Políticos argentinos firman Protocolo de protección integral de la vida y la familia
(AICA) Un grupo de políticos tucumanos, entre los cuales se encuentran Esteban Jeréz, candidato a gobernador de la provincia, José Constanzo, candidato a intendente de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Pablo Berarducci, candidato a intendente de Yerba Buena, y otros candidatos a concejales de esta ciudad tucumana llamada “Capital nacional de las familias numerosas”, a los cuales se adhirió la senadora nacional sanluiseña Liliana Negre de Alonso, firmaron un documento, con el compromiso de llevarlo a su cabal cumplimiento, llamado “Protocolo por la vida y la familia”. El documento dice:
Protocolo por la vida y la familia
En consonancia con lo establecido en la Constitución Nacional y con numerosas normas de nuestro bloque legislativo federal, el objeto fundamental de este Protocolo es comprometernos, expresa y públicamente, con la protección integral de la vida y la familia, en nuestra acción política actual y futura.
Nuestro punto de partida es reafirmar que la familia es el núcleo fundamental y básico de toda comunidad política, por ser anterior al Estado, y desempeñar vitales funciones sociales es merecedora de especiales derechos y de una singular protección, acorde con los valores de nuestra cultura fundacional.
Entendemos que es indispensable que se adopten, en los tres niveles del Estado, políticas públicas de protección de la institución familiar en todas sus dimensiones.
Por todo esto expresamos que los principios rectores de nuestra acción son:
El derecho humano a la vida es inherente a toda persona, sin que lo invalide o lo mengüe circunstancias tales como falta de autonomía, enfermedad, vejez o carencia de algunas facultades. Este derecho es universal, es decir que debe ser respetado siempre, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Su fundamento es la común pertenencia a la misma naturaleza humana.
El niño por nacer tiene derecho inalienable a la vida como primer derecho humano, fuente y origen de todos los demás; razón por la cual no puede quedar a merced de persona alguna. La garantía de este derecho en su máxima extensión es una obligación primordial del Estado en todos sus niveles y en todas las situaciones que se pudieran presentar.
La familia es la célula natural y fundamental de la sociedad, anterior a cualquier tipo de organización estatal. Se funda en el matrimonio, entendido como unión íntima, complementaria y excluyente de un varón y una mujer, libremente contraído y públicamente reconocido. Hombre y mujer gozan de una misma dignidad y de iguales derechos.
La familia es una unidad jurídica, social y económica, pero principalmente unacomunidad de amor y de solidaridad, insustituible para la enseñanza y transmisión de los valores culturales, éticos, sociales, psicológicos, espirituales y religiosos, valores éstos, esenciales para el desarrollo y bienestar de sus propios miembros y de la sociedad.
Los municipios, las provincias y la Nación deben reconocer a la familia y sus organizaciones el derecho a participar, de diferentes formas, en los organismos de representación y decisión sobre los temas de su interés y competencia.
El Estado y las Organizaciones Internacionales, deben proteger la familia con medidas de carácter político, económico, social y jurídico, que contribuyan a consolidar su unidad y estabilidad, para que pueda cumplir sus funciones específicas. La ayuda económica internacional, los pactos entre naciones o con organismos internacionales con el objetivo de promover el desarrollo de los pueblos y garantizar los derechos humanos, nunca deben incluir la aceptación de programas de contracepción, esterilización o aborto, de restricción a los derechos de los padres o de promoción de la ideología de género.
Por lo expresado, nos comprometemos a desarrollar las siguientes acciones en nuestra actuación política:
Reconocer el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Rechazo manifiesto a propuestas normativas, a la instrumentación de programas estatales o al financiamiento de acciones que, en forma explícita o implícita, procuren el aborto, la eutanasia, la contracepción, la manipulación genética y de embriones, la ideología de género y la educación sexual sin la supervisión y autorización de los padres.
Garantizar a los padres la titularidad originaria, primaria e inalienable de la potestad de educar, especialmente en los contenidos referidos a sus creencias, principios morales, valores humanos, tradición histórica y cultural, tanto en establecimientos de gestión estatal como privada. Así como el acceso al financiamiento de sus opciones educativas con fondos públicos, cualquiera sea la organización o modelo de gestión que adopte la institución escolar.
Promover la sanción de normas que hagan posible la conciliación entre la vida familiar, laboral y educativa. Valorar el trabajo de la madre en el hogar, el cual debe ser reconocido y respetado por los bienes que produce y aporta a la familia y a la sociedad.
Establecer beneficios a favor de las familias numerosas y de las que tienen miembros con capacidades diferentes. Condiciones apropiadas de acceso y disfrute de los bienes económicos, sociales y culturales: vivienda familiar, programas especiales de salud y becas estudiantiles entre otros.
Condicionar toda acción política a garantizar trabajo digno, vivienda apropiada, educación en valores, salud integral y seguridad para las familias como bienes sociales insustituibles.
