Por Héctor GIULIANO (7.6.11).
Por analogía con el concepto de Lavado de Dinero, a los fines de este trabajo definimos como Lavado de Deuda aquellas operaciones de reestructuración que tienen por efecto práctico encubrir o dificultar la identificación de deudas ilegítimas cargadas al Estado.
Este tipo de procedimientos se efectúa a través de novaciones de deuda (refinanciación con el mismo acreedor) y/o nuevas operaciones con terceros para cancelar obligaciones contraídas con otro acreedor (operaciones de Administración de Pasivos).
En determinados casos – como ocurre actualmente en la Argentina – el Estado puede pagar así a tenedores privados deudas contrayendo nuevas deudas dentro del propio Sector Público.
El objeto de esta nota es analizar precisamente esto que está sucediendo hoy en la Argentina en la materia, donde tal modalidad – que, en realidad, es una constante en la historia de la Deuda Pública – se sigue realizando pero con la importante variante que se hace principalmente a través del crecimiento de la Deuda Intra-Estado.
OPERATORIA DEL LAVADO DE DEUDA.
La esencia de toda operación de “lavado de activos” – en este caso, desde el ángulo del Fisco, su contrapartida o “lavado de pasivos” - es transformar operaciones ilegales o irregulares en contratos aparentemente legítimos, soslayando para ello que – desde el punto de vista lógico y jurídico – si una obligación primitiva es irregular o ilegitima en su origen la misma no genera obligaciones válidas para el Estado pese a cualquier refinanciación que se haga.
Los funcionarios superiores intervinientes son, en tales situaciones, directamente responsables por las acciones, omisiones y/o irregularidades que convalidarían de este modo a través de su comportamiento contrario a los Intereses del Estado e incumpliendo, consecuentemente, sus Deberes como Funcionarios Públicos.
Este proceder se agrava más todavía cuando las obligaciones se contraen sin demostración de la debida capacidad de repago del Estado, lo que implica compeler una forzosa reestructuración futura de las mismas, sin extinción de los compromisos financieros.
La combinación de deudas ilegitimas y reestructuraciones sin capacidad de repago configura la base del círculo vicioso de la Deuda Perpetua: el Stock de la Deuda Pública no baja, los Servicios de Intereses de la Deuda pesan cada vez más en los Gastos Corrientes, los vencimientos de Capital no se pagan sino que se refinancian en su totalidad generando nuevos servicios de deuda y las administraciones de Gobierno toman más Deuda, cuyo saldo sigue aumentando.
Tal fue y sigue siendo el mecanismo de Endeudamiento Público permanente que ha seguido nuestro país hasta hoy, tema que ya ha sido tratado en otros trabajos del autor. (*)
ANTECEDENTES DE LA DEUDA ACTUAL.
El procedimiento clásico del Endeudamiento Público se da casi siempre por medio de la creación de deudas ilegitimas o irregulares que luego se van “legitimando” a través de sucesivas reestructuraciones de pasivos de modo que las obligaciones espurias originales son reemplazadas gradualmente por nuevos instrumentos de deuda.
Esto ocurrió en la Argentina con la Deuda Externa primitiva del Proceso Militar 1976-1983 a lo largo de etapas sucesivas:
- los Acuerdos de Nueva York 1985-1987 del Gobierno Alfonsín, que refinanciaron el paquete de deudas ilegitimas arrastradas del gobierno militar e incluyendo también la estatización de las deudas privadas transferidas al Estado por el mecanismo de swaps y seguros de cambio.
- el Plan Brady 1992-1993 de la Administración Menem-Cavallo, que se hizo sobre la base de los convenios anteriores y transformó las acreencias nominativas de los grandes Bancos Acreedores en títulos públicos anónimos (el conjunto de Bonos Brady y conexos). Fue el gran “salto cualitativo” del Lavado de Deuda que dio paso, a su vez, a la Segunda Ola de Endeudamiento Público durante la Década del ´90.
- el Megacanje De la Rúa-Cavallo de Junio del 2001 y la posterior conversión de Bonos en Préstamos Garantizados, a través del Decreto 1387/01, en Noviembre de ese mismo año. Y
- el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 – y sus complementarios del 2010 - que se estima reestructuraron entre un 80 y un 95 % los títulos emitidos en el 2001.
Todas estas operaciones se hicieron por connivencia entre los grandes Acreedores del Estado – asistidos por Bancos-Agente colocadores de Deuda, apoyados por Calificadoras de Riesgo a cargo de las buenas notas para el país y recomendaciones de los Organismos Financieros Internacionales (con el Fondo Monetario a la cabeza) – y los gobiernos de turno, cualesquiera fuese su signo político.
Un “detalle” importante a tener en cuenta es que todas estas reestructuraciones se hicieron por necesidad frente al fracaso de las anteriores, es decir, como forma de evitar una declaración formal de cesación de pagos (cosa que no impidió el default en el caso de la Crisis de Deuda del 2001).
LA POSICIÓN DEL GOBIERNO KIRCHNER.
En su libro “Después del derrumbe” (Buenos Aires, Abril de 2003) – editado un mes antes de las elecciones - el ex presidente Néstor Kirchner decía que en caso que asumiese la presidencia no iba a cuestionar la legitimidad de la Deuda Pública ya que, en línea con los argumentos típicos del Establishment, ningún otro gobierno anterior la había objetado y que el Congreso, al convalidar el presupuesto anual, estaba dando por sobreentendido que las obligaciones por las que se pagan los intereses de la deuda son legítimas.
