Democracia y grandes fortunas: incompatibles
Red Renta Básica, 01/02/2016
Mucho se ha comentado en estos últimos días el nuevo
informe de Oxfam sobre el aumento de las desigualdades en todo el mundo.
También ha sido difundida la previsión de la OIT sobre el incremento del
desempleo en los próximos años. No tan propagados son otros documentos que estudian el impacto
de la mecanización-robotización-digitalización sobre el mercado laboral de los
próximos años, como el informe Frey-Osborne de la universidad de Oxford de
2013. Uno de los últimos estudios sobre este impacto, del Fórum Económico
Mundial, prevé que la digitalización reducirá más de 5 millones de puestos de
trabajo en los próximos 4 años, hasta el 2020. Hay quien asegura que se
crearán nuevos puestos de trabajo gracias a la digitalización. Y es cierto. El
mismo informe mencionado del Fórum Mundial lo reconoce, pero con una salvedad
decisiva: la diferencia entre los destruidos y los de nueva creación será
desproporcionadamente favorable a los primeros.
Inmensas desigualdades crecientes en los últimos años
y previsiones de destrucción de puestos de trabajo remunerado. ¿Y el futuro? Si
se continúa con la misma tendencia, no hay duda del dibujo del futuro: mayores
concentraciones de la riqueza y porcentajes crecientes de la población en
situación de pobreza y exclusión. Así ha venido sucediendo en los últimos años,
pero a ritmo cada vez más rápido. Esta perspectiva es evidente para cualquier
persona que se acerque desinteresadamente a entender la realidad. Es cierto que
un porcentaje nada desdeñable de propagandistas cantan las alabanzas de las
“oportunidades” que crea la nueva situación, y que “hay que mirar en positivo”
y sandeces de este estilo. Por decirlo con Upton Sinclair, es difícil hacer que
una persona entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda.
Pero
si dejamos al margen a este inevitable grupo, sigue en pie la afirmación de que
es evidente la perspectiva de mayores desigualdades y situaciones de pobreza en
el futuro. No resulta tan evidente, por notorio contraste, el peligro mortal
para la libertad de una inmensa mayoría de la población no rica que representan
estas inmensas desigualdades. Porque falta de libertad –de negociación, de
rechazo, de decisión- es lo que padece la persona en situación de paro a la que
además se estigmatiza si cobra, suponiendo que tenga derecho, el subsidio de
desempleo.
Falta de libertad tiene el trabajador precario que no
sabe si mañana conservará su empleo. Falta de libertad es la situación que
sufre la persona en estado de pobreza (el riesgo de caer en ella en el Reino de
España es de casi el 30% de la población), porque pobreza no es solamente
carencia de recursos sino, siendo así como es vivida por propios y extraños en
multitud de ocasiones, fracaso social. Falta de libertad, en fin, la tiene
quien, según la más de dos veces milenaria tradición republicana, depende de
los que tienen propiedad para poder existir socialmente. En efecto, la
igualdad, la reciprocidad en el ejercicio de la libertad solamente es posible
en una comunidad en que las instituciones políticas dotan a todos los miembros
de la sociedad de las condiciones sociales que posibilitan su independencia
material. Para el republicanismo histórico, la fuente capital de vulnerabilidad
e interferibilidad arbitraria es la ausencia de independencia material. Las
personas que no tienen la existencia garantizada debido a la falta de
propiedades no son ciudadanos por derecho propio, sino que viven a merced de
los demás. Quien no tiene la existencia
material garantizada no es, no puede ser libre.
La causa fundamental de la situación a la que hacía
referencia que supone y augura mayores desigualdades, más miseria material y
falta de libertad a la inmensa mayoría, no es ningún misterio, si no formamos
parte ni del colectivo al que se refería Sinclair, ni del colectivo
marmolillo-dogmático del que se podría decir, con ETA Hoffman, que nunca “ha
mirado la vida por encima del breviario a fin de conocer con exactitud qué es
lo que en ella sucede”: la política económica practicada por los distintos
gobiernos de casi todos los Estados del mundo. En la UE, para no alejarnos de
nuestra área más cercana, la política económica practicada desde el inicio de
la crisis, la llamada política de austeridad, es una elección política, no una
necesidad, como decía recientemente Jeremy Corbyn. O más contundentemente aún
lo expresaba Noam Chomsky: “La austeridad no es una necesidad económica en
Europa (de hecho, no tiene sentido económico). Pero es una decisión política
tomada por sus diseñadores a favor de sus propios intereses. Básicamente, creo
que es una dimensión de la lucha de clases…”.
