular y como lo
hemos dicho antes, la Iglesia es catalogada como cómplice del Proceso.
Mientras Sábato almorzaba con el “culto, modesto e inteligente”[8]
de Videla en mayo de 1976, el episcopado ya denunciaba el la cuestión de los
desaparecidos.
Remitiéndonos a nuestra actualidad, sería auspicioso
que la CEA se expresara una vez más y como lo hiciera en aquellos años, para poner de manifiesto la situación de injusto
encierro que viven hoy los cerca de mil presos políticos detenidos, integrantes
del las FF.AA. y de Seguridad, incluidos algunos miembros de la propia Iglesia.
Casi todos mayores de 70 años, para ellos lo único que
existe es la venganza revanchista, disfrazada de Themis.
Para ellos, ni Derechos Humanos ni soluciones
humanitarias. Solamente prisiones preventivas indefinidas, anulaciones de
leyes, desconocimiento del principio de inocencia, de la irretroactividad de la
ley penal, etc.
Para ellos, ni la esperanza de una muerte digna.
Diego García Montaño.
[1] Ver: revistaelsur.com.ar, edición del 24/07/12.
[2] Conferencia Episcopal Argentina: “Iglesia y Democracia en la
Argentina”, Buenos Aires, 2006, pp. 625 y sgts.
[3] 14 de diciembre de 1975: “Carta al Comandante en Jefe del Ejército
Argentino solicitando-con motivo del Año Santo- cierta dulcificación de la
penas a los detenidos”.
[4] 15 de mayo de 1976: “Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal
Argentina”.
[5] “Carta de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal
Argentina a la Junta Militar sobre el incalificable asesinato de una comunidad
religiosa”.
[6] “Reunión de la Comisión Ejecutiva de la CEA con la Junta Militar”
[7] “Carta de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
Argentina a los miembros de la Junta Militar sobre inquietudes del pueblo
cristiano por detenidos, desaparecidos, etc.”.
[8] Expresiones de Ernesto Sábato al diario: “La Nación”, 20 de mayo de
1976.
