Por Guillermo Cherashny para el Informador Público
La campaña CFK 2007 se financió parcialmente con dinero de la denominada mafia de los medicamentos, compuesta por droguerías sospechadas de lavado de dinero. En efecto, los dueños de esos establecimientos le entregaban cheques al ex Superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli, mano derecha de Alberto Fernández, jefe de campaña de Cristina. El caso es que en abril de este año, mediante una resolución del Secretario de Obras Públicas, José López, se le entregaron 42 millones de pesos a Sergio Schoklender, apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, presidida por Hebe Pastor de Bonafini. Según nuestras fuentes, el parricida le habría retornado a López la mitad, es decir, 21 millones de pesos, destinados aparentemente a la financiación de la campaña presidencial del oficialismo de octubre próximo.
¿Un retorno del 50%?
La obra en cuestión fue presupuestada por 151 millones de pesos y está ubicada en un predio ubicado de la Avenida Castañares y la General Paz. Allí se construirían varias torres de viviendas populares. Pero como se demoró la inauguración debido a los desvíos de fondos efectuados por la asociación ilícita gerenciada por el parricida, este año Obras Públicas se vio obligada a dar un refuerzo de 42 millones de pesos. Los hermanos Schoklender manejaban los fondos a través del contador de la Fundación Madres, Alejandro Gorkin, esposo de Marcela Zlotogorski, quien tiene a su nombre varios autos importados y es el eslabón débil de la cadena.
También existiría una carta reveladora de Schoklender a la Presidente, en la que señalaría que el Gobierno le pagaba a la Fundación 1700 pesos por metro cuadrado y 4500 a las empresas de la Cámara Argentina de la Construcción, irónicamente llamada en círculos empresarios la “Cámara Argentina de la Corrupción”. De más está decir que el método seguido es, como siempre, el de los sucesivos reajustes. Las Madres, entonces, presupuestaban siempre menos que las empresas privadas. No obstante ello, una investigación del diputado Gustavo Ferrari estableció que las empresas privadas en Buenos Aires facturaban cada casa a 90.000 pesos y la fundación a 161.000 pesos. Es decir que no se sabe exactamente si a las Madres les pagan menos, como dice el parricida, o más, como asegura Ferrari.
En definitiva, Bonafini dijo ayer que separó a 16 personas, incluidas Sergio y Pablo, pero en realidad fue el Fiscal Jorge di Lelo quien les prohibió la salida del país. La decisión de echarlos se debe así a la justicia y no a ella, que tampoco ha radicado denuncia alguna de delitos, pero asegura que sí los cometieron y que los deben pagar con todo el rigor de la ley. Así las cosas, el escándalo Schoklender-Bonafini salpica a todo el kirchnerismo y la campaña presidencial CFK 2011 está, como la del 2007, expuesta a pasar de ser la supuesta continuación de un “legado revolucionario”, a una sucia maniobra de lavado de dinero.
6-6-11