En síntesis nos comprometemos a poner como centro y fundamento de todo nuestro accionar en la función pública a las familias, a sus necesidades y a sus sueños, reafirmando que defender la familia es defender la Nación
(AICA) Un grupo de políticos tucumanos, entre los cuales se encuentran Esteban Jeréz, candidato a gobernador de la provincia, José Constanzo, candidato a intendente de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Pablo Berarducci, candidato a intendente de Yerba Buena, y otros candidatos a concejales de esta ciudad tucumana llamada “Capital nacional de las familias numerosas”, a los cuales se adhirió la senadora nacional sanluiseña Liliana Negre de Alonso, firmaron un documento, con el compromiso de llevarlo a su cabal cumplimiento, llamado “Protocolo por la vida y la familia”. El documento dice:
Protocolo por la vida y la familia
En consonancia con lo establecido en la Constitución Nacional y con numerosas normas de nuestro bloque legislativo federal, el objeto fundamental de este Protocolo es comprometernos, expresa y públicamente, con la protección integral de la vida y la familia, en nuestra acción política actual y futura.
Nuestro punto de partida es reafirmar que la familia es el núcleo fundamental y básico de toda comunidad política, por ser anterior al Estado, y desempeñar vitales funciones sociales es merecedora de especiales derechos y de una singular protección, acorde con los valores de nuestra cultura fundacional.
Entendemos que es indispensable que se adopten, en los tres niveles del Estado, políticas públicas de protección de la institución familiar en todas sus dimensiones.
Por todo esto expresamos que los principios rectores de nuestra acción son:
El derecho humano a la vida es inherente a toda persona, sin que lo invalide o lo mengüe circunstancias tales como falta de autonomía, enfermedad, vejez o carencia de algunas facultades. Este derecho es universal, es decir que debe ser respetado siempre, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Su fundamento es la común pertenencia a la misma naturaleza humana.
El niño por nacer tiene derecho inalienable a la vida como primer derecho humano, fuente y origen de todos los demás; razón por la cual no puede quedar a merced de persona alguna. La garantía de este derecho en su máxima extensión es una obligación primordial del Estado en todos sus niveles y en todas las situaciones que se pudieran presentar.
La familia es la célula natural y fundamental de la sociedad, anterior a cualquier tipo de organización estatal. Se funda en el matrimonio, entendido como unión íntima, complementaria y excluyente de un varón y una mujer, libremente contraído y públicamente reconocido. Hombre y mujer gozan de una misma dignidad y de iguales derechos.
La familia es una unidad jurídica, social y económica, pero principalmente unacomunidad de amor y de solidaridad, insustituible para la enseñanza y transmisión de los valores culturales, éticos, sociales, psicológicos, espirituales y religiosos, valores éstos, esenciales para el desarrollo y bienestar de sus propios miembros y de la sociedad.
Los municipios, las provincias y la Nación deben reconocer a la familia y sus organizaciones el derecho a participar, de diferentes formas, en los organismos de representación y decisión sobre los temas de su interés y competencia.
El Estado y las Organizaciones Internacionales, deben proteger la familia con medidas de carácter político, económico, social y jurídico, que contribuyan a consolidar su unidad y estabilidad, para que pueda cumplir sus funciones específicas. La ayuda económica internacional, los pactos entre naciones o con organismos internacionales con el objetivo de promover el desarrollo de los pueblos y garantizar los derechos humanos, nunca deben incluir la aceptación de programas de contracepción, esterilización o aborto, de restricción a los derechos de los padres o de promoción de la ideología de género.
Por lo expresado, nos comprometemos a desarrollar las siguientes acciones en nuestra actuación política:
Reconocer el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Rechazo manifiesto a propuestas normativas, a la instrumentación de programas estatales o al financiamiento de acciones que, en forma explícita o implícita, procuren el aborto, la eutanasia, la contracepción, la manipulación genética y de embriones, la ideología de género y la educación sexual sin la supervisión y autorización de los padres.
Garantizar a los padres la titularidad originaria, primaria e inalienable de la potestad de educar, especialmente en los contenidos referidos a sus creencias, principios morales, valores humanos, tradición histórica y cultural, tanto en establecimientos de gestión estatal como privada. Así como el acceso al financiamiento de sus opciones educativas con fondos públicos, cualquiera sea la organización o modelo de gestión que adopte la institución escolar.
Promover la sanción de normas que hagan posible la conciliación entre la vida familiar, laboral y educativa. Valorar el trabajo de la madre en el hogar, el cual debe ser reconocido y respetado por los bienes que produce y aporta a la familia y a la sociedad.
Establecer beneficios a favor de las familias numerosas y de las que tienen miembros con capacidades diferentes. Condiciones apropiadas de acceso y disfrute de los bienes económicos, sociales y culturales: vivienda familiar, programas especiales de salud y becas estudiantiles entre otros.
Condicionar toda acción política a garantizar trabajo digno, vivienda apropiada, educación en valores, salud integral y seguridad para las familias como bienes sociales insustituibles.
En síntesis nos comprometemos a poner como centro y fundamento de todo nuestro accionar en la función pública a las familias, a sus necesidades y a sus sueños, reafirmando que defender la familia es defender la Nación
