en qué consiste la “política
de desestímulo de los abortos” que anunció Luis Lacalle Pou
Por Claudia Peiró
Infobae, 13 de mayo de 2020
“Sin perjuicio de la filosofía de cada uno [y
de] lo que hayan votado o acompañado en su momento, todos entendemos que
Uruguay tiene que tener una fuerte protección a los niños por nacer, que hay que
tener una política de desestimulo de los abortos, que el Uruguay en su
Constitución y de acuerdo a los pactos ratificados entiende que hay vida desde
la concepción y en ese sentido, un niño que no ha nacido tiene derechos”, dijo
recientemente el presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, ante la pregunta de
un periodista durante una videoconferencia de prensa.
“Lo que el Presidente
plantea es una reafirmación lo que ha dicho en la campaña. Siempre recordó que
él no había votado la ley de legalización del aborto y reiteró su defensa de
una agenda pro vida”, dijo el diputado Rodrigo Goñi, del Partido Nacional, ante
la consulta de Infobae.
“En todas esas declaraciones,
más allá de su posición en defensa de la vida, también había dicho que, si le
tocaba ser presidente, no iba a derogar la ley del aborto sino buscar
mecanismos positivos para disuadir esa práctica”.
El Uruguay aprobó en 2012,
la ley nº 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo, durante la
presidencia de José Mujica.
El actual presidente, Luis
Lacalle Pou, ha presentado una Ley de urgente consideración, que propone
cambios en muchos aspectos de la normativa uruguaya, desde reformas al Código
Penal hasta cambios que hacen a la eficiencia del Estado, pasando por las
políticas sociales, la emergencia habitacional, aspectos empresariales y
agropecuarios, entre otras. Contiene también propuestas relacionadas con esta
reafirmación del presidente de su aspiración a desalentar la práctica del
aborto.
“Uno de los capítulos de esta Ley de urgente
consideración es la mejora del sistema de adopción, facilitando la acogida de
los niños en nuevas familias y la situación de la mujer que no desea tener al
niño, para que no lo aborte”, explicó Goñi.
“La ley busca darle mayores
apoyos a la madre embarazada, pone más énfasis en la protección de la
maternidad, agrega el legislador uruguayo. Hasta ahora hemos venido con
políticas que se han centrado en el ‘derecho’ al aborto. Se trata de cambiar
ese enfoque”.
“Otro aspecto contemplado es
mejorar el acceso a la vivienda para la pareja joven, ya que mucha veces las
condiciones de vida inciden en la decisión de tener hijos”, dijo Goñi,
aludiendo al espíritu de la iniciativa oficial, que es el estímulo a la
natalidad.
En la conferencia de prensa,
Lacalle Pou había aclarado: “Sin perjuicio de eso [N. de la R: que la
legalización del aborto está vigente en Uruguay], nosotros tenemos una agenda
provida, que estoy seguro que todos los que estamos acá la compartimos, sin
perjuicio de lo que hayamos votado en la ley conocida como la interrupción
voluntaria del embarazo. Hay ejemplos muy buenos a nivel internacional y a
nivel nacional que hacen al acompañamiento, a la protección de la madre que no
desea serlo, y en ese sentido vinculado [con] la adopción, tenemos que tener un
Estado presente para que eventualmente esa madre que está por tener un niño que
no desea, y esos padres que desean serlo a través de la adopción, tengan una
cercanía y una institucionalidad más presente en ese momento tan difícil.”
También recordó el
Presidente que “que la masificación de los anticonceptivos” constituye “una
buena cosa que debe ir acompañada de una educación sexual para que desde
temprana edad sepan a qué atenerse”, cuando inicien su vida sexual.
En agosto de 2019, durante
la campaña, Lacalle Pou ya había dicho, en un acto en Colonia, que su gestión
tendría una “agenda de provida”. "Voy a hacer lo imposible para que no
haya abortos”, fueron sus palabras.
Por otra parte, como lo
recuerda el diario El País de Uruguay, el programa del Partido Nacional
proponía ya modificaciones al régimen de adopciones, con el objetivo de
“agilizar drásticamente los tiempos, garantizando los debidos procesos”.
Rodrigo Goñi señaló además
que es firmante de un proyecto “para que se otorgue a los padres el derecho a
participar de la educación sexual de los hijos” y se dijo favorable a “una
Educación sexua que no ponga el énfasis en lo que se ha llamado derechos sexuales
sino en una concepción humanista que promueva una vida sexual responsable”.
En cuanto al aborto, recordó
que hasta ahora “a nivel político se puso mucho énfasis en el derecho de la
madre”, mientras que su gobierno quiere poner el acento en “las ayudas a la
pareja joven, a la madre sola, al adopción y a la educación sexual integral”.
También resaltó un aspecto
que contrasta curiosamente con el caso de Argentina, donde el aborto no es
legal, pero hay una continua promoción de su práctica desde el Estado, tanto
nacional como en algunos distritos. Baste si no, ver el cartel con el cual
reciben al público en uno de los centros de vacunación habilitados por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la campaña antigripal.
“No hay una promoción del aborto -dijo Rodrigo
Goñi-. La ley se aplica naturalmente, sin énfasis ni para un lado ni para el
otro”.
En la Argentina, en
contraste, tenemos polémicas como la del Hospital Piñero, donde la misma
Justicia porteña hizo tapiar un mural porque representaba a un feto en el
vientre de su madre -un niño en avanzada gestación, vale aclarar, ¡y pintado en
la fachada de una maternidad!- por considerarlo “violencia simbólica” hacia la
mujer que decidió abortar…
En plena cuarentena, además,
con operaciones y otras prácticas médicas importantes suspendidas, hubo una
catarata de mensajes avisando que el protocolo de aborto no punible -que es una
legalización disfrazada- seguía vigente.
