que condenó a Rodríguez
Lastra
Ana Belén Mármora
Infobae, 24 de mayo de 2019
Llegó a la guardia
embarazada y al borde de la muerte. Tenía 39 grados de fiebre y una infección
generalizada por un intento fallido de aborto. Así fue como en 2017, el médico
Leandro Rodríguez Lastra recibió a la joven en el Hospital Moguillansky de Cipolletti.
El ginecólogo le salvó la vida pero hoy pelea contra una sentencia injusta,
consecuencia de un relato muy distinto de los hechos.
El problema había comenzado
con las nueve pastillas de Oxaprost, una dosis excesiva, que el colectivo
feminista La Revuelta le había suministrado a la joven ilegalmente. Pero a
pesar de eso, no tenía sangrado vaginal, contracciones de parto ni el cuello
uterino dilatado. No se estaba produciendo un aborto y el niño seguía vivo.
Fue entonces cuando
Rodríguez Lastra, jefe del servicio de Ginecología, decidió estabilizar a la
paciente para no complicar el cuadro y administrar antibióticos. Ya fuera de
riesgo, el equipo de profesionales, la Dirección del Hospital y el Ministerio
de Salud de Río Negro analizaron la situación. Lo mejor para la madre y el niño
era continuar el embarazo hasta la semana 35. La joven de 19 años aceptó y unas
semanas después el niño nació sano. Fue adoptado y hoy tiene dos años.
El relato y la manipulación
de Milesi
No fue la joven sino Marta
Milesi, diputada provincial e histórica militante abortista, quien generó el
relato de que el ginecólogo "se negó" a realizar un aborto y quien lo
denunció por incumplimiento de deberes de funcionario público.
No había tal proceso de
aborto. Si lo hubiera habido, tampoco se habrían seguido las prescripciones del
Protocolo de Aborto No Punible. Es el reglamento provincial, impulsado por la
misma diputada en 2012, el que establece que el aborto debe ser realizado por
un médico diplomado y no de manera clandestina. Además, estaba fuera del plazo
que establece la medicina para hacer abortos. Y sobre todo, hacerlo con un
cuadro infeccioso ponía en riesgo grave la vida de la madre. El argumento ni
siquiera se pudo fundamentar debidamente durante el juicio. Pero Milesi logró
construirlo e instalarlo.
A su vez, fuentes cercanas a
la causa aseguran que la diputada habría manipulado a la joven para que
testifique en contra del ginecólogo a cambio de una vivienda vinculada a fondos
públicos. Esto explicaría por qué el testimonio de la víctima fue tan confuso e
incongruente. En su declaración, dudó, fue monosilábica y aseguró que el médico
le mintió pero no precisó en qué. Mientras que su familia, donde ocurrió el
abuso sexual de la muchacha, mantuvo un discurso más militante en la causa, con
frases muy características del lobby abortista.
Esto deja claro que no hubo
interés genuino en la joven, sólo ensañamiento contra el médico que le salvó la
vida. No se actúo contra quienes siguen siendo una amenaza, cometieron delitos y
causaron la tragedia: El violador sigue impune y sin denuncia; también la
organización feminista que puso en riesgo la vida de la joven y el personal
estatal que promovió la práctica clandestina.
Es natural que la diputada
protagonice este entramado en el cual se promueve y financia el aborto. Hace
más de 10 años trabajó junto a Fundación Huésped y Católicas por el Derecho a
Decidir en proyectos provinciales contra el derecho a la vida. De hecho esta
última ONG y Amnistía Internacional se presentaron como colaboradoras del
Tribunal en la causa bajo la figura jurídica de amicus curiae. Es de público
conocimiento que estas tres organizaciones recibieron millones de dólares de la
multinacional del aborto IPPF, que busca instalar su negocio en la región.
Entre los actores más
importantes para construir el delito inexistente de impedir un aborto,
estuvieron la psicóloga y la asistente social del Hospital Fernández de Oro.
Como aseguraron en la causa, fueron ellas quienes contactaron a la joven con La
Revuelta para conseguir ilegalmente misoprostol.
Otro papel destacado fue el
de Gustavo Breglia. Un médico traumatólogo especialista de manos, autor del
informe de la fiscalía, que nunca realizó abortos y aseguraba consecuencias
inofensivas para una intervención mayor a las 22 semanas.
Como si fuera poco, la
acusación de Milesi fue encauzada por el fiscal Santiago Márquez-Gauna,
tristemente conocido como juez de garantías por desestimar la denuncia contra
un padre que castigó con puñetazos, patadas y estrangulamiento a sus hijos
menores de edad.
La realidad médica
Médicamente, no había un
aborto en curso y tampoco se podía hacer en ese momento por el proceso
infeccioso. Durante el juicio un perito, el médico Ernesto Beruti, confirmó
que, de haberlo hecho, las probabilidades de muerte por shock séptico serían
del 70 al 80%.
Además el caso quedaba fuera
de lo que se considera aborto ya que excedía las 22 semanas y los 500 gramos.
Es el límite a partir del cual la Organización Mundial de la Salud descarta
todo procedimiento porque el bebé ya puede sobrevivir fuera del vientre
materno.
Para interrumpir el embarazo
en ese momento -con o sin aborto- las opciones eran inducir el parto o hacer
una cesárea. Hacerlo de manera instantánea y prematura, como se hizo en los
casos en que fallecieron Esperanza (Jujuy) y Faustina (Tucumán), era riesgoso
para el niño y especialmente, para la mujer. En esa etapa el cuello del útero
no está en condiciones para un parto y las contracciones que causa el Oxaprost
podrían provocar un estallido uterino. Una cesárea, también en el segundo
trimestre, es muchísimo más riesgosa que una intervención de término. Por el
grosor del útero y su cercanía con arterias de gran envergadura, el riesgo de
hemorragias incontrolables es un hecho conocido en la práctica y literatura
médica.
Pero con una decisión así,
la madre no sería la única afectada. Por su edad gestacional, el niño podría
sufrir graves secuelas: desde parálisis cerebral hasta muerte prematura, dado
que no sería capaz respirar por su cuenta, regular la temperatura ni defenderse
de las enfermedades.
Todo esto no sólo fue
evaluado por Rodríguez Lastra, el equipo de profesionales y la Dirección del
hospital. También fue ratificado por el Ministerio de Salud de Río Negro: no
era posible realizar un aborto en esa situación.
La condena que amenaza la
vida y la libertad de todos
Después de la denuncia,
todos los ginecólogos y obstetras de Cipolletti, salvo uno que se jubiló hace
unas semanas, se declararon objetores de conciencia. Los profesionales de la
salud tienen miedo. El abortismo está infectando el sistema judicial e impone a
la fuerza sus veredictos, a costa de la vida y la libertad de las personas.
Con esta sentencia, no sólo
se promueve el aborto clandestino, dejando impunes a quienes lo causan y a
quienes lo practican. También se somete a la medicina a intereses políticos y
económicos. Pero no podemos dejar que la ideología tome el lugar de la ciencia
en el consultorio. Y mucho menos en el sistema de salud.
El caso de Rodríguez Lastra
pone en evidencia que estos grupos de poder no sólo están dispuestos a
perseguir a los que quieran ejercer con dignidad la Medicina. Tampoco les
temblará el pulso para manipular y poner en riesgo la vida de los más
vulnerables.
La autora es abogada y
periodista. Vocera de Frente Joven, organización integrante de Unidad Provida.
