Ayuda o subsidio: una óptica
cristianaConfidencial Digital, 06/05/20
Aitor Castañeda
El debate de la renta
básica, que propuso Podemos desde que entrase en las instituciones, y que en
regiones como el País Vasco ya estaban en marcha con el nombre de Renta de
Garantía e Ingresos (RGI), no augura un buen devenir para la economía nacional.
Es bien sabido que esta
renta, que propone abastecer con una ayuda mensual a quienes no dispongan de
ingresos mínimos para subsistir, choca directamente con los postulados
neoliberales que rigen la economía hoy. De ahí que la Iglesia, en nombre del
Papa Francisco, haya apoyado ésa u otras fórmulas similares para ayudar a
quienes pasen necesidad, en un contexto donde las diferencias sociales se van a
disparar en muy poco tiempo.
Es así que algunos medios
españoles, al parecer muy en consonancia con lo que dice el Papa, han acusado a
la Iglesia española de oponerse a la renta básica, cuando el portavoz de la
Conferencia Episcopal Española (en adelante CEE), Monseñor Luis Argüello, dijo
en rueda de prensa de que dar “ayudas a quienes lo necesitan es indispensable,
pero pensar en una permanencia, que vivan de manera subsidiada, no sería un
horizonte deseable”. Y es que en el citado País Vasco hace años que está en
duda la capacidad comunitaria para afrontar la RGI, habiendo propuesto medidas
para evitar los fraudes y quitando a sus perceptores el derecho a cotización
mientras la reciban. Y es que estas fórmulas, que como se aprecia, la CEE no ha
descartado, deben hacerse según lo que también Mons. Argüello citó como el
“principio de subsidiaridad”, muy oído en boca del mismo presidente vasco Íñigo
Urkullu.
Según la Doctrina Social de
la Iglesia (Encuentro, 2016), la subsidiaridad responde a que “una estructura
de orden superior solo ha de actuar si el grupo social de orden menor (...) no
se encuentra en condiciones de hacer frente” a una dificultad (página 99); es
decir: el estado no debe sustituir a los diferentes cuerpos que componen la
nación, a fin de no restarles competencias y libertad de acción, y coartando su
capacidad de crecimiento social. De ahí su uso en boca del Lendakari, y a su
vez principio propuesto por la CEE para el problema catalán.
Este principio, citado por
primera vez por Pío XI en la encíclica Quadragesimo Anno (1931), se resume en
el campo económico en medida en que “el estado debe actuar” si una comunidad
“se encuentra en problemas”, pero no debe hacerlo antes de que sus integrantes
“se hayan visto desbordados a la hora de solucionarlos” (Ibídem). De esta
forma, se promueve que la libertad/responsabilidad de los individuos y
comunidades esté en marcha, y cuenten siempre con una instancia mayor para ser
ayudadas, sin ser sustituidas. Una administración excesivamente centralizada es
así contraria este principio.
No puede olvidarse jamás que
la Iglesia ha rechazado tanto el marxismo como el liberalismo desatado. Ya en
el 1977, antes de aprobarse la Constitución, la CEE publicaba un folleto por la
libertad personal, y exhortaba a la cristiandad a rechazar el liberalismo por
boca de Pablo VI, porque “cree exaltar la libertad individual, sustrayéndola a
toda limitación, estimulándola con la búsqueda exclusiva del interés y del
poder, y considerando las solidaridades sociales como consecuencias, más o menos
automáticas, de las iniciativas individuales”.
Es así que la renta básica
que se está calculando corre el riesgo de crear individuos dependientes de un
estado que está obligado a ayudarles. Y es que además, el reputado economista
catalán Santiago Niño-Becerra, quien predijo la crisis del 2008, lleva ya unos
años vaticinando la creación de esta renta, pero no como algo halagüeño, sino
como el antídoto al caos social que vendrá cuando desaparezcan las pensiones,
algo que ya se sabe, ocurrirá.
Es aventurado entonces,
además de mentiroso, acusar a la CEE de oponerse a la ayuda del estado, sin
tener en cuenta lo explicado aquí. Lo mismo sucede a todos los planos, siendo
la subsidiaridad multilateral, y afectando también a la Iglesia en medida en
que, como propone el actual Gobierno, ésta deberá sufragarse con sus propios
medios, medida a la que casualmente tampoco se ha opuesto, siempre y cuando se
la trate como a otras organizaciones en
situación similar.
Se auguran pues tiempos
difíciles, en los que toda la sociedad civil en conjunto deberá moverse para
aportar al bien común lo mejor de sí, descartando individualismos y potenciando
todos los cuerpos intermedios ciudadano-estado, a fin de evitar, parafraseando
a Guillermo Rovirosa i Albet, tanto “el sistema capitalista de vivir en
alquiler”, como “el comunismo de vivir en un cuartel tan grande como el país”.