Muchos son ya los representantes del mismo
establishment que analizan como un serio problema este estado de cosas. Porque
difícil es justificar, sin hacer pasar por imbécil a casi todo el mundo, lo
beneficioso que resulta económicamente que 66 ultraricos acumulen tanta riqueza
como 3.600 millones de personas.
O que, aquí en
el Reino de España, solamente 20 personas dispongan de 115.000 millones de
euros, lo mismo que el 30% más pobre de la población, unos 15 millones de
personas.
El reciente Foro de Davos ha sido una muestra de lo
“preocupados” que están los ricos por las grandes desigualdades del mundo.
Estas desigualdades no son buenas ni para “el negocio” de los mismos oligarcas.
Escuché recientemente a uno que se autodefinía con razón como un “oligarca que
pertenece al 0’01% más rico”, y se quejaba de que estas inmensas bolsas de
población más depauperadas impiden las perspectivas del negocio a medio plazo
(por no decir a largo porque, como apuntaba Keynes, por entonces todos estaremos
muertos). Más que cínico nuestro pimpante oligarca se preocupaba por las
perspectivas de acumulación que tenía por delante.
Medidas para afrontar la situación se han propuesto
muchas a lo largo de los últimos años. Puede establecerse una distinción entre
las medidas que pretenden atacar de raíz las causas, y medidas que se proponen
para abordar las consecuencias más graves de esta situación de desigualdad y de
deterioro de la libertad. Por citar solamente cinco del primer tipo de medidas
que sostienen, aunque hay variaciones en las recetas, que es perentorio: 1)
impedir el poder inmenso de las grandes transnacionales y de las grandes
fortunas puesto que la capacidad de que disponen para decidir la existencia
material de millones de personas es un peligro para la libertad de la mayoría
de las poblaciones (Louis Brandeis, Juez de la Suprema Corte de EEUU de 1916 a
1939, lo dijo con inigualable claridad: “Podemos tener democracia o riqueza
concentrada, pero no podemos tener ambas.”); 2) eliminar la evasión, fraude y
elusión fiscales (haría reír si no fuera por lo que luego significa que las
Islas Caimán hayan sido el lugar del mundo que más ha incrementado la inversión
extranjera española en el último año, inversión que ha crecido en el conjunto
de los paraísos fiscales un ¡2.000%! de 2013 a 2014); 3) acabar con la rebaja
constante de impuestos reales (no nominales) a los más ricos; 4) acabar también
con un mercado laboral legislado para beneficio de las empresas y en detrimento
de la seguridad en el empleo y las condiciones laborales 5) hacer del crédito a
la inversión realmente productiva un asunto de interés público.
Y también se conocen desde hace tiempo medidas que
buscan paliar las consecuencias más graves de esta situación de desigualdad y
de deterioro de la libertad. Se trata de medidas que, por utilizar un viejo y
venerable lenguaje, podrían ser calificadas de “defensivas”. No abordan, como
el primer tipo, las causas o razones principales de esta situación, lo que no
quiere decir que puedan encontrarse defensores tanto de las medidas de la
primera como de la segunda clase, conjuntamente. Dicho telegráficamente:
“mientras atacamos a las causas, hagamos frente de forma urgente a las
consecuencias más graves de la situación”.
Voy a referirme a un tipo de propuesta que es
tradicional porque hace décadas que se practica con distintas variantes y en
situaciones económicas y sociales diferentes, y una que es mucho más nueva.
La propuesta tradicional incluye: rentas mínimas de
inserción, rentas garantizadas, ayudas a la pobreza… Claro que hay muchas diferencias entre las distintas
medidas de este grupo. Pueden ser más generosas, más mezquinas, abarcar a un
porcentaje de personas muy grande o, por el contrario, muy pequeño, exigir
mayores condiciones… pero todas estas medidas tienen un punto en común: la
condicionalidad. Condicionalidad porque hay que cumplir alguna exigencia: ser
pobre, estar en el paro durante un cierto tiempo, tener algún tipo de
discapacidad física o psíquica, etc.
La propuesta que es nueva, aunque relativamente porque
hace ya algunos años que se está investigando y se ha puesto en práctica de
forma experimental en varios lugares del mundo, es la renta básica. Una
asignación monetaria a toda la población completamente incondicional.
¿Cuáles son las mayores diferencias entre la propuesta
tradicional y la nueva? A la primera me referiré como PT y a la segunda como
RB.
La PT, sea cual sea la variante en otros aspectos que
pueda tener (no es lo mismo una renta mínima de inserción en la comunidad murciana
que la más generosa de la comunidad autónoma vasca, por ejemplo), es un
subsidio condicionado y eso quiere decir que se deben cumplir una serie de
condiciones para tener acceso. En las elecciones del 20-D partidos como Podemos
o Ciudadanos o PSOE, con algunas diferencias entre sus respectivas propuestas,
presentaron en sus programas electorales ejemplos de lo que he llamado PT.