Y, más todavía, el propio
presidente Alberto Fernández afirmando que lamenta que la cuarentena le haya
impedido enviar al Congreso su proyecto de legalización del aborto…
De ahí la importancia del
mensaje de Lacalle Pou, porque en esta materia existe la ley por un lado, pero
también la política, el mensaje que se envía desde la autoridad. Los promotores
de la legalización de esta práctica en la Argentina se cansan de proclamar que
“nadie quiere el aborto”, pero eso no se refleja en su discurso ni en su
espíritu, que es de continua promoción y, sobre todo, de minimización de lo que
significa: negar que hay vida hasta no se sabe qué semana, asimilar el feto a
una “larva” o un amasijo de células; además de presentar proyectos de ley en
los que se veta todo intento de disuasión del aborto. La única charla previa
que se puede sostener con la mujer que quiere abortar es explicarle cómo son
los métodos. Punto.
En cuanto a las cifras de
aborto en Uruguay, Goñi dice que “el número actual no se sabe contra qué
compararlo”. Es lógico, ya que no existen cifras ciertas de abortos
clandestinos. En efecto, otro caballito de batalla de los promotores del aborto
es que su legalización disminuye los abortos. Por eso difunden cifras
gigantescas, incomprobables, pero evidentemente poco creíbles desde el punto de
vista del sentido común, que también indica que difícilmente algo que es
clandestino y caro, disminuye al volverse legal y gratuito. No tiene la menor
lógica.
En Uruguay, la cifra de
abortos ronda los 10.000 por año. Pensemos que en Argentina, se tiran cifras de
medio millón y, aunque Uruguay tiene una población muy inferior a la nuestra
(3,5 millones de habitantes), la comparación hace evidente la mentira; mentira
deliberada para luego poder decir que hubo una drástica disminución. Aplicando
una regla de tres simple, nos daría unos 120.000, muy lejos del medio millón
imaginado por la Campaña pro aborto y refrendado incluso por Salud...
A la pregunta de para qué queremos más gente,
la respuesta de Lacalle Pou es que la natalidad es muy beneficiosa para el país
“El Presidente ha sido muy
claro y muy franco. A la pregunta de para qué queremos más gente, la respuesta
es que la natalidad es muy beneficiosa para el país. lo mismo sucede con la
inmigración”, dijo Rodrigo Goñi, aludiendo al discurso natalista del nuevo
gobierno uruguayo.
El contraste entre la Ley
uruguaya y los proyectos presentados aquí, incluido el que se rechazó en 2018,
es flagrante.
En Uruguay, el aborto es
legal solo durante las 12 primeras semanas de gestación (aquí se pretendía que
fueran 14). La Ley aclara de entrada que “la interrupción voluntaria del
embarazo (...) no constituye un instrumento de control de los nacimientos.”
Lo más destacable son las
instancias de disuasión y reflexión que prevé la ley uruguaya: la mujer debe
poner en “conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las
condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria
económica, sociales o familiares o etarias que a su criterio le impiden
continuar con el embarazo en curso”. Pensemos que en Argentina existen
asociaciones de militantes que practican embarazos con misoprostol sin la menor
supervisión médica y sin que la justicia se mosquee.
El siguiente paso que prevé
la ley uruguaya es “la consulta con un equipo interdisciplinario” que se
integra con 3 profesionales, uno debe ser “médico ginecólogo, otro deberá tener
especialización en el área de la salud psíquica y el restante en el área
social”.
Este equipo no sólo informa
de los métodos, como planteaban los proyectos locales, sino de "los
riesgos inherentes a esta práctica” y “sobre las alternativas al aborto
provocado incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así
como respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción”.
Nada de eso estaba
contemplado en los proyectos de quienes afirman que “nadie quiere el aborto”.
“En particular -dice la ley
uruguaya-, el equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito de
apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las causas que
puedan inducirla a la interrupción del embarazo y garantizar que disponga de la
información para la toma de una decisión consciente y responsable.”
Le sigue “un período de
reflexión mínimo de cinco días”. Recién entonces, si la mujer ratifica su
decisión, se practica el aborto.
En ese lapso, el equipo
interdisciplinario puede incluso, “con consentimiento expreso" de la
mujer, “entrevistarse con el progenitor”, el gran convidado de piedra de los
proyectos argentinos.
Otro item que contrasta con
el espíritu local es que el aborto puede practicarse más allá de las 12 semanas
sólo en caso de que “la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la
mujer”, cuando “se verifique un proceso patológico (del feto), que provoque
malformaciones incompatibles con la vida extrauterina” o cuando el embarazo
“fuera producto de una violación acreditada con la constancia de la denuncia
judicial, dentro de las catorce semanas de gestación”.
El protocolo de aborto no
punible que sin la menor transparencia se aplica en la Argentina -donde esta
practica no es legal- no fija ningún límite de tiempo de gestación al aborto en
caso de violación ni exige más que una declaración jurada, no es necesaria la
denuncia policial.
Se ha llegado incluso al
colmo de una condena penal a un médico que se negó a practicar un aborto a una
embarazada de 5 (cinco) meses, en lo que constituyó un claro acto de
revanchismo por el rechazo parlamentario a la ley en el año 2018.