Su esposa, la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ratificó y explicitó más aún esta postura oficial en varias ocasiones, especialmente en su discurso del 4.3.10, donde no solamente se refirió a la legitimidad de la Deuda dándola por válida e incuestionable sino que garantizó el pago de la misma a los acreedores, apelando incluso a las reservas internacionales del Banco Central, tal como lo viene haciendo su Administración.
Esta postura del gobierno tuvo por hitos principales el pago total y anticipado de la Deuda Externa al Fondo Monetario Internacional, el Megacanje Kirchner-Lavagna del 2005 y sus canjes complementarios del 2010, la oferta de pago con Reservas de la Deuda Externa a los países del Club de París (cuya mayor parte proviene de sucesivos “lavados de Deuda” desde el Gobierno Militar) y la constitución por Decreto de los denominados Fondos de Desendeudamiento Público (2010 y 2011), utilizados para pago a Organismos Multilaterales de Crédito y Acreedores Privados también con Reservas Internacionales.
El gobierno Kirchner soslaya así la existencia de la causa judicial con sentencia en firme Olmos I y las otras causas que todavía siguen en curso: Olmos II, Megacanje 2001 y gestión de la Deuda 1976-2007.
La Política de Endeudamiento Público de la actual Administración sigue una Hoja de Ruta cuyos pasos principales declarados son la regularización de la Deuda con los Acreedores que no ingresaron en los canjes (Holdouts), el nuevo arreglo con el Club de París y la vuelta al Mercado Internacional de Capitales para contraer más Deuda Pública en el nuevo marco de reglas del Grupo de los 20 (que tiene por organismo de monitoreo al FMI).
En este contexto, la apelación a la Deuda Intra-Sector Público, esto es, la toma de fondos de Entes del Estado – principalmente Banco Central y ANSES – para pagar a Organismos Financieros Internacionales y Acreedores Privados, actúa en la práctica como un Préstamo Puente para cubrir las Necesidades de Financiamiento derivadas de la Deuda Pública de modo de poder cumplir con los objetivos de la Hoja de Ruta.
Este procedimiento – que se ha explicado en otros trabajos del autor (**) y que conlleva un nuevo lavado factico de deuda - estaría, sin embargo, llegando hoy a su fin, por la cercanía a un “limite de riesgo” de la Deuda Intra-Estado, que expone particularmente al Banco Central y a la ANSES desde el punto de vista financiero.
El discutible uso del criterio de Reservas de Libre Disponibilidad (RLD) del BCRA para prestarle fondos a la Tesorería que debilita la posición de divisas del Banco y la cuestionable utilización de los recursos acumulados de la ANSES con el mismo fin no sólo aumentan la exposición del sistema financiero público sino que alterarían las prioridades en el destino de tales fondos: el respaldo de la Base Monetaria y la garantía de las obligaciones comerciales en moneda extranjera, en el primer caso, y el cumplimiento de las obligaciones legales de recomposición de los haberes jubilatorios en el segundo.
PROYECCIONES POLITICAS INMEDIATAS.
Todo este mayúsculo “pateo para adelante” de vencimientos crecientes de la Deuda Pública (por Capital e Intereses) se da a costa del aumento de la Deuda Intra-Estado como una forma de cobertura transitoria que no sólo constituye un peligroso incremento de las obligaciones netas y no extinguibles del Fisco sino que implica, a la vez, una nueva enorme operación de Lavado de Deuda en gran escala a través de la cual el Estado liquida y transfiere títulos de origen ilegítimo de manos privadas cargándolos a sus propias cuentas públicas; con el agravante que tales nuevas obligaciones no tienen capacidad de pago demostrada.
Ésta es la principal y “pesada herencia” que viene gestando el gobierno Kirchner y que se supone espera sostener hasta las elecciones presidenciales de Octubre, abriéndose así el grave interrogante – del que no se habla - sobre lo que deberá hacerse inmediatamente después de los comicios en esta materia.
Repitiendo una técnica que ya es de rigor en estos casos, el Capital Financiero maneja en la actualidad las Crisis de Deuda Pública forzando que los Ciclos de Deuda coincidan cada vez más y en forma mejor calzada con los períodos de Gobierno.
De esta manera se asegura que si la victoria electoral corresponde a las fuerzas políticas de Oposición las mismas afrontarán en condiciones financieras totalmente débiles las futuras renegociaciones próximas; y si la victoria consagra la permanencia del gobierno de turno, el mismo tendrá que cumplir - de grado o por fuerza - los compromisos irrestrictos que ha asumido porque no son ya herencia de ninguna administración anterior y porque, además, esos compromisos han sido tomados precisamente como condición o forma de asegurar su continuidad en el “poder”, un poder que deviene así en la práctica una parodia desde el punto de vista de las verdaderas decisiones de Gobierno.-
Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 7.6.2011.
(*) La Deuda Pública Nacional de la Argentina (16.5.11), Alerta amarilla sobre la Deuda Pública (9.2.11) y Deuda Pública y Presupuesto 2011 (12.1.11).
(**) Un debilitamiento del Banco Central? (11.5.11) y Qué significa la deuda intra-estado? (16.11.10); además de los escritos citados en el punto anterior.
