La necesidad de
políticas públicas integrales
Gabriela Richard
Losano.
¿Puede una “política
de drogas” constituirse en una estrategia de abordaje eficaz para el problema
de las adicciones? La respuesta es no.
Una política así
planteada, que enfoque las drogas pero no el deseo que mueve a las personas a
consumirlas, o el contexto que las constituye en objeto de deseo y promueve su
aceptación social, no pasará de ser una política reduccionista y fragmentaria.
El modo de denominar
un tema simbólicamente delimita el campo de acción y condiciona los resultados.
Cuando se propone hacer algo en los términos citados, es posible prever sus
limitaciones.
Como alternativa, los
nuevos paradigmas proponen usar otros de mayor alcance, tales como “adicciones”
y “procesos adictivos en general” (incluidas así las adicciones sin sustancias)
y con ellos enfocar la dinámica de este fenómeno en su complejidad (no sólo la
droga o la fase de drogadependencia), priorizando el derecho humano a la salud.
Esto es necesario
para garantizar la igualdad de oportunidades respecto del derecho a acceder a
los recursos para la toma de decisiones autónoma y responsable de cada
ciudadano, en especial las relativas a cuestiones que puedan afectarlo a él y a
su entorno.
Reducir la demanda.
Consumir sustancias
psicoactivas no es saludable en ningún caso. Tampoco es saludable lo que
enfoques cortoplacistas denominan consumo “no problemático”, por no encuadrarse
en el tradicional perfil de toxicomanía.
Finalmente, si de uso
terapéutico se tratara, en el caso de que se demostrara de modo científico las
ventajas de consumir alguna sustancia no comercializada ya como medicamento,
este implicaría la existencia de una patología a tratar y quienes consumieran a
tal fin serían enfermos que requieren tratamiento y no la población en su
conjunto.
Entre tanto, mientras
aún se discute acerca de si se continúa o no la guerra contra las drogas, las
políticas integrales para afrontar el problema de las adicciones, que incluyan
contexto y sujeto en su enfoque, siguen sin estar disponibles.
Trabajar para reducir la oferta exige atender su par
complementario: trabajar para reducir la demanda.
Es decir, reducir la
predisposición a desarrollar ciertas prácticas; en este caso, las de consumir drogas.
Ampliar el debate. La
discusión, planteada linealmente en términos de todo o nada, impide considerar
matices y contribuye a desplazar el foco de análisis de las cuestiones de
fondo, relativas a la salud y al desarrollo social, hacia el orden de lo jurídico.
Para superar esta
simplificación, es preciso ampliar el alcance de la discusión.
Ello permitirá
incluir desde la consideración de dispositivos sanitarios y educativos,
aplicables a la prevención y la asistencia, hasta la de mecanismos de promoción
de la cultura del trabajo y estudio de orígenes de fondos destinados financiar
a instituciones públicas y privadas (incluidos medios de comunicación masiva
tales como sitios de Internet, Facebook y la revista THC , destinados a la
promoción y venta de marihuana), pasando por el análisis de conceptos tales
como “sociedad de consumo” y “buen vivir” y su impacto en procesos de
construcción de identidad en la familia y la escuela, entre muchos otros.
Hacer un recorte de
la complejidad en torno del acto de permitir o prohibir es una expresión más
del pensamiento mágico, según el cual el mundo cambia sólo cambiando una ley.
Esto hasta podría
indicar una transferencia de responsabilidades desde diversos actores sociales
hacia jueces y organismos de control. Si así fuera, es probable que más tarde,
cuando no se obtuvieran los resultados esperados (que sin duda no van a
alcanzarse si no se realiza un abordaje integral), estos operaran como chivos
expiatorios de la ineficacia de tales políticas.
A su vez, ampliar el alcance
de la discusión en la dimensión temporal implica observar no sólo los hechos
actuales que se pretenden regular, sino también aquellos que tales pautas
regulatorias promoverán de modo directo o indirecto en el futuro.
Múltiples aportes. La
necesidad de innovación en materia de políticas públicas para afrontar el
problema de las adicciones requiere aportes del ámbito legislativo, sólo como
correlato de un movimiento conjunto de diversas instituciones, con la
iniciativa de los sistemas sanitario y educativo, y que incluya la previsión
responsable de los efectos que cualquier cambio pudiera aparejar y garantice la
presencia de los dispositivos necesarios para contenerlos.
Hasta el momento,
subsiste la duda acerca de en qué medida la despenalización de la tenencia de
cocaína, marihuana, heroína, éxtasis y otras drogas para consumo personal puede
contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel sanitario de la población en
su conjunto.
En definitiva, cada
cambio propuesto en el orden ejecutivo, legislativo o judicial, debería
realizarse de manera coordinada, conforme a una meta trazada según el modelo de
país que se desea alcanzar.
Pensar el país que
somos y que nos proponemos llegar a ser exige pensarnos a nosotros mismos,
aprender de aciertos y errores. Es difícil hacerlo en el actual contexto, pero
peor sería ni siquiera intentarlo.
Control social. En
cualquier caso, conviene tener en cuenta lo que plantea Enrique Saforcada,
destacado sanitarista argentino: “Las drogas (legales e ilegales) son un
instrumento de control social en tanto impiden que la gente piense y actúe
críticamente”.
En este mundo
globalizado, donde la lógica de mercado suele instalarse por encima de las
lógicas promovidas por los estados, habrá que incluir la pregunta acerca de los
intereses que podrían estar operando detrás de estas herramientas de control
social, a veces solapadas bajo el formato de lo recreativo, terapéutico o
socializador, y si estos intereses facilitan u obturan el proceso de
construcción del país donde poder vivir con pleno ejercicio de los derechos
humanos.
Las mejores políticas
públicas integrales son las que tienen en cuenta el bien común y el largo plazo
en su perspectiva. Son las que necesita la Argentina. Sin
ellas, cada vez habrá más casos de personas con adicciones, con todos los
costos sociales y sanitarios que ello implica.
Directora de la Fundación ProSalud ,
codirectora de curso de posgrado en
Salud Pública, Redes Sociales y Adicciones de la UNC