La
condicionalidad supone unos costes administrativos muy altos en proporción al
presupuesto general de la PT. En cambio, la RB representa una simplificación
administrativa envidiable como hasta algunos de sus críticos han venido a
reconocer. Resulta obvio que esta característica de la RB, la ausencia casi
absoluta de costes administrativos, puede ser de vital importancia en la
perspectiva de una efectiva racionalización de las políticas sociales y las
políticas fiscales.
La RB se garantiza ex-ante, la PT, en caso de poder
tener acceso, ex-post. Esta característica convierte la RB en una medida
esencialmente preventiva de la exclusión. Sobre la PT, por razones evidentes,
no se puede afirmar lo mismo.
La RB permite eludir las llamadas trampas de la
pobreza y del paro. Estas trampas aparecen debido a que las cantidades
monetarias de los subsidios condicionados, como es el caso de la PT, no son
acumulativas (con esto se quiere señalar que son subsidios complementarios a
una renta ya existente y hasta un umbral establecido). De ahí la inexistencia
de estímulos muy elevados para aceptar empleos que suponen la pérdida de la PT.
Hay propuestas condicionadas que, constatando este grave defecto, intentan
poner algún tipo de paliativo. A diferencia de la PT, la RB no constituye un
techo, sino que define sólo un nivel básico, a partir del cual las personas
pueden acumular cualquier otro ingreso. Además, la RB podría ser en muchos
casos un estímulo para desarrollar trabajos remunerados, mientras que los
subsidios condicionados no sólo no suponen este incentivo sino que representan
todo lo contrario.
Extremadamente ilustrativa es la encuesta que se
realizó a mediados de julio de 2015 en Cataluña por la empresa GESOP. Se
preguntaba: “La renta básica es un ingreso de 650 € mensuales que recibiría
toda la población como derecho de ciudadanía, que sería financiada mediante una
reforma fiscal que supondría una redistribución de la renta del 20% de la gente
más rica hacia el resto de la población. ¿Estaría más bien de acuerdo o más
bien en desacuerdo que se implantara en nuestro país?” (72,3% más bien de
acuerdo, 20,1% más bien en desacuerdo y 7,6% NS / NC). De las personas que
disponían de un trabajo remunerado, el 86,2% afirmaba que el seguiría
ejerciendo, de las personas que estaban en el paro, el 84,4% seguiría buscando
un trabajo como hasta ahora. Parece que la letanía habitual que vaticina que con
una RB incondicional la gente dejaría los trabajos remunerados forma parte de
la fantasía y del prejuicio. Una gran parte de la gente entrevistada opinaba lo
contrario. También es interesante destacar sobre esta encuesta algo relacionado
con la crítica que frecuentemente se lanza contra la RB según la cual supondría
una vuelta de la mujer al hogar o cosas de tenor parecido. ¿Qué dice la
encuesta? De las personas que tienen empleo contestan en la encuesta comentada
que lo dejaría un 3,1% de hombres y solamente ¡un 1,2%! de mujeres.
La RB por no estar condicionada, la recibiría toda la
población, como queda dicho. Y se puede financiar perfectamente. Esta
característica tan distintiva de esta propuesta ha supuesto que algunas
personas hayan expresado su desacuerdo con que también la reciban los ricos. Si
se entiende sensatamente que tan importante es la cantidad de la RB como la
forma de financiarla, se abandona este error. Que todo el mundo reciba la RB no
quiere decir que todo el mundo gane como el avance del estudio de financiación
de una RB para el conjunto del Reino de España a partir de casi dos millones de
IRPFs muestra con meridiana claridad. Para concretar más, se trataría de una
redistribución de la riqueza del 20% más rico al 80% restante, resultando un
índice de Gini que pasaría de ser uno de los más desigualitarios de la UE a uno
de los más igualitarios.
Una consideración comparativa adicional. Si bien en
condiciones de crisis y de paro masivo como en la actualidad esta razón queda
debilitada, la RB permite evitar los daños psicológicos y morales vinculados a
la estigmatización social del perceptor de un subsidio condicionado.
La RB no es sólo una medida contra la pobreza, es una
propuesta que pretende ser parte integrante de una diferente configuración
política de los mercados. También esta propuesta quiere dotar de existencia
material a la población para hacer posible la libertad efectiva de todos los
miembros de la sociedad. Porque sin la existencia social garantizada no hay
libertad.
